José Luis Cardenas Estrada

Expediente 75/2015 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
75/2015
Año
2015
Actuaciones
12
Última actuación
30/04/2015

Partes del expediente

  • José Luis Cardenas Estrada
  • Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México, Distrito Federal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    México, Distrito Federal, a treinta de abril de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada por este juzgado en el juicio de garantías en que se actúa, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Consecuentemente, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, consecuentemente transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Por otra parte, ya que del estado de autos, se advierte que el Juez Vigésimo Sexto Penal del Distrito Federal remitió copia certificada de diversas constancias, por lo que fue aperturado el anexo I; y, ya que en esta fecha se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, es innecesario que dichas documentales continúen a disposición de éste juzgado federal; por tanto, devuélvase el referido anexo a dicha autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, agréguese a este expediente el escrito de cuenta; atento a su contenido, dígase a la parte quejosa que se esté a lo acordado en párrafos anteriores. Notifíquese.

  2. Principal

    (Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos la determinación del veintiseis de marzo del dos mil quince, a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Luis Cárdenas Estrada y Alfonso Cárdenas Estrada, contra los actos y autoridades señalados en el considerando tercero de esta resolución, conforme a las razones expuestas en el considerando quinto de la misma. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 75/2015-III, promovido por José Luis Cárdenas Estrada y Alfonso Cárdenas Estrada, por propio derecho. ANTECEDENTES Del acto reclamado. El 9 de enero de 2015, dentro de la causa penal 3/2015 del índice del Juzgado Vigésimo Sexto Penal del Distrito Federal, se decretó formal prisión a los quejosos de referencia, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado en pandilla, pues el juez consideró que junto con otros dos activos, el 4 de enero de 2015, aproximadamente a las 18:00 horas, en un puesto semifijo ubicado en calle Torno, esquina con avenida Jalisco, colindante con calle Dublan, colonia Tacubaya en esta ciudad, desapoderaron sin su consentimiento a Cirna Victoria Rosas, de la cantidad de $500.00 en efectivo, y ejercieron violencia para defender lo robado. Auto que constituye la materia de reclamo. 2. Del juicio de amparo. Presentación de la demanda: 29 de enero de 2015 (foja 2). Admisión sin apertura de incidente de suspensión: 3 de febrero de 2015 (foja 17). Emplazamiento al Agente del Ministerio Público adscrito: 4 de febrero de 2015 (foja 19), sin pedimento ministerial. Emplazamiento al ministerio público adscrito a la autoridad judicial de origen: 4 de febrero de 2015 (foja 25). Emplazamiento a la tercera interesada Cirna Victoria Rosas: 18 de febrero de 2015 (foja 31). Audiencia constitucional: 18 de marzo de 2015 (foja 48). CONSIDERACIONES 1. Competencia. Este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto reclamado se atribuyó a autoridades con residencia en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce competencia. 2. Fijación de litis. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es el siguiente: Resolución de 9 de enero de 2015, dictada en la causa penal 3/2015, del índice del Juzgado Vigésimo Sexto Penal en el Distrito Federal, que decretó formal prisión a los quejosos José Luis Cárdenas Estrada y Alfonso Cárdenas Estrada, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado en pandilla. Ejecución del auto de formal prisión. 3. Certeza de los actos reclamados. Orden Autoridad responsable Acto reclamado Sentido del informe Foja 1 Juez Vigésimo Sexto Penal del Distrito Federal. Resolución de 9 de enero de 2015, dictada en la causa penal 3/2015, del índice del Juzgado Vigésimo Sexto Penal en el Distrito Federal, que decretó formal prisión a los quejosos José Luis Cárdenas Estrada y Alfonso Cárdenas Estrada, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado en pandilla. Acepta 26 2 Director del Centro Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México. Ejecución. Acepta 22 Las autoridades responsables aceptaron los actos que se les atribuyen, situación que se corrobora con las constancias que obran en el presente sumario constitucional, concretamente las relativas a la causa penal 3/2015, que por tratarse de documentales públicas tienen pleno valor probatorio. 4. Procedencia. Las partes no invocaron causales de improcedencia y este juzgador no advierte alguna de oficio. 5. Análisis de fondo. Previo estudio de fondo del presente asunto, es pertinente traer a colación una breve reseña de los hechos que se imputan a los quejosos de referencia, que se desprenden de la causa penal 3/2015 del índice del Juzgado Vigésimo Sexto Penal del Distrito Federal. a. El 4 de enero de 2015, aproximadamente a las 18:00 horas, Cirna Victoria Rosas se encontraba vendiendo peluches y chocolates en un puesto semifijo ubicado en calle Torno, esquina con avenida Jalisco, en la colonia Tacubaya, cuando se percató que una persona estaba orinando en la calle junto a ella, por lo que le indicó que dejara de hacerlo. Acto seguido, el sujeto se le dirigió y la insultó con el propósito de que no lo molestara. Al mismo tiempo, un diverso sujeto aprovechó la distracción y sacó $500.00 pesos de un cajón en el que la denunciante guardaba el dinero de su venta. En ese momento, se acercó al lugar Pablo Victoria Rosas, hermano de la ofendida, a quien le indicó que los activos le habían quitado dinero; por lo que aquél le pidió a cuatro sujetos que se encontraban en el lugar, que regresaran el numerario, sin embargo, aquéllos comenzaron a golpearlo y patearlo en el piso. Instante en el que la ofendida logró quitarle a uno de ellos el billete desapoderado. En virtud de lo anterior, varias personas que se encontraban cerca del lugar, ayudaron al hermano de la denunciante y comenzaron a golpear a los cuatro sujetos. Instantes después arribaron al lugar elementos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, quienes aseguraron a dos de los activos y los trasladaron a las oficinas del Ministerio Público, en donde se formó la averiguación previa FMH/MH-4/T1/10/15-01. b. Mediante resolución de 6 de enero de 2015, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Tres, con detenido, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Miguel Hidalgo, ejercitó acción penal dentro de la averiguación previa arