José Luis Colar Ramos
Expediente 776/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 776/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 12/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Luis Colar Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, doce de enero de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 776/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, doce de enero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto (fojas 77 a 86) HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de veinte de septiembre de dos mil veintidós (fojas 34 a 36 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúen las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Boca del Río, Veracruz, doce de enero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto (fojas 77 a 86) HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de veinte de septiembre de dos mil veintidós (fojas 34 a 36 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúen las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, doce de enero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto (fojas 77 a 86) HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de veinte de septiembre de dos mil veintidós (fojas 34 a 36 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúen las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
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En Boca del Río, Veracruz, siendo las once horas con treinta minutos del veintiséis de diciembre de dos mil veintidós (foja 65 vta.) para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 776/2022, promovido por JOSÉ LUIS COLAR RAMOS. El Juez, José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario, Macario Reyna Martínez, con quien actúa y da fe, la declara abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. ACTO CONTINUO, el secretario da cuenta con el estado procesal que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente y, finalmente, hace constar que a la presente fecha han transcurrido ocho días respecto del último informe rendido por las autoridades responsables, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. A lo anterior, el juez acuerda: téngase por formulada la relación de constancias y, toda vez que no existe obstáculo alguno, continúese con el desahogo de la presente audiencia, en las etapas que la conforman. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS, el secretario da cuenta con las documentales que exhibió la autoridad responsable 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz (Cuaderno de Pruebas anexo a constancias, y fojas 54-60 y 71-74) que también fueron ofrecidas por la parte quejosa (foja 38). En relación con lo anterior, el juez acuerda: ténganse por anunciadas las pruebas de referencia, las cuales se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, acorde a lo señalado en los artículos 117 y 119 de la ley de la materia, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. Finalmente, al no existir prueba pendiente de relacionar, se declara cerrado el período probatorio. ABIERTO EL PERÍODO DE ALEGATOS, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la citada ley, el secretario da cuenta con los formulados por la parte quejosa (foja 37); así también hace constar que ninguna de las partes formuló diversos alegatos y que la Fiscal de la Federación de la adscripción no presentó el pedimento. A lo anterior el juez acuerda: ténganse por formulados los alegatos de cuenta y al no existir diversos por relacionar se declara cerrada la presente etapa. En los términos anteriores, se da por concluida esta audiencia y el juez procede a dictar sentencia. SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 776/2022, y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el primero de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, recibido el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, JOSÉ LUIS COLAR RAMOS promovió juicio de amparo. SEGUNDO. Luego de subsanar (fojas 21) la prevención que se hizo en auto de dos de septiembre de dos mil veintidós (fojas 14-18) respecto de la demanda del presente asunto, mediante acuerdo de siete de septiembre del mismo año se admitió la demanda de amparo; requirió de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y fijó fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 24-27). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 33) fue emplazada al presente juicio la tercera interesada, -quien en ese acto aclaró su nombre correcto- BELÉN VARELA CARMONA, por su propio derecho y en representación de su menor hija L.E.C.V, por medio de la actuaria adscrita a este Juzgado (foja 31); tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto dictado dentro de un proceso jurisdiccional, que se dice es susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de los gobernados, tales como la legalidad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado, con motivo de la emisión de la resolución reclamada. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, siendo en este caso el siguiente: La resolución de ocho de julio de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 3588/2021-I del índice del Juzgado responsable, la cual confirmó la pensión alimenticia provisional fijada a favor de la parte actora, a razón del cincuenta por ciento (50%) del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado. Resolución que el Juez responsable ordenó notificar personalmente a las partes, lo que se hizo al aquí quejoso el diecisiete de agosto de dos mil veintidós (foja 22-23). Ahora, por cuestión de método se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, como se aprecia del contenido de su informe justificado (foja 33). Lo que además se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil 3588/2021-I de su índice; documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley, y de las cuales se advierte la existencia de los actos que se reclaman. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al del fondo del asunto, en términos del último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las que se advierten de oficio por quien aquí resuelve. En ese orden de ideas, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se desprende de la fracción XIII del artículo 61 de la ley de Amparo, puesto que se considera que el promovente del presente juicio realizó actos que denotan su manifiesta voluntad que entraña el consentimiento de la resolución impugnada. MARCO NORMATIVO Los dispositivos legales citados son del contenido siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII.- Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Del contenido del numeral trascrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que han sido consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ahora bien, cuando el acto reclamado que se reclama consiste en la resolución que recayó a la reclamación de la pensión alimenticia provisional decretada a cargo del quejoso y, por otro lado, se ha celebrado un convenio que ha sido elevado categoría de cosa juzgada, al haber sido aprobado mediante sentencia dictada en el proceso civil de origen, se considera que se pueden actualizar manifestaciones de voluntad que entrañan el consentimiento de los parámetros establecido en el acto reclamado. Ejemplo de lo anterior corresponde al caso en el que, después de promovido un juicio de amparo, el quejoso celebra un convenio ante la autoridad responsable en el que se pactan las condiciones que deberán prevalecer respecto de la pensión alimenticia definitiva, pero sobre todo, las que subsistirán respecto de las que fueron determinadas en forma provisional, hasta en tanto se logre la materialización de aquellas, caso en el cual se evidencian manifestaciones de voluntad por parte del quejoso, que entrañan el consentimiento de las condiciones que fueron determinadas en el acto reclamado. Sin que obste a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, por contradicción de tesis, en los que se ha sostenido que el dictado de la sentencia que fija la pensión alimenticia definitiva no actualiza causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado. Lo anterior, puesto que tales criterios tienen su razón bajo la consideración de que: a) Los efectos de la pensión provisional deben subsistir hasta que la sentencia que la fija en definitiva es susceptible de ejecución, lo cual ocurre cuando esa sentencia causa ejecutoria, sea por consentimiento expreso; por consentimiento tácito, al no haber agotado oportunamente el recurso de apelación procedente en su contra; cuando aún interpuesto se desista con posterioridad de él; o se dicte sentencia en el citado recurso. De esta forma se puede concluir que los efectos de la pensión provisional no cesan inmediatamente con el dictado de la sentencia que la fija de forma definitiva; máxime que, considerar lo contrario, implicaría que la pensión provisional no sería susceptible de cobrarse durante el tiempo que transcurra desde el dictado de la sentencia definitiva hasta resolverse el recurso correspondiente, pero a la vez, el acreedor tampoco podría acceder a la pensión definitiva decretada en tanto se tramita y resuelve el recurso de apelación, lo que es inaceptable ante la urgencia y la necesidad probada de los alimentos. De ahí que, el mero dictado de la sentencia que fija lo que debe proporcionarse por concepto de pensión alimenticia definitiva, no actualiza la cesación de los efectos del acto reclamado, puesto que para ello es necesario que dicha resolución haya causado ejecutoria. b). Porque la cesación de efectos debe implicar la desaparición total de la violación de los derechos transgredidos con el acto reclamado; lo que implica, para su actualización, que los efectos de la violación reclamada desaparezcan en su totalidad, de modo que ya no sea posible cumplir con el objetivo buscado en el amparo. Máxime que los alimentos son de tracto sucesivo e indispensables para la subsistencia, por lo que los efectos de la pensión provisional deben analizarse en dos sentidos, pues por un lado deben tenerse en cuenta los que se produjeron desde el momento en que se emitió, hasta el dictado de la sentencia que fija la definitiva; y por otro, aquellos que a pesar de ese dictado se pueden seguir generando. Sin embargo, en la especie, como se ha señalado, se considera que si en el caso se han pactado en el convenio celebrado respecto de los alimentos, las condiciones que deben prevalecer respecto de los provisionales y los definitivos, entonces se actualiza la diversa causa de improcedencia que se determina por manifestaciones de voluntad que entrañan el consentimiento del acto reclamado, y no la cesación de efectos. Por analogía de razón, el criterio anterior se orienta por el que contiene la tesis aislada