José Luis Cerecedo Candelaria

Expediente 905/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
905/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/10/2022

Partes del expediente

  • José Luis Cerecedo Candelaria

Actuaciones

  1. Principal

    . Causa estado. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 97 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, en la que se desechó el juicio de amparo, sin que haya ejercido ese derecho. En consecuencia, con fundamento por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que causó estado la referida determinación. . archívese este expediente como concluido... este expediente es destruible. .

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, trece de septiembre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por José Luis Cerecedo Canderlaria, por propio derecho, contra actos del Director Jurídico de la Contraloría General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 905/2022/V-A. Acto reclamado. Del análisis a la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada por la Directora Jurídica de la Contraloría General del Estado de Veracruz, en el cuadernillo del recurso de revocación 27/2022, en la que negó la suspensión a la aquí quejosa, solicitada para el efecto de que no se inscriba en el libro de la Subdirección de Situación y Evolución Patrimonial de la Contraloría General del Estado de Veracruz, la sanción impuesta en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 9/2021. Desechamiento. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En ese sentido, este Juzgado Federal estima que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Dicha causa establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; por lo que, de no agotarse tal medio de impugnación se incumple el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Es decir, significa que si en la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa ordinario, se establecen iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir y en consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar ese medio ordinario. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa previo a la promoción del juicio biinstancial debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes cuando se impugnan con motivo de su primer acto de aplicación y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. En relación con dicho principio, la interpretación del artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite advertir que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para ello, cuestión que también se encuentra regulada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que obliga a revisar con detenimiento, además de las disposiciones de la Ley de la materia, aquellas que rigen para el acto reclamado. Por ende, en atención a la naturaleza del acto reclamado en la demanda que se provee, deben tomarse en consideración los artículos 280 fracción II y 292, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, los cuales permiten advertir que la normatividad de referencia establece que procede el juicio contencioso administrativo contra actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares. Además, el artículo 210, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidad Administrativa, establece que las resoluciones que se dicten en la tramitación del recurso de revocación, serán impugnables ante los Tribunales, vía el juicio contencioso administrativo para el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o el juicio que dispongan las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas según corresponda. En el caso, el acto reclamado lo constituye la resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada por la Directora Jurídica de la Contraloría General del Estado de Veracruz, en el cuadernillo del recurso de revocación 27/2022, en la que negó la suspensión a la aquí quejosa, solicitada para el efecto de que no se inscriba en el libro de la Subdirección de Situación y Evolución Patrimonial de la Contraloría General del Estado de Veracruz, la sanción impuesta en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 9/2021, por lo que se sostiene que tal acto debió haber sido impugnado a través del juicio contenciosos administrativo. En esas condiciones, se concluye que la demanda de amparo analizada resulta improcedente, dado que la parte quejosa no agotó el medio de impugnación ordinario, esto es, el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto que reclama. En razón de lo expuesto y al existir un recurso ordinario procedente contra los actos que reclama el quejoso, en el cual puede obtener la suspensión de aquellos, con apoyo en los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías por ser notoria e indudable su improcedencia. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y por autorizados en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a Agustín Hernández Monroy, Elizabeth Jacqueline Maitret Ceballos y Esmeralda Rafael Martínez, en virtud de que la certificación secretarial, se conoce que cuentan con cédula profesional. Medios de contacto. Conforme al Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como medios de contacto de la parte promovente, el correo electrónico que proporciona únicamente para que los actuarios judiciales tengan comunicación y se les facilite realizar las notificaciones en este juicio. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Integración de expedientes. Se instruye al secretario que tiene a su cargo el trámite e integración, así como a los actuarios, para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

  3. Principal

    ...Autoridad informa medidas. Agréguese el oficio de la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación adscrita a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Veracruz "1", con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el doce de septiembre pasado, remitió un diverso oficio a la Institución Scotiabank Inverlat S.A., con el cual le reiteró que procediera con la desinmovilización de la cuenta de la parte quejosa, por lo que se encuentra pendiente de respuesta. Requerimiento. En virtud de lo anterior y tomando en consideración que la sentencia amparadora dictada en el presente asunto debe ser cumplida en sus términos, mediante oficio que al efecto se libre, requiérase a Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, con sede en la ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de que le sea notificado el presente proveído remita las constancias con las cuales acredite que se desinmovilizó la cuenta número ****, del Banco Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, únicamente respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio...

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