José Luis Castro Hernández

Expediente 711/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
711/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
22/11/2017

Partes del expediente

  • José Luis Castro Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta, visto su contenido se provee: AUTORIDAD ACUSA RECIBO DE EXPEDIENTE. Se tiene al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, acusando recibo del oficio 46119/2017 por el cual se remitieron los autos del expediente 420/2012 de su índice; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Vistos los autos se advierte que en el presente juicio de amparo no obran los acuses de correos de los oficios 11585/2017, y 11586/2017 dirigidos a las autoridades responsables Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, a fin de notificarles el auto de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente, en consecuencia, se provee: Requiérase al Encargado de la Oficina de Servicios Directos, Poder Judicial de la Federación Siglo XXI, del Servicio Postal Mexicano, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo, según su artículo 2°, para que: Remita en el término de tres días legalmente computado, los acuses de recibo de los oficios 11585/2017, y 11586/2017, registrados con los números de pieza postal MA080352471MX Y MA080352485MX depositados en la oficina postal a su cargo el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, o en su caso, informe sobre el curso que le dio a la referida pieza postal. Apercíbase que en caso de no hacerlo, se hará acreedor a una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; segundo y tercero transitorios del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  3. Principal

    V i s t o el estado procesal de los presentes autos, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de amparo (fojas 146 a 161). SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. De la sentencia que concedió el amparo por cuestiones de forma, se advierte que la protección constitucional se otorgó para el efecto de que la Delegada de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla: "1. Deje insubsistente la resolución de once de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente administrativo 82/2016; de considerar nuevamente que debe imponerse la multa a la impetrante de amparo, en su lugar emita otra en la que subsane las irregularidades formales indicadas en esta sentencia; esto es, se pronuncie pormenorizadamente respecto a los motivos que tenga para fijarla, tomando en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que corresponden a la gravedad de la infracción determinada, y de esta manera determine el monto de la multa a imponer; asimismo, deje sin efecto el oficio SC.SAGC.DSFA.DJQD-916/2016, de trece de octubre de dos mil dieciséis. 2. En consecuencia, ordene al Director de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, que deje insubsistente la ejecución de la sanción pecuniaria reclamada (foja 161)". Por auto de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia protectora de garantías, por lo que se requirió el cumplimiento de la referida sentencia a las autoridades responsables (fojas 173 y 174). Mediante oficio SC.SAGC.DSFA.DJQD.261/2017, de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, recibido el veintiocho del mismo mes y año en curso, el Delegado de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, adjuntó copia certificada de la resolución dictada el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, en el expediente administrativo de responsabilidades 82/2016 de su índice, del que se advierte que dejó sin efectos la resolución de once de octubre de dos mil dieciséis, así como el oficio SC.SAGC.DSFA.DJQD-916/2016, y en su lugar emitió otra en la que decretó la imposición de una multa a la aquí peticionaria de amparo por el monto de $1,168.64 (un mil pesos ciento sesenta y ocho pesos 64/100 M.N.), equivalente a dieciséis veces el salario mínimo vigente en el Estado, lo anterior tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos que obraban en autos de dicho expediente (fojas 179 a 202). Por oficio SFA-PF-(16)-639/17, de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, recibido por este Juzgado Federal el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia certificada del oficio SFA-SI-CGENyASF-DR-1782/2017, de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, en el cual se advierte que el Director de Recaudación adscrito a la Coordinación General de Estudios Normativos y Análisis Sistemático Fiscal dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, dejó sin efectos todos los actos instrumentados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, tendientes a hacer efectivo el crédito fiscal 4187567, abierto a nombre de la aquí peticionaria de amparo *********, derivado de la resolución administrativa de once de octubre de dos mil dieciséis (foja 203 a 208). Por auto de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional dio vista a la quejosa con las constancias referidas (foja 213), la cual fue desahogada mediante el escrito presentado el cinco de abril del año en curso, en el cual realizó diversas manifestaciones en el sentido de que la autoridad responsable no ha dado cabal cumplimiento a la sentencia en virtud de que la misma carece de fundamentación y motivación al imponerle una nueva multa (fojas 215 a 226). En las relatadas condiciones, contrario a lo manifestado por la aquí peticionaria de amparo el Delegado de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, al haber dejado sin efectos la resolución de once de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente de responsabilidad administrativa 82/2016, y en su lugar haber emitido otra en la que subsanó los vicios formales contenidos en la presente ejecutoria, esto es, tomó en consideración los elementos objetivos y subjetivos que obraban en autos del citado expediente de responsabilidad administrativa y decretar una multa a la peticionaria de amparo por el monto de dieciséis veces el salario mínimo diario vigente en la capital del Estado, la cual al cuantificarse en moneda nacional asciende a la cantidad de $1,168.64 (un mil ciento sesenta y ocho pesos 64/100 m.n.). Asimismo, el Director de Recaudación adscrito a la Coordinación General de Estudios Normativos y Análisis Sistemático Fiscal dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, al haber dejado sin efectos los actos instrumentados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, tendientes a hacer efectivo el crédito fiscal 4187567, y ordenar su baja en el Sistema Integral de Control de Seguimiento Fiscal de dicha dependencia; son razones por las que se considera cumplida la ejecutoria de amparo. En efecto, en la resolución dictada en cumplimiento a la presente, la imposición de la citada medida de apremio atendió al incumplimiento por parte de Anallely Pérez Durán, de remitir la información solicitada a fin de substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en el cual la aquí quejosa fungió como coadyuvante con la autoridad investigadora, manifestando que toda vez que el artículo 79 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, no establece un límite tratándose de la sanción económica, valoró los elementos objetivos (gravedad de la infracción) y subjetivos (circunstancias personales del infractor). Elemento objetivo: a) No atender con diligencia los requerimientos que reciba de la Autoridad competente conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. b) Poseer un nivel jerárquico (Director) representado a una unidad administrativa de la Administración Pública Estatal y atendiendo a sus funciones y actividades que desarrolla con motivo de su cargo, tenía la potestad, medios y medidas para cumplir el requerimiento de información y documentación solicitada en dos ocasiones para la investigación e integración del expediente de responsabilidad administraba de donde emana el acto reclamado. c) Como consecuencia de lo anterior, entorpeció la investigación como el entorpecimiento de posibles actos de responsabilidad administrativa. Elemento subjetivo: a) Ser persona mayor de edad. b) estudios concluidos (contador técnico) c) Haber sido contratada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración como Directora de Fiscalización, lo que le permite conocer las funciones encomendadas con motivo que emplea. Bajo este contexto, resulta que la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria se ajustó a los lineamientos formales establecidos en la misma, de manera tal que las alegaciones que esgrime la quejosa respecto a la falta de fundamentación y motivación de la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo son incorrectas; en consecuencia, se llega a la conclusión de que en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este asunto como concluido. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado, en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Archívese este asunto como concluido. Glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la misma, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.-

  4. Principal

    Agréguense a los autos el oficio con anexo de cuenta. Téngase al Juez Mixto de Primera Instancia de Ciudad Serdán, Puebla, devolviendo diligenciado el despacho 245/2017/X/AMPARO, a través del cual se ordenó el emplazamiento a juicio del tercero interesado **********, se provee: Dése de baja en el libro respectivo la comunicación oficial de mérito. Acúsese el recibo de estilo correspondiente.

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