del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que es del contenido siguiente: CONSENTIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL CUANDO EL QUEJOSO, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO, SOLICITA LA EJECUCIÓN DEL LAUDO Y RECIBE DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD DE DINERO ESTIPULADA COMO CONDENA SIN EMITIR RESERVA O MANIFESTACIÓN ALGUNA. Una recta interpretación de la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo conduce a determinar que se actualiza la causal de improcedencia contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento cuando el trabajador promueve el juicio de garantías contra el laudo que resuelve la controversia laboral, pero con posterioridad solicita su ejecución y recibe de conformidad la cantidad de dinero estipulada como condena, sin emitir reserva o manifestación alguna respecto de lo controvertido en el juicio de amparo, ya que ello constituye un consentimiento del acto reclamado, porque, por una parte, no es posible jurídicamente que el laudo sea tachado de inconstitucional y, por otra, se acepte sin reservas su ejecución; por tanto, al surtirse la referida causal de improcedencia debe sobreseerse en términos del artículo 74, fracción III, de la citada Ley de Amparo. ANTECEDENTES A efecto de exponer por qué se concluye en tal sentido, se estima conveniente destacar que de las copias certificadas relativas al juicio ordinario civil 3588/2021-I del índice del 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, que éste envió en justificación a sus actos, y a las cuales en párrafos anteriores se les confirió pleno valor probatorio, se desprenden como antecedentes del acto aquí reclamado, esencialmente, los siguientes: a) Por escrito fechado en octubre de dos mil veintiuno, BELÉN VARELA CARMONA, por su propio derecho y en representación de su menor hija L.E.C.V, demandó del aquí quejoso, JOSÉ LUIS COLAR RAMOS, entre otras prestaciones, el pago de una pensión alimenticia provisional y, en su momento, definitiva, en favor de las referidas acreedoras alimentarias, ofreciendo diversas pruebas con su escrito (fojas 1-10). b) Mediante proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno, el juez responsable radicó el expediente 3588/2021-I, admitió la demanda y, entre otras cosas, fijó una pensión alimenticia provisional a razón del cincuenta por ciento (50%) del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado en su fuente laboral (fojas 11-16). c) Luego de ser emplazado a juicio, el demandado JOSÉ LUIS COLAR RAMOS contestó la demanda y promovió reclamación en contra de la pensión provisional fijada en el auto de inicio (fojas 47-57). d) Con esa reclamación la juez del proceso dio vista a la parte actora (foja 67) quien la desahogó en sus términos (fojas 70-73) -según se le tuvo por hecho (foja 74)- y que lo hizo en los términos y ofreció las pruebas que estimó convenientes. e) El ocho de julio de dos mil veintidós, el Juez responsable resolvió la reclamación correspondiente, determinó confirmar la pensión alimenticia inicialmente decretada a cargo del demandado, del cincuenta por ciento (50%) del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado en su fuente laboral (fojas 77-80); lo que hizo bajo las consideraciones que sustancialmente son del tenor siguiente: En el caso el reclamante no acreditó de manera indiciaria o presuntiva, con documentos idóneos, todas sus afirmaciones, pues los medios de prueba ofrecidos son ineficaces para lograr su cometido. El juez primario destacó que en la especie el inconforme debe acreditar, de manera indiciaria o presuntiva, que lo que le resta sea insuficiente para solventar sus propias necesidades; o que la medida decretada de manera inicial es desproporcional o excesiva. Bajo esa hipótesis, y con base en la valoración que realizó del material probatorio aportado por el reclamante, concluyó que aun cuando se encuentra acreditado que el deudor alimentario tiene un par de hijos aún menores de edad, mismos que procreó con su esposa, considera que no acreditó a cuánto ascienden sus gastos en relación con estos. Que si bien acreditó que está casado con la madre de sus menores hijos, sin embargo es una circunstancia que debe resolverse en el fondo del asunto. También está acreditado que realiza pagos de créditos al consumo otorgados en su favor; así como se le realizan descuentos por la obtención de un préstamo personal; pero sin que se advierta que dichos créditos los haya destinado en favor de los acreedores alimentarios; de ahí que califica de infundado su argumento. Pero sobre todo, no allegó material probatorio con el cual acreditara que lo que le queda de sus ingresos le resulte insuficiente, esto es, el cincuenta por ciento de su salario le sea insuficiente para solventar sus propias necesidades, y tampoco acreditó a cuánto asciendes sus gastos personales como son agua, luz, arrendamiento, etcétera. Finalmente, las consideraciones anteriores fueron seguidas de las que refirió en torno al marco normativo que rige la pensión alimenticia provisional, para declarar improcedente la reclamación de análisis. f) Así también, aparece que el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, el Juez responsable dictó la sentencia (fojas 71-74) mediante la cual aprobó el convenio (fojas 54-55) celebrado por las partes del juicio natural, que ratificaron ante la presencia judicial (foja 57) y en el que se pactó la pensión