José Luis Coli Sánchez

Expediente 916/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
916/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
05/01/2023

Partes del expediente

  • José Luis Coli Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cinco de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el cinco de enero de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, para que conste como corresponda, el oficio procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad. En atención a su contenido, téngasele informando que el acuerdo dictado el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, ha causado estado. Notifíquese.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con domicilio en esta ciudad, estimó procedente aceptar la competencia planteada por este juzgado federal, únicamente respecto del acto reclamado por el quejoso consistente en la sentencia emitida el treinta y uno de enero de dos mil veinte, en los autos de la causa penal 2543/2017 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del XIX Distrito Judicial, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, que condenó al impetrante de garantías, por su responsabilidad en la comisión del delito de despojo cometido en agravio de Maximino Cano Domínguez. Con relación a dicho acto reclamado, dicho Tribunal advirtió que se actualizó de manera indudable y manifiesta un motivo de improcedencia, que conlleva a desechar la demanda de amparo, conforme a lo previsto en el artículo 179 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo por los motivos ahí expuestos. En otro aspecto, dicho Tribunal Colegiado determinó que no era competente para conocer de los diversos actos reclamados que el quejoso de mérito atribuye al Juez de Ejecución adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Ora del Distrito Judicial XIX, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, que hicieron consistir en: ".todos aquellos actos ejecutados en los autos de la Carpeta de Ejecución de Sentencia del Sistema Tradicional No 13/2021, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, tendientes a dar cabal cumplimiento a la Sentencia de fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, dictada en los autos de la Causa Penal Expediente No 2543/2017-IV, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del XIX Distrito Judicial con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz." En ese tenor, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado a mi cargo se avoca al conocimiento del presente asunto, respecto al acto consistente en la audiencia de fecha cinco de octubre de dos mil veintidós, emitida por el Juez de Ejecución de Sentencias adscrito al Juzgado de Proceso 2543/2017, en el que se concedió el término de tres días para que haga entrega de 31-25-00.00 hectáreas a Maximino Cano Domínguez, en la carpeta de ejecución de sentencia del sistema tradicional 13/2021 del juzgado indicado en primer término. Acúsese el recibo de estilo vía interconexión, y captúrese su reingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por advertirse de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia. El artículo 113 de la ley de la materia impone al juzgador de amparo la obligación de revisar, ante todo, el escrito de demanda y, en el caso de que encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, a desecharla de plano. En ese sentido, de la demanda de cuenta se advierte que el promovente señala como acto reclamado de la autoridad responsable, Juez de Ejecución adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial XIX, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, lo siguiente: ".todos aquellos actos ejecutados en los autos de la Carpeta de Ejecución de Sentencia del Sistema Tradicional No 13/2021, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, tendientes a dar cabal cumplimiento a la Sentencia de fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, dictada en los autos de la Causa Penal Expediente No 2543/2017-IV, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del XIX Distrito Judicial con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz." Una vez precisado lo anterior, el que suscribe estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretada contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que deba sobreseerse en este juicio, en términos del numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento, como se expondrá a continuación. Dicha hipótesis normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." A su vez, el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De dicha disposición normativa se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio; sin embargo, si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En este contexto, del escrito de demanda el promovente del amparo señala como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLES: [.] b).- Señalo como autoridad ejecutora al C. JUEZ DE EJECUCIÓN ADSCRITO AL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL XIX CON SEDE EN SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ, ambas con domicilio ubicado en la Prolongación de la Avenida Benito Juárez No. 360, Colonia Los Manguitos, San Andrés Tuxtla, Estado de Veracruz. (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS. [.] b). - Del C. JUEZ DE EJECUCIÓN ADSCRITO AL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL XIX CON SEDE EN SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ, todos aquellos actos ejecutados en los autos de la Carpeta de Ejecución de Sentencia del Sistema Tradicional No 13/2021, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, tendientes a dar cabal cumplimiento a la Sentencia de fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, dictada en los autos de la Causa Penal Expediente No 2543/2017-IV, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del XIX Distrito Judicial con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz." En ese contexto, es de advertirse que de la lectura íntegra de la demanda de amparo, el promovente reclama la determinación adoptada por el Juez de Ejecución adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX del Distrito Judicial, llevada a cabo en la carpeta de ejecución de sentencia del sistema tradicional 13/2021, en el que se emitió un pronunciamiento tendente "a dar cabal cumplimiento a la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte" (página dos de la demanda de amparo). De igual manera, consta del libelo que se recibe que si bien el promovente se ostenta como sentenciado en el proceso penal de origen, bajo protesta de decir verdad manifestó que fue requerido a entregar a Maximino Cano Domínguez un predio rústico que manifiesta que es propiedad de la Unión de Pequeños Propietarios Xochiltepec, S.C. de R.L. de C.V. En esas condiciones, dicho acto no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, ya que si la parte agraviada considera que tal determinación afecta sus derechos, estará en aptitud de controvertirla junto con el medio de defensa que promueva contra la resolución que concluya dicha etapa. De ahí que el acto reclamado antes mencionado, no es la última resolución, momento hasta el cual el peticionario, como parte demandada, puede solicitar la protección constitucional, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Tal apartado exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; determinación que se ha interpretado jurisprudencialmente como aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 214 de la Ley de Amparo, según se advierte de la jurisprudencia número P./J. 