Jose Luis Covarrubias Mendoza
Expediente 1556/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 48 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1556/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 04/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jose Luis Covarrubias Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
- Principal
Auto.********************San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de agosto de dos mil veintitrés.********************Causa estado.********************Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el acuerdo dictado en este juicio el treinta de junio de dos mil veintitrés, sin que lo haya hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicho proveído que sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, ha causado estado, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************Devolución de constancias ********************Atendiendo a la certificación de cuenta, devuélvase al Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado, Sala Sede, San Luis Potosí, los discos compactos que adjuntó a su informe justificado y oficio recibido el veintinueve de junio del año en curso.********************Remisión al archivo de trámite.********************Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º fracciones VII y IX y 8º fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se considera que el presente es un asunto total y definitivamente concluido y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el mismo, se ordena su remisión al ARCHIVO DE TRÁMITE.********************Valoración documental.********************Con fundamento en el artículo 20, fracción II, del citado Acuerdo General, debido a que el treinta de junio de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de la audiencia constitucional, determinación que causó estado en esta fecha, se determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. ********************Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que el mismo NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.********************Criterios que deberán hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 34 segundo párrafo del mencionado Acuerdo General; sin que en el caso obre documento original que deba devolverse.********************Destrucción.********************Una vez que se cumplan TRES AÑOS contados a partir de la data en que se actúa, y antes de la visita de inspección que corresponda, deberá procederse a su destrucción.********************Acontecido lo anterior, se deberá de remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.********************Valoración del incidente de suspensión.********************Toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el que se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el cuaderno original de dicho incidente es conservable, de conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción III, inciso b), del aludido Acuerdo General.********************Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto.********************Billete de depósito.********************Sin que haya lugar a emitir pronunciamiento alguno en relación con el certificado de depósito exhibido en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, toda vez que mediante proveído de veinte de julio de dos mil veintitrés, emitido en el aludido cuaderno incidental, se ordenó poner a disposición del quejoso el billete de depósito ********************por la cantidad de $******************** (********************), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Baca de Desarrollo, que se exhibió para garantizar la suspensión definitiva.********************Asimismo, se hizo de su conocimiento que de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, cuenta con un término de dos años contado a partir de la legal notificación del presente proveído, para recoger el billete de referencia, con el apercibimiento que, en caso de no hacerlo, se declarará prescrita la suma que ampara a favor del Erario Federal.********************Notifíquese por medio de lista, y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
- Incidental
Agréguese a los autos la constancia de notificación de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, practicado por el actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional, de la cual se advierte que atento al requerimiento formulado al quejoso, ratifica el contenido del escrito recibido en este Juzgado el diecisiete de julio del año que transcurre; en atención a dicho ocurso se provee: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley de Amparo, como se ordenó en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós póngase a disposición del quejoso el billete de depósito N ***, que se exhibió para garantizar la suspensión definitiva. Y como lo solicita el referido quejoso en el escrito ratificado, se autoriza que el citado documento se endose y entregue a favor de las personas que se mencionan en dicho escrito, previa razón que de su recibo se asiente en autos. Al efecto, hágase del conocimiento de la parte quejosa que atendiendo a las cargas de trabajo de este Juzgado de Distrito, así como al tratarse de documentos, los cuales se encuentran bajo resguardo del Secretario Encargado de la Caja de Valores de este órgano jurisdiccional, por seguridad la entrega de los billetes de depósito se realiza preferentemente los días jueves de cada semana en un horario de las diez a las catorce horas siempre y cuando se encuentre la suscrita o el servidor público facultado de este órgano jurisdiccional, en virtud de la autorización de firmas otorgada por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. Asimismo, indíquese al quejoso que de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, cuenta con un término de dos años contado a partir de la legal notificación del presente proveído para recoger el billete de referencia, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se declarará prescrita la suma que ampara a favor del Erario Federal. Notifíquese por medio de lista.
