Jose Luis Contreras González
Expediente 667/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 667/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jose Luis Contreras González
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, signado por la Jueza de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, por medio del cual acusa de recibo el oficio 12929, en el que se le devolvieron los autos originales del Juicio Ejecutivo Mercantil 411/2021. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.e.
- Principal
Uruapan, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído ha causado estado; y ordénese su archivo como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, infórmese a las partes que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, la Titular de este órgano jurisdiccional es la Jueza Esthela Pedroza Díaz, en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de octubre del presente año, lo que fue comunicado mediante oficio SEADS/704/2022, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción. Por tanto, con fundamento en lo establecido en los artículos 219 y 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes para que en su caso dentro del término de tres días contado a partir de que queden legalmente notificados de este proveído, hagan uso del derecho para recusar o manifiesten lo que estimen pertinente; lo anterior para todo los efectos procedentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA EL AUTO DE TRES DE NOVIEMBRE A LA PARTE QUEJOSA, QUE EN LA PARTE FINAL DEL AUTO DICE: Vista la actuación de cuatro de noviembre del año en curso, suscrita por la actuaria adscrita a este Órgano Jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso José Luis González Contreras, o a sus autorizados, en el domicilio que citó en esta ciudad en su escrito de demanda de amparo, como se ordenó en auto de tres de noviembre pasado, por los motivos ahí expuestos. Expuesto lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, fracción a), de la Ley de Amparo, se ordena a la fedataria judicial, proceda a notificar al quejoso de mérito el proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, por lista y, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad para tal efecto. Notifíquese personalmente al quejoso el proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós (por lista) y cúmplase. tres de noviembre de dos mil veintidós. Recepción del oficio. Se tiene por recibido el oficio 1103/2022 signado por el Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, mediante el cual remite lo siguiente: Demanda de amparo indirecto promovida por José Luis González Contreras, por su propio derecho; Acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictado por el Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán; Informe justificado del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán (por conducto del Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley); Emplazamiento de la tercera interesada, persona moral denominada "Caja Popular Mexicana, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Autos originales del juicio ejecutivo mercantil número 411/2021 del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, del que emana el acto reclamado; con lo cual, se ordena formar un tomo de prueba, por separado, para facilitar el manejo de este asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Vista la demanda de amparo presentada por José Luis González Contreras, por su propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 667/2022; en la inteligencia de que en el presente juicio, los actos reclamados se hacen consistir en:... Ahora, dado el sentido que regirá esta determinación, es necesario establecer en primer término que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora bien, en el presente, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. Por otra parte, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Es aplicable la jurisprudencia... En esa virtud, el suscrito advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, que disponen: ... Así, de los preceptos legales transcritos, se evidencia que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, que por regla general es de la siguiente forma:... En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan relación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de garantías, se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre, invariablemente, en el improrrogable plazo de quince días siguientes. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se indican en el artículo 17 de la Ley de Amparo, de cuya intelección se pone de manifiesto que el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal para promover el juicio de amparo, con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial -como sucede con los relativos a una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de formal prisión o de sujeción a proceso, esto es, aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal-; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción de garantías tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de garantías, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. ... Esta jurisprudencia se considera afín a la Ley de Amparo, al tratar un tópico que contempla de nueva cuenta el legislador, que pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, a saber:... En el caso, de la demanda se advierte que el peticionaria de amparo señaló como acto reclamado destacado la resolución... En ese contexto, debe imperar la regla general que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento legal; habida cuenta que, en la especie, no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que la determinación atribuida a la autoridad señalada como responsable, no es de aquellas que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión (en el acto que se analiza), y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Para una mejor comprensión del presente asunto, es oportuno hacer relación de los antecedentes del acto reclamado, que la parte quejosa expone que con fecha doce de julio de dos mil veintidós, se la apertura la etapa de pruebas del juicio subyacente, y se señalaron las once horas del día cuatro de agosto de dos mil veintidós, para desahogo de la prueba confesional por la parte actora, fecha en que incomparecio representante alguno para absolver en nombre de la persona moral, por lo cual, con fecha once de agosto de dos mil veintidós la parte actora procedió a promover incidente de justas causas, mismo que fue admitido a trámite, declarándose procedente mediante interlocutoria de fecha catorce de septiembre de dos mil veintidós (resolución que constituye el acto aquí reclamado), de la cual, bajo protesta de decir verdad, manifestó el quejoso en su demanda de amparo fue notificado el quince de septiembre de dos mil veintidós. Así, en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, los plazos para la presentación de la demanda de amparo indirecto se computarán a partir del día siguiente a aquél en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado, en el caso, toda vez que el quejoso expresamente indicó tuvo conocimiento del acto reclamado el quince de septiembre de dos mil veintidós, acorde a los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, por tanto, el primer día hábil siguiente a esa data fue el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. De tal modo, el plazo para presentar la demanda de amparo contra los actos reclamados, transcurrió del veintiuno de septiembre al once de octubre de dos mil veintidós, ello es así, en virtud de que, en dicho plazo no se computaron los días que mediaron previstos en el numeral 19 de la Ley de Amparo, lo que se ilustra a continuación:... Por ende, si la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito con sede en esta ciudad el veintiocho de octubre pasado, es evidente que ello ocurrió fuera del término legal de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley de Amparo, en los términos generales ya precisados. Esto es, aun excluyendo de dicho cómputo los días no laborables, la presentación de la demanda de amparo sigue estando fuera del plazo que la ley exige para estudiar los actos reclamados; lo que refleja de manera fehaciente, un consentimiento tácito de los actos reclamados, que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. No pasa inadvertido, para lo anterior, la tesis... Por lo anterior, es evidente que el quejoso no tenía desconocimiento de la vía que estaba intentando hacer valer, de ahí que se toma como fecha para presentación de la demanda de amparo en la que fue presentada ante esta autoridad federal. ... Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda, en esta ciudad, y autorizando en términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Omar Moreno Munguía, Miguel Ángel Álvarez Cruz y Brasil Cuadra Duarte, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora, como lo solicita la parte quejosa, se le autoriza el acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario "omarmorenomunguia", conforme a los numerales 14, 16 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; para cuyo efecto, se ordena a la Encargada del Área de Sistema de Seguimiento de Expedientes -SISE, que otorgue los permisos correspondientes en el sistema; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, dígasele a la parte quejosa, que no ha lugar, a tenerle señalando el correo electrónico elmore87_1@hotmail.com y números telefónicos 3535323222 y 3531020844 para el efecto de oír y recibir notificaciones, pues no existe normativa legal que permita notificar a las partes por ese medio; sin embargo, para los efectos de la fracción XIX del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, se admite el correo electrónico de referencia y números telefónicos en cita, a fin de establecer contacto para las videoconferencias. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificaran por medio de lista. Dado el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no solo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se requiere a las autoridades para que rindan informes, reciban....... NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,363 expedientes
- José Luis Burgos Salazar y Otros.693/2021
- José Luis Burgos Salazar46/2022
- Jose Luis Ceja Nuñez499/2023
- José Luis Ceja Valdez117/2020
- José Luis Ceja Valdez358/2019
- José Luis Cervantes Bermudez600/2018
- José Luis del Toro González y Otros.473/2017
- José Luis Estrada Medina33/2019
- José Luis Farias Barragán540/2021
- José Luis Frausto Cisneros448/2017
- José Luis Guido Molina722/2022
- José Luis Gutiérrez Santoyo y Otros.114/2018