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 190035, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De modo que es evidente que debe esperar hasta la última resolución firme y conclusiva de la ejecución para instar esta vía constitucional indirecta; pues en el caso la materia abordada en la audiencia, fue precisamente el vincular a la parte quejosa a que cumpliera con la restitución de un bien que fue objeto del delito que dio origen a la condena decretada en el proceso penal donde el aquí promovente fue sentenciado. Robustece lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia número VII.2o.C. J/29, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1672, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 167981, que indica: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", estableció que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia la expresión "última resolución", a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114, en relación con el numeral 113, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con base en tal criterio, se arriba a la conclusión de que si bien es cierto que aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no existe disposición legal específica que prevea la hipótesis de emitir un auto en el que se reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o que declare la imposibilidad material o jurídica de ello, también lo es que tal circunstancia no exime a quienes siendo parte formal en el proceso, insten ante el Juez correspondiente a efecto de que emita una resolución en los términos apuntados, si para ello se tiene en cuenta que, en principio, la legislación local no lo prohíbe. De ahí que de conformidad con el criterio citado, los tribunales, entre otros, del orden civil, deben emitir el acuerdo conclusivo de la ejecución para que así la parte interesada pueda promover el juicio de amparo e impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa." Igualmente, como se adelantó, ante la actualización de la causa de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma legislación. Notifíquese, por lista de acuerdos al promovente.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de cuenta promovida por José Luis Coli Sánchez; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el juicio 916/2022-2 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. INCOMPETENCIA Las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, ya que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión. En este contexto, del escrito de demanda los promoventes del amparo señalan como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: III.- AUTORIDAD RESPONSABLES: a).- Señalo como autoridad responsable ORDENADORA al C. LIC. JUAN IGNACIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ JUEZ INTERINO DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL XIX DISRITO JUDICIAL CON SEDE EN SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ, b).- Señalo como autoridad ejecutora al C. JUEZ DE EJECUCIÓN ADSCRITO AL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL XIX CON SEDE EN SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ, ambas con domicilio ubicado en la Prolongación de la Avenida Benito Juárez No. 360, Colonia Los Manguitos, San Andrés Tuxtla, Estado de Veracruz. (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS. a).- Del C. JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA, le reclamo la Sentencia de fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, dictada en los autos de la Causa Penal Expediente No. 2543/2017-IV, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del XIX Distrito Judicial con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz. b). - Del C. JUEZ DE EJECUCIÓN ADSCRITO AL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL XIX CON SEDE EN SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ, todos aquellos actos ejecutados en los autos de la Carpeta de Ejecución de Sentencia del Sistema Tradicional No 13/2021, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, tendientes a dar cabal cumplimiento a la Sentencia de fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, dictada en los autos de la Causa Penal Expediente No 2543/2017-IV, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del XIX Distrito Judicial con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz." Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la causa penal 2543/2017-IV y, en vía de consecuencia, la determinación adoptada por el Juez de Ejecución adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del XIX del Distrito Judicial, ejecutados en la carpeta de ejecución de sentencia del sistema tradicional 13/2021, tendente "a dar cabal cumplimiento a la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte" (página dos de la demanda de amparo). De igual manera, consta del libelo que se recibe que si bien el promovente se ostenta como sentenciado en el proceso penal de origen, bajo protesta de decir verdad manifestó que fue requerido a entregar a Maximino Cano Domínguez un predio rústico que manifiesta que es propiedad de la Unión de Pequeños Propietarios Xochitepec, S.C. de R.L. de C.V. No obstante, es un hecho notorio para el que suscribe que este órgano jurisdiccional radicó el juicio de amparo 105/2022, el cual con motivo de la incompetencia planteada por este resolutor le tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, con el número de Amparo Directo 16/2022, asunto en el que José Luis Coli Sánchez se ostentó como Secretario de la persona moral Unión de Pequeños Propietarios Xochitepec, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, y en el que también comparecieron el Presidente, Secretario y