José Luis Chipres Velázquez

Expediente 913/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
913/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
28/12/2021

Partes del expediente

  • José Luis Chipres Velázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Colima, Colima, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, la parte quejosa en este juicio interponga el recurso correspondiente en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis antes referida, del citado Acuerdo General, al tratarse de un expediente en el que se sobreseyó el juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo aplicado a contrario sensu. Asimismo, se ordena glosar el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el cual es susceptible de destrucción, al haberse negado la suspensión definitiva no obstante que se concedió la suspensión provisional, lo anterior acorde con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 21 del acuerdo general relativo y número 3 del punto 8.1.2. del Capítulo 8 Expedientes Destruibles, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de agosto de dos mil veinte. En consecuencia, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena que dentro de los treinta días siguientes la destrucción del juicio principal, así como del original del incidente de suspensión, mismo que se encuentra glosado, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 35, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente principal e incidente de suspensión en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo. En términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo establece el párrafo tercero del citado artículo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    ÚNICO.- Se sobresee en el presente juicio.

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por medio del cual la parte quejosa José Luis Chipres Velázquez, se desiste de la prueba de inspección judicial admitida mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, cuyo desahogo se encuentra señalado para el día de hoy dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno a las doce horas. En este sentido, se tiene a la parte quejosa desistiéndose en su perjuicio de la prueba de inspección judicial admitida mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas a las doce horas del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, para el desahogo de dicho medio de prueba, por falta de interés del quejoso. Sin que sea necesaria la ratificación de dicho escrito de desistimiento para su perfeccionamiento ante este órgano de control constitucional, en virtud de que es a la parte quejosa a quien corresponde acreditar los elementos de sus pretensiones, y por ello, puede ofrecer y desistirse de las probanzas que estime pertinentes, pues queda a su disposición desacreditar el contenido o continente de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Ilustra lo expuesto la tesis I.4o.A.93 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, página 3249, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. ES INNECESARIA LA RATIFICACIÓN DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO DE LAS OFRECIDAS, COMO CONDICIÓN PARA SU ACEPTACIÓN POR PARTE DEL JUZGADOR, AL NO EXISTIR DISPOSICIÓN QUE OBLIGUE A ELLO. De los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., 4o. y 149 de la Ley de Amparo se advierte que el juicio de garantías se rige por el principio dispositivo, de acuerdo con el cual, el inicio e impulso de la acción constitucional están condicionados por la instancia o petición del afectado por el acto de autoridad, y cuando la carga de la prueba corresponda a éste, es su facultad ofrecer los elementos de convicción, así como desistirse de ellos si no se ha perfeccionado su desahogo, sin que exista disposición que condicione la aceptación del desistimiento por parte del juzgador a la ratificación del escrito respectivo, por lo que es innecesaria, pues si bien es cierto que este requisito está previsto de manera consistente tratándose del desistimiento del juicio de amparo, también lo es que ello obedece a la trascendencia de las consecuencias que genera." En este contexto, se ordena notificar a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo dicha circunstancia, para los efectos procedentes.

