José Luis Cervantes Vargas
Expediente 850/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 850/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Luis Cervantes Vargas
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que al efecto señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de once de agosto pasado, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Vista la demanda de amparo firmada por José Luis Cervantes Vargas, promovida contra actos del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad y otra; fórmese expediente y regístrese con el consecutivo 850/2023-II. Desechamiento. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta en audiencia celebrada el veinticinco de mayo del año en curso, dentro de la causa penal 1P1623-662 del índice del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad. Este órgano de control constitucional estima que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." [.] [Énfasis añadido] El primer artículo contiene la regla genérica para la promoción del amparo (plazo de quince días); asimismo, contempla excepciones a dicho término: Treinta días: norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición. Ocho años: sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal. Siete años: actos de afectación colectiva en materia agraria. Cualquier momento: actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada, los prohibidos por el artículo 22 constitucional (pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o cualquier otra pena inusitada y trascendente) e incorporación forzosa a las fuerzas armadas. El artículo 18 de la ley de la materia impone la forma de contar dichos plazos: Al día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado; Al día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto; y, Al día siguiente a aquél que se ostente sabedor del acto o su ejecución, salvo tratándose de leyes autoaplicativas, el cual se computará a partir de la entrada en vigor de éstas. De una interpretación sistemática, dichas previsiones normativas contienen la improcedencia del juicio relativa a los actos consentidos tácitamente, calificando así a aquellos que no son reclamados en el plazo genérico previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. La previsión normativa contiene la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto contra actos consentidos tácitamente, calificando a aquellos que no son reclamados en los plazos previstos por los 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, excepto en los casos previstos por las fracciones l, ll, llI y IV del numeral citado en primer término. Los artículos citados tienen los siguientes elementos: a) Consentimiento tácito de los actos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo. b) El término perentorio de quince días para interponer la demanda de amparo en contra del acto de autoridad que afecta al quejoso (término aplicable en el presente caso). c) Forma de contabilizar el término concedido para la promoción del juicio. La interpretación de dichas reglas permite establecer el siguiente razonamiento: Cualquier persona que resienta una lesión en sus derechos fundamentales por un acto de autoridad, tiene acceso a la justicia a través de este mecanismo de regularidad constitucional (juicio de amparo), con objeto de proteger sus derechos. La promoción de tal mecanismo tiene un plazo perentorio determinado por la norma jurídica. Si la persona que resintió la lesión dejó pasar el plazo previsto para promover su inconformidad, se infiere que está conforme con el acto. Entonces, el término de quince días es improrrogable y, por tanto, fatal para la parte quejosa, pues cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el caso, como ya se mencionó, el quejoso reclama la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta en audiencia celebrada el veinticinco de mayo del año en curso, dentro de la causa penal 1P1623-662 del índice del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, pues literalmente manifestó: "A) De la autoridad resolutora y/o ordenadora: la medida cautelar de prisión preventiva, prevista en la fracción XIV de artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la causa penal, 1P1623-662, en audiencia de fecha 25 de mayo de la presente anualidad. C).- De la autoridad ejecutora: La ejecución de dicha orden." En esas condiciones, en términos de lo ordenado por la vigente Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es aplicable la regla genérica prevista en su artículo 17, para instar el proceso de control constitucional dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; en el caso, la medida cautelar de prisión preventiva le fue impuesta al quejoso en audiencia celebrada el veinticinco de mayo del año en curso, dentro de la causa penal citada. En ese contexto, se tiene que el promovente no cumplió con la previsión normativa de promover el juicio de amparo indirecto para defender sus derechos que aduce lesionados, en el término de quince días, pues éste afirmó tener conocimiento de la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta en la misma audiencia inicial celebrada el veinticinco de mayo del año en curso y conforme al artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las resoluciones que se dicten en audiencia oral, se entenderán formalmente notificadas a los intervinientes u obligados a asistir. Luego, si en el sello de recibo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, se advierte que la demanda motivo de este juicio fue presentada hasta el diez de agosto del dos mil veintitrés, su presentación es extemporánea, pues ocurrió después del término legal para acudir a esta instancia constitucional. Lo anterior en virtud de que el plazo con que contaba el quejoso para promover el juicio de amparo, trascurrió del veintinueve de mayo del año en curso al dieciséis de junio de ese mismo año, sin contar los sábados y domingos comprendidos dentro de ese período, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo, como se muestra a continuación: MAYO 2023 DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Audiencia celebrada en la causa penal 1P1623-662 en la que se le impuso prisión preventiva al quejoso. 26 Surte efectos 27 Inhábil 28 Inhábil 29 Día 1 30 Día 2 31 Día 3 JUNIO 2023 DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 1 Día 4 2 Día 5 3 Inhábil 4 Inhábil 5 Día 6 6 Día 7 7 Día 8 8 Día 9 9 Día 10 10 Inhábil 11 Inhábil 12 Día 11 13 Día 12 14 Día 13 15 Día 14 16 Día 15 17 Inhábil 18 Inhábil 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lo anterior, pues los artículos 63, 67 fracción V y 82 fracción I inciso a) y último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 63. Notificación en audiencia Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código." "Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: (.) V. La de medidas cautelares; (.)" "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; (.) Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." Así, conforme a la codificación que rige el acto reclamado, las resoluciones judiciales dictadas en audiencia oral quedaran formalmente notificadas a las partes intervinientes en ellas y a quienes estaban obligados a asistir, y surtirán sus efectos al día siguiente; por lo que si la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa reclamada se impuso al imputado quejoso en audiencia de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, entonces surtió efectos el veintiséis de mayo siguiente y el plazo de quince días para promover el juicio de amparo en su contra transcurrió del veintinueve de mayo al dieciséis de junio de dos mil veintitrés, entonces si la demanda se presentó hasta el diez de agosto siguiente, resulta extemporánea su promoción. En ese sentido, el quejoso dejó transcurrir el plazo previsto para promover el juicio de amparo indirecto en protección de sus derechos respecto del acto reclamado en esta instancia. No se soslaya que los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso son de tracto sucesivo, pues surte sus efectos de manera continua, en tanto que actualmente el quejoso se encuentra recluido en el ********************; sin embargo, ello no implica que pueda presentarse la demanda de amparo en cualquier tiempo, mientras que permanezca la medida cautelar impuesta de privación de su libertad, en tanto que dicha medida constituye una resolución judicial, cuya emisión se agota en un solo momento, en el cual el quejoso tiene conocimiento de los motivos y fundamentos de ésta, por lo que está en aptitud de promover el juicio de amparo. Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. En el entendido que se encuentran expeditos los derechos del quejoso para solicitar la revisión de la medida cautelar impuesta ante el Juez de Control, así como de impugnar la resolución que dicte la autoridad ante esa solicitud -de ser adversa a sus intereses- a través de los medios ordinarios o extraordinarios de defensa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,043 expedientes
- José Luis Borja Mosqueda872/2021
- José Luis Campos Alfaro1039/2018
- José Luis Castillo Martinez1479/2022
- José Luis Caudillo López y Otros.504/2021
- José Luis Caudillo López871/2020
- José Luis Cendejas Hernández y Otros.226/2023
- José Luis Cervantes Zavala429/2017
- José Luis Cervantes Zavala y Otros.53/2020
- José Luis Chávez Jiménez330/2021
- José Luis Contreras Arredondo837/2020
- José Luis Contreras Morales943/2023
- José Luis Contreras Núñez879/2016