Jose Luis Castro Tellez
Expediente 935/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 935/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Luis Castro Tellez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 935/2022-V. Puebla, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial "A", que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICAICON A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA PRO MEDIO DE LISTA JUICIO DE AMPARO 935/2022-V. Puebla, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Segundo escrito aclaratorio. Se agrega al expediente el ocurso signado por el quejoso ++++++, por derecho propio, a través del cual desahoga los puntos que se dejaron subsistentes de la prevención inicial, en acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, y realiza la aclaración de ellos en los siguientes términos: .- Desiste de reclamar la ejecución de la orden de aprehensión a la fiscal responsable. .- Desiste a su petición de suspensión que solicitó para que se suspenda la orden de aprehensión de uno de marzo del año en curso. .- Reitera únicamente el señalamiento de los siguientes actos reclamados, que precisa de la forma siguiente: ".A).- El retraso por demás exagerado en que ha incurrido la autoridad que señalo como autoridad ordenadora, "POR MAS DE TRES AÑOS CON SIETE MESES", en la supuesta investigación, de la comisión del delito de DETENTACIÓN DE VEHÍCULO ROBADO, COMETIDO EN AGRAVIO DE QUIEN RESULTE SER PROPIETARIO DEL VEHÍCULO", cuyas características y demás se mencionan, dentro de los autos de la carpeta de investigación número "CDI 59/2019/UF104". Y: B).- LA NEGATIVA INFUNDADA, DE NO INCLUIR en la supuesta investigación que al parecer está haciendo o ya hizo; de TODOS LOS ANTECEDENTES QUE EXISTEN, dentro de las copias certificadas de la Carpeta de Investigación Número +++++++, de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial en Poza Rica Veracruz, que tiene en su poder la ordenadora desde el mes de marzo del año "2020", que fue donde se denunció el Robo del Vehículo; que genero el hecho que se me imputa como lo es: 'LA POSIBLE PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DEL HECHO CON APARIENCIA DE DELITO DE DETENTACIÓN DE VEHÍCULO ROBADO'." En consecuencia, se tiene por desahogada la prevención formulada al quejoso y se procede a proveer al respecto de los actos reclamados que precisa. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. De entrada, se hace notar que los actos reclamados en términos de la demanda y el segundo escrito aclaratorio consisten en: ".A).- El retraso por demás exagerado en que ha incurrido la autoridad que señalo como autoridad ordenadora, "POR MAS DE TRES AÑOS CON SIETE MESES", en la supuesta investigación, de la comisión del delito de DETENTACIÓN DE VEHÍCULO ROBADO, COMETIDO EN AGRAVIO DE QUIEN RESULTE SER PROPIETARIO DEL VEHÍCULO", cuyas características y demás se mencionan, dentro de los autos de la carpeta de investigación número "+++++++". Y: B).- LA NEGATIVA INFUNDADA, DE NO INCLUIR en la supuesta investigación que al parecer está haciendo o ya hizo; de TODOS LOS ANTECEDENTES QUE EXISTEN, dentro de las copias certificadas de la Carpeta de Investigación Número ++++++++++, de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial en Poza Rica Veracruz, que tiene en su poder la ordenadora desde el mes de marzo del año "2020", que fue donde se denunció el Robo del Vehículo; que genero el hecho que se me imputa como lo es: 'LA POSIBLE PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DEL HECHO CON APARIENCIA DE DELITO DE DETENTACIÓN DE VEHÍCULO ROBADO'." Respecto de tales actos consistentes esencialmente en el retraso en que ha incurrido la fiscal señalada como responsable y el no haber incluido en su investigación las actuaciones referidas por el quejoso, ambos derivados de una carpeta de investigación instaurada en su contra, esta juzgadora considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. (.)." De la lectura del citado precepto se advierte que dicha causal establece que es improcedente el juicio de amparo cuando por virtud de cambio de situación jurídica se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas al no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica; y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que ésta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Cobra aplicación al caso, la tesis 51, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 2000, Novena Época, Tomo VI, Precedentes Relevantes, Materia Común, página 39, que literalmente dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso particular, tal como se le indicó al quejoso en el acuerdo por el que persistió la prevención, en los autos del juicio de amparo 71/2019 del índice de este juzgado, el cual constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, el cual también fue promovido por el aquí quejoso, y señaló diversos actos derivados de la causa penal +++++++, del índice del Juzgado de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (derivada de la carpeta judicial +++++++++++++). Del informe justificado del Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, se advierte que el quejoso fue puesto a disposición de referido juez, y en audiencia de once de enero de dos mil diecinueve, calificó de legal su detención y retención. A su vez, en la misma audiencia de once de enero de dos mil diecinueve, el ministerio público investigador formuló imputación en contra del quejoso, por su posible participación en los hechos con apariencia del delito de detentación de vehículo robado, previsto y sancionado por el artículo 375 en relación con los artículos 13 y 21 del Código Penal del Estado de Puebla; y a petición del defensor público adscrito, se declaró la suspensión del proceso por treinta días, para poder llevar a cabo un acuerdo reparatorio como forma de solución alternativa, ordenando al ministerio público que remitiera la carpeta de investigación a la autoridad especializada para la celebración del acuerdo en cuestión. En tales circunstancias, como ya se adelantó, se advierte la actualización de la causa de improcedencia que hace inejercitable la acción constitucional, en contra de los actos reclamados derivados de la carpeta de investigación instaurada en contra del quejoso, prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Así las cosas, es de advertirse que la situación jurídica en un procedimiento judicial posee una duración determinada, que subsiste hasta en tanto no se dicte una resolución que origine una situación jurídica nueva, distinta y autónoma, que consume jurídicamente de forma irreparable el acto reclamado por la parte quejosa, ya que al haber sido sustituida por la nueva, aquélla no puede anularse. La improcedencia se materializa en la imposibilidad de restablecer las cosas al estado en el que se encontraban antes de la emisión del acto reclamado; si las violaciones de las que se duele el impetrante de amparo ya no provienen de los actos reclamados (derivados de un carpeta de investigación) sino de uno nuevo, resulta imposible para el Juzgador privar de validez a lo que ya no la tiene; es decir, si contra los actos derivados de una carpeta de investigación se promovió juicio de derechos y luego se dictó la resolución nueva (la judicialización de dicha carpeta) que crea una situación diversa y autónoma de la producida por la reclamada, al concederse el amparo contra ésta se afectaría la situación posterior, que por ser la sustituta independiente de la anterior, y no consecuencia necesaria de ella, no debe ser invalidada. En conclusión, en contra de los actos reclamados derivados de la carpeta de investigación referida por el quejoso, se actualiza un cambio de situación jurídica. Ello, porque como ya se dijo con antelación, la carpeta judicial CDI-59/2019/UF-104, fue judicializada bajo el número de causa penal +++++, del índice del Juzgado de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, y en audiencia de once de enero de dos mil diecinueve, el ministerio público investigador formuló imputación en contra del quejoso, por su posible participación en los hechos con apariencia del delito de detentación de vehículo robado, previsto y sancionado por el artículo 375 en relación con los artículos 13 y 21 del Código Penal del Estado de Puebla; y se suspendió el procedimiento a efecto de llevar a cabo un acuerdo reparatorio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que el quejoso manifieste -en su segundo escrito aclaratorio- que las omisiones que reclama de la fiscal que señala como responsable, atienden a lo siguiente: "La representación social u órgano investigador en el caso que nos ocupa, 'NI SIQUIERA HAYA TENIDO LA MÁS MINIMA INTECIÓN, DE CULMIMAR CON LA PRIMERA FASE DE LA INVESTIGACIÓN, que señala LA FRACCIÓN I DEL INCISO a), del artículo 211 del Código Nacional." Sin embargo, contrario a lo que refiere, la agente del ministerio público cumplió con la primera fase de la investigación del procedimiento penal que establece el artículo 211 del Código Nacional de Procedimiento Penales, que a la letra dice: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." Del contenido del citado numeral se desprende que la primera fase de investigación del procedimiento penal denominada investigación inicial: 1) comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y; 2) concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación. Lo que en la especie aconteció, ya que la carpeta de investigación instaurada en contra del quejoso dio inicio con la denuncia del robo de vehículo -tal como lo ha referido el impetrante-, y seguida la secuela del procedimiento, la fiscal señalada como responsable judicializó la carpeta de investigación +++++, y el quejoso fue puesto a disposición del Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, quien en audiencia de once de enero de dos mil diecinueve, calificó de legal detención y retención del quejoso, y en la misma audiencia el ministerio público investigador formuló imputación en contra del quejoso, por su posible participación en los hechos con apariencia del delito de detentación de