Jose Luis Corona Rojas
Expediente 697/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/05/2023
Partes del expediente
- Jose Luis Corona Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días aludido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, mediante la cual se sobreseyó en el juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la citada resolución. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años, debido a que se sobreseyó en el juicio. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 697/2023, promovido por ********************, contra la omisión que reclama de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco; y, (...) ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto del Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, precisado en el considerando segundo, por las razones vertidas en el considerando último de este fallo.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA **** EL AUTO DE DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE EL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, EL AUTO EN CITA SEÑALA: Zapopan, Jalisco, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Colegiado confirma. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, firmado por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual remite la resolución correspondiente a la sesión treinta de marzo de dos mil veintitrés, dentro del recurso de revisión 24/2023, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, contra los actos de las autoridades, señalados en el fallo sujeto a revisión." Testimonio que se ordena agregar a los presentes autos para que surta los efectos legales conducentes. Acúsese recibo de estilo. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración en el plazo de tres años, toda vez que se negó el amparo solicitado. Oposición de datos personales. De autos se advierte que la parte quejosa no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. Toda vez que obran en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa, en acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General invocado, se le previene para que acuda a este juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días, a recogerlos; apercibida que, en caso de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Devolución de constancias. Por resultar innecesaria la retención de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, que obran por separado, remítanse a su lugar de origen, es decir, al Juzgado Décimo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista física y electrónica.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA **** LA RESOLUCIÓN DE CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE LA MISMA, NO OBSTANTE, EL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL DIECIOCHIO DE ABRIL PASADO, LA RESOLUCIÓN EN CITA, SEÑALA: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1577/2022, promovido por Marshall Leeds Enterprises, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de su apoderado Edna Cuenca Romo, contra los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Cámara de Diputados; Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión; Director del Diario Oficial de la Federación; Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; Juez Sexto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y Comisión Nacional Bancaria y de Valores. R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veintidós, mediante los servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación y posteriormente recolectado y turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Marshall Leeds Enterprises, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por el acto y contra las autoridades siguientes: Autoridades responsables: 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 3. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 4. Director del Diario Oficial de la Federación. 5. Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. 6. Juez Sexto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. 7. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Actos reclamados: a. Iniciativa, aprobación, discusión, sanción, promulgación, orden de publicación y publicación del artículo 1181 del Código de Comercio. b. Resolución dictada en el toca 431/2020 de cinco de julio de dos mil veintidós, por virtud de la cual, la Sala responsable revocó la diversa resolución de veintisiete de octubre de dos mil veinte, emitida por el juez de origen, teniendo como efecto que se pretendan ejecutar medidas cautelares que habían sido revocadas. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el desahogo de prevención de demanda en la que se señaló como autoridades y actos novedosos los siguientes: Autoridades responsables: 8. Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 9. American Express Bank (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 10. Banca Afirme, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 11. Banca Mifel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 12. Banco Actinver, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 13. Banco Ahorro Famsa, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 14. Banco Amigo Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 15. Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 16. Banco Compartamos, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 17. Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 18. Banco Interacciones, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 19. Banco J.P. Morgan, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 20. Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 21. Banco Monex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 22. Banco Multiva, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 23. Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 24. Banco Regional de Monterrey, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 25. Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 26. Banco Ve por Más, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 27. Bank Of America México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 28. BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 29. Cibanco, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 30. HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 31. IXE Banco, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 32. Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 33. Bank of de West. Acto reclamado: c. Ejecución de la resolución dictada en el toca 431/2020 de cinco de julio de dos mil veintidós, por virtud de la cual, la sala responsable revocó la diversa resolución de veintisiete de octubre de dos mil veinte. En consecuencia, se admitió la demanda propuesta, se requirió a las autoridades responsables el informe justificado y se ordenó dar vista al representante social de la adscripción, se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado; asimismo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa y se dejó de tener con el carácter de autoridades responsables en el presente asunto a Banco Ahorro Famsa, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; Banco Amigo Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; Banco Interacciones, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; IXE Banco, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; y Bank of de West, por lo que seguido el juicio por su cause legal y llegada la hora de la audiencia constitucional, la misma inició en términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la resolución correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como el diverso 57, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (reforma de siete de junio de dos mil veintiuno), y al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al número y límites territoriales de los circuitos judiciales en los que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fijan de manera clara y precisa los actos reclamados, para lo cual se efectúa un análisis conjunto de las demandas y de la totalidad de las constancias que integran el sumario, el cual se hace consistir en lo siguiente: a. Iniciativa, aprobación, discusión, sanción, promulgación, orden de publicación y publicación del artículo 1181 del Código de Comercio. b. Resolución dictada en el toca 431/2020 de cinco de julio de dos mil veintidós, por virtud de la cual, la Sala responsable revocó la diversa resolución de veintisiete de octubre de dos mil veinte, emitida por el juez de origen, teniendo como efecto que se pretendan ejecutar medidas cautelares que habían sido revocadas. c. Ejecución de la resolución dictada en el toca 431/2020 de cinco de julio de dos mil veintidós. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México; BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; Grupo Financiero BBVA México; Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC; Banco Monex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Monex, Grupo Financiero (Monex); Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; Banco Actinver, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver; American Express Bank (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; Banca Mifel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Banca Afirme, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero; Banco Ve por Más, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más; Banco Regional, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; Banco Nacional de México, Sociedad Anónima Integrante de Grupo Financiero Banamex; Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco; en sus denominaciones correctas, al rendir su correspondiente informe con justificación, negaron su participación en los actos reclamados. Asimismo, el Juez Sexto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, al rendir el informe con justificación, negó los actos atribuidos, consistentes en la ejecución de la resolución reclamada, pues precisó que a la fecha no se había ejecutado medida alguna respecto al fallo dictado por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ya que no le han notificado la resolución dictada en el toca 431/2020, de cinco de julio de dos mil veintidós. De ahí que se tengan por inexistentes los actos reclamados a estas autoridades. Sirve de apoyo la jurisprudencia que establece: "Octava Época Registro: 227634 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/20 Página: 627 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo.". Dicha negativa de actos, debe hacerse extensiva a los actos atribuidos a Banco Compartamos, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; Banco J.P. Morgan, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; Banco Multiva, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; Bank Of America México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple y Cibanco, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, toda vez que fueron omisos en rendir el informe solicitado y estar notificados para ello, según constan los acuses en autos, en el caso en concreto, no opera la presunción de certeza de actos, toda vez que - como se vio -, el juez ordenador, negó haber ordenado la ejecución reclamada, por ende se debe de tener por inexistentes los actos a las autoridades ejecutoras. Derivado de lo anterior, lo que amerita es decretar el sobreseimiento en el presente juicio por lo que respecta los actos atribuidos a tales autoridades en términos de lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de actos reclamados. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Director del Diario Oficial de la Federación, al rendir su informe justificado, reconocieron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la promulgación y publicación del decreto mediante el cual se aprobó el artículo 1181 del Código de Comercio, en el ámbito de sus respectivas competencias. Certeza de actos que debe hacerse extensiva a los reclamados a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, toda vez que al rendir el informe justificado negó la existencia de los actos reclamados consistentes en la iniciativa, discusión, aprobación, y promulgación del artículo 1181 del Código de Comercio, sin embargo, posteriormente realiza manifestaciones que evidencian su certeza, ya que precisa que participó en la discusión, votación y aprobación de las reformas a dicho artículo en específico. De ahí que se tengan por ciertos los actos atribuídos. Aplica en este apartado la tesis número 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Quinta Época, localizable en la página doscientos seis del Tomo: Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, que la notoria existencia de los actos anteriormente mencionados de naturaleza legislativa se acredita plenamente con la existencia de la norma impugnada, la cual no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y por aplicación de la tesis 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, correspondiente a agosto de 2000, página 260, que a la letra señala: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo, la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, reconoció el acto reclamado consistente en la resolución dictada en el toca 431/2020 de cinco de julio de dos mil veintidós, por virtud de la cual, revocó la diversa resolución de veintisiete de octubre de dos mil veinte, emitida por el juez de origen, teniendo como efecto que se pretendan ejecutar medidas cautelares que habían sido revocadas, lo que se corrobora con las constancias que integran el recurso de apelación inmediata 431/2020. Constancias cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, de las cuales se advierte que son ciertos los actos que los quejosos atribuyen a la autoridad responsable. De ahí que se tengan por ciertos los actos reclamados a dichas responsables. QUINTO. Consideraciones previas al estudio del fondo. I. Oportunidad de presentación de la demanda. El seis de julio de dos mil veintidós, le fue notificado el acto reclamado a la parte quejosa; en tal virtud, el plazo para presentar la demanda trascurrió del ocho de julio, al once de agosto de dos mil veintidós. De ahí que al haberse presentado la demanda el veintisiete de julio de dos mil veintidós, debe estimarse oportuna, pues fue promovida dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. Sin que en dicho plazo se cuente el nueve, diez, del dieciséis al treinta y uno de julio, seis y siete de agosto de dos mil veintidós, por haber sido inhábiles acorde a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo y días de periodo vacacional de la responsable. II. Causa de improcedencia actualizada. Atendiendo a la técnica que impera en el juicio constitucional, tratándose del ejercicio de la acción de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, en principio, debe analizarse si el juicio es procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, esto es, que no se actualice alguna causa de improcedencia al respecto, pues de acontecer así, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio respecto del acto de aplicación y hacerse extensivo a la norma legal impugnada. En otro sentido, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente y, únicamente, en el caso de que se niegue el amparo por lo que corresponde a éstas, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en contra del acto de aplicación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª/J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 235, tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de agosto del 2000, novena época, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En ese tenor, el Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación, aduce que el juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de Ley de Amparo. Estima lo anterior, en razón de que la parte quejosa no formuló concepto de violación alguno, por vicios propios, contra la publicación del decreto impugnado. Al respecto, como con razón lo apunta la autoridad referida, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que dichos actos no fueron impugnados por vicios propios. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios". El numeral transcrito en primer término establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos, diversos a los contemplados en las demás fracciones que lo conforman, en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo; por otra parte, de conformidad con la fracción III del segundo numeral citado, la publicación y el refrendo del decreto promulgatorio de una ley, serán reclamables en amparo únicamente cuando se les atribuyan vicios propios. Ahora bien, los actos atribuidos al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación, se hacen consistir únicamente en la publicación del código que contiene el dispositivo reclamado, el cual no es impugnado por vicios propios; por consiguiente, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61 multicitado y, por ende, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los actos que se le atribuyen al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación. III. Causa de improcedencia no actualizada. Por su parte, el Presidente de la República, aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la expedición del Código de Comercio es un acto que se consumó al momento de su emisión; así como que su promulgación se consumó a partir de que entró en vigor, y que en caso de conceder el amparo, no se podría obligar al Titular del Poder Ejecutivo a dejar insubsistente la promulgación. Lo anterior es infundado, ya que la norma reclamada no se trata de un acto consumado, pues se reclama con motivo de su acto de aplicación, por lo que en una eventual concesión del amparo, se determinaría desaplicar al quejoso dicho artículo, mas no dejar insubsistente su proceso legislativo. Asimismo, refiere que en el caso opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues alega que la promulgación de la norma reclamada no le causa perjuicio. Lo anterior es infundado, ya que como se explicó con anterioridad el artículo se reclama con motivo del acto de aplicación del que se duele la parte quejosa, por lo que dicho acto sí le irroga perjuicio ya que se dictaron medidas cautelares en su contra. Asimismo refiere que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues alega que no se formularon conceptos de violación respecto del artículo reclamados; sin embargo, contrario a lo que refiere sí se formularon argumentos en su contra, como se verá en el considerando siguiente. Al no existir diversa causa de improcedencia hecha valer por las partes o que este juzgado advierta se actualice, procede analizar la constitucionalidad de los restantes actos reclamados. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 1181 del Código de Comercio. I. Fijación de la litis. Se centra en determinar si el acto reclamado es inconstitucional o no, conforme a las alegaciones formuladas por la parte quejosa. II. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es menester destacar los antecedentes principales del acto reclamado, los cuales se desprenden de las constancias del juicio de origen, siendo los siguientes: 1. El tres de julio de dos mil veinte, el Juez Sexto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, admitió a trámite la solicitud de Hao Zhang, consistente en medida cautelar como acto prejudicial a juicio mercantil ordinario, en contra de Marshall Leeds Enterprises, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, radicándola y concediéndola de plano bajo el número de orden 1210/2020. 2. El veintisiete de octubre de dos mil veinte, el referido juzgado, revocó de plano la medida cautelar como acto prejudicial, por lo que ordenó que dejaran de surtir sus efectos en contra de la demandada. 3. El tres de diciembre de dos mil veinte, la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra del proveído citado en el punto que antecede; asimismo, tuvo por contestada la apelación por la parte demandada. 4. El veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, la referida sala, resolvió la apelación, en el sentido de confirmar el acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veinte, sin que hubiera lugar a la condena al pago de gastos y costas en segunda instancia. 5. Inconforme con dicha resolución, tanto actora como demandada, promovieron juicios de amparo indirecto, los cuales fueron radicados en este juzgado federal con números de amparo 370/2021 y 915/2021. 6. Por sentencia emitida por este órgano federal el doce de noviembre de dos mil veintiuno, se resolvieron los juicios de amparo antes descritos al haberse acumulado dada su conexidad, en los que se otorgó el amparo y la protección de la justicia federal, para el efecto de que se dejara insubsistente la resolución reclamada (resolución de apelación de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) y en su lugar, con plenitud de jurisdicción atendiera la totalidad de los agravios puestos a su consideración y determinara lo conducente. Sentencia que fue confirmada por el tribunal de alzada al resolver el recurso de revisión interpuesto en su contra, por lo que la misma quedó firme. 7. En cumplimiento a dicha sentencia ejecutoria, la Sala responsable emitió resolución al recurso de apelación el cinco de julio de dos mil veintidós, en la que revocó el auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, dictado por el Juez Sexto der lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el expediente 1210/2020, relativo al levantamiento de las medidas cautelares que como acto prejudicial de juicio mercantil ordinario promovió Hao Zhang, en contra de Christopher Cho Klein y Marshall Leeds Enterprises sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Los efectos de dicha revocación consistieron en lo siguiente: "(.) Por lo expresado en el cuerpo de este fallo, lo procedente es revocar el auto de 27 veintisiete de octubre de 2020 dos mil veinte, en atención al análisis de este Órgano Colegiado con plenitud de jurisdicción, ante la inexistencia del reenvío de los autos al juez natural para que procediese en consecuencia, por lo que el auto materia de impugnación que pronunció el Juez Sexto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial, deberá quedar en los siguientes términos: (.) Ahora bien, del análisis del escrito de cuenta se evidencia que la ocursante comparece la solicitar se revoquen las medidas cautelares que como acto prejudicial fueron admitidas por este Tribunal en actuación de fecha 03 tres de julio de 2020 dos mil veinte, argumentando que este Juzgado no tomó en consideración que las medidas cautelares y/o providencias precautorias dictadas no cumplen los requisitos establecidos en los artículos 1168 y 1175 del Código de Comercio, pres refiere que el promovente no manifestó bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en los que se ha de practicar la diligencia; también señala que no se acredita la apariencia del buen derecho ni el peligro en la demora, dado que no se exhibió documento alguno que beneficie el interés del promovente y ni siquiera se realizaron manifestaciones bajo protesta de decir verdad que pudiera sustentar su dicho por lo que se incumple lo previsto en el Código de Comercio y en Código Federal de Procedimientos Civiles; así también señala que no se acreditó previamente que se cumplió con lo establecido en los estatutos de la sociedad o la Ley General de Sociedades mercantiles, respecto a la solicitud de convocatoria a una asamblea o por rendición de cuentas; inclusive expone que no se acreditó la presentación de la demanda correspondiente en términos del artículo 1181 de la legislación mercantil en cita; asimismo, expone que han ocurrido hechos supervenientes que ocasionan la revocación de la providencia dictada en términos del arábigo 1182 del Código de Comercio. Luego de analizar sus argumentos, se determina que no procede revocar las medidas cautelares decretadas en el presente sumario, por las siguientes consideraciones jurídicas. No cabe revocar las medidas cautelares decretadas en el presente trámite judicial por no cumplirse los requisitos de los artículos 1168 y 1175 del Código de Comercio, pues éstas no se concedieron con base en dichos preceptos legales, sino en los artículos 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394 y 395 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Mercantil, por lo que el promovente no tenía que cumplir el requisito consistente en manifestar bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otro bienes conocidos qué aquellos en que se ha de practicar la diligencia. (.) Luego, contrario a lo que afirma la compareciente, en el auto de 03 tres de julio de 2020 dos mil veinte, se tuvieron por acreditados los elementos de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, por