José Luis Cordero Cabrera
Expediente 938/2015 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 938/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/10/2015
Partes del expediente
- José Luis Cordero Cabrera
Actuaciones
- Incidental
FÓRMESE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, SE FIJAN LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA INCIDENTAL, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL PARA QUE EL QUEJOSO QUEDE A DISPOSICION DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL SE REFIERE,SE TIENE POR SEÑALADO DOMICILIO Y AUTORIZADOS.
- Incidental
En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha, dictado en el cuaderno principal del juicio de garantías número 938/2015, promovido por LIBIA PATRICIA CORDERO CABRERA a favor de JORGE LUIS CORDERO CABRERA contra actos del TITULAR DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA 8 y otra. Cabe precisar, que aun cuando los autos principales del juicio de amparo de donde emana este incidente de suspensión se tramita con las reglas establecidas en la reciente Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y que entró en vigor a partir del día siguiente, la tramitación de estos cuadernos incidentales seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo de 1936 abrogada, ello en razón de que a pesar que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ya emitió declaratoria en cuanto a la incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales al orden jurídico del Distrito Federal, según decreto publicado el veinte de agosto de dos mil catorce en la Gaceta del Distrito Federal, cierto es que dicho sistema entró en vigor el dieciséis de enero del año en curso, para delitos culposos y aquellos perseguibles por querella o acto equivalente, así como tocante a los actos de investigación que requieran autorización previa del juez de control, respecto de hechos delictivos que ocurran a partir de las cero horas de la señala fecha, por lo que a partir de la data precitada se materializa en el ámbito jurídico del Distrito Federal el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho; empero tomando en consideración los antecedentes vertidos por la parte quejosa se desprende que no se encuentran dentro de las hipótesis de las reglas aludidas; por ello, este incidente se tramitará bajo las reglas de la anterior Ley de Amparo. Aunado a ello, no se soslaya que por cuanto hace al aspecto general, el propio incidente de conformidad con dicha norma hoy abrogada, goza de mayor prontitud y por ende le resulta de mayor beneficio a la parte quejosa. Es aplicable a lo anterior, la contradicción de tesis 75/2014, que dio origen a la jurisprudencia 32/2015, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto literal es: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA PENAL. EL TRÁMITE Y LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE RELATIVO EN LOS CASOS EN DONDE NO HAYA ENTRADO EN VIGOR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, DEBERÁN REGIRSE CONFORME A LA LEY DE AMPARO ABROGADA. De la interpretación sistemática y teleológica de los artículos primero, segundo y décimo transitorios de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, tratándose del trámite y la resolución de un incidente de suspensión en materia penal, en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, por disposición expresa del párrafo segundo del artículo décimo transitorio citado, deben aplicarse las disposiciones previstas en la Ley de Amparo abrogada (no así en la vigente), en todo lo concerniente a la tramitación y resolución de dicha medida cautelar, pues ésta debe entenderse como una institución unitaria; sin que sea válido establecer que la "parte general" será regulada por la nueva Ley de Amparo, y la relativa específicamente a la "suspensión en materia penal" por la abrogada, ya que la aplicación simultánea de ambas legislaciones en un caso concreto, derivaría en la generación de inseguridad jurídica para las partes. Lo anterior, en aras de garantizarles un principio de seguridad jurídica, derivado de la existencia de sendas diferencias entre los sistemas de enjuiciamiento mixto y acusatorio que actualmente coexisten." Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 122, 124, 130, 131, 132 y 142 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo que deberán rendir por duplicado dentro del improrrogable plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de que queden notificadas de este proveído, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de garantías. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Ahora, el acto reclamado materia de este incidente de suspensión lo constituye la privación de ilegal la libertad. Al respecto, se concede la suspensión provisional, para el efecto de que el quejoso quede a disposición de este juzgado de Distrito, en cuanto a su libertad personal se refiere y a disposición de las autoridades administrativas que conozcan del procedimiento ministerial que en su caso se siga en su contra, salvo las siguientes consideraciones: a) Si la orden de detención o retención se ha ejecutado por autoridades administrativas (distintas del Ministerio Público) con motivo de la comisión de algún delito, sin demora alguna deberá cesar la detención o retención, poniéndolo en libertad o a disposición del agente del Ministerio Público que corresponda. b) Si la detención o retención del quejoso no tiene relación con la comisión de un delito, deberá ser puesto en libertad de inmediato. c) Si el acto reclamado es llevado a cabo por algún agente del Ministerio Público, al tratarse de flagrancia o caso urgente, el agraviado podrá ser retenido hasta por cuarenta y ocho horas o noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contados a partir, del momento de la detención; plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial, en la inteligencia de que si se trata de una detención inconstitucional, al no ser ordenada por autoridad judicial, ni tampoco por urgencia o flagrancia, el agente del Ministerio Público deberá ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la averiguación previa correspondiente. En el entendido que de traducirse el acto en una detención ministerial, la autoridad correspondiente deberá remitir a este juzgado de distrito, las constancias de la averiguación previa que acrediten la flagrancia o urgencia por la cual fue detenido la parte quejosa, dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación de este proveído. Hágase del conocimiento