vehículo robado. Con lo cual se actualiza el cambio de situación jurídica, ya que las omisiones reclamadas de la citada carpeta de investigación, quedaron superadas por la judicialización de la misma y la formulación de imputación del ministerio público investigador -con lo que quedó cumplida la primera fase de investigación establecida en el inciso a) del artículo 211 del Código Nacional de Procedimiento Penales-. Lo que se corrobora con el informe justificado del Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, que obra en el juicio de amparo +++++ del índice de este juzgado. Por tanto, es evidente que ha cambiado la situación jurídica del promovente de amparo, y por tanto, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el presente juicio de amparo. Por tanto, se actualiza en forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, respecto a dicho acto reclamado, y, por ende, debe desecharse en el juicio de derechos, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en contra del quejoso, porque su situación jurídica quedó sometida a la potestad del juez que tiene a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dicho acto, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación. Cobra aplicación, la tesis IV.2o.P.43 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Octubre de 2009, página 1373, de rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación." Asimismo, sirve de apoyo la tesis sustentada por el entonces único Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 145-150, Sexta Parte, página 185, de rubro y texto: "ORDEN DE APREHENSION. CAMBIA LA SITUACION JURIDICA EN RELACION A LA CONSIGNACION QUE SE PRETENDE HACER POR EL MINISTERIO PUBLICO. Si el quejoso reclama la consignación que el agente del Ministerio Público Federal pretende hacer en perjuicio del agraviado, a virtud de una denuncia presentada por determinado delito y de autos aparece que ya se libró la orden de aprehensión correspondiente en contra del quejoso y la misma se ejecutó, el juicio de amparo resulta improcedente de acuerdo con el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, en virtud de que operó un cambio de situación jurídica en el procedimiento judicial, de tal modo que la consignación se debe considerar consumada irreparablemente, por no poder decidirse sobre ella en el juicio de garantías, sin afectar la nueva situación jurídica creada por el libramiento de la orden de aprehensión." Por tanto, con fundamento en la fracción XVII,, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso, porque los actos reclamados precisados por el impetrante encontraron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. Por otra parte, para los efectos legales correspondientes se ordena agregar copia certificada a los autos de este juicio de amparo de las constancias conducentes del diverso 71/2019 del índice de este juzgado. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Consulta física del expediente. Se hace saber al quejoso, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 16/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, que podrá registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica al quejoso que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). Toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, pero bajo los lineamientos para el ingreso a los órganos jurisdiccionales, que implican obtener una cita en los términos delimitados por el Consejo de la Judicatura Federal. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al quejoso el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Indicación a la actuaria. Se indica a la actuaria deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y utilizar el Kit de seguridad que se le ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la situación actual de contingencia sanitaria. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto3 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por último, se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que revise las anotaciones correspondientes a las partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos capturados en el sistema estén correctos y completos. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Notifíquese; y de forma personal al quejoso en su domicilio procesal y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 935/2022-V. Puebla, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Segundo escrito aclaratorio. Se agrega al expediente el ocurso signado por el quejoso ++++++, por derecho propio, a través del cual desahoga los puntos que se dejaron subsistentes de la prevención inicial, en acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, y realiza la aclaración de ellos en los siguientes términos: .- Desiste de reclamar la ejecución de la orden de aprehensión a la fiscal responsable. .- Desiste a su petición de suspensión que solicitó para que se suspenda la orden de aprehensión de uno de marzo del año en curso. .- Reitera únicamente el señalamiento de los siguientes actos reclamados, que precisa de la forma siguiente: ".A).- El retraso por demás exagerado en que ha incurrido la autoridad que señalo como autoridad ordenadora, "POR MAS DE TRES AÑOS CON SIETE MESES", en la supuesta investigación, de la comisión del delito de DETENTACIÓN DE VEHÍCULO ROBADO, COMETIDO EN AGRAVIO DE QUIEN RESULTE SER PROPIETARIO DEL VEHÍCULO", cuyas características y demás se mencionan, dentro de los autos de la carpeta de investigación número "CDI 59/2019/UF104". Y: B).- LA NEGATIVA INFUNDADA, DE NO INCLUIR en la supuesta investigación que al parecer está haciendo o ya hizo; de TODOS LOS ANTECEDENTES QUE EXISTEN, dentro de las copias certificadas de la Carpeta de Investigación Número +++++++, de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial en Poza Rica Veracruz, que tiene en su poder la ordenadora desde el mes de marzo del año "2020", que fue donde se denunció el Robo del Vehículo; que genero el hecho que se me imputa como lo es: 'LA POSIBLE PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DEL HECHO CON APARIENCIA DE DELITO DE DETENTACIÓN DE VEHÍCULO ROBADO'." En consecuencia, se tiene por desahogada la prevención formulada al quejoso y se procede a proveer al respecto de los actos reclamados que precisa. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. De entrada, se hace notar que los actos reclamados en términos de la demanda y el segundo escrito aclaratorio consisten en: ".A).- El retraso por demás exagerado en que ha incurrido la autoridad que señalo como autoridad ordenadora, "POR MAS DE TRES AÑOS CON SIETE MESES", en la supuesta investigación, de la comisión del delito de DETENTACIÓN DE VEHÍCULO ROBADO, COMETIDO EN AGRAVIO DE QUIEN RESULTE SER PROPIETARIO DEL VEHÍCULO", cuyas características y demás se mencionan, dentro de los autos de la carpeta de investigación número "+++++++". Y: B).- LA NEGATIVA INFUNDADA, DE NO INCLUIR en la supuesta investigación que al parecer está haciendo o ya hizo; de TODOS LOS ANTECEDENTES QUE EXISTEN, dentro de las copias certificadas de la Carpeta de Investigación Número ++++++++++, de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial en Poza Rica Veracruz, que tiene en su poder la ordenadora desde el mes de marzo del año "2020", que fue donde se denunció el Robo del Vehículo; que genero el hecho que se me imputa como lo es: 'LA POSIBLE PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DEL HECHO CON APARIENCIA DE DELITO DE DETENTACIÓN DE VEHÍCULO ROBADO'." Respecto de tales actos consistentes esencialmente en el retraso en que ha incurrido la fiscal señalada como responsable y el no haber incluido en su investigación las actuaciones referidas por el quejoso, ambos derivados de una carpeta de investigación instaurada en su contra, esta juzgadora considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. (.)." De la lectura del citado precepto se advierte que dicha causal establece que es improcedente el juicio de amparo cuando por virtud de cambio de situación jurídica se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas al no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica; y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que ésta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Cobra aplicación al caso, la tesis 51, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 2000, Novena Época, Tomo VI, Precedentes Relevantes, Materia Común, página 39, que literalmente dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso particular, tal como se le indicó al quejoso en el acuerdo por el que persistió la prevención, en los autos del juicio de amparo 71/2019 del índice de este juzgado, el cual constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, el cual también fue promovido por el aquí quejoso, y señaló diversos actos derivados de la causa penal +++++++, del índice del Juzgado de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (derivada de la carpeta judicial +++++++++++++). Del informe justificado del Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, se advierte que el quejoso fue puesto a disposición de referido juez, y en audiencia de once de enero de dos mil diecinueve, calificó de legal su detención y retención. A su vez, en la misma audiencia de once de enero de dos mil diecinueve, el ministerio público investigador formuló imputación en contra del quejoso, por su posible participación en los hechos con apariencia del delito de detentación de vehículo robado, previsto y sancionado por el artículo 375 en relación con los artículos 13 y 21 del Código Penal del Estado de Puebla; y a petición del defensor público adscrito, se declaró la suspensión del proceso por treinta días, para poder llevar a cabo un acuerdo reparatorio como forma de solución alternativa, ordenando al ministerio público que remitiera la carpeta de investigación a la autoridad especializada para la celebración del acuerdo en cuestión. En tales circunstancias, como ya se adelantó, se advierte la actualización de la causa de improcedencia que hace inejercitable la acción constitucional, en contra de los actos reclamados derivados de la carpeta de investigación instaurada en contra del quejoso, prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Así las cosas, es de advertirse que la situación jurídica en un procedimiento judicial posee una duración determinada, que subsiste hasta en tanto no se dicte una resolución que origine una situación jurídica nueva, distinta y autónoma, que consume jurídicamente de forma irreparable el acto reclamado por la parte quejosa, ya que al haber sido sustituida por la nueva, aquélla no puede anularse. La improcedencia se materializa en la imposibilidad de restablecer las cosas al estado en el que se encontraban antes de la emisión del acto reclamado; si las violaciones de las que se duele el impetrante de amparo ya no provienen de los actos reclamados (derivados de un carpeta de investigación) sino de uno nuevo, resulta imposible para el Juzgador privar de validez a lo que ya no la tiene; es decir, si contra los actos derivados de una carpeta de investigación se promovió juicio de derechos y luego se dictó la resolución nueva (la judicialización de dicha carpeta) que crea una situación diversa y autónoma de la producida por la reclamada, al concederse el amparo contra ésta se afectaría la situación posterior, que por ser la sustituta independiente de la anterior, y no consecuencia necesaria de ella, no debe ser invalidada. En conclusión, en contra de los actos reclamados derivados de la carpeta de investigación referida por el quejoso, se actualiza un cambio de situación jurídica. Ello, porque como ya se dijo con antelación, la carpeta judicial CDI-59/2019/UF-104, fue judicializada bajo el número de causa penal +++++, del índice del Juzgado de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, y en audiencia de once de enero de dos mil diecinueve, el ministerio público investigador formuló imputación en contra del quejoso, por su posible participación en los hechos con apariencia del delito de detentación de vehículo robado, previsto y sancionado por el artículo 375 en relación con los artículos 13 y 21 del Código Penal del Estado de Puebla; y se suspendió el procedimiento a efecto de llevar a cabo un acuerdo reparatorio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que el quejoso manifieste -en su segundo escrito aclaratorio- que las omisiones que reclama de la fiscal que señala como responsable, atienden a lo siguiente: "La representación social u órgano investigador en el caso que nos ocupa, 'NI SIQUIERA HAYA TENIDO LA MÁS MINIMA INTECIÓN, DE CULMIMAR CON LA PRIMERA FASE DE LA INVESTIGACIÓN, que señala LA FRACCIÓN I DEL INCISO a), del artículo 211 del Código Nacional." Sin embargo, contrario a lo que refiere, la agente del ministerio público cumplió con la primera fase de la investigación del procedimiento penal que establece el artículo 211 del Código Nacional de Procedimiento Penales, que a la letra dice: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." Del contenido del citado numeral se desprende que la primera fase de investigación del procedimiento penal denominada investigación inicial: 1) comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y; 2) concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación. Lo que en la especie aconteció, ya que la carpeta de investigación instaurada en contra del quejoso dio inicio con la denuncia del robo de vehículo -tal como lo ha referido el impetrante-, y seguida la secuela del procedimiento, la fiscal señalada como responsable judicializó la carpeta de investigación +++++, y el quejoso fue puesto a disposición del Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, quien en audiencia de once de enero de dos mil diecinueve, calificó de legal detención y retención del quejoso, y en la misma audiencia el ministerio público investigador formuló imputación en contra del quejoso, por su posible participación en los hechos con apariencia del delito de detentación de vehículo robado. Con lo cual se actualiza el cambio de situación jurídica, ya que las omisiones reclamadas de la citada carpeta de investigación, quedaron superadas por la judicialización de la misma y la formulación de imputación del ministerio público investigador -con lo que quedó cumplida la primera fase de investigación establecida en el inciso a) del artículo 211 del Código Nacional de Procedimiento Penales-. Lo que se corrobora con el informe justificado del Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, que obra en el juicio de amparo +++++ del índice de este juzgado. Por tanto, es evidente que ha cambiado la situación jurídica del promovente de amparo, y por tanto, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el presente juicio de amparo. Por tanto, se actualiza en forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, respecto a dicho acto reclamado, y, por ende, debe desecharse en el juicio de derechos, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en contra del quejoso, porque su situación jurídica quedó sometida a la potestad del juez que tiene a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dicho