José Luis Cruz Martínez
Expediente 1741/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1741/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Luis Cruz Martínez
- José Luis Cruz Martínez y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VI B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil dieciséis. Vistos los autos y el cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el diez de diciembre de dos mil quince (fojas 23 a 26), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, tomando en consideración que en autos obra agregado el original del acuse de recibo del ocurso dirigido al Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca (foja 15 y 16); requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca personalmente o por conducto de sus autorizados, en días y horas hábiles a este juzgado con identificación oficial, para que reciba tal documento en el plazo indicado; entrega que, en su caso, deberá verificarse previo folio de substitución de tal constancia, copia de su identificación y razón de entrega correspondiente que se dejen en autos. Apercíbase a la parte quejosa que de no cumplir lo anterior, sin diverso acuerdo, el documento en cuestión será destruido junto con el expediente, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo en comento. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA VI B Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Director de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Oaxaca. De igual forma, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad en comento, la copia certificada del oficio FGEO/DAJ/1139/2015 de cuatro de diciembre de este año, signada por el Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; probanza que se tiene desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora, en la especie, del análisis integral de la demanda de amparo se conoce que el quejoso José Luis Cruz Martínez, esencialmente reclamó del Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca, la omisión de acordar su escrito de siete de mayo de dos mil quince, presentado el dieciocho siguiente en las oficinas de la citada dependencia, a través del cual, solicitó en esencia la reincorporación a su cargo como Agente Estatal de Investigaciones, o en su defecto la indemnización correspondiente, al haberse declarado la nulidad lisa y llana de la resolución de nueve de agosto de dos mil trece, emitida en el procedimiento administrativo 28(VIS.GRAL)2011 (sic) 2013, con motivo de la sentencia de catorce de abril de dos mil catorce, dictada en el juicio de nulidad 564/2013 del índice de la Primera Sala de Primera Instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Luego, la autoridad responsable a través de quien legalmente lo representa Fiscal General del Estado de Oaxaca, por conducto del Director de Asuntos Jurídicos, si bien negó la existencia del acto que se le reclama; informó que mediante oficio FGEO/DAJ/1139/2015 de cuatro de diciembre de dos mil quince, dio respuesta a la petición del quejoso de siete de mayo de este año, notificándole tal determinación el siete del actual, en el domicilio que señaló para tal efecto (fojas 20 a 22). A fin de justificar lo anterior, anexó copia certificada del oficio antes citado, a la que se le reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al ser emitida por autoridad competente en uso de sus facultades. En tales condiciones, si el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de acordar el escrito de siete de mayo de dos mil quince, recepcionado el dieciocho siguiente; y la autoridad responsable el cuatro de diciembre de este año, dio contestación mediante comunicado FGEO/DAJ/1139/2015, notificándolo el siete de diciembre de la presente anualidad, es decir, con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (trece de noviembre de dos mil quince); es que se evidencia que al momento de instar el presente juicio, si existía la omisión de la que se duele el quejoso. En las relatadas condiciones, se advierte que sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. Lo cual acontece en el presente caso, puesto que el aquí quejoso, reclama la omisión de contestación a su petición dirigida al Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca, en el sentido de ordenar a quien correspondiera su reincorporación en el servicio del cargo que venía desempeñando como agente Estatal de Investigaciones o en su defecto su indemnización conforme a la leyes y reglamentos correspondientes, considerando los salarios caídos, y demás prestaciones como aguinaldos, ello, derivado de la resolución que declaró la nulidad de la diversa sentencia del Primer Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Primera Instancia del Estado de Oaxaca. Por su parte, el Director de Asuntos Jurídicos en representación del Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca, mediante oficio FGEO/DAJ/1139/2015, de cuatro de diciembre del presente año, formuló contestación en el sentido siguiente: ".Al efecto comunico a usted que la sentencia dictada en el Juicio de nulidad 564/2013 del índice de la Primera Sala de Primera Instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, no ordenó su reincorporación al servicio, ni condenó a mi representada al pago de prestación alguna, por lo que al no existir sentencia condenatoria que obligue a esta institución, se determina la improcedencia de sus peticiones señaladas. Lo que comunico a usted con fundamento en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Constitución Particular del Estado, 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, 27 y 28 Fracción II de su Reglamento." Lo que pone de manifiesto que cesaron los efectos del acto reclamado por el impetrante de amparo, al volver las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Improcedencia que se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que se le exija. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al citado quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sin que obste la anterior determinación, que con el informe justificado de cuenta, no se haya dado vista al solicitante del amparo a fin de estar en posibilidad de ampliar su demanda de amparo, como lo establece el artículo 111 de la ley de la materia; toda vez que la respuesta recaída a la petición del quejoso, como se ve, deriva del cumplimiento de la sentencia emitida en un juicio de nulidad pronunciada por la Primera Sala de Primera Instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con relación al procedimiento administrativo ante el Primer Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Primera Instancia en el Estado de Oaxaca, razón por la cual, al estar vinculado con el cumplimiento de ejecución, el impetrante de amparo, tiene a su alcance los medios ordinarios a fin de hacer cumplir tal determinación, de conformidad con la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, y su Reglamento Interno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, esto es, en una primera etapa el cumplimiento de sentencia que se rige por los artículos 182, 183 y 184, o en su defecto, el recurso de queja, establecido por el artículo 202, todos del primer ordenamiento legal citado, los cuales disponen: "Articulo 182.- Las sentencias respecto de las cuales, no se pida aclaración o solicitada esta haya sido resuelta, causa ejecutoria de oficio. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor se comunicará por medio de oficio y sin demora alguna a las autoridades u organismos demandados para su cumplimiento, y se les prevendrá para que informe sobre el mismo, dentro de los tres días siguientes al en que se reciba el oficio de notificación. Artículo 183.- Si dentro del plazo señalado en el artículo anterior, las autoridades no cumpliesen con la sentencia, el Juzgado correspondiente, de oficio, la requerirá para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de la hora en que queden legamente notificados cumplimenten el fallo e informen sobre ello. Artículo 184.- Si a pesar del requerimiento, la autoridad o la entidad demandada, se niega a cumplir con la sentencia del Tribunal se procederá en la forma siguiente: I. Si la ejecución consiste en un acto material que solo puede ejecutar la demandada, y esta tuviese superior jerárquico, se requerirá a este para que ordene el cumplimiento de la resolución; II. Si la demandada insiste en no cumplir, al Juzgado que le corresponda lo hará del conocimiento del Ejecutivo del Estado o del Ayuntamiento, según el caso para que obliguen a la demandada al cumplimiento de la sentencia, y si la ejecución consiste en una acto material, que no tengan necesariamente que ser ejecutado por la autoridad demandada, el propio Juzgado podrá realizarlo en rebeldía de aquella, y III. El Juzgado podrá imponer multa de cincuenta y un a ciento cincuenta días de Salario Mínimo General, vigente en el Estado, a los servidores públicos que incumplan una sentencia sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario la multa impuesta y esta se duplique. Independientemente de que se proceda tanto administrativa como penalmente en contra del que desobedezca el mandato legítimo del Juzgado, en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, así como de la Legislación Penal del Estado de Oaxaca. El Juzgado requerirá continuamente al Órgano de Control Interno que corresponda, para que inicie y concluya el procedimiento administrativo disciplinario al que se refiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, hasta obtener la sanción del rebelde, imponiendo iguales multas al órgano de Control Interno que corresponda, para el caso de desacato". "Artículo 202.- El recurso de queja es procedente: I. Contra los actos de las autoridades demandadas por exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya concedido a la parte actora la suspensión del acto reclamado, y II. Contra los actos de las mismas autoridades, por repetición del acto o resolución anulada o por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada por los Juzgados de primera instancia." Apoya lo considerado, por contenido jurídico la tesis II.2o.T.Aux.30 A, del Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, consultable en la página 1273, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, Novena Época, registro 162010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE DICHO RECURSO ANTES DE ACUDIR AL AMPARO INDIRECTO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. El artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo regula el trámite del recurso de queja cuando la autoridad omite cumplir la sentencia dictada en el juicio de nulidad. Consecuentemente, antes de acudir al amparo indirecto para lograr el cumplimiento de la mencionada resolución, debe agotarse el referido medio ordinario de defensa, pues de lo contrario el quejoso carecerá de interés jurídico para acudir a la vía constitucional". Finalmente, se ordena dejar sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas con cincuenta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil quince (foja 17); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA II A Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes, el oficio 6772 signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por el que en alcance al diverso 6766 y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de la notificación a las partes del auto de seis de noviembre actual, dictado en el expediente laboral 961/2011 (4) de su registro.
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