Jose Luis Cervantes Ramirez
Expediente 1276/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 33 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1276/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 11/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Luis Cervantes Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE 08 DE junio DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, ocho de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (foja 266), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que el quejoso hubiere desahogado dicha vista. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 196 a 216), se concedió el amparo y protección a José Luis Cervantes Ramírez para el efecto de que el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla realizara lo siguiente: "(.) NOVENO. Efectos de la concesión. Procede conceder el amparo al quejoso José Luis Cervantes Ramírez, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintinueve de octubre de dos mil diecisiete, en la causa penal 88/2017, y en su lugar, dicte otra resolución en la que, con libertad de jurisdicción, funde y motive su competencia, resuelva la situación jurídica del ahora quejoso, ya sea en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero en el primer caso deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: En el apartado del cuerpo del delito. a) Deberá justificar por qué no toma en consideración dentro de los elementos del cuerpo del delito de violencia familiar, el consistente en: Que el activo se encuentre habitando la misma casa de la víctima, al que hace referencia el artículo 284 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla. b) Deberá realizar la valoración jurídica de la declaración ministerial de la agraviada Susana Pérez Plata, fundando y motivando ésta. c) Así mismo, deberá asignarle valor jurídico al dictamen en psicología 151 BIS de doce de mayo de dos mil quince, emitido por Sharon Sánchez Taboada, perito oficial en psicología adscrita a la entonces Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, fundando y motivando ésta. En el apartado de la probable responsabilidad. d) Deberá motivar por qué las testimoniales de descargo resultan jurídicamente insuficientes para desvirtuar la probable responsabilidad del indiciado, porque no es suficiente que solo indique que existe contraposición entre lo expuesto por la denunciante y los testigos de descargo, pues la autoridad judicial tiene la obligación de analizar las versiones de cargo y descargo estableciendo de un modo cierto la realidad de los hechos y luego determinar su valor probatorio acorde con la ley de la materia. (.)" En acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho (fojas 230 y 231), se declaró que la sentencia aludida causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, por oficio 3438 de veintidós de mayo de dos mil dieciocho (foja 239), el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla remitió copia certificada de la resolución dictada en la misma fecha en la causa penal 88/2017 de su índice (fojas 240 a 248); sin embargo, como no acató los lineamientos establecidos en la sentencia protectora, por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho (fojas 249 y 250), se requirió nuevamente al juez responsable para que cumpliera con todos los efectos del fallo protector. Mediante oficio 3588 de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (foja 255), el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla remitió copia certificada de la resolución emitida en esa misma data, en la causa penal 88/2017 de su índice. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, el juez responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintinueve de octubre de dos mil diecisiete, en el proceso penal 88/2017 de su índice; así como la resolución de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, con la que pretendió dar cumplimiento a la sentencia de amparo (foja 256). 2. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, con libertad de jurisdicción que le fue concedida, emitió otra en el mismo sentido que la reclamada, ya que dictó auto de formal prisión contra José Luis Cervantes Ramírez, como probable responsable en la comisión del delito de violencia familiar, ilícito previsto y sancionado en los artículos 284 bis, 284 quáter, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de Susana Pérez Plata; en la que, conforme los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo: a) Citó las disposiciones de carácter general que le conceden competencia para emitir el auto reclamado, así como las razones por las que se consideró actualizado este aspecto (foja 256 vuelta). b) Consideró como elemento del cuerpo del delito de violencia familiar que el activo se encuentra habitando la misma casa de la víctima, al que hace referencia el artículo 284 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, y expresó los medios de prueba con los que tuvo por acreditado tal aspecto (fojas 256 vuelta, 259 y 259 vuelta), ya que el juez penal responsable señaló que el sujeto activo del delito y la agraviada contrajeron nupcias el veinticinco de enero de dos mil nueve, que establecieron su domicilio familiar en Tangerina número 239, "El Deseo" Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula, Puebla, y que a la fecha de comisión de delito el sujeto activo aun habitaba en ese lugar. c) Realizó la valoración jurídica de la declaración ministerial de la agraviada Susana Pérez Plata, de conformidad con el artículo 178, fracción I del código adjetivo penal aplicable, y le concedió valor probatorio pleno de acuerdo a lo establecido en el diverso ordinal 204 de dicho ordenamiento (foja 258). d) Le asignó valor jurídico al dictamen en psicología 151 BIS de doce de mayo de dos mil quince, emitido por Sharon Sánchez Taboada, perito oficial en psicología adscrita a la entonces Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, la que valoró con fundamento en el artículo 200 de la codificación adjetiva de la Entidad, y le concedió valor probatorio pleno, al ser emitido por un especialista en el área y, expresó que, aun cuando de dicha experticia se desprende que la agraviada no presenta daño psicológico, señaló que ello no constituye un elemento necesario para configuración del injusto penal que se trata, pues adujo que el tipo penal analizado establece la necesidad de una afectación a la integridad física o psicológica o ambas, por lo que no se requiere que se configuren necesariamente ambos supuestos, sino que baste que se actualice alguno de ellos para que el ilícito exista (foja 259 vuelta). e) En el apartado de la probable responsabilidad, motivó por qué las testimoniales de descargo que rindieron Maricela Sánchez González, Daniel Miguel Aguilar, Raúl Cervantes Ramírez y Raúl Eduardo Cervantes Spezzia resultan jurídicamente insuficientes para desvirtuar la probable responsabilidad del indiciado, pues señaló como principal motivo las declaraciones vertidas por dichos atestes son carentes de lógica, explicó por qué las considera incongruentes y señaló que ello revela reticencias en dichas testimoniales (foja 263 a 264). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia..."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (foja 266), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que el quejoso hubiere desahogado dicha vista. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 196 a 216), se concedió el amparo y protección a José Luis Cervantes Ramírez para el efecto de que el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla realizara lo siguiente: "(.) NOVENO. Efectos de la concesión. Procede conceder el amparo al quejoso José Luis Cervantes Ramírez, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintinueve de octubre de dos mil diecisiete, en la causa penal 88/2017, y en su lugar, dicte otra resolución en la que, con libertad de jurisdicción, funde y motive su competencia, resuelva la situación jurídica del ahora quejoso, ya sea en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero en el primer caso deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: En el apartado del cuerpo del delito. a) Deberá justificar por qué no toma en consideración dentro de los elementos del cuerpo del delito de violencia familiar, el consistente en: Que el activo se encuentre habitando la misma casa de la víctima, al que hace referencia el artículo 284 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla. b) Deberá realizar la valoración jurídica de la declaración ministerial de la agraviada Susana Pérez Plata, fundando y motivando ésta. c) Así mismo, deberá asignarle valor jurídico al dictamen en psicología 151 BIS de doce de mayo de dos mil quince, emitido por Sharon Sánchez Taboada, perito oficial en psicología adscrita a la entonces Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, fundando y motivando ésta. En el apartado de la probable responsabilidad. d) Deberá motivar por qué las testimoniales de descargo resultan jurídicamente insuficientes para desvirtuar la probable responsabilidad del indiciado, porque no es suficiente que solo indique que existe contraposición entre lo expuesto por la denunciante y los testigos de descargo, pues la autoridad judicial tiene la obligación de analizar las versiones de cargo y descargo estableciendo de un modo cierto la realidad de los hechos y luego determinar su valor probatorio acorde con la ley de la materia. (.)" En acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho (fojas 230 y 231), se declaró que la sentencia aludida causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, por oficio 3438 de veintidós de mayo de dos mil dieciocho (foja 239), el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla remitió copia certificada de la resolución dictada en la misma fecha en la causa penal 88/2017 de su índice (fojas 240 a 248); sin embargo, como no acató los lineamientos establecidos en la sentencia protectora, por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho (fojas 249 y 250), se requirió nuevamente al juez responsable para que cumpliera con todos los efectos del fallo protector. Mediante oficio 3588 de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (foja 255), el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla remitió copia certificada de la resolución emitida en esa misma data, en la causa penal 88/2017 de su índice. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, el juez responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintinueve de octubre de dos mil diecisiete, en el proceso penal 88/2017 de su índice; así como la resolución de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, con la que pretendió dar cumplimiento a la sentencia de amparo (foja 256). 2. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, con libertad de jurisdicción que le fue concedida, emitió otra en el mismo sentido que la reclamada, ya que dictó auto de formal prisión contra José Luis Cervantes Ramírez, como probable responsable en la comisión del delito de violencia familiar, ilícito previsto y sancionado en los artículos 284 bis, 284 quáter, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de Susana Pérez Plata; en la que, conforme los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo: a) Citó las disposiciones de carácter general que le conceden competencia para emitir el auto reclamado, así como las razones por las que se consideró actualizado este aspecto (foja 256 vuelta). b) Consideró como elemento del cuerpo del delito de violencia familiar que el activo se encuentra habitando la misma casa de la víctima, al que hace referencia el artículo 284 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, y expresó los medios de prueba con los que tuvo por acreditado tal aspecto (fojas 256 vuelta, 259 y 259 vuelta), ya que el juez penal responsable señaló que el sujeto activo del delito y la agraviada contrajeron nupcias el veinticinco de enero de dos mil nueve, que establecieron su domicilio familiar en Tangerina número 239, "El Deseo" Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula, Puebla, y que a la fecha de comisión de delito el sujeto activo aun habitaba en ese lugar. c) Realizó la valoración jurídica de la declaración ministerial de la agraviada Susana Pérez Plata, de conformidad con el artículo 178, fracción I del código adjetivo penal aplicable, y le concedió valor probatorio pleno de acuerdo a lo establecido en el diverso ordinal 204 de dicho ordenamiento (foja 258). d) Le asignó valor jurídico al dictamen en psicología 151 BIS de doce de mayo de dos mil quince, emitido por Sharon Sánchez Taboada, perito oficial en psicología adscrita a la entonces Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, la que valoró con fundamento en el artículo 200 de la codificación adjetiva de la Entidad, y le concedió valor probatorio pleno, al ser emitido por un especialista en el área y, expresó que, aun cuando de dicha experticia se desprende que la agraviada no presenta daño psicológico, señaló que ello no constituye un elemento necesario para configuración del injusto penal que se trata, pues adujo que el tipo penal analizado establece la necesidad de una afectación a la integridad física o psicológica o ambas, por lo que no se requiere que se configuren necesariamente ambos supuestos, sino que baste que se actualice alguno de ellos para que el ilícito exista (foja 259 vuelta). e) En el apartado de la probable responsabilidad, motivó por qué las testimoniales de descargo que rindieron Maricela Sánchez González, Daniel Miguel Aguilar, Raúl Cervantes Ramírez y Raúl Eduardo Cervantes Spezzia resultan jurídicamente insuficientes para desvirtuar la probable responsabilidad del indiciado, pues señaló como principal motivo las declaraciones vertidas por dichos atestes son carentes de lógica, explicó por qué las considera incongruentes y señaló que ello revela reticencias en dichas testimoniales (foja 263 a 264). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad dando cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de dieciséis de mayo del año en curso (fojas 230 y 231) esto es, haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues remite copia certificada del auto de formal prisión de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, emitido en la causa penal 88/2017 de su índice contra el aquí quejoso José Luis Cervantes Ramírez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar, previsto y sancionado por los artículos 284 Bis, 284 Quarter, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21 fracción I, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Sin embargo, del análisis integral de dicha resolución se aprecia que el juez responsable no observó cabalmente los lineamientos del fallo protector. Se afirma lo anterior en virtud de que, en primer término dejó insubsistente la resolución de "veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete", y no la reclamada en esta constitucional (veintinueve de octubre de dos mil diecisiete); y, por otra parte, emitió una diversa en el mismo sentido, pero no purgó el vicio formal precisado en el inciso a) en la sentencia de amparo, esto es: El juez penal responsable, si bien consideró como elemento del cuerpo del delito el que el sujeto activo se encuentre habitando la misma casa que la víctima, no motivó su acreditación, es decir, no expresó con qué medios de prueba tuvo por acreditado tal extremo, por lo que nuevamente dejó en estado de indefensión al quejoso, al no establecer con claridad qué medios de prueba fueron ofrecidos para tener por acreditado cada elemento del delito. Por lo anterior, al no haber cumplido con los lineamientos establecidos en la sentencia protectora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído: a) Deje sin efectos la resolución reclamada así como la diversa de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, con la que pretendió cumplir la ejecutoria de amparo, y dé cabal cumplimiento a todos los efectos de la sentencia protectora, tomando en consideración lo precisado en párrafos precedentes. Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no hacerlo así, esta Juzgadora continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo el apercibimiento de multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en auto de dieciocho de abril de dos mil dieciocho (fojas 167 a 169). De igual forma, (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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