Jose Luis Chavez Rodriguez

Expediente 372/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 31 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
372/2020
Año
2020
Actuaciones
31
Última actuación
21/09/2022

Partes del expediente

  • Jose Luis Chavez Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    CON ESTA FECHA QUEDA NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE FECHA uno de septiembre de dos mil veintidós, QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO "... Como según constancia secretarial que antecede se advierte que a la fecha ha transcurrido el término legal concedido al quejoso en proveído de veintisiete de julio del año en curso, para que manifestara lo que su interés legal conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, y como nada dijo al respecto dentro de ese lapso, por tanto, este Juzgado procede a realizar el examen de las constancias del juicio, a fin de resolver lo conducente. De autos se advierte que por resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, pronunciada por este órgano jurisdiccional; y, confirmada por la Alzada Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo en este Circuito, en ejecutoria de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, a -, para los efectos procesales precisados en la constancia secretarial de cuenta, por lo que en auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán y -, Inspector adscrito a la Dirección de Operación de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, ambos con sede en esta ciudad, para que cumplieran con el citado fallo protector. Ahora, las autoridades responsables en cita, deberían realizar lo siguiente: Dejar insubsistente la boleta de infracción con número de folio - de -, de manera que también se ordenara la devolución del vehículo automotor marca -, sin costo alguno para el quejoso, o bien, en el supuesto de que éste ya haya sido devuelto, en su caso, deberá reintegrarle la cantidad que haya erogado con motivo de la devolución del vehículo, incluyendo el servicio de arrastre y resguardo del vehículo retenido. El Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante oficio número-, de veintiuno de febrero de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la boleta de infracción - de siete de julio de dos mil veinte; y, ordeno la devolución del vehículo -. Posteriormente, previas gestiones para cumplir con la ejecutoria emitida en autos, en diverso oficio número -, de fecha veintiséis de julio del año en curso, se tuvo al Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, con sede en esta ciudad, por informando que se realizó el pago por la cantidad de $121,632.00 (CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), a favor del aquí quejoso -, por concepto de corralón, arrastre y pago de la multa impuesta, djuntando para tal efecto copia de la transferencia realizada. Por consiguiente, al no advertirse que haya exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL; sin perjuicio de que el quejoso esté en condiciones de impugnar la presente determinación, o en su caso, por la vía correspondiente recurra lo determinado por las responsables en cumplimiento a la ejecutoria emitida en autos. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo: VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Ahora, como de la constancia secretarial se advierte que no existen acuerdo pendiente de dictar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el presente asunto se valora como DEPURABLE, más no así el original y duplicado de los incidentes de suspensión los cuales son susceptibles de DESTRUCCIÓN, toda vez que en una parte se concedió el amparo y protección de la justicia federal; asimismo, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, 18, fracción I, inciso b), y 21 fracción I, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 18.- Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. [.] "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido estos expedientes. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese personalmente..." LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a dos de septiembre de dos mil veintidós. Como del acta de constancia que antecede se aprecia que el auto de uno de los actuales, emitido dentro del juicio de amparo en que se actúa, no fue publicado en la lista respectiva; por tanto, se ordena realizar en esta data. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacan, a uno de septiembre de dos mil veintidos. Como según constancia secretarial que antecede se advierte que a la fecha ha transcurrido el término legal concedido al quejoso en proveído de veintisiete de julio del año en curso, para que manifestara lo que su interés legal conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, y como nada dijo al respecto dentro de ese lapso, por tanto, este Juzgado procede a realizar el examen de las constancias del juicio, a fin de resolver lo conducente. De autos se advierte que por resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, pronunciada por este órgano jurisdiccional; y, confirmada por la Alzada Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo en este Circuito, en ejecutoria de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, a -, para los efectos procesales precisados en la constancia secretarial de cuenta, por lo que en auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán y -, Inspector adscrito a la Dirección de Operación de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, ambos con sede en esta ciudad, para que cumplieran con el citado fallo protector. Ahora, las autoridades responsables en cita, deberían realizar lo siguiente: Dejar insubsistente la boleta de infracción con número de folio - de -, de manera que también se ordenara la devolución del vehículo automotor marca -, sin costo alguno para el quejoso, o bien, en el supuesto de que éste ya haya sido devuelto, en su caso, deberá reintegrarle la cantidad que haya erogado con motivo de la devolución del vehículo, incluyendo el servicio de arrastre y resguardo del vehículo retenido. El Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante oficio número-, de veintiuno de febrero de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la boleta de infracción 1393 de siete de julio de dos mil veinte; y, ordeno la devolución del vehículo -. Posteriormente, previas gestiones para cumplir con la ejecutoria emitida en autos, en diverso oficio número -, de fecha veintiséis de julio del año en curso, se tuvo al Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, con sede en esta ciudad, por informando que se realizó el pago por la cantidad de $121,632.00 (CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), a favor del aquí quejoso -, por concepto de corralón, arrastre y pago de la multa impuesta, djuntando para tal efecto copia de la transferencia realizada. Por consiguiente, al no advertirse que haya exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL; sin perjuicio de que el quejoso esté en condiciones de impugnar la presente determinación, o en su caso, por la vía correspondiente recurra lo determinado por las responsables en cumplimiento a la ejecutoria emitida en autos. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo: VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Ahora, como de la constancia secretarial se advierte que no existen acuerdo pendiente de dictar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el presente asunto se valora como DEPURABLE, más no así el original y duplicado de los incidentes de suspensión los cuales son susceptibles de DESTRUCCIÓN, toda vez que en una parte se concedió el amparo y protección de la justicia federal; asimismo, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, 18, fracción I, inciso b), y 21 fracción I, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 18.- Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. [.] "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido estos expedientes. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Como de la constancia secretarial de cuenta se aprecia que el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite la constancia relativa; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, para que exponga lo que a sus intereses convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional se pronunciará de oficio sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese.

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