acto, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación. Cobra aplicación, la tesis IV.2o.P.43 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Octubre de 2009, página 1373, de rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación." Asimismo, sirve de apoyo la tesis sustentada por el entonces único Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 145-150, Sexta Parte, página 185, de rubro y texto: "ORDEN DE APREHENSION. CAMBIA LA SITUACION JURIDICA EN RELACION A LA CONSIGNACION QUE SE PRETENDE HACER POR EL MINISTERIO PUBLICO. Si el quejoso reclama la consignación que el agente del Ministerio Público Federal pretende hacer en perjuicio del agraviado, a virtud de una denuncia presentada por determinado delito y de autos aparece que ya se libró la orden de aprehensión correspondiente en contra del quejoso y la misma se ejecutó, el juicio de amparo resulta improcedente de acuerdo con el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, en virtud de que operó un cambio de situación jurídica en el procedimiento judicial, de tal modo que la consignación se debe considerar consumada irreparablemente, por no poder decidirse sobre ella en el juicio de garantías, sin afectar la nueva situación jurídica creada por el libramiento de la orden de aprehensión." Por tanto, con fundamento en la fracción XVII,, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso, porque los actos reclamados precisados por el impetrante encontraron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. Por otra parte, para los efectos legales correspondientes se ordena agregar copia certificada a los autos de este juicio de amparo de las constancias conducentes del diverso 71/2019 del índice de este juzgado. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Consulta física del expediente. Se hace saber al quejoso, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 16/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, que podrá registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica al quejoso que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). Toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, pero bajo los lineamientos para el ingreso a los órganos jurisdiccionales, que implican obtener una cita en los términos delimitados por el Consejo de la Judicatura Federal. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al quejoso el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Indicación a la actuaria. Se indica a la actuaria deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y utilizar el Kit de seguridad que se le ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la situación actual de contingencia sanitaria. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto3 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por último, se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que revise las anotaciones correspondientes a las partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos capturados en el sistema estén correctos y completos. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Notifíquese; y de forma personal al quejoso en su domicilio procesal y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 935/2022-V. Puebla, Puebla, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Ratificación del quejoso a su escrito aclaratorio. Se agrega al expediente la diligencia de ratificación, de la cual se desprende que el quejoso +++++++++, ratificó la firma y contenido del escrito que se recibió el siete de septiembre de dos mil veintidós. En consecuencia, se ordena proveer lo siguiente: Escrito aclaratorio. En ese escrito signado por el quejoso ++++++++++, pretende desahogar la prevención que se le hizo en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, pues señala lo siguiente: Insiste en señalar como actos reclamados los indicados en los incisos a), b) y c) de la demanda, cuya emisión le atribuye exclusivamente a la agente del ministerio señalada como única autoridad responsable. Empero, es válido afirmar que el quejoso introdujo un acto impreciso, al margen de que reiteró los actos que le atribuye a la fiscal señalada como responsable, esto es, le atribuye a la fiscal responsable la ejecución que le pretende dar a la orden de aprehensión librada en su contra con fecha uno de marzo de dos mil veintidós. Sin embargo no señala al juez que emitió dicha orden, pues de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, corresponde a una autoridad judicial su emisión y no a la fiscal que señaló como única responsable. Por consiguiente, debe quedar subsistente la prevención a fin de que aquél delimite el acto u omisión concreta que pretende reclamar, para que en caso de ser procedente el amparo, se fije la litis constitucional y las autoridades responsables estén en aptitud de rendir su informe justificado. Robustece lo anterior, los autos del juicio de amparo 71/2019 del índice de este juzgado, el cual constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, el cual también fue promovido por el aquí quejoso, en el cual señaló diversos actos derivados de la