  4. Principal

    Agréguense a las presentes actuaciones para que surtan los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustados al artículo 3° de la Ley de Amparo, los documentos de cuenta, a través de los cuales el Director Interino de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez y el Jefe de Área Sindicalizado de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, rinden su informe justificado; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como delegados a los profesionistas que señala la autoridad, en términos del artículo 9º de la ley de la materia y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su misiva. Con respecto a las documentales ofrecidas, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se considerarán al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Ahora, del estado de autos se advierte que en proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se reservó proveer sobre la admisión o inadmisión de la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa para acreditar la existencia del acto reclamado, hasta en tanto se encontrara debidamente integrado el presente juicio, lo que se actualiza en el presente acto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de La Ley de Amparo, se tiene por admitida la prueba ofrecida por la parte quejosa, consistente en la inspección judicial, cuyo desahogo se efectuará en el domicilio ubicado en call¨****** colonia Prados del Sur, en el municipio de Colima, Colima, conforme a las siguientes directrices: Se dará fe que la toma que se encuentra sobre la banqueta y que corresponde a la vivienda marcada con el número **** colonia Prados del Sur, en el municipio de Colima, Colima, se encuentra intervenida con un artefacto que sirve para evitar el paso de agua. Se dará fe de que no sale agua de las llaves del baño de dicho inmueble. Se dará fe de que no sale agua de las llaves de agua de la cocina de dicho inmueble. En razón de lo anterior, con relación a la inspección judicial ofrecida por la parte quejosa, se ordena al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que a las doce horas del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se constituya en el domicilio señalado en el párrafo que antecede y desahogue la citada probanza, en los términos propuestos por la parte quejosa, en la cual deberá hacer constar lo que al efecto pueda percibir por medio de los sentidos, aunado a que para el desahogo de la misma, no se requiere conocimientos técnicos especiales, para lo cual el fedatario adscrito, levantará el acta respectiva con el resultado de la prueba de inspección, y así determinar lo que en derecho corresponda. En el entendido que al ser de propiedad privada el lugar donde se practicara la inspección judicial, que sólo es susceptible de acceder con la autorización y compañía de la parte quejosa, se le apercibe que en caso de no estar presente el día y hora señalada para permitir el desahogo de la presente probanza, se declarara desierta por falta de interés del promovente, pues es a quien corresponde velar por el debido desahogo de las pruebas aportadas para acreditar sus pretensiones, de conformidad con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo. Ilustra lo expuesto la tesis IV.1o.C.29 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Novena Época, página 1056, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguiente: PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE DECLARARLA DESIERTA CUANDO EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARA DESAHOGARLA A PESAR DE HABERSE AGOTADO LOS MEDIOS DE APREMIO. El artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 59. Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio: I. Multa hasta de mil pesos, y II. El auxilio de la fuerza pública.-Si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia.". Este dispositivo establece los medios legales que pueden utilizar los juzgadores para hacer cumplir sus determinaciones, ante la eventual contumacia de cualquier persona para cumplir lo solicitado, lo cual atiende al orden público que reviste la labor jurisdiccional, pues por disposición del artículo 17 de la Constitución General de la República, la administración de justicia debe ser pronta, completa e imparcial, por tribunales expeditos para impartirla. Luego, si admitida una prueba de inspección en el juicio de amparo hay imposibilidad material para desahogarla por desobediencia de la persona en cuyo poder obran los objetos a inspeccionar, no obstante que el Juez de Distrito haya aplicado los medios de apremio previstos en el numeral reproducido (multa y auxilio de la fuerza pública), para lograrlo, es correcto declararla desierta, pues aun cuando el juzgador puede apremiar a la persona cuya colaboración se requiera para desahogar una prueba, lo cierto es que agotados los medios de apremio, sin conseguir el fin buscado, el juicio no puede prolongarse indefinidamente, por imperativo del artículo 17 constitucional, ya que el Juez, actuando dentro del marco jurídico, carece de otros instrumentos para vencer la contumacia de los gobernados. Ello, independientemente de la consecuencia que de dicha rebeldía pudiera derivar en términos de la parte final del artículo transcrito, es decir, se proceda contra el rebelde por el delito de desobediencia, pues esto no es un medio de apremio, sino una sanción a la rebeldía. En ese sentido, notifíquese a las demás partes de la fecha señalada, para el desahogo de la probanza en cuestión, a efecto de que en su caso, se encuentren en posibilidades de comparecer a dicha inspección. Por último, vista la certificación que antecede y como se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo, toda vez que los informes rendidos por las autoridades responsables precisadas, no fue conocido por las partes con la anticipación a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; por ello y a efecto de que éstos se impongan del contenido del mismo, a fin de que estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo; lo procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con cincuenta y seis minutos del ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Lo anterior es acorde con la tesis jurisprudencial número 54/2000, aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el veintiocho de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, página 5, registro 191995, bajo la voz: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.

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