lo que debe sujetarse a lo determinado en dicho proveído. Por otro lado, en cuanto a que no se acreditó la presentación de la demanda correspondiente dentro del término establecido en el artículo 1181 del Código de Comercio, dicho argumento resulta una mera apreciación subjetiva, toda vez que las medidas cautelares se decretaron para todos los efectos precisados en el auto de fecha 03 tres de julio del año 2020 dos mil veinte, de acuerdo con los incisos a), b), c), d), e), f) y g) que tienen aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias; luego, de las actuaciones del sumario que ocupa, se evidencia que solo se ejecutaron los incisos d) e) y 9), sin que se haya notificado al socio Christopher Cho Klein; entonces, es inconcuso que no puede exigirse la presentación de la demanda cuando todavía no se ejecutan en su totalidad las medidas precautorias que se decretaron. De ahí que no se acceda a su petición. Finalmente, no procede revocar las medidas cautelares decretadas por el hecho superveniente que hace consistir en que con fecha 21 veintiuno de octubre del año en curso se ha convocado una asamblea general de socios con la finalidad de tratar distintos puntos inherentes a la sociedad, dentro de los cuales se comprenden: informes de gerentes, aprobación de balances de la sociedad, aprobación de informes respecto de las utilidades de la sociedad, información sobre temas contables, financieros, económicos y fiscales de la sociedad, entre otros; puntos que refiere motivaron las medidas cautelares. A efecto de acreditar su solicitud de revocación ofrece los siguientes medios de convicción. (las describe)I.- Sin embargo, tales probanzas son ineficaces para acreditar que la convocatoria para la asamblea (que como hecho superveniente invoca la compareciente para revocar las medidas cautelares decretadas en este sumario), se realizó en los términos asentados en el acta constitutiva de la sociedad Marshall Leeds Enterprises, S. de R.L. de C.V. En efecto, en el acta constitutiva de dicha sociedad se estableció que las convocatorias se harían por medio de carta entregada vía correo electrónico, que deberán contener la orden del día y que deberán ser entregadas en los domicilios de los socios que tenga registrados la sociedad, por los menos un día de anticipación a la asamblea y en sustitución del método de convocatoria ya señalado, se podrá convocar a las asambleas de socios mediante la entrega personal a los socios, de una copia íntegra de la convocatoria de la que se trate, suscrita autógrafamente por el gerente general que la haga; en su caso, esta entrega personal se habrá de hacer constar mediante la firma que, de una copia de la convocatoria entregada, haga el socio al que se le entregue tal convocatoria; o mediante certificación de hechos que haga un fedatario público, respecto de haber presenciado tal fedatario público la entrega personal que se efectúe de la convocatoria de que se trate. Ahora bien, en el caso no se acredita con ningún elemento de convicción que el correo electrónico nathan@globalautos.com, sea el que tenga registrado el socio Hao Zhang, ante la sociedad mercantil de referencia; además que el fedatario público no presencio la entrega personal de la convocatoria, solo el sobre en que se asiente su dirección. En esas condiciones la notificación de la convocatoria no se realizó en los términos previstos en su acta constitutiva; además, que el hecho superveniente no está contemplado en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al Mercantil, para revocar las medidas cautelares decretadas, ya que, las medidas de aseguramiento, conservativas o preservativas no pueden levantarse por esa causa, pues tienden a mantener una situación de hecho o de derecho existente, es decir, se traducen en medidas de tipo conservativo, que procuran asegurar la utilidad de la sentencia de fondo y su eficacia práctica; de ahí que no se acceda a su petición. (.)" Esta determinación, constituye el acto reclamado. III. Conceptos de violación. La parte quejosa refiere como conceptos de violación, los siguientes: 1. Que dicho numeral contraviene el artículo 1° Constitucional y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos porque permite la posibilidad de que una medida cautelar promovida a manera de acto prejudicial se prolongue de manera indeterminada afectando los derechos del ejecutado sin un límite de tiempo en específico. Asimismo, que el dispositivo impugnado no establece hasta cuándo debe presentar la demanda cuando se trata de varias medidas cautelares a ejecutar. 2. Que lo anterior atenta contra la seguridad jurídica de la parte quejosa, en atención a que, no tiene certeza jurídica respecto, a partir de que momento se debe actualizar la presentación de la demanda. 3. Que ya que si bien el legislador federal señaló que una vez ejecutada la providencia precautoria, el que la pidió debería presentar la demanda dentro de los tres días siguientes, no obstante ello, en caso de ejecutar de manera sucesiva varias medidas, la porción normativa "ejecutada la providencia", no refiere a que se debe presentar la demanda desde el primer acto de ejecución y no los subsecuentes y/o incluso hasta el final de la ejecución de diversas medidas. 4. Que se deja al arbitrio y discrecionalidad de la autoridad responsable definir el momento exacto para exigir de la promovente la presentación de la demanda, aunado a que, el artículo 1181 en cita no precisa la hipótesis de actualización para efectos de presentación de la demanda ante la pluralidad de actos de ejecución. IV. Decisión de la litis constitucional. Son infundados los conceptos de violación en estudio por las razones y fundamentos siguientes. El artículo reclamado dispone lo siguiente: "Artículo. 1,181. Ejecutada la providencia precautoria antes de ser promovida la demanda, el que la pidió deberá presentarla dentro de tres días, si el juicio hubiere de seguirse en el lugar en que aquélla se dictó. Si debiere seguirse en otro lugar, el juez aumentará a los tres días señalados, los que resulten de acuerdo al último párrafo del artículo 1075. El que pidió la medida precautoria deberá acreditar ante el juzgador que concedió la providencia la presentación de la demanda ante el juez competente, dentro de los tres días siguientes a que se venza cualquiera de los plazos del párrafo anterior" Cabe precisar que el artículo 1181 transcrito fue reformado el diez de enero de dos mil catorce, y anteriormente, en la reforma de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, y antes de ésta estaba previsto como artículo 1185; durante vigencia como uno u otro numeral el legislador ha previsto el plazo de tres días para presentar la demanda, cuando el juicio deba seguirse en el lugar en que la medida se dictó; pero al hacerlo no previó expresamente, a partir de qué momento transcurriría ese plazo: desde que se pide la medida, o desde que el juez la ordena, o cuando se ejecuta en parte, o con todas sus consecuencias. Sin embargo, en el precepto se prevé un hecho que sirve como referencia temporal, pues al precisar: "Ejecutada la providencia precautoria" el legislador destacó a la ejecución de la medida como el hecho que debe acontecer para que el plazo de tres días para presentar la demanda ante el juez del lugar se empiece a computar. Esto lleva inexorablemente a la necesidad de establecer qué es la ejecución y cuándo debe tenerse por ejecutada la providencia precautoria. Para ello se acude a un diccionario jurídico, porque el término se analiza en ese ámbito. Cabanellas define la palabra "ejecución" como: "Efectuación, realización. Desarrollo de una actividad. Cumplimiento de una orden. Manera de ejecutar (v.) algo, de llevarlo a la práctica, de ponerlo por obra. Efectividad de la sentencia o fallo; en especial, cuando se toman los bienes de un deudor moroso para satisfacer a los acreedores mediante dicho mandamiento judicial. Aplicación de la pena de muerte (v.). Exigencia o reclamación de una deuda por vía judicial. En el lenguaje sarcástico para lo jurídico de la subversión social (v.), muerte irregular de una de sus víctimas, con apariencia o farsa de proceso o de su epílogo".1 De todas estas acepciones la más apta para interpretar el primer párrafo del artículo 1181 del Código de