Jose Luis Castillo Barco
Expediente 782/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 782/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jose Luis Castillo Barco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de julio de dos mil veintidós. Recepción de documentos. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta. Determinación. Se tiene al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, por informando que se avoca al conocimiento de la demanda que originó el presente juicio. Acúsese recibo. Remisión de constancia. Gírese atento oficio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, a efecto de remitir diversa constancia de notificación a la parte quejosa, para los efectos legales conducentes. Archivo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se advierte que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este cuaderno de antecedentes, es susceptible de destrucción, al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído, sin que obre en el citado cuaderno documentos que por sus características deban ser devueltos. Además, dicha destrucción deberá llevarse a cabo dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los ???????????? efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Recepción de documento. Se tiene por recibido y se agrega al expediente, el escrito de la parte quejosa. Determinación (se considera que este juzgado es incompetente). Del estudio integral de la demanda se advierte que este Juzgado carece de competencia para conocer de la demanda promovida por José Luis Castillo Barco, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso artículo 38, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; [.] V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a).- En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. [.]" Por su parte, el artículo 38, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica el Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: a) En materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal, y de las dictadas en incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares cualesquiera que sean las penas impuestas; [.]" Asimismo, los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De los preceptos transcritos se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito son los competentes para conocer del juicio de amparo instaurado en la vía directa; cuando se promueva contra sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Así es, por sentencias definitivas se debe entender como aquellas que resuelven el juicio en lo principal; y, por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente señala como acto reclamado la resolución notificada el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, dictada por la autoridad ordenadora Juez de Control adscrito a la Sala Regional de Juicios Orales con sede en la Delegación "La Pila", San Luis Potosí. En dicha determinación la autoridad emitió sentencia definitiva en el procedimiento abreviado dentro de la causa penal 299/2017. Por lo anterior, se estima que el acto reclamado constituye una determinación judicial definitiva. En las relatadas condiciones, se actualiza la hipótesis contemplada en la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo y, por ende, se considera que su estudio es materia de un juicio de amparo directo, de la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, en términos de la fracción V del artículo 107 Constitucional y del artículo 34 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la sustentan la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 55, tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO." De igual manera, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 311, Tomo XII, septiembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO, NOTA DISTINTIVA DE LAS (ARTICULO 46, PARTE FINAL, DE LA LEY DE AMPARO). Además, por las razones que se afirman, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 6/2015, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página noventa y cinco, del Libro 17, abril de dos mil quince, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con número de registro 2008791, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." También resultan aplicables, en lo conducente, los siguientes criterios: "SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. EL HECHO DE QUE EL QUEJOSO MANIFIESTE SU VOLUNTAD DE RENUNCIAR A SU DERECHO A LA APELACIÓN Y AL PLAZO PARA INTERPONER ESTE RECURSO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 95 Y 460 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. El artículo 95 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que los plazos procesales podrán ser renunciados; sin embargo, esto no implica una renuncia al recurso que, en su caso, se quisiere promover, ya que podría interponerse el día de la notificación de la sentencia, es decir, antes del inicio del plazo legal establecido para la interposición referida, de conformidad con la interpretación sistemática de los artículos 82 y 471, primer párrafo, del ordenamiento señalado. Por otro lado, el artículo 460 del propio código, establece la pérdida del derecho a recurrir una resolución cuando ha sido consentida expresamente, pero ello tampoco puede considerarse como el derecho a renunciar a un medio ordinario de defensa, ya que el precepto sólo dispone cuál es la consecuencia lógicajurídica que acarrea el acto de consentir una determinada resolución. En ese sentido, se concluye que el Código Nacional no establece explícitamente la posibilidad de renunciar al derecho de recurrir la sentencia condenatoria dictada en el procedimiento abreviado y, por esa razón, aun cuando el quejoso haya manifestado su voluntad de renunciar a su derecho a apelar y al plazo para hacerlo, no puede considerarse que se configura la excepción al principio de definitividad, contenida en el artículo 170, fracción I, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, esto es, que la ley procesal penal permita la renuncia de los recursos ordinarios para hacer procedente inmediatamente el juicio de amparo directo." (Época: Décima Época. Registro: 2017471. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 56, Julio de 2018, Tomo II. Materia(s): Común, Penal, Penal. Tesis: I.1o.P.108 P (10a.). Página: 1617) "SENTENCIA EMITIDA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO EN SU CONTRA DEBE INTERPONERSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 409 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO. El procedimiento abreviado tramitado conforme a los artículos 388 a 393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, constituye una forma anticipada de concluir el juicio cuando concurren las siguientes exigencias: la conformidad del justiciable con su tramitación, el conocimiento que éste tenga sobre su derecho a pedir un juicio oral, pero renuncie expresamente a esa prerrogativa, y acepte ser juzgado con los antecedentes que hasta ese momento obren en la investigación; además, entienda los términos y consecuencias de ese procedimiento, y haya reconocido voluntariamente ante la autoridad judicial su intervención en el delito, con conocimiento de las consecuencias jurídicas de ello. Así, una vez que dichos requisitos son validados por el Juez de control, se cita a una audiencia en la que el Ministerio Público formula su acusación y las partes tienen oportunidad de alegar, luego de la cual se dicta sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Ahora bien, toda vez que el procedimiento abreviado culmina con una sentencia, entendida ésta conforme a la definición contenida en el artículo 65 de la propia legislación procesal, como aquella que resuelva en definitiva la instancia, en su contra procede el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 409 del mencionado ordenamiento adjetivo, cuyo conocimiento corresponde a las Salas Penales del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de acuerdo con el artículo 44, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, en el cual, la locución "primera instancia" no debe entenderse referida a la denominación de los diferentes tipos de juzgadores que coexisten durante el proceso de transición del sistema mixto o tradicional al sistema de justicia penal de corte acusatorio, sino a las etapas procesales por las que cursa el juicio. En esas condiciones, si previo a promover el juicio de amparo contra la sentencia recaída a un procedimiento abreviado no se interpone el recurso mencionado, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." (Época: Décima Época. Registro: 2008216. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Enero de 2015, Tomo III. Materia(s): Común, Penal. Tesis: II.1o.13 P (10a.). Página: 2063). En las relatadas condiciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado declara carecer de competencia por grado para conocer de la demanda, por lo que se ordena remitir el expediente (previa copia certificada que se deje en este órgano judicial), al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, a fin de que determine lo conducente. Se solicita al órgano colegiado correspondiente que, de no tener inconveniente alguno, acuse el recibo correspondiente y comunique su determinación. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de junio de dos mil veintidós. En cumplimiento a lo ordenado en el auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 782/2022-I, se forma el presente cuaderno con motivo de la incompetencia planteada por este juzgado, para conocer de la demanda de amparo y agréguense a estos autos las copias de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Recepción de documento. Se tiene por recibido y se agrega al expediente, el escrito de la parte quejosa. Determinación (se considera que este juzgado es incompetente). Del estudio integral de la demanda se advierte que este Juzgado carece de competencia para conocer de la demanda promovida por José Luis Castillo Barco, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso artículo 38, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; [.] V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a).- En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. [.]" Por su parte, el artículo 38, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica el Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: a) En materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal, y de las dictadas en incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares cualesquiera que sean las penas impuestas; [.]" Asimismo, los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De los preceptos transcritos se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito son los competentes para conocer del juicio de amparo instaurado en la vía directa; cuando se promueva contra sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Así es, por sentencias definitivas se debe entender como aquellas que resuelven el juicio en lo principal; y, por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente señala como acto reclamado la resolución notificada el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, dictada por la autoridad ordenadora Juez de Control adscrito a la Sala Regional de Juicios Orales con sede en la Delegación "La Pila", San Luis Potosí. En dicha determinación la autoridad emitió sentencia definitiva en el procedimiento abreviado dentro de la causa penal 299/2017. Por lo anterior, se estima que el acto reclamado constituye una determinación judicial definitiva. En las relatadas condiciones, se actualiza la hipótesis contemplada en la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo y, por ende, se considera que su estudio es materia de un juicio de amparo directo, de la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, en términos de la fracción V del artículo 107 Constitucional y del artículo 34 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la sustentan la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 55, tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO." De igual manera, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 311, Tomo XII, septiembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO, NOTA DISTINTIVA DE LAS (ARTICULO 46, PARTE FINAL, DE LA LEY DE AMPARO). Además, por las razones que se afirman, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 6/2015, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página noventa y cinco, del Libro 17, abril de dos mil quince, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con número de registro 2008791, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." También resultan aplicables, en lo conducente, los siguientes criterios: "SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. EL HECHO DE QUE EL QUEJOSO MANIFIESTE SU VOLUNTAD DE RENUNCIAR A SU DERECHO A LA APELACIÓN Y AL PLAZO PARA INTERPONER ESTE RECURSO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 95 Y 460 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. El artículo 95 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que los plazos procesales podrán ser renunciados; sin embargo, esto no implica una renuncia al recurso que, en su caso, se quisiere promover, ya que podría interponerse el día de la notificación de la sentencia, es decir, antes del inicio del plazo legal establecido para la interposición referida, de conformidad con la interpretación sistemática de los artículos 82 y 471, primer párrafo, del ordenamiento señalado. Por otro lado, el artículo 460 del propio código, establece la pérdida del derecho a recurrir una resolución cuando ha sido consentida expresamente, pero ello tampoco puede considerarse como el derecho a renunciar a un medio ordinario de defensa, ya que el precepto sólo dispone cuál es la consecuencia lógicajurídica que acarrea el acto de consentir una determinada resolución. En ese sentido, se concluye que el Código Nacional no establece explícitamente la posibilidad de renunciar al derecho de recurrir la sentencia condenatoria dictada en el procedimiento abreviado y, por esa razón, aun cuando el quejoso haya manifestado su voluntad de renunciar a su derecho a apelar y al plazo para hacerlo, no puede considerarse que se configura la excepción al principio de definitividad, contenida en el artículo 170, fracción I, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, esto es, que la ley procesal penal permita la renuncia de los recursos ordinarios para hacer procedente inmediatamente el juicio de amparo directo." (Época: Décima Época. Registro: 2017471. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 56, Julio de 2018, Tomo II. Materia(s): Común, Penal, Penal. Tesis: I.1o.P.108 P (10a.). Página: 1617) "SENTENCIA EMITIDA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO EN SU CONTRA DEBE INTERPONERSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 409 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO. El procedimiento abreviado tramitado conforme a los artículos 388 a 393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, constituye una forma anticipada de concluir el juicio cuando concurren las siguientes exigencias: la conformidad del justiciable con su tramitación, el conocimiento que éste tenga sobre su derecho a pedir un juicio oral, pero renuncie expresamente a esa prerrogativa, y acepte ser juzgado con los antecedentes que hasta ese momento obren en la investigación; además, entienda los términos y consecuencias de ese procedimiento, y haya reconocido voluntariamente ante la autoridad judicial su intervención en el delito, con conocimiento de las consecuencias jurídicas de ello. Así, una vez que dichos requisitos son validados por el Juez de control, se cita a una audiencia en la que el Ministerio Público formula su acusación y las partes tienen oportunidad de alegar, luego de la cual se dicta sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Ahora bien, toda vez que el procedimiento abreviado culmina con una sentencia, entendida ésta conforme a la definición contenida en el artículo 65 de la propia legislación procesal, como aquella que resuelva en definitiva la instancia, en su contra procede el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 409 del mencionado ordenamiento adjetivo, cuyo conocimiento corresponde a las Salas Penales del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de acuerdo con el artículo 44, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, en el cual, la locución "primera instancia" no debe entenderse referida a la denominación de los diferentes tipos de juzgadores que coexisten durante el proceso de transición del sistema mixto o tradicional al sistema de justicia penal de corte acusatorio, sino a las etapas procesales por las que cursa el juicio. En esas condiciones, si previo a promover el juicio de amparo contra la sentencia recaída a un procedimiento abreviado no se interpone el recurso mencionado, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." (Época: Décima Época. Registro: 2008216. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Enero de 2015, Tomo III. Materia(s): Común, Penal. Tesis: II.1o.13 P (10a.). Página: 2063). En las relatadas condiciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado declara carecer de competencia por grado para conocer de la demanda, por lo que se ordena remitir el expediente (previa copia certificada que se deje en este órgano judicial), al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, a fin de que determine lo conducente. Se solicita al órgano colegiado correspondiente que, de no tener inconveniente alguno, acuse el recibo correspondiente y comunique su determinación. Notifíquese personalmente.
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