Tesorero de dicha persona jurídica, señalando como actos reclamados destacados los siguientes: Cabe señalar que, previos trámites de ley, en dicho asunto este órgano jurisdiccional tuvo conocimiento que en proveído de doce de mayo de dos mil veintidós, el Señor Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, desechó la demanda presentada por la parte aquí quejosa, Unión de Pequeños Propietarios Xochiltepec, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, representada por los entonces Presidente, Secretario y Tesorero de esa ficción legal, contra la sentencia pronunciada por el tribunal de alzada que confirmó la sentencia emitida el treinta y uno de enero de dos mil veinte, dictada en la causa penal 2543/2017, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del XIX Distrito Judicial, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz (acto este último que se señala como reclamado en la demanda que ahora se provee). Sobre esa base, se estima que en el caso, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, carece de competencia legal para conocer, tramitar y resolver el presente juicio por las razones que a continuación se exponen. De los artículos 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte en lo que interesa, que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por éstas las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Dichos numerales de manera literal señalan: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control;." Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente. Asimismo, que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y el trámite que se debe dar a una demanda cuando se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo. De ese precepto legal se desprende una regla concreta de competencia, en la que excluye del conocimiento del Juez de Distrito a tal clase de resoluciones, al establecer que pueden combatirse ante un Tribunal Colegiado de Circuito, cuando confluyen tres elementos: a) El acto reclamado se trate de una sentencia definitiva o laudo y resoluciones que pongan fin al juicio; b) Estos sean dictados por tribunales judiciales, agrarios, administrativos o del trabajo; y, c) Se agoten previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al respecto, conviene establecer que de los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito, es competente para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se promueve en contra de una sentencia que decidió el proceso penal de origen, inclusive aunque no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 38/2014, sostuvo que los tribunales colegiados de circuito son legalmente competentes para conocer de la demanda de amparo promovida contra sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, aunque no se haya agotado el medio ordinario de defensa previsto para impugnarlas. Lo anterior se cristalizó en la jurisprudencia 6/2015, publicada en la página 95, tomo I, Libro 17, abril 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 2008791, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". El suscrito juzgador no soslaya la existencia de la jurisprudencia 1a./J. 126/2005 de la Primera Sala del Más Alto Tribunal en el país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 564, registro 1767941, en la cual se establece que los terceros extraños carecen de legitimación para acudir al juicio de amparo en el que se reclame una sentencia dictada en un procedimiento penal en el que se condenó al inculpado a la reparación del daño, y que partiendo de ese criterio podría analizarse la legitimación del promovente; sin embargo, ante la existencia de la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.) del Pleno del Tribunal Constitucional, relativo a que previamente debe atenderse la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo y, posteriormente, la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y luego la procedencia del juicio de amparo, el suscrito juzgador considera que observar la jurisprudencia invocada en segundo término. Consecuentemente, a consideración de quien esto suscribe, se actualiza la hipótesis que prevé el mencionado artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, pues se colige que en el juicio natural se tramitó un procedimiento principal en el que se dictó la sentencia combatida en esta vía, en la que se condenó a José Luis Coli Sánchez por su responsabilidad en la comisión del delito de despojo cometido en agravio de Maximino Cano Domínguez; y, en vía de consecuencia, el cumplimiento a dicha sentencia, materializado mediante la determinación adoptada en la fase de ejecución. En consecuencia, se insiste, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, quien esto suscribe declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de competente para ello lo es el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en turno, con domicilio en Boca del Río, Veracruz, por lo que remítasele el expediente relativo al presente juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole que una vez que obre lo anterior en su poder, de no tener inconveniente alguno, se sirva enviar el correspondiente acuse de recibo mediante el cual comunique si acepta o no la competencia declinada. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda y de este acuerdo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, téngaseles a los promoventes del amparo solicitando que las notificaciones se practiquen por lista de acuerdos. Asimismo, se tiene por autorizado con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Adolfo Alba Juárez, ya que acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO En otro aspecto, concerniente al correo electrónico alba_aboga@hotmail.com y número telefónico, que proporcionan únicamente se utilizará como medios de contacto, tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, no así para recibir notificaciones, toda vez que no hay disposición expresa hasta este momento que contemple el correo electrónico como un medio oficial para los efectos que pretende. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. REQUERIMIENTO DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Asimismo, se tiene a la parte quejosa proporcionando como medio de contacto el correo electrónico que indica en la demanda, el cual se utilizará en caso de ser necesario, para comunicaciones no procesales, en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos Jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las demás partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese, por lista de acuerdos al promovente.

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