José Luis Chavarría Orbe
Expediente 714/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 714/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Luis Chavarría Orbe
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo vigente, para que se interpusiera recurso de queja contra el proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo promovida por José Luis Chavarría Orbe, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en la materia, se declara que ha quedado firme, para los efectos legales a que haya lugar. Archívese el presente asunto como concluido; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.
- Principal
Visto el escrito presentado por el quejoso Porfirio Gregorio Vieyra Rico, por el cual manifiesta la imposibilidad que tiene para sufragar el gasto de los edictos a través de los cuales se ordenó emplazar a juicio a la tercera interesada María del Socorro Ramírez Solís, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Ahora bien, dígase al quejoso que para que este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de determinar si se trata de una persona que no cuenta con recursos para sufragar dicho gasto; se estima procedente que el impetrante de derechos acredite la falta de capacidad económica que dice tener para publicar los edictos a través de los cuales se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que en el término de los veinte días que le fue concedido en auto de siete de junio del año en curso, acredite que es insolvente (incapacidad económica), para lo cual deberá exhibir, en su caso, aquellas pruebas que considere pertinentes para demostrar fehacientemente o de manera suficiente ese extremo, en el entendido, que dentro del plazo citado, deberá de probar lo anterior, o en su caso, haber comprobado que exhibió los edictos para su publicación, bajo los apercibimientos decretados en el proveído de referencia. Lo dicho resulta necesario, ya que la simple manifestación de la parte quejosa en el sentido de que no cuenta con recursos económicos, sin documentos que lo acrediten, por lo menos de manera indiciaria, no basta para demostrar la imposibilidad para cubrir la publicación de edictos para emplazar a la parte tercera interesada. Robustece lo anterior la tesis cuyo rubro y texto son: PAULINA ALEJANDRA CRUZ LORENZO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.65.13 04/02/22 09:34:26 pág. 2 "EDICTOS. SU PAGO A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PARTE QUEJOSA, SE ENCUENTRA SUJETO A PRUEBA. Si el quejoso manifiesta la imposibilidad de pagar la publicidad de los edictos, ordenada por la Sala responsable luego de agotarse el procedimiento de investigación del domicilio del tercero perjudicado y, por ende, solicita que tal gasto sea cubierto por el Consejo de la Judicatura, tal circunstancia se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias, a saber: a) La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto y, b) la existencia en autos, de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. En cuanto al segundo de los presupuestos, se afirman que se encuentra sujeta a prueba la petición del impetrante, ya que es indispensable que dentro de los autos del juicio natural se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que el impetrante de garantías realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto que representa la publicación de los edictos, de tal manera que si no queda comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que deberá negarse la petición, pues únicamente debe acordarse favorablemente cuando se advierta que no cuenta con los servicios de un profesional privado, esto es, que quien lo patrocina sean abogados pertenecientes a la Defensoría Pública o bien que en caso de defender un bien, éste sea resultado de una adquisición a título gratuito. Se afirma lo anterior, en virtud de que tratándose de juicios que involucren prestaciones en dinero, tal como acontece en los ordinarios civiles de pago de pesos o que involucren la defensa de algún bien inmueble y los ordinarios y ejecutivos mercantiles, en los que por su propia naturaleza se encuentran involucradas situaciones que presumen solvencia económica de las partes, al menos para hacer frente a las obligaciones y cargas derivadas de los propios litigios, entonces se entiende que los involucrados tienen capacidad económica, pues no sería creíble alegar la falta de ésta, cuando de los derechos litigiosos se desprende la existencia de algún bien que justifique el actuar en el proceso de la parte que se trate. Cabe precisar que lo anterior no cobra aplicación en tratándose de asuntos familiares en los que necesariamente tendrían que ponderarse las particularidades del caso, ya que por su propia naturaleza en la mayoría de los casos no se encuentran vinculadas cuestiones pecuniarias, sino de otra índole y, por ello, es que resulta necesario particularizar cada caso en concreto para determinar la idoneidad del pago de edictos, en juicios de esta naturaleza."1 Así como la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: 1 Época: Octava, Registro: 229013, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero-Junio 1989, Materia(s): Común, Página: 635 PAULINA ALEJANDRA CRUZ LORENZO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.65.13 04/02/22 09:34:26 pág. 3 ??????????????? "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", sostuvo que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, prevé que agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado favorable, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión; además, señaló que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, por lo que en tal circunstancia, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar ese pago, entonces el juzgador pueda determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado. Tal alcance interpretativo del citado artículo 30, delinea con precisión el contenido de la carga procesal legal impuesta al quejoso, pero además, prevé la posibilidad de eximirlo de su cumplimiento estricto cuando manifieste tener imposibilidad para cubrir el gasto correspondiente y así lo aprecie el juzgador indiciariamente en autos del juicio constitucional. Por tanto, el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, aun cuando prevé que corre a cargo del quejoso el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio se desconoce, no priva del derecho humano de acceso a la jurisdicción a quienes carecen de recursos para cubrir esa carga económica, ya que en tal caso, puede alcanzarse la continuación del juicio de amparo mediante la manifestación que haga el quejoso al juzgado sobre la circunstancia precaria que le afecta, aunado a los indicios que en tal sentido se hubieren allegado al expediente de amparo, pues con ello el juzgador puede eximirle del pago de las publicaciones y ordenar la continuación del trámite del juicio, mediante la publicación de los edictos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal."2 2 Época: Décima Época, Registro: 200623, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 1a./J. 3/2014 (10a.), Página: 727 PAULINA ALEJANDRA CRUZ LORENZO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.65.13 04/02/22 09:34:26 pág. 4 En ese sentido, si el juicio de donde emana el acto reclamado se trata de una contienda en la vía ejecutiva mercantil en donde, por su propia naturaleza, se encuentran involucradas situaciones que presumen solvencia económica de las partes, al menos para hacer frente a las obligaciones y cargas derivadas de los propios litigios, entonces se entiende que los involucrados tienen capacidad económica, aunado a que el quejoso es la parte actora en el juicio de origen. Por ello, el quejoso deberá de acreditar por lo menos de manera indiciaria y con las pruebas que así lo corroboren su imposibilidad para cubrir el gasto de la publicación de los edictos, y para el caso de que de los elementos que aporte a los autos, derivan indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, este Juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique; empero, si éste no justifica su imposibilidad para cubrir el pago de los edictos, los gastos de su publicación seguirán a su cargo. Lo anterior, en el entendido de que a falta de elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste la carga procesal para la parte quejosa, sin que ello implique una trasgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia.
- Principal
Se difiere audiencia constitucional. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de la fecha; sin embargo, no está en posibilidades de celebrarse; en virtud de que mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se reservó proveer lo conducente en relación al incidente de falsedad de documentos admitido en autos, hasta en tanto obre en autos del diverso juicio de amparo 386/2019, el dictamen realizado por la perito oficial Erika Verónica Hortencia Arias Durán; sin que en la data en que se actúa se haya rendido el mismo, por tanto se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las once horas del cuatro de agosto de dos mil veintiuno, para su celebración.
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