causa penal ++++++, del índice del Juzgado de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (derivada de la carpeta judicial +++++++++). Asimismo, del informe justificado del Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, se advierte que el quejoso fue puesto a disposición de referido juez, y en audiencia de once de enero de dos mil diecinueve, calificó de legal su detención y retención. A su vez, en la misma audiencia, el ministerio público investigador formuló imputación en contra del quejoso, por su posible participación en los hechos con apariencia del delito de detentación de vehículo robado, previsto y sancionado por el artículo 375 en relación con los artículos 13 y 21 del Código Penal del Estado de Puebla; y a petición del defensor público adscrito, se declaró la suspensión del proceso por treinta días, para poder llevar a cabo un acuerdo reparatorio como forma de solución alternativa, ordenando al ministerio público que remitiera la carpeta de investigación a la autoridad especializada para la celebración del acuerdo en cuestión. +++ Tales actuaciones, evidencian la existencia de una carpeta de investigación (CDI-59/2019/UF-104) que fue judicializada bajo en número de causa penal ++++++++++++, del índice Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, instruida en contra del quejoso por el delito de detentación de vehículo robado previsto y sancionado por el artículo 375 en relación con los artículos 13 y 21 del Código Penal del Estado de Puebla, lo cual evidencia que resultarían inexistentes los actos que reclama el quejoso y que precisa en los incisos A) y B) de su demanda de amparo, porque dicha carpeta de investigación ya fue judicializada por el agente del Ministerio Público que señala como única autoridad responsable y se suspendió el proceso penal hasta por treinta días a efecto de concretar un acuerdo reparatorio entre las partes. Sumado a ello, en su demanda el quejoso solicita se suspenda la ejecución de la orden de aprehensión librada en su contra; asimismo, en el escrito aclaratorio, refiere que ha solicitado a la fiscal responsable que cancele dicha orden, quien en auto de dieciocho de agosto del presente año, acordó que una vez que se haga valer la forma de conducción del imputado, tal representación social se hará cargo de lo que resulte conducente respecto a su solicitud de suspensión y/o cancelación de la orden de aprehensión, sin que a la fecha el imputado aquí quejoso haya justificado su incomparecencia; lo cual conlleva que en realidad los actos que realmente pretende reclamar el quejoso son la orden de aprehensión emitida en su contra dentro de la causa penal 38/2019/PUEBLA y la ejecución de esa orden de captura. A la luz de esas consideraciones, debe estimarse que sigue pendiente el desahogo de la prevención formulada al quejoso, pues las manifestaciones del escrito aclaratorio no permiten identificar el acto u omisión concreta que pretende reclamar. Por tanto, se deja subsistente la prevención formulada al quejoso en el proveído inicial, en específico los puntos siguientes: . Indique si el acto en concreto que desea reclamar es la orden de aprehensión librada en su contra, por el Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla en el causa penal +++++++++++. 2. Y de ser así, si reclama la ejecución de dicha orden de aprehensión a la Agente del Ministerio Público, adscrita al a Unidad de Flagrancia de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Conviene precisar al quejoso que debe evitar la introducción de antecedentes novedosos, es decir, que presenten un escenario jurídico distinto al que ya informa la demanda origen de este juicio, porque ello podría implicar la comisión del delito especial previsto en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, que debería informarse al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que le instruya una carpeta de investigación, como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tesis jurisprudenciales recientes. Días restantes para desahogar la prevención. El quejoso presentó su escrito aclaratorio, el mismo día cuando se le notificó la prevención inicial (el siete de septiembre de dos mil veintidós mediante listas, previo citatorio). Luego, debe considerarse que tiene cinco días hábiles para subsanar las irregularidades de su demanda de amparo, establecidas en el auto de prevención, los cuales habrán de iniciar al día siguiente de cuando surta efectos la notificación del presente acuerdo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO" 1 . En consecuencia, se requiere al quejoso que desahogue la prevención formulada en el proveído inicial, conforme a los lineamientos señalados en párrafos anteriores. Por último, se le hace notar que en caso de no presentar escrito en el cual aclare los puntos indicados en apartados precedentes, se le hará efectivo el apercibimiento formulado en el proveído inicial: tener la demanda como no presentada. Notifíquese; y de forma personal al quejoso en su domicilio procesal.
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