Comercio es la de "efectuación, realización, cumplimiento de una orden", pues si bien existe la acepción de "exigencia o reclamación de una 1 Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III D-E, Vigésima Octava edición. Revisada, actualizada y ampliada por Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina página 383. deuda por vía judicial", similar a la invocada por los recurrentes "reclamar una deuda por vía y procedimiento ejecutivo" y en la cual se basan para afirmar que el plazo inicia desde que el juez acoge las medidas; lo cierto es que en el caso, el contexto de la ejecución no se refiere a un adeudo que se siga en procedimiento judicial, sino a la ejecución de la medida precautoria, esto es, lo que se trata de dilucidar es cuándo debe considerarse ejecutada la referida medida, por lo que se debe acudir a la primera acepción genérica. Acorde con ésta, la ejecución de las medidas precautorias se da cuando se cumple, cuando se lleva a la práctica la orden de su aplicación. Ahora bien, la ratio legis de dicho precepto es otorgar seguridad y certeza jurídica a la persona (física o moral) en contra de la cual se otorga la providencia precautoria de retención de bienes solicitada previamente a la presentación de la demanda, es decir, fijar un plazo razonable para que el solicitante de la providencia precautoria presente la demanda y ésta siga su trámite correspondiente, de modo tal que la persona contra la que se otorga pueda conocer plenamente los motivos por los que se solicitó y otorgó tal medida En efecto, de la iniciativa que dio origen a la reforma del artículo 1181 del Código de Comercio citado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil catorce, se advierte que las razones por las que el legislador reformó dicho precepto están encaminadas a reorganizar los mecanismos de aseguramiento de bienes, con la finalidad de otorgar mayor seguridad jurídica a quien solicita la providencia precautoria y a quien la resiente. De dicha iniciativa se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: "b. Reorganización de los mecanismos de aseguramiento de bienes. En general, con la presente iniciativa se propone reordenar las disposiciones normativas que regulan los mecanismos de aseguramiento de bienes dentro de los juicios mercantiles. Lo anterior permite organizar los tipos de providencias precautorias en materia mercantil de manera lógica, así como establecer los supuestos en que las mismas podrán ser decretadas, a fin de incrementar la eficacia en el cobro de los créditos mercantiles. Se plantea diferenciar entre los requisitos para la procedencia del arraigo y los requisitos del secuestro provisional de bienes. Asimismo, se establecen los medios de prueba respecto de la medida provisional consistente en el arraigo. En ese sentido, se busca establecer los requisitos de procedencia del secuestro provisional de bienes, de forma independiente a los del arraigo de personas. De igual forma, a fin de otorgar mayor seguridad jurídica a quien solicita la providencia precautoria y a quien la resiente, se prevé la obligación del juzgador de concederla de plano, una vez cumplidos los requisitos respectivos. Tratándose del embargo de dinero y de otros bienes fungibles, se presume el riesgo de que se oculten o dilapiden, para efectos de la providencia. Igualmente se obliga al juez a fijar una garantía asequible, a fin de no hacer nugatoria la medida. Asimismo, se establece la posibilidad de pedir la modificación o revocación de la medida cuando exista un hecho superveniente, en vez de dejar abierta la posibilidad de impugnarla en cualquier tiempo." Sin embargo, probablemente el legislador no previó el momento en que se debe empezar a computar el plazo de tres días para presentar la demanda, dado que no todas las medidas cautelares se ejecutan en el mismo tiempo, ya que ello depende de su naturaleza. Así, por ejemplo, las de suspensión, en las que la persona a que va dirigida no tiene que hacer nada, sólo paralizar la actividad que tiene que ver con la orden, basta con que se les notifique la medida, para que paralicen la actividad que se les indica; pero hay otras en las que el legislador previó que las medidas surtan efecto desde que se emite la orden, ejemplo de ello es la suspensión en el juicio de amparo, que surte efecto desde que se otorga, sin importar que aún no se haya notificado, tal como se expresa en la jurisprudencia 1a/J.33/2014 (10ª): "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE. El artículo 139 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, es claro en establecer que el momento en que surte efectos la suspensión es "desde luego", lo que significa inmediatamente. Considerar algo distinto haría nugatoria la dimensión de eficacia de la suspensión, convirtiendo dicha protección constitucional en un mecanismo ilusorio y quitaría a la resolución de fondo su efecto útil. Los efectos de la suspensión no están supeditados a su notificación, ya que, lo contrario, redundaría en el absurdo de condicionar la eficacia de la medida a una figura cuya finalidad es detener inmediatamente en el tiempo una circunstancia para que la litis no se vea afectada en el fondo. El correcto acatamiento de una suspensión es la vía necesaria para acceder a una protección judicial efectiva." También hay otro tipo de medidas precautorias cuya ejecución no surte efectos desde luego, esto es, no se agotan con el dictado de la orden, sino que precisan de una serie de actos. Ahora bien, del texto de ese artículo se colige que antes de que se inicie el proceso, pero con vista a la promoción de la demanda, el legislador autorizó la realización de actos procesales previos al juicio, necesarios para garantizar la eficacia del derecho que se intentará. El contenido literal del artículo transcrito da la pauta a considerar que una vez ejecutada la providencia precautoria antes de ser promovida la demanda, el solicitante debe presentar esta dentro de tres días, si es que el juicio debe seguirse en el mismo en el lugar en que aquella se dictó, entendiéndose por el verbo ejecutar, en su acepción más simple, según la definición que nos aporta el Diccionario de la Real Academia Española, "como poner por obra algo". Tal interpretación literal aporta que sea la simple ejecución de la providencia precautoria la que debe tomarse como punto de partida para computar los tres días que tiene el solicitante para presentar la demanda en lo principal. Sin embargo, cuando el contenido de ese primer párrafo del artículo invocado se asocia con el diverso numeral 1075 del Código de Comercio y se acude a los criterios interpretativos sistemático y funcional, se arriba a distinta conclusión. En ese sentido, la interpretación sistemática y funcional del artículo 1183, en relación con el diverso arábigo 1075, ambos del Código de Comercio, permite colegir que no sea ni la emisión de la orden de retención de bienes de forma prejudicial, ni su ejecución material, el punto de partida para computar los tres días que tiene el solicitante para demostrar haber presentado la demanda en lo principal, sino a partir de que surta efectos la notificación de aquella determinación por medio de la cual el juzgador que otorga las providencias precautorias actúo conforme al caso en concreto a fin de darle continuidad al procedimiento prejudicial. Por lo que para ello pueden ocurrir -en esencia tres hipótesis fácticas, a saber: 1) Cuando tiene por informado que se llevó a cabo la ejecución de las medidas y previno a la parte solicitante para que justifique haber presentado la demanda en lo principal, so pena de revocar, de oficio, las providencias precautorias otorgadas. 2) Cuando tiene conocimiento de la imposibilidad para ejecutar la totalidad de las medidas y previno a la parte solicitante para que justifique haber presentado la demanda en lo principal, so pena de revocar, de oficio, las providencias precautorias otorgadas. 