José Luis Castillo Castrejón
Expediente 1054/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1054/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/06/2019
Partes del expediente
- José Luis Castillo Castrejón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del cinco de junio de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, por la parte quejosa, a quien le perjudica, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea obstáculo que no le transcurra el citado termino a la parte tercera interesada Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda Para los Trabajadores, pues al haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia carece de legitimación para impugnarlo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. No existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubican en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil diecinueve. ? Sentencia causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinte de mayo de dos mil diecinueve, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. ? Efectos de la concesión Ahora, en menester tener en cuenta que se trata de un amparo contra leyes en materia fiscal y, por ende, es indispensable definir los efectos de la sentencia concesoria y las autoridades encargadas de su cumplimiento, en los siguientes términos: El primer efecto del amparo, fue el siguiente: ".Se desincorpore de la esfera jurídica de la sociedad quejosa mientras esté vigente, el artículo 12, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve." Al respecto, cabe puntualizar que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a la autoridades que participaron en el proceso legislativo a derogar o dejar sin efectos sus actos, sino que el efecto de la sentencia constriñe únicamente a la autoridad ejecutora o la encargada de la aplicación de la norma declarada inconstitucional, para que desaplique el primer acto concreto de aplicación de ellas -que motivó el presente juicio de amparo-, y los subsecuentes hasta el día de hoy en que causa ejecutoria la sentencia, y posteriormente para que no recaude ni cobre -en el futuro- el derecho de alumbrado público del municipio de que se trata, durante el resto de la vigencia de la ley de ingresos respectiva. Cobra aplicación la tesis CXXXVII/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Noviembre de 1996, página 135 que establece lo siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. *** Así, requiérase al Tesorero Municipal de Puebla, Estado de Puebla para que a partir de la fecha en que se le notifique el presente proveído y hasta la conclusión del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, deje de cobrar o recaudar el derecho de alumbrado atinente a los servicios de luz 221 890 147 433, 256 890 100 541 y 257 150 502 986, registrado a nombre de Molino Harinero San Blas, sociedad anónima de capital variable, porque de seguir realizándolo, podría incurrir en repetición del acto reclamado, figura contemplada en los artículos 199 y 200 de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis XXXII/89 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, Página: 20, cuyo rubro y texto son: "ACTOS DE APLICACION AL QUEJOSO DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES PARA EL. MEDIOS DE DEFENSA PARA COMBATIR LOS ULTERIORES. *** Ahora, para el eficaz cumplimiento de la sentencia de amparo, es necesario que el Tesorero del Municipio de que se trata, también gire un oficio a la Comisión Federal de Electricidad, para que no retenga el derecho por el servicio de alumbrado público respecto del quejoso por el resto del ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, pues su intervención en la ejecución de la sentencia es sumamente importante, a pesar de que no es autoridad responsable, con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Amparo, aplicable por identidad de razón, por lo que deberá informar tal aspecto dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído y, en caso de ser omiso, con base en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Aún sólo para efectos informativos comuníquese lo anterior a la Comisión Federal de Electricidad, como retenedor del derecho por el servicio de alumbrado público respectivo, en relación con los servicios de luz 221 890 147 433, 256 890 100 541 y 257 150 502 986, registrado a nombre de Molino Harinero San Blas, sociedad anónima de capital variable. Devolución de los pagos por concepto de derechos. Por otra parte, en el presente asunto, también se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ".se ordena al Tesorero Municipal de Puebla, Estado de Puebla, devolver a la parte quejosa las cantidades que, de ser el caso, hasta el momento en que esta sentencia cause ejecutoria, hubiera enterado por concepto de derecho de alumbrado público consignadas en los avisos recibo con números de servicio 221 890 147 433, 256 890 100 541 y 257 150 502 986, con motivo de la aplicación del precepto legal declarado inconstitucional, para lo cual deberá tener presente que dicha norma entró en vigor a partir del uno de enero del dos mil diecinueve ." Para dar cumplimiento fiel a lo anterior, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de tres días contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste las cantidades que ha pagado por el derecho de alumbrado público desde el uno de enero de dos mil diecinueve hasta la presente fecha en que causa ejecutoria la sentencia y a su vez, exhiba las documentales que acrediten dicho pago; para estar en posibilidad de requerir al Tesorero de mérito la devolución de las sumas correspondientes. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el referido plazo, se resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia con las constancias que obren en autos y, con base en ellas, se vinculará a la autoridad exactora a la devolución de que se trata, sin poder agregar otros pagos por dicho concepto tributario. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 44/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 2007, novena época, página 136, de rubro y texto: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. SI EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CONCESORIA DE AMPARO REQUIERE LA DETERMINACIÓN DE UNA CANTIDAD LÍQUIDA NO PRECISADA POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBE DEVOLVÉRSELE EL EXPEDIENTE A FIN DE QUE SE ALLEGUE DE TODOS LOS ELEMENTOS PROBATORIOS QUE PERMITAN SU CUANTIFICACIÓN Y, POR ENDE, DICHO CUMPLIMIENTO. *** Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 31 DE MAYO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): "San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Se declara cumplida la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de veinte de mayo de dos mil diecinueve, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia de catorce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 27 a 42.), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos plasmados en el párrafo 39 de la misma, que a la letra dice: ".39. A fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que en estricto acatamiento al artículo 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, las autoridades responsables tomen las medidas necesarias en el juicio laboral 1132/2017 para que en el plazo máximo de diez días hábiles, a partir de que sea requerida para que cumpla la presente sentencia concesoria, formule el proyecto de laudo y, una vez aprobado, sin adiciones ni modificaciones, lo eleve a la categoría de laudo, y ordene su notificación.". Mediante proveído de cuatro de abril de dos mil diecinueve, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo (fojas 48 y 49). Mediante oficio 1620/2019/AI, recibido en este juzgado el dieciséis de mayo del año en curso, la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, informó el cumplimiento dado a la sentencia de mérito y al efecto remitió copia certificada del laudo de catorce de mayo del año en curso, dictado en el juicio laboral 1132/2017 de su índice. En el mencionado laudo de catorce de mayo de dos mil diecinueve, se advierte que la autoridad responsable resolvió en lo que interesa, lo siguiente: ... Así, este órgano de control constitucional considera que la junta responsable referida en párrafos precedentes, con la constancia antes plasmada, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo el catorce de marzo de dos mil diecinueve, al haber dictado el laudo dentro del juicio laboral 1132/2017 de su índice y ordenado su notificación, con lo que se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese; y personalmente parte quejosa y por oficio a la parte tercera interesada".
- Principal
? Quejosa ratifica escrito de desistimiento. Agréguese a los autos la diligencia de ratificación del escrito presentado por ***, a través del cual se desiste del presente juicio constitucional. Al respecto, se estima conveniente formular las siguientes precisiones en torno a la figura jurídica del desistimiento. En materia de amparo, el desistimiento de la demanda se encuentra catalogado como una causa de sobreseimiento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio." Como puede observarse, el desistimiento en el juicio de amparo se encuentra catalogado como una causa de sobreseimiento, siempre y cuando el quejoso ratifique el escrito en el que lo solicite, por lo que el desistimiento de la demanda de amparo implica, entre otras consecuencias, dar por terminado el juicio y retrotraer la situación legal al estado en que se encontraban las cosas antes de iniciar el procedimiento constitucional; por lo tanto, para que el juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad tanto en la intención del promovente, como en la resolución que se debe dictar al respecto, para decretar el sobreseimiento a que se refiere el antes citado artículo 63, fracción I, de la ley de la materia, resulta indispensable que el escrito de desistimiento presentado por el quejoso sea ratificado por éste ante la presencia judicial o funcionario con fe pública, pues de otra manera, debe continuarse con el procedimiento del juicio. En efecto, el ordenar la ratificación del quejoso de su escrito de desistimiento no constituye una mera formalidad del juzgador de amparo, sino que tiene como finalidad, por una parte, el de cerciorarse de la identidad del que se desiste; y por otra, saber si dicho quejoso preserva su propósito inicial de dar por concluido el procedimiento que inició, todo ello con la finalidad de evitar al promovente los graves perjuicios que puede acarrear el sobreseimiento del juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal, se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decreté el sobreseimiento cuando 'se tenga por desistido al agraviado en términos de ley', para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande a ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que se desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." ? Sobreseimiento fuera de audiencia. . En consecuencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo y se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las once horas con veinte minutos del seis de junio de dos mil diecinueve. . ? Archivo. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Destino del cuaderno principal. De conformidad con el acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Transferencia al centro archivístico judicial. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. ? Vista al agente del Ministerio Público adscrito. . Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, quien remito copia certificada del juicio sucesorio intestamentario 1988/2016, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto del quince de mayo del año en curso, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y a la agente del Ministerio Público adscrita.
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