José Luis Cienfuegos González
Expediente 741/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 741/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Luis Cienfuegos González
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre únicamente como corresponda el escrito suscrito por Karen Beatriz Carreto Martínez, toda vez que realizada una revisión minuciosa al presente juicio de amparo, no se advierte que el quejoso José Luis Cienfuegos González, la haya señalado como su autorizada.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido en queja el proveído de quince de julio de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto en el que se desechó la demanda de amparo del presente asunto, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto es DESTRUIBLE después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; lo anterior, en razón de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General. En cumplimiento al artículo 21, segundo párrafo del Acuerdo General antes citado, se instruye al Actuario Judicial correspondiente, notifique personalmente a la parte quejosa el presente acuerdo, para que de considerarlo necesario acuda a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. En el entendido para el fedatario judicial que de no poder efectuar la notificación señalada, deberá realizarla a través de lista en los Estrados de este juzgado federal.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, quince de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por José Luís Cienfuegos González, por propio derecho, contra actos de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 741/2022-II; y fórmese expediente impreso y electrónico que corresponde. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario responsable encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de garantías, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional, de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, con sede en esta ciudad, lo siguiente: "La resolución de fecha 17 de Junio del 2022, dictada por la autoridad responsable, por medio del cual, resolvió el recurso de revisión que interpuse, dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número D.E.E.lD.N.E.lR.A.L.11/2020." Asimismo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra el peticionario de amparo, entre otras cosas expresa que: 1.- Con fecha 11 de Noviembre del 2020, se inició el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número D.E.E.lD.N.E.lR.A.L.11/2020, en contra del suscrito, por presuntas irregularidades en el desempeño de mis funciones. 2.- Una vez que se me notificó el inicio del citado Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, el suscrito ofrecí las pruebas que mi parte correspondían, mientras que la Autoridad Responsable recabo de oficio otras más. 3.- Mediante resolución administrativa de fecha 20 de Enero del 2021, la responsable, resolvió el procedimiento de Responsabilidad Administrativa número D.E.E.lD.N.E.lR.A.L.11/2020, en la cual textualmente expuso como puntos resolutivos Primero y Cuarto, lo siguiente: "...PRIMERO.- Esta Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, es competente para conocer, resolver y sancionar el presente asunto, en términos de lo establecido en el considerando primero de este fallo... ...SEGUNDO... ...TERCERO... ...CUARTO.- Gírese oficio citatorio al Titular del Departamento de Producción de Nómina del Magisterio, para que realice la conversión de la clave presupuestal, que ostentaba anteriormente el profesor José Luis Cienfuegos González, es decir la clave TS20403 que corresponde a Profesor con horas de Maestro de Telesecundaria así como el descuento de todo lo que cobró de manera indebida con la clave presupuestal TS20405, que corresponde a Director Maestro de Telesecundaria..." 3.- El suscrito inconforme con la anterior resolución, interpuse recurso de revisión, mediante escrito presentado en fecha 30 de marzo del 2022, el cual fue resuelto por la responsable, mediante resolución de fecha 17 de Junio del año en curso, la cual considero ilegal y violatoria de mis derechos humanos, pues en dicha resolución la responsable textualmente expuso como puntos resolutivos segundo y cuarto lo siguiente: "...PRIMERO... SEGUNDO.- Se dictamina modificar la resolución de fecha veinte de enero del año dos mil veintiuno. Quedando sin efecto legal alguno la sanción consistente deberá desempeñarse con la clave TS20403 que corresponde a profesor con horas de Maestro de Telesecundaria, en un centro de trabajo donde sean necesarios sus servicios.... no obstante que el reintegro de todo lo que cobró de manera indebida con clave presupuestal TS20405, que corresponde a Director Maestro de telesecundaria, queda firme... ...TERCERO... ...CUARTO.- Gírese oficio citatorio al Titular del Departamento de Producción de Nómina del Magisterio, para que realice el descuento de todo lo que cobró el c. José Luis Cienfuegos González, de manera indebida con la clave presupuestal TS20405, que corresponde a Director Maestro de Telesecundaria." Ahora bien, como se advierte de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en su escrito de demanda, que ingresó a laborar a la Secretaría de Educación Guerrero, desde el dieciséis de mayo de dos mil seis, con el nombramiento de Profesor. Circunstancia de la que se advierte que al quejoso lo liga una relación laboral de inferior a superior jerárquico, con las autoridades responsables Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y Directora de Educación Estatal de la Dirección General señalada en primer término; es decir, de trabajador y patrón, respectivamente, por lo que tales actos se equiparan a los de un particular. En esas condiciones, los actos que reclama la parte quejosa no son susceptibles de impugnación a través del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º., fracción I, de la Ley de Amparo; pues como ya se dijo, el Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y Directora de Educación Estatal de la mencionada Dirección, no tienen el carácter de autoridades para los efectos del juicio de amparo, al consistir el acto que de ellas se reclama esencialmente en el procedimiento laboral número D.E.E./D.N.E./R.A.L.11/2020, lo cual significa que no fue realizado en ejercicio de facultades de autoridad frente a un gobernado, sino de superior jerárquico hacia un subordinado; por lo que, el Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y Directora de Educación Estatal de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal Dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, como ya se dijo, actuaron con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral, lo cual deriva de una relación laboral. En este sentido, a las autoridades antes citadas, no les resulta el carácter de autoridades responsables para la procedencia del presente juicio constitucional; en principio, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dilucidado que para los efectos del juicio de amparo, debe emitir actos unilaterales a través de los cuales, crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas del gobernado, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad de los afectados. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo. En un segundo término, porque se trata de un acto derivado de relaciones entre particulares, ello, atendiendo a la teoría general del derecho que hace de las relaciones jurídicas de Coordinación, supra a subordinación y supraordinación, siendo que las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, entre éstas se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil y laboral. Lo distintivo de esas cuestiones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En tanto que, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre los gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del estado; este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Ley Fundamental del País establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, al que dicho órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De modo que, se excluyen los actos de particulares para la procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente acontece en la especie, en razón de que se trata de actos derivados de una relación laboral que los une, y que el propio parte quejoso reconoce al referir en el capítulo de antecedentes: ".desde el 2015, me desempeñe como director encargado."; es decir, está en carácter de trabajador y las autoridades que señala como responsables con el carácter de patrón. En tales condiciones, es claro que la emisión de los actos reclamados no reúnen las notas distintivas que ha establecido la jurisprudencia 2ª./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 253/2011; consultable en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre de 2011, materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (Registro: 161133); que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Tiene aplicación a las consideraciones expuestas en párrafos que anteceden, la tesis número I.6o.T.26 L, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, Novena Época, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de suprasubordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de suprasubordinación a que ya se hizo mérito." En suma, conforme lo expuesto, se advierte que el acto reclamado consistente en la resolución de fecha diecisiete de Junio de dos mil veintidós, dictada por la autoridad responsable, por medio del cual, resolvió el recurso de revisión que interpuso el aquí quejoso, dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número D.E.E.lD.N.E.lR.A.L.11/2020., así como sus consecuencias legales que se le pretendan dar. Estos actos reclamados derivaron de una relación laboral entre la autoridad señalada como responsable Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero (patrón) y el quejoso José Luis Cienfuegos González (trabajador); es decir, en un plano de coordinación, de ahí que, no son actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Debe destacarse que es motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda (como en el caso que nos ocupa) y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente, de modo tal que, los informes justificados que llegasen a rendir las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que estas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, ya que la resolución que se dicte será siempre en el mismo sentido y con motivo de la misma causal de improcedencia invocada. Atento a lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que obliga en términos de lo dispuesto en el diverso numeral 113 de la misma Ley, a DESECHAR LA DEMANDA PLANTEADA por su notoria improcedencia. No se omite precisar que la causal de improcedencia invocada se encuentra ligada a la determinación adoptada por este órgano jurisdiccional, en el diverso juicio de amparo 211/2021-I, del propio índice, promovido por el mismo quejoso José Luis Cienfuegos González, contra actos del Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, reclamando los siguientes actos: "1.- El procedimiento laboral número D.E.E./D.N.E./RAL.-11/2020, instruido en contra del suscrito. 2.- La resolución de fecha veinte de enero del año dos mil veintiuno, emitida en el procedimiento laboral numero D.E.E./D.N.E./RAL,-11/2020, instruido en contra del suscrito Profesor JOSE LUIS CIENFUEGOS GONZÁLEZ, sobre la cual tuve conocimiento el día quince de junio del año en curso. 3.- La ejecución de la resolución de fecha veinte de enero del año dos mil veintiuno, emitida en el procedimiento laboral numero D.E.E./D.N.E./RAL.- 11 /2020, instruido en contra del suscrito Profesor JOSE LUIS CIENFUEGOS GONZÁLEZ, así como sus consecuencias legales que se le pretendan dar, sentencia de la cual tuve conocimiento de su ejecución el día quince de junio del año en curso." Juicio de amparo que fue desechado de plano por la misma causal de improcedencia que en el presente asunto se actualiza; inconforme con ello, promovió recurso de queja, mismo que fue registrado con el número 76/2021, y resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, quien determinó infundada la misma y en consecuencia, se ordenó el archivo de dicho asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones el ubicado en la calle Altamirano número 39, primer piso, colonia centro, en esta ciudad; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Roberto Valencia Gutiérrez, Juan Miguel Terrazas Cuevas, Beatriz Santiago Ríos y José Alejandro Fuentes Aceves, toda vez que cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Waldo Daniel Castro Campos, Adriana González Gutiérrez, por no contar con dicho requisito. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Felipe Ramírez Hernández, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, por vacaciones del titular, aprobadas en sesión celebrada el veintisiete de junio de dos mil veintidós, de acuerdo con el contenido del oficio número Oficio CCJ/ST/2879/2022 signado por la Maestra Karina Chimal Barrera Secretaria Técnica de Comisión de Carrera Judicial; con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; asistido del licenciado Salvador Vázquez Galeana, que autoriza y da fe, quien queda facultado para firmar los oficios correspondientes. Asimismo, certifica que esta determinación se autorizó a distancia vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante; lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022 todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Doy fe.
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