alimenticia definitiva, según se anotó en los términos que son de la paráfrasis siguiente: El deudor alimentario se obliga a pagar por concepto de pensión alimenticia definitiva la cantidad equivalente al 20% (veinte por ciento) de su sueldo y demás prestaciones que percibe de su fuente laboral. Así mismo, se compromete que durante los seis meses posteriores, es decir, los meses de diciembre de dos mil veintidós, y de enero a abril de dos mil veintitrés, otorgará el 25% (veinticinco por ciento) de su sueldo y demás prestaciones que percibe de su fuente laboral y, a partir del mes de mayo de dos mil veintitrés, el descuento será del 20% (veinte por ciento) en forma definitiva. Para el cumplimiento de lo anterior, se pactó que se girara oficio a la fuente de trabajo del deudor alimentario, a fin de que se procediera a realizar los descuentos convenidos por ambas partes. También convinieron que, en tanto no se envíe el oficio aludido y se da cumplimiento al mismo, la acreedora alimentaria se compromete a devolver al deudor alimentario, a partir de la primera quincena de noviembre, las cantidades que resulten de diferencia entre el descuentos del 50% (cincuenta por ciento) que se le viene otorgando y el 25% (veinticinco por ciento) que se le otorgará en los siguientes seis meses. SUBSUNCIÓN En términos de lo anterior, se considera que si de las constancias que integran los autos del expediente civil de origen que han sido valoradas en los términos precisados en el considerando segundo, se desprende que el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, el Juez responsable dictó la sentencia (fojas 71-74) mediante la cual aprobó el convenio (fojas 54-55) celebrado por las partes del juicio natural, que ratificaron ante la presencia judicial (foja 56) y en el que se pactó, respecto de la pensión alimenticia definitiva, que deudor alimentario se obliga a pagar por concepto de pensión alimenticia definitiva la cantidad equivalente al 20% (veinte por ciento) de su sueldo y demás prestaciones que percibe de su fuente laboral; incluso, que durante los seis meses posteriores, es decir, los meses de diciembre de dos mil veintidós, y de enero a abril de dos mil veintitrés, otorgará el 25% (veinticinco por ciento) de su sueldo y demás prestaciones que percibe de su fuente laboral y, a partir del mes de mayo de dos mil veintitrés, el descuento será del 20% (veinte por ciento) en forma definitiva; para lo cual se ordenó girar oficio a la fuente de trabajo del deudor alimentario, a fin de que se procediera a realizar los descuentos convenidos por ambas partes. Pero sobre todo, se advierte que en relación con la pensión alimenticia provisional ambas partes convinieron que, en tanto no se envíe el oficio aludido y se da cumplimiento al mismo, la acreedora alimentaria se compromete a devolver al deudor alimentario, a partir de la primera quincena de noviembre, las cantidades que resulten de diferencia entre el descuento del 50% (cincuenta por ciento) que se le viene otorgando y el 25% (veinticinco por ciento) que se le otorgará en los siguientes seis meses. De ahí que, ambas partes reconocen que la pensión alimenticia provisional se le ha venido otorgando a la acreedora alimentaria, de ello se desprende que no existe monto pendiente de sufragar a la misma y que tampoco el deudor alimentario se reserva derecho alguno en relación con los que ya fueron entregados a la parte acreedora. Además, la referida acreedora alimentaria se obliga a que, en cuanto a los subsiguientes descuentos por concepto de pensión alimenticia provisional que se realizan al deudor alimentario, se pactó que ésta devolvería al deudor alimentario, a partir de la primera quincena de noviembre, las cantidades que resulten de diferencia entre el descuento del 50% (cincuenta por ciento) que se le viene otorgando y el 25% (veinticinco por ciento) que se le otorgará en los siguientes seis meses. De ahí que en la especie, se considera que el monto de la pensión alimenticia provisional que fue confirmada mediante la resolución impugnada, ha sido consentida mediante los actos que entrañan esa manifestación de la voluntad, pues no existe reserva alguna respecto del derecho que le pudiera generar la eventual concesión del amparo solicitado en relación con dicho monto y, en cambio, es a partir de ese reconocimiento que puede materializarse el pacto para que la acreedora alimentaria devuelva al quejoso la parte proporcional de la que fue establecida y confirmada y sustituida de tal forma la que fue originalmente combatida. CONCLUSIÓN En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la citada ley. En congruencia con lo anterior no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ey de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por JOSÉ LUIS COLAR RAMOS, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
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Boca del Río, Veracruz, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos Encargada de Despacho del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintidós de noviembre del año actual; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL que anexa al oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo, y con la misma, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el citado artículo 124 de la ley de la materia. Notifíquese en términos de ley.
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