3) Cuando se requirió al solicitante para que realice las gestiones tendentes a su ejecución; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, revocará de oficio las medidas concedidas. Ello es así, porque en aras de otorgar certeza jurídica a las partes que intervienen en un procedimiento de esta índole, se torna necesario que el juez que otorgue las providencias precautorias esté enterado de que ya se ejecutaron en sus términos, o parcialmente, para poder requerir la presentación de la demanda en lo principal, sobre todo porque ante la diversidad impredecible de situaciones que se pueden presentar en cada caso concreto, de difícil previsión y solución con preceptos o reglas, es que se hace patente la necesidad de que el juez esté informado sobre el aseguramiento correspondiente, lo tenga por hecho y en su caso, requiera la presentación de la demanda en lo principal, en términos de lo que dispone el artículo 1181 del Código de Comercio. Lo anterior se justifica, porque aunado a que las diversas herramientas tecnológicas que actualmente imperan en las relaciones entre titulares de las cuentas bancarias y las instituciones financieras, el saldo disponible en una cuenta bancaria puede ser transferido de forma prácticamente inmediata, tan solo con la instrucción del titular del banco en ese sentido, no debe perderse de vista que el embargo trabado sobre cuentas bancarias es susceptible de generar diversas problemáticas, entre las que se encuentran, por mencionar algunas: la difícil identificación del deudor derivado de la información disponible, o en dado caso, la existencia de varios titulares, diversas cuentas aseguradas u homónimos; así como la afectación de los ingresos que se produzcan con posterioridad al secuestro del saldo existente al momento de la ejecución. Efectivamente, en la práctica puede ocurrir la posibilidad de que el deudor tenga varias cuentas a su nombre en distintas sucursales bancarias, desde esa perspectiva, si la orden de embargo o retención se ejecuta en diversos momentos, según las problemáticas que pueden presentarse, se haría prácticamente imposible establecer a partir de cuándo o de qué cuenta retenida deben comenzar a computarse los tres días previstos en el artículo 1181 del Código de Comercio. Incluso, podría suceder que el solicitante no tenga voluntad de continuar con el trámite de las medidas cautelares, por así convenir a sus intereses. Las circunstancias expuestas conducen a concluir que una interpretación diversa a la sistemática y funcional del artículo 1181 del Código de Comercio, como lo es la literal, no dota de funcionalidad jurídica y práctica la hipótesis que ahí se regula. En efecto, en una primera aproximación, es que el criterio hermenéutico que atiende a la literalidad del verbo "ejecutar" establecido en el artículo 1181 del Código de Comercio, no resuelve del todo el problema que se plantea en el caso concreto, pues pareciera que se refiere a la simple materialización de las providencias precautorias. Empero, debe atenderse, además, al contenido del artículo 1075 de la propia legislación, que se utiliza en la redacción de esa norma (1181) y cuya remisión permite dilucidar a partir de qué momento es que comienza a computarse el término de tres días para que el solicitante de las medidas presente su demanda en lo principal, de otro modo el legislador no hubiera hecho referencia a tal disposición normativa, lo que justifica acudir al criterio sistemático o sistémico. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1075 de la legislación mercantil, todos los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos el emplazamiento o notificaciones y se contará en ellos el día de vencimiento. Por tanto, es posible concluir que si el propio artículo 1181, hace referencia a que el que pida la providencia precautoria antes de ser promovida la demanda, deberá presentar esta dentro del término de tres días si el juicio hubiere de seguirse en el lugar en que aquélla se dictó, es evidente que la intención del legislador fue la de remitir a aquellas disposiciones que regulan los términos procesales, para dotar de seguridad y certeza jurídica a las partes que intervienen en el procedimiento de providencias precautorias, en el sentido de que quedará bien definido a partir de cuándo comienzan a computarse los tres días de mérito. En consecuencia, el plazo de tres días comienza a correr desde el día siguiente a aquel en que haya surtido efectos el proveído por el que el juez -quien obsequió las medidas cautelares- requiere al solicitante la exhibición del acuse de presentación de la demanda principal, so pena de revocar las providencias decretadas, ya sea porque las medidas fueron ejecutadas en su totalidad, se determinó su imposibilidad para su ejecución total, o se le previno al ejecutante para que acreditara las gestiones para su ejecución, pues a partir de ese momento se tendrá por rendida la información correspondiente en la que presumiblemente se encuentre disuelta, en un plano ideal, cualquier problemática respecto a la ejecución de las medidas cautelares. Sobre todo, porque con el objeto de dotar de funcionalidad a la norma jurídica que se interpreta, podrían darse casos, en el que sean varias cuentas las que se reportaron con numerario activo y que se tuvieron por retenidas en diversas fechas; de ahí que no es posible atender al momento en que estrictamente se ejecutaron las providencias precautorias, para computar el plazo de tres días, pues asumir esa postura implicaría no conferir racionalidad y coherencia a la hipótesis prevista en el artículo 1181 del Código de Comercio Otro motivo para desestimar la interpretación literal de la norma consiste en que el solicitante tendría imposibilidad jurídica y material para conocer el momento exacto en que se ejecutó la providencia precautoria, cuestión que se complica aún más si son varias las cuentas del futuro demandado y cada una de ellas se ve afectada en diversos momentos, o bien, si en una cuenta bancaria no hay suficiente dinero para cubrir el monto del adeudo, se hará necesario acudir a otra hasta asegurar el monto determinado por el juzgador, previa noticia de su existencia u orden de retención. Por ello se estima que si se interpretara fatalmente que el plazo de tres días debe computarse a partir de que es "ejecutada" la providencia precautoria, esto daría amplia oportunidad para que no tenga funcionalidad práctica la norma que se analiza y que tampoco tenga eficacia el principio de seguridad jurídica que el legislador pretendió establecer al hacer uso de una disposición legal que regula los términos procesales. Por todas las razones anteriores, no se puede decir que el cómputo de los tres días a que se refiere el artículo 1181 del Código de Comercio deba realizarse a partir de otros momentos que no sean cuando surtió efectos la notificación del proveído a través del cual el juez responsable tuvo por concluido - en su caso- el aseguramiento de cuentas bancarias y requirió a la parte solicitante exhibiera el acuse de presentación de su demanda en lo principal, o que requirió a la ejecutante que acreditara las gestiones para ejecutar las medidas otorgadas. En tal virtud, al encontrarse establecido desde qué momento deben computarse los tres días a que se refiere el numeral tildado de inconstitucional, ello impide -como lo afirma el quejoso-, que una medida cautelar promovida a manera de acto prejudicial se prolongue de manera indeterminada afectando los derechos del ejecutado sin un límite de tiempo en específico, dado que del análisis elaborado a dicho precepto, se dice que una vez ejecutadas las medidas precautorias, el juez requerirá a la parte promovente a fin de que exhiba el acuse correspondiente y es ahí en donde aplicará el término establecido en dicho numeral, lo cual impide que se deje al arbitrio y discrecionalidad de la solicitante de las medidas definir el momento exacto para la demanda. Sin que ello atente contra lo establecido en el artículo 1° Constitucional y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que justamente la reforma a tal precepto, fue realizada -como se dijo-, en aras de otorgar mayor certeza jurídica a los gobernados y conocer el momento en el que se debe presentar la demanda y continuar con el juicio por sus etapas procesales. De ahí que lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal en relación con el referido precepto legal. V. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la resolución de la resolución de cinco de julio de dos mil veintidós emitida por la sala responsable. VI. Fijación de la litis. Se centra en determinar si el acto reclamado transgrede el principio de legalidad. VII. Conceptos de violación. La parte quejosa refiere como conceptos de violación, los siguientes: 1. Que el argumento de la Sala responsable en el sentido de que no se pueden revocar o levantar medidas que hayan sido concedidas conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles por haberse actualizado hechos supervenientes, carece de sentido jurídico, al no citar una disposición normativa que le dé la razón. 2. Que aun y cuando pudiera entenderse que las medidas cautelares pueden dictarse conforme otra legislación que sea supletoria, ello no implica que de ser así, también tenga que aplicarse supletoriamente lo relativo a la forma de impugnar o revocar dichas medidas cautelares. 3. Que si bien es cierto que en el Código Federal de Procedimientos Civiles no prevé ninguna disposición normativa que permita revocar o levantar medidas cautelares por la actualización de un hecho superveniente, aquello es intrascendente, toda vez que el artículo 1183 del Código de Comercio si prevé la facultad de que la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria pueda solicitar su modificación o revocación cuando ocurra un hecho superveniente. 4. Que la determinación de la Sala responsable en el sentido de que no se acreditó fehacientemente que el promovente de las medidas cautelares Hao Zhang tenga acceso al correo electrónico al cual se envió la convocatoria, resulta un desatino jurídico en razón de que al ser un tribunal de alzada, no debió analizar la legalidad de la referida convocatoria dado que la legalidad de dicha convocatoria debió ser materia en un juicio donde la litis central fuera la nulidad o validez de dicha convocatoria, por lo que el haber valorado si dicha convocatoria cumple o no con los requisitos legales para surtir efectos o no, es cuestión que no debió ser objeto de estudio en un acto prejudicial donde se solicitaron medidas precautorias. 5. Que las medidas precautorias fueron dictadas en contravención a los artículos 1168 fracción II y 1175 del Código de Comercio, toda vez que no cumplieron los requisitos en ellos expresados, siendo que la Sala responsable decidió no abordar dicho estudio. VII. Decisión de la litis constitucional. Son infundados en parte e inoperantes en otra los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa en razón de lo siguiente. En los conceptos de violación sintetizados en los puntos uno, dos y tres, el quejoso refiere que el argumento de la Sala responsable en el sentido de que no se pueden revocar o levantar medidas que hayan sido concedidas conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles por haberse actualizado hechos supervenientes, carece de sentido jurídico, al no citar una disposición normativa que le dé la razón, así como que aun y cuando pudiera entenderse que las medidas cautelares pueden dictarse conforme otra legislación que sea supletoria, ello no implica que de ser así, también tenga que aplicarse supletoriamente lo relativo a la forma de impugnar o revocar dichas medidas cautelares, ya que, aduce que, si bien es cierto que en el Código Federal de Procedimientos Civiles no prevé ninguna disposición normativa que permita revocar o levantar medidas cautelares por la actualización de un hecho superveniente, aquello es intrascendente, toda vez que el artículo 1183 del Código de Comercio sí prevé la facultad de que la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria pueda solicitar su modificación o revocación cuando ocurra un hecho superveniente. Lo anterior es inoperante por lo siguiente. Cuando con los conceptos de violación, formulados en una demanda de amparo, no se combaten todas las consideraciones en que se sustentó el acto reclamado, esto es, no están orientados a desvirtuar las consideraciones torales en que se apoyó la autoridad responsable para dictar el acto reclamado, son inoperantes, pues aunque llegaran a ser fundados aquéllos serían insuficientes para obtener la protección constitucional solicitada, por subsistir la resolución reclamada con base en aquellas consideraciones que no se hubieren impugnado. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a. XCIII/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 125, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, Novena Época, que dice: "AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. SI LA RESOLUCIÓN RECLAMADA SE FUNDA EN DIVERSOS ARTÍCULOS, CUALQUIERA DE LOS CUALES PUEDE SOSTENER SU VALIDEZ, DEBEN IMPUGNARSE TODOS, PORQUE DE NO SER ASÍ, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SON INOPERANTES. Cuando en amparo directo contra leyes se impugna la resolución de una autoridad fiscal fundada en varias disposiciones legales, cada una de las cuales es capaz de sostener su validez, pero el quejoso no controvierte todas, resultan inoperantes los argumentos de inconstitucionalidad expuestos contra un solo artículo en forma aislada, puesto que el amparo que se llegase a conceder no tendría un fin restitutorio en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, al subsistir la resolución fiscal controvertida en el juicio de nulidad con fundamento en los preceptos no impugnados." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XX.26 K, visible en la página 483, del Tomo II, Agosto de 1995, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. HIPÓTESIS EN QUE DEBEN DECLARARSE. Los casos por los cuales deben declararse inoperantes los conceptos de violación que se hacen valer en una demanda de amparo directo, en materia civil, administrativa o laboral, son: 1. Cuando los argumentos que integran los conceptos de violación no atacan ninguno de los fundamentos del fallo reclamado; y, 2. Cuando solamente se atacan algunos de los argumentos que rigen la sentencia materia de amparo, pero se dejan intocados otros." Finalmente, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 76, del Tomo 133-138, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Son inoperantes los conceptos de violación que haga valer el quejoso, si los mismos no atacan en manera alguna las consideraciones esenciales en que se sustente la sentencia reclamada. Así, si el quejoso sólo se limita a sostener que la sentencia reclamada resulta violatoria de sus garantías individuales porque la responsable, al revocar la sentencia del Juez natural, no tomó en cuenta que se encontraba ante una sentencia que había causado ejecutoria y que por lo tanto no era susceptible de revocarse, por tener la autoridad de cosa juzgada, pero ningún razonamiento esgrime tendiente a combatir las consideraciones de la responsable, ello implica que esta Tercera Sala se encuentra imposibilitada jurídicamente para examinar la inconstitucionalidad del fallo impugnado, en virtud de que el juicio de garantías en materia civil es de estricto derecho, si el caso no es de aquellos en que deba suplirse la deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción II, de la Constitución General de la República, y 76 y 227 de la Ley de Amparo." De las constancias del toca de origen, las cuales adquieren valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se advierte -en la parte que interesa-, que la Sala responsable, precisó -medularmente-, que en el caso en estudio, no se acredito la existencia del hecho superveniente para con ello revocar la imposición de las medidas cautelares de mérito, ya que adujo que la supuesta superveniencia que fue motivo por el cual en un principio se revocaron las medidas cautelares, fue por la existencia de la notificación de la convocatoria para asamblea de la sociedad mercantil quejosa, la cual supuestamente fue notificada al aquí tercero interesado por correo electrónico. A lo que adujo que dicho hecho superveniente no quedo acreditado ya que no se demostró fehacientemente que el aquí tercero interesado Hao Zhang tuviera acceso al correo electrónico al cual se envió la convocatoria, tal y como se asentó en la certificación de hechos que realizó en acta número 1970 mil novecientos setenta, la corredora pública 53 cincuenta y tres de la plaza de Jalisco, que exhibió la apoderada de la persona jurídica aquí quejosa. Ya que precisó que en el acta constitutiva de dicha sociedad, se estableció la manera en la que se convocaría a asambleas, por lo que al no cumplir con dichas especificaciones, determino que no se demostró que el correo electrónico al cual se envió la convocatoria fuera el que el aquí tercero interesado tuviera registrado para tal efecto ante la sociedad quejosa, por lo que al no haberse realizado en los términos previstos en el acta constitutiva de la sociedad, por lo que no puede constituir un hecho superveniente para levantar las medidas cautelares decretadas. Sin embargo, lo inoperante de dichos conceptos de violación, radica en que la quejosa no combatió la totalidad de las consideraciones expresadas por la Sala responsable al momento de resolver, tales como el hecho de que no quedó demostrado el hecho superveniente para revocar las medidas cautelares decretadas. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 205174 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: VI.1o.2 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Mayo de 1995, página 333 Tipo: Aislada AGRAVIOS INSUFICIENTES EN LA APELACION, SON AQUELLOS QUE NO ATACAN TODAS LAS CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA. Si en la sentencia de primer grado el juez del conocimiento expresó diversos argumentos independientes entre sí y suficientes cada uno de ellos para sostener el sentido del fallo; al no ser impugnados en su totalidad por el apelante, en los casos en que el recurso es de estricto derecho, la Sala responsable debe tener a los agravios respectivos como insuficientes para revocar la sentencia recurrida, porque aun cuando los expresados fueran fundados, ello no traería como consecuencia revocar esa resolución, precisamente por quedar subsistente por falta de impugnación, algún otro motivo que rige el sentido de la sentencia materia del recurso. De ahí que los conceptos en estudio resulten inoperantes. Por otra parte es infundado el concepto de violación, sintetizado en el punto cuatro, en el que menciona que la determinación de la Sala responsable en el sentido de que no se acreditó fehacientemente que el promovente de las medidas cautelares Hao Zhang tenga acceso al correo electrónico al cual se envió la convocatoria, lo que resulta un desatino jurídico en razón de que al ser un tribunal de alzada, no debió analizar la legalidad de la referida convocatoria dado que la legalidad de dicha convocatoria debió ser materia en un juicio donde la materia del litigio fuera la nulidad o validez de dicha convocatoria, por lo que el haber analizado si dicha convocatoria cumple o no con los requisitos legales para surtir efectos o no, es cuestión que no debió ser analizada en un acto prejudicial donde se solicitaron medidas precautorias. Ello en virtud de que contrario a lo que alega la parte quejosa, la sala responsable no verificó la legalidad de la convocatoria mencionada, sino que valoró la documental exhibida por el aquí quejoso ante el juez de origen, a fin de verificar la superveniencia de los hechos narrados, es decir, dicho análisis de pruebas fueron analizadas para sostener la decisión que ya había sido tomada en relación a la revocación de la medida cautelar por hechos supervenientes, puesto que debía valorar dicha prueba a fin de determinar si existían o no hechos supervenientes que dieran lugar a la revocación de las medidas, siendo que mencionó que tampoco le asistía la razón al juez de origen de que existía un hecho superveniente consistente en la convocatoria para asamblea de la sociedad mercantil quejosa, que se notificó a Hao Zhang por correo electrónico, toda vez que -en la valoración de dicha documental-, expresó que la misma no podía ser considerada como hecho superveniente, toda vez que no se acreditó fehacientemente que el promovente de las medidas tenga acceso al correo electrónico al cual se envió la convocatoria, tal como se asentó en la certificación de hechos que realizó en acta número 1970, la corredora pública 53 de la plaza Jalisco, que fue exhibida por el aquí tercero interesado. Precisando además que en el acta constitutiva de dicha sociedad se estableció el mecanismo exacto de como debía notificarse a los socios a efecto de las convocatorias de dicha sociedad, lo cual mencionó que no fue acatado, concluyendo que la documental en análisis no cumplía con los requisitos establecidos en la propia acta constitutiva de la sociedad, por lo que le restó valor probatorio a fin de demostrar la superveniencia mencionada. Situación a la cual estaba obligada la Sala a verificar, puesto que en la valoración de las pruebas recaía el acreditamiento de la superveniencia o no de los hechos narrados por el aquí quejoso, por lo que su valoración no involucra la ilegalidad de la convocatoria, ya que no menciona que la misma es ilegal o nula, sino por el contrario, menciona que las pruebas no son aptas para tener por demostrada la superveniencia apuntada. De ahí lo infundado del concepto en estudio. Finalmente, en el argumento sintetizado en el punto cinco, refiere que las medidas precautorias fueron dictadas en contravención a los artículos 1168 fracción II y 1175 del Código de Comercio, toda vez que no cumplieron los requisitos en ellos expresados, siendo que la sala responsable decidió no abordar dicho estudio. Lo cual es infundado por lo siguiente. Contrario a lo que alega la parte quejosa, la Sala responsable, respecto a dicho argumento, precisó lo siguiente: "No cabe revocar las medidas cautelares decretadas en el presente trámite judicial por no cumplirse los requisitos de los artículos 1168 y 1175 del Código de Comercio, pues éstas no se concedieron con base en dichos preceptos legales, sino en los artículos 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394 y 395 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Mercantil, por lo que el promovente no tenía que cumplir el requisito consistente en manifestar bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otro bienes conocidos qué aquellos en que se ha de practicar la diligencia. (.) Luego, contrario a lo que afirma la compareciente, en el auto de 03 tres de julio de 2020 dos mil veinte, se tuvieron por acreditados los elementos de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, por lo que debe sujetarse a lo determinado en dicho proveído." Situación que dicho sea de paso, no combatió en modo alguno la parte quejosa. De ahí lo infundado del concepto en estudio. Por tanto, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación en estudio, lo procedente es negar el amparo y la protección solicitados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Marshall Leeds Enterprises, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, respecto a los actos reclamados a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; Director del Diario Oficial de la Federación; Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México; BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; Grupo Financiero BBVA México; Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC; Banco Monex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Monex, Grupo Financiero (Monex); Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; Banco Actinver, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver; American Express Bank (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; Banca Mifel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Banca Afirme, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero; Banco Ve por Más, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más; Banco Regional, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; Banco Nacional de México, Sociedad Anónima Integrante de Grupo Financiero Banamex; Banco Compartamos, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; Banco J.P. Morgan, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; Banco Multiva, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; Bank Of America México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple y Cibanco, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco; y Juez Sexto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara, ni protege a Marshall Leeds Enterprises, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, en contra de las autoridades señaladas como responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; y Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo.
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