- Incidental
Glósese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso, en atención a su contenido se provee: A fin de acordar lo conducente, con fundamento en el artículo 297/, fracción II del Código Federal de Prendimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, requiérase al citado *** para que, al momento de la notificación personal del presente proveído manifieste si ratifica el contenido y firma del escrito de cuenta, a través del cual solicita la devolución de la garantía exhibida en los presentes autos, autorizando para recibirla y cobrarla a ***, así como a ***, y apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado el mismo. Ahora bien toda vez que como manifiesta el referido quejoso se encuentra privado de su libertad y como se desprende de autos se encuentra interno en el Centro de Reinserción y Readaptación Social número uno La Pila, San Luis Potosí, San Luis potosí en términos que dispone el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo se faculta al actuario de este Juzgado para que se constituya en dicho lugar y en el acto de la notificación de esta auto lo prevenga en los términos indicados Notifíquese personalmente al quejoso; y por medio de lista.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de tres días concedido al tercero interesado Rodrigo Santos Alonso Quintanilla, mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que hubiese hecho manifestación al respecto. Notificación por lista. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se ordena realizar por lista las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, al aludido tercero interesado, en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Agrega razón. Vista la razón actuarial levantada por la Actuaria Judicial de la adscripción, mediante la cual señala que no le fue posible notificar el proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, al tercero interesado Rodrigo Santos Alonso Quintanilla, por las razones que expone; en consecuencia, como está ordenado en supralíneas, notifíquese por lista la aludida determinación a la citada tercera interesada. Notifíquese por medio de lista y cúmplase.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, LA DETERMINACIÓN DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: Auto.San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de junio de dos mil veintitrés. Recepción de oficio.Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado, Sala Sede, San Luis Potosí, mediante el cual informa que el quince de abril de dos mil veintitrés se llevó a cabo la continuación de la audiencia de formulación de imputación en la causa penal ********************, en la cual se dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado ********************, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de ******************** cometido en agravio de ********************. Pruebas. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante, el disco compacto que adjuntó a su oficio de cuenta, al cual se le otorga el carácter de prueba documental pública, mismo que se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción por contener la audiencia oral pública, mismo que se ordena guardar por separado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Estado de autos. Ahora bien, vistos los autos se advierte que en la presente instancia constitucional se reclaman la orden de aprehensión y/o comparecencia y/o retención y/o presentación, librada en contra del quejoso ********************. Las autoridades responsables al rendir sus informes de ley, aceptaron la existencia del acto reclamado, exclusivamente por lo que a la orden de aprehensión dictada en contra del aquí quejoso, dentro de la causa penal ********************, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ********************. Por otro lado, del contenido del anexo remitido por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado, Sala Sede, San Luis Potosí, se advierte que el quince de abril del año en curso, se llevó acabo la continuación de la audiencia de formulación de imputación en la causa penal ********************, de su índice, en la cual se dictó auto de vinculación a proceso en contra de ********************, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de ******************** cometido en agravio de ********************. En ese tenor, atendiendo a lo expuesto con antelación, resulta inconcuso que respecto de la orden de aprehensión reclamada se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Como se puede advertir de los dispositivos legales en cita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Lo anterior es así, en razón que de la audiencia que obra en el disco compacto que acompaño el Juez responsable a su oficio de cuenta, se advierte que el quince de abril del año en curso se dictó auto de vinculación a proceso en la causa penal ********************. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la Jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese contexto, si el Juez responsable dictó el auto de vinculación a proceso en la causa penal a la cual está sujeto el aquí quejoso, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de la orden de aprehensión aquí reclamada, puesto que debido a la emisión del auto de vinculación a proceso de quince de abril del año en curso, aquella ha sido sustituido por este último, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". Por tanto, al haberse actualizado respecto de la orden de comparecencia, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual está señalada para las diez horas con diez minutos del veinticinco de julio de dos mil veintitrés, quedando sin efecto la misma. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar locontrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Así como la diversa I.7º.P. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página1600, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." Notifíquese personalmente; por lista y mediante oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Publico de la Adscripción.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.
Quedan 44 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes
- José Luis Bustos Bautista1330/2018
- Jose Luis Cardenas Castillo1333/2021
- JOSÉ LUIS CASTILLO GOVEA y Otros.1081/2009
- Jose Luis Castro Cadena296/2020
- José Luis Compeán González758/2023
- Jose Luis Contreras Zapata605/2019
- José Luis Davila Alferez830/2017
- Jose Luis de la Rosa Zarate358/2019
- Jose Luis de los Santos Olivo809/2022
- José Luis Diaz de León Duarte503/2018
- Jose Luis Diaz Juarez305/2022
- Jose Luis Diaz Juarez304/2022