José Luis Constantino López
Expediente 775/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 775/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/05/2023
Partes del expediente
- José Luis Constantino López
Actuaciones
- Principal
Visto, el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que trascurrió el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, y que la parte quejosa no se inconformó contra el proveído de doce de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo.
- Principal
ANOTACIONES Vista la demanda de amparo promovida por José Luis Constantino López. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 775/2023-III-C. DESECHAMIENTO Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Cabe apuntar, que por virtud del juicio de amparo, se obtiene que las autoridades respeten los derechos de los gobernados; de ahí la imprescindible necesidad de que haya un medio jurídico para hacer respetar la supremacía constitucional. En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que el promovente señala esencialmente como acto reclamado, el siguiente: ? La sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación 563-B-2C01/2022, en la que se confirmó el acuerdo inmerso en la audiencia de pruebas y alegatos de once de noviembre de dos mil veintidós, celebrada en el expediente 799/2019, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, en el que se dejó de proveer conforme a derecho sus peticiones. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El primer precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando tal consecuencia resulte de alguna disposición de la ley. El segundo numeral prevé la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos judiciales emitidos dentro de juicio (intraprocesales), que tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, en el entendido de que se considerarán de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación. En el caso, de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en una resolución que determinó confirmar el acuerdo dictado dentro de la audiencia de pruebas y alegatos de once de noviembre de dos mil veintidós, celebrada en el expediente 799/2019, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, en el que se dejó de proveer conforme a derecho sus peticiones. Así pues, es importante determinar que un acto dictado dentro de un procedimiento tiene una ejecución de imposible reparación cuando como consecuencia de este se afecte de manera directa e inmediata algún derecho humano garantizado a través de la Carta Magna, como sería la vida, la propiedad, la posesión, la libertad en cualquiera de sus manifestaciones, la inviolabilidad del domicilio, de correspondencia; de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano respectivo. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación al derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales (no afectan ni la vida, ni la propiedad, ni la posesión, ni algún otro derecho sustantivo). En el caso, el acto reclamado no constituye una violación de carácter irreparable, en virtud de que no afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la parte peticionaria del amparo. Así, para efectos del juicio de amparo indirecto, acorde con el sistema legal vigente, los actos irreparables se caracterizan por producir una afectación material al derecho sustantivo; es decir, sus consecuencias deben ser de tal grado que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. En efecto, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, prevé en sus fracciones III y V, precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas (fracción III), está dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; mientras que la segunda (fracción V), norma el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De ahí que, en razón a que los actos reclamados no producen una afectación material a un derecho sustantivo de la parte quejosa, sino solo tiene efectos intraprocesales, los cuales podrían desaparecer con el hecho de que obtuviera una sentencia favorable a sus pretensiones en el expediente de origen, pues aún no se ha dictado sentencia; es evidente, que no puede considerarse como de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que no encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Esto es, se trata de actos procesales que no tienen una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
el fallo protector ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo.
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