de las partes que la violación de este mandato equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 206 de la Ley de Amparo, delito que si se llegara a consumar, de inmediato será consignado para el ejercicio de la acción penal en contra de las responsables. Esta suspensión provisional no surtirá efecto legal alguno, si la detención o retención del quejoso (así denominada por la promovente) se trata del cumplimiento de una medida de apremio derivada de una sanción administrativa impuesta por las autoridades responsables. Cabe precisar, que no se estima necesario exigir garantía alguna a la parte peticionaria para el surtimiento de efectos de la suspensión provisional que se concede, porque por la naturaleza propia del acto se trata de una detención ejecutándose y por tanto, no existe el riesgo de que el agraviado se sustraiga de la acción de la justicia y se entorpezca el procedimiento penal, pues precisamente el agraviado ya se encuentra sujeto a tal procedimiento; por consiguiente, con independencia de que el artículo 124 bis de la Ley de Amparo, prevé que "para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecte la libertad personal, el Juez de Amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes", indudablemente que la obligación que impone al juzgador de fijar una garantía contra los actos privativos de libertad que provengan de autoridades administrativas, sólo es exigible cuando el quejoso no ha sido privado de su libertad, hipótesis que no sucede en la especie porque en el caso éste sí se encuentra privado de tal derecho fundamental. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1ª/J.66/2001 aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de cuatro de julio de dos mil uno, página cuatrocientos treinta y cuatro a la cuatrocientos treinta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV Septiembre de 2001. "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AÚN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA. Si se toma en consideración que las actuaciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial realizadas durante la etapa de averiguación previa, forman parte del procedimiento penal y son fundamentalmente de investigación, aunque existen dos supuestos (flagrancia y urgencia), autorizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales dichas autoridades pueden ordenar o proceder a la detención de una persona, mientras que aquellas que practica la autoridad judicial conforman el proceso penal, cuando se promueve juicio de amparo en contra de una orden de detención girada por autoridades administrativas dentro del procedimiento penal y el quejoso aún se encuentra en libertad, el juzgador deberá conceder la suspensión provisional, cuyo efecto consistirá en que no se le prive de dicha libertad hasta en tanto se le notifique a la autoridad responsable la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo, siendo indispensable, para que surta efectos la provisional, el que el juzgador exija una garantía. Ello es así, porque de no fijarse ésta se corre el riesgo de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia y se entorpezca el procedimiento penal, en franca violación a los principios contenidos en los artículos 124, 124 bis, 130, 136, 138 y 139 de la ley de la materia, así como en la exposición de motivos y en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora relativos a la adición del artículo 124 bis al citado ordenamiento legal, pues en ellos se ha establecido que la suspensión no puede constituir un medio que permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos y, por tanto, el Juez de Distrito puede tomar las medidas que estime pertinentes para asegurar al quejoso aun cuando se trate de actos derivados de un procedimiento penal, y el quejoso tiene el deber de comparecer ante el Ministerio Público dentro de los tres días siguientes para que continúe surtiendo efectos la suspensión; de tal suerte que cuando el artículo 124 bis de la mencionada ley prevé que "Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el Juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes.", indudablemente establece para el juzgador la obligación de fijar una garantía cuando los actos privativos de la libertad provengan de autoridades administrativas y el presunto responsable aún no haya sido privado de ella, pues con tal medida de aseguramiento se pretende salvaguardar tanto la garantía constitucional de libertad personal como el deber de perseguir los delitos, aspecto este último en el cual se encuentra interesada la sociedad." Por otra parte, se autoriza al Secretario a vigilar que las autoridades responsables acaten la medida suspensional y rindan su respectivo informe previo dentro del término de veinticuatro horas que marca el precitado artículo 132 de la Ley de Amparo, ello atendiendo a que la naturaleza del acto tildado de inconstitucionalidad es de una detención ejecutándose, por lo que dicho Secretario deberá mantener comunicación vía telefónica con las responsables quienes están en aptitud de rendir su informe previo vía fax al teléfono 53-22-17-00, extensión 4408, dada la naturaleza jurídica de la cuestión reclamada. Se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios conforme al numeral 12 de la Ley de Amparo en vigente a las personas que menciona; en el entendido de que para el caso de que se constituyan en el local de este Juzgado de Distrito, a consultar los autos en que se actúa, por certeza jurídica y seguridad del inconforme, deberán identificarse con documento oficial vigente, credencial de elector, licencia de conducir, cartilla de servicio militar, pasaporte, cédula profesional o en su caso, credencial del servicio postal mexicano; en el supuesto de no identificarse con alguno de los documentos antes referidos, no se les permitirá la consulta de los autos. Se faculta a los titulares de la Secretaría y Actuaría adscritos a este órgano jurisdiccional respectivamente, a firmar los oficios que deriven con motivo de la tramitación de este asunto.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 6,682 expedientes
- José Luis Bueno Guzmán858/2022
- José Luis Canchola Sánchez91/2022
- José Luis Canseco Campos1090/2014
- José Luis Carrillo Urbina968/2015
- José Luis Castillo Méndez14/2016
- José Luis Cedillo Casillas345/2020
- José Luis Flores Concha572/2018
- José Luis Fuentes Reyes334/2019
- José Luis García Rangel549/2020
- José Luis Gómez Arceo669/2022
- José Luis González Vargas590/2015
- José Luis Gracia García602/2020