JOSE LUIS CARRERA AMARO y Otros.
Expediente 949/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 949/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- JOSE LUIS CARRERA AMARO y Otros.
Actuaciones
- Principal
Se advierte que concluyó el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de dos de septiembre de este año, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse tenido desechada la demanda y carecer de relevancia documental. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes.
- Principal
Escrito de demanda firmado por ***, por su propio derecho. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como 949/2022. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente el criterio Jurisprudencial invocado explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que exista un evidente motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La negativa del agente del Ministerio Publico de la Federación, encargado de la Célula 1-1 de la Unidad de Investigación y Litigación "A" en el Estado de Puebla, *** a decretar el sobreseimiento, prescripción, violación al debido proceso y extinción de la carpeta de investigación ***. Cabe precisar que, para los efectos del juicio de amparo, autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por lo tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares; por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro; para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, y por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En esa tesitura, para determinar si una autoridad investigadora puede figurar como "responsable" en un juicio de amparo, se debe atender a los actos que realiza frente a los particulares, ya que como toda entidad moral, en ella se registran relaciones internas entre sus componentes y relaciones externas frente a sujetos que no pertenezcan a la institución. Los primeros actos no son de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues sus componentes no gozan de garantías individuales frente a la autoridad, ya que no tienen el carácter de gobernados. En las relaciones externas, la autoridad se comporta como un particular, realizando actos que carecen de fuerza coercitiva y no son considerados actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que éste resulta improcedente, en la inteligencia de que, cuando provocan, bajo cualquier aspecto, la decisión de algún órgano estatal que pueda afectar al gobernado, ésa deberá constituir el acto reclamado en un juicio de amparo. Ahora, el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que son sujetos de procedimiento penal, la víctima u ofendido, el Asesor jurídico, el imputado, el Defensor, el Ministerio Público, la Policía, el Órgano jurisdiccional, y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Asimismo, el citado numeral dispone que los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en el mencionado Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico. En el presente asunto, como se indicó, la parte quejosa reclama la negativa del agente del Ministerio Publico de la Federación, encargado de la Célula 1-1 de la Unidad de Investigación y Litigación "A" en el Estado de Puebla ***, a decretar el sobreseimiento, prescripción, violación al debido proceso y extinción de la carpeta de investigación ***. Ahora bien, de lo declarado por los impetrantes de garantías bajo protesta de decir verdad en el capítulo de antecedentes de su escrito de demanda, se advierte que el Juez de Control Federal citó a las partes para el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós a las quince horas con cuarenta y cinco minutos, a efecto de llevar a cabo la audiencia de etapa intermedia, en la causa penal 400/2022, de ahí que, resulta inconcuso que el acto reclamado derivó de un proceso penal, y en términos del numeral 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los procedimientos previstos en el citado ordenamiento, como el que se le instruye a la parte quejosa, el Ministerio Público responsable tiene la calidad de parte; por ende, resulta inobjetable que en términos del diverso numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, no puede tener la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Por tanto, la demanda de amparo que nos ocupa resulta improcedente, toda vez que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad sino un acto procedimental, pues a partir de la audiencia inicial la Fiscal adquirió el carácter de contraparte de la quejosa en el proceso penal del cual deriva el acto reclamado. En ese tenor, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, y tomando en consideración las razones antes expuestas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Por otra parte, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona la parte quejosa en el proemio de su demanda En lo relativo al correo electrónico y número telefónico que proporciona, téngaseles como medio de comunicación no procesal, a fin de que se establezca el contacto respectivo exclusivamente en los casos en que este juzgador lo estime necesario. Por otra parte, se tiene por autorizado en los amplios términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que tiene registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prorrogado mediante Acuerdo General 16/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tomando en consideración dicho fenómeno, se destaca que a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad en línea, lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.
- Principal
Escrito de demanda firmado por ***, por su propio derecho. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como 949/2022. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente el criterio Jurisprudencial invocado explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que exista un evidente motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La negativa del agente del Ministerio Publico de la Federación, encargado de la Célula 1-1 de la Unidad de Investigación y Litigación "A" en el Estado de Puebla, *** a decretar el sobreseimiento, prescripción, violación al debido proceso y extinción de la carpeta de investigación ***. Cabe precisar que, para los efectos del juicio de amparo, autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por lo tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares; por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro; para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, y por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En esa tesitura, para determinar si una autoridad investigadora puede figurar como "responsable" en un juicio de amparo, se debe atender a los actos que realiza frente a los particulares, ya que como toda entidad moral, en ella se registran relaciones internas entre sus componentes y relaciones externas frente a sujetos que no pertenezcan a la institución. Los primeros actos no son de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues sus componentes no gozan de garantías individuales frente a la autoridad, ya que no tienen el carácter de gobernados. En las relaciones externas, la autoridad se comporta como un particular, realizando actos que carecen de fuerza coercitiva y no son considerados actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que éste resulta improcedente, en la inteligencia de que, cuando provocan, bajo cualquier aspecto, la decisión de algún órgano estatal que pueda afectar al gobernado, ésa deberá constituir el acto reclamado en un juicio de amparo. Ahora, el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que son sujetos de procedimiento penal, la víctima u ofendido, el Asesor jurídico, el imputado, el Defensor, el Ministerio Público, la Policía, el Órgano jurisdiccional, y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Asimismo, el citado numeral dispone que los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en el mencionado Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico. En el presente asunto, como se indicó, la parte quejosa reclama la negativa del agente del Ministerio Publico de la Federación, encargado de la Célula 1-1 de la Unidad de Investigación y Litigación "A" en el Estado de Puebla ***, a decretar el sobreseimiento, prescripción, violación al debido proceso y extinción de la carpeta de investigación ***. Ahora bien, de lo declarado por los impetrantes de garantías bajo protesta de decir verdad en el capítulo de antecedentes de su escrito de demanda, se advierte que el Juez de Control Federal citó a las partes para el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós a las quince horas con cuarenta y cinco minutos, a efecto de llevar a cabo la audiencia de etapa intermedia, en la causa penal 400/2022, de ahí que, resulta inconcuso que el acto reclamado derivó de un proceso penal, y en términos del numeral 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los procedimientos previstos en el citado ordenamiento, como el que se le instruye a la parte quejosa, el Ministerio Público responsable tiene la calidad de parte; por ende, resulta inobjetable que en términos del diverso numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, no puede tener la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Por tanto, la demanda de amparo que nos ocupa resulta improcedente, toda vez que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad sino un acto procedimental, pues a partir de la audiencia inicial la Fiscal adquirió el carácter de contraparte de la quejosa en el proceso penal del cual deriva el acto reclamado. En ese tenor, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, y tomando en consideración las razones antes expuestas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Por otra parte, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona la parte quejosa en el proemio de su demanda En lo relativo al correo electrónico y número telefónico que proporciona, téngaseles como medio de comunicación no procesal, a fin de que se establezca el contacto respectivo exclusivamente en los casos en que este juzgador lo estime necesario. Por otra parte, se tiene por autorizado en los amplios términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que tiene registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prorrogado mediante Acuerdo General 16/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tomando en consideración dicho fenómeno, se destaca que a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad en línea, lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.
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