José Luis Cruz Crispín
Expediente 978/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 978/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Luis Cruz Crispín
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comparecencia de cuenta signada por ---------, defensora pública de Instituto de la Defensoría Pública en el Estado de México, de la cual se advierte que aceptó y protestó el cargo de defensor público del quejoso José Luis Cruz Crispín, en el presente sumario constitucional, Atento a lo anterior, téngase por aceptado y protestado el cargo conferido. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto de quince de diciembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda amparo promovida por --------, por propio derecho, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículo 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres año de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Por tanto, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo, y a criterio de este Juzgado el presente asunto no es de suma relevancia, pues carece de valor jurídico o histórico para su conservación. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y por lista a las demás partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la misiva de cuenta, por medio de la cual el Director Regional Valle de México Zona Oriente del Instituto de la Defensoría Pública en el Estado de México, designa como defensor público del quejoso José Luis Cruz Crispín, en el presente juicio de amparo a ------------, defensora pública de Instituto de la Defensoría Pública en el Estado de México, a quien según se advierte del oficio que se atiende, instruyó a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por este juzgado federal, asimismo, informa el domicilio donde puede ser localizada. Se tiene por designada a la servidora pública para intervenir en el presente juicio en su carácter de defensor público del quejoso anteriormente referido; y se deja sin efectos el apercibimiento de multa con que fue conminada la autoridad oficiante. Atendiendo a lo manifestado por el Director Regional Valle de México Zona Oriente del Instituto de la Defensoría Pública en el Estado de México, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se tiene como domicilio de la defensora pública en mención para oír y recibir notificaciones el ubicado en las oficinas destinadas para el Instituto de la Defensoría Pública Valle de México Zona Oriente, avenida ---------, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. En consecuencia, se comisiona al Actuario adscrito para que se constituya en el citado domicilio, a efecto de notificar a la defensora pública ----, la presente determinación, debiendo correrle traslado con copias de la demanda de amparo y auto de quince de diciembre de dos mil veinte; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Actuación que tiene como propósito de que la citada defensora pública se imponga de la obligación que surgió con motivo del presente juicio.En el entendido de que el término de cinco días que tiene para realizar la acción que corresponda, comenzarán a computarse al día siguiente en que surta efectos la notificación que se ordenó realizar en el párrafo que antecede. Se apercibe a la defensora pública señalada que de no dar cumplimiento al presente requerimiento, con fundamento en el artículo 237 fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Por otra parte, se toma conocimiento los correos electrónicos de la defensora pública, a saber, ale_san_1978@live.com.mx y adriana.sanchez@idpedomex.gob.mx y número telefónico 5536373407, para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, a fin de evitar cualquier contratiempo, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, sin que esto implique que tal medio se tenga para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así. En términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. Se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, a saber 5553870500, extensión 1392, a quien, de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. Finalmente, se hace del conocimiento al actuario judicial adscrito, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la defensora pública Adriana Alejandra Sánchez López y al quejoso personalmente en el lugar de reclusión.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a quince de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ----------, por propio derecho, contra actos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 978/2020-VI. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al caso es aplicable la jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisado lo anterior, del análisis integral del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa reclama en el presente asunto: La determinación de dos de septiembre de dos mil veinte, emitida dentro del toca de apelación 465/2019 del índice del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, Estado de México, formado con motivo del recurso de revisión extraordinaria interpuesto por el aquí quejoso, en la cual se declaró improcedente el recurso interpuesto por el promovente. Precisado lo anterior, este Juzgado Federal estima que el acto reclamado, consistente en la determinación de dos de septiembre de dos mil veinte, emitida dentro del toca de apelación 465/2019 del índice del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, Estado de México, formado con motivo del recurso de revisión extraordinaria interpuesto por el aquí quejoso, en la cual se declaró improcedente el recurso interpuesto por el promovente, ha operado la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (..)" Esto es, la causal en comento prevé la improcedencia del amparo contra actos consentidos tácitamente; es decir, contra aquellos actos que no se promueve el amparo dentro de los plazos legales que al efecto establece la propia ley de la materia. Ahora el plazo para la interposición del juicio de amparo, y que es aplicable al asunto que nos ocupa, se encuentra establecido en los preceptos 17 y 18, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación gramatical y teleológica de la transcripción que antecede se advierte la existencia de tres hipótesis para computar el término de los quince días dentro de los cuales se ha de presentar la demanda de amparo, como regla genérica, para tenerla como oportunamente recibida, a saber: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso conforme a la ley del acto; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; y, 3. Al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, salvo el caso de la fracción I, del artículo 17, de la Ley de la materia, en el que se computara a partir del día de su entrada en vigor. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de las tres hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo considerado, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 105, 217-228 Cuarta Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACION DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACION AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado." En ese tenor, si de la demanda de amparo se observa que la parte quejosa reclama la determinación de dos de septiembre de dos mil veinte, emitida dentro del toca de apelación 465/2019 del índice del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, Estado de México, formado con motivo del recurso de revisión extraordinaria interpuesto por el aquí quejoso, en la cual se declaró improcedente el aludido recurso. En tanto que, de las propias manifestaciones del quejoso, mismas que expone bajo protesta de decir verdad, así como de la cédula de notificación que anexó a su escrito de demanda, emitida por la autoridad que señaló como responsable, se advierte que tuvo conocimiento y quedó notificado del acto que reclama, el cuatro de septiembre de dos mil veinte, ya que fue notificado de manera personal a través de la cédula de notificación referida, por lo que desde el día hábil siguiente al en que surtió efectos esa notificación, se encontraba en posibilidades de promover el juicio de amparo. Por tanto, es incuestionable, que el término de quince días hábiles previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo, inició a computarse desde el ocho de septiembre de dos mil veinte, día posterior al que surtió efectos la notificación, consecuentemente, si la demanda de amparo, la presentó hasta el diez de diciembre de dos mil veinte, resulta evidente que dicha demanda de amparo, se encuentra fuera del término previsto en el referido precepto legal invocado, pues se presentó varios meses después de que concluyó el plazo que tenía para presentar su demanda; lo cual implica que dicho acto tildado de inconstitucional y sus consecuencias jurídicas, se tengan como tácitamente consentidos. Asimismo, apoya a lo considerado, la jurisprudencia 14, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice de 1995, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, se DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ------------, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 6° y 108, párrafo primero y 113, todos de la Ley de Amparo. En diverso aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del promovente, el ubicado en el interior del centro penitenciario en el que guarda reclusión, eso es, el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, Estado de México. En ese sentido, de conformidad con el numeral 21 de la ley de la materia, se faculta al Actuario Judicial adscrito, para que de ser necesario, en días y horas inhábiles practique las diligencias que deriven de este asunto. Se hace destacar que el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para dar materialidad a las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Amparo. En adición a lo anterior, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. En diverso aspecto, por lo que hace a su petición de que le sea designado un defensor público, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, con apoyo en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere al Director Regional Valle de México Zona Oriente del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación de la presente determinación designe un defensor público que preste sus servicios a favor del aquí quejoso José Luis Cruz Crispín, a efecto de que se encuentre en aptitud de asistirlo. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia V.3o.P.A. J/1 (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, de rubro y texto siguientes: "ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y DEFENSA ADECUADA. PARA GARANTIZAR ESTOS DERECHOS HUMANOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UN QUEJOSO RECLUIDO EN UN CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL QUE RECLAMA ACTOS RELATIVOS A LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DISPONER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE SEA DEBIDAMENTE REPRESENTADO Y ASESORADO POR UN PROFESIONAL DEL DERECHO, INCLUSO CON LA DESIGNACIÓN DE UN ASESOR JURÍDICO. Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional deben ejercer el control de constitucionalidad; por ello, se estableció que todas las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por su parte, el artículo 18 constitucional, en la parte que se refiere al régimen penitenciario, establece que el sistema de ejecución de penas tiene como fin lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Asimismo, que la organización del sistema penitenciario se apoyará, entre otros, en el respeto a los derechos humanos; de ahí que sea indispensable dar contenido a los derechos que tienen los reos, entre los que se encuentran, la oportunidad a una debida defensa y asesoría legal en las situaciones que se les presenten en su condición de internos, la que, por sí misma, y por obvias razones, les impiden como a cualquier otra persona no privada de su libertad, buscar orientación legal adecuada. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclamen actos que no derivan de un procedimiento judicial, pero que se encuentran relacionados directamente con las condiciones de internamiento del quejoso en un centro de reclusión, como lo pudiera ser la falta de atención médica, malos tratos o azotes, ser aislado o segregado del resto de los internos, o interno en condiciones que transgredan el respeto a su dignidad, el Juez de Distrito, para garantizar los derechos de acceso a la justicia y defensa adecuada, debe disponer las medidas necesarias para que el quejoso sea debidamente representado y asesorado por un profesional del derecho, incluso con la designación de un asesor jurídico, quien tiene, dentro de sus funciones, brindar esos servicios jurídicos profesionales a los sectores de la población destacados de manera enunciativa, pero no limitativa, en el artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública. En consecuencia, puede deducirse que por razones análogas, también los núcleos de la población penitenciaria tienen una condición escasa de oportunidades para encontrar un apoyo legal digno, a fin de adquirir una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se les presenten bajo las condiciones restrictivas en que se encuentran; de ahí que los asesores jurídicos pueden ser designados por el juzgador de amparo para intervenir como autorizados de los quejosos en dichos juicios." Se apercibe al ente mencionado que de no desahogar el presente requerimiento dentro del término concedido, o no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,334 (cuatro mil trecientos treinta y cuatro pesos moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización vigente. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de diez de enero de dos mil veinte, cuyo monto vigente es de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional). De igual modo, se hace del conocimiento de la Defensoría Pública, el número telefónico del Secretario encargado del asunto Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, a saber 53870500, extensión 1392, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. Asimismo, se pone a su disposición, el correo electrónico institucional rodrigo.ramos.gomez@correo.cjf.gob.mx, para el caso de que desee presentar promociones relacionadas con el presente asunto, siempre y cuando tengan firma electrónica de la responsable, o bien se remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De la misma forma, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17 constitucional. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Además de que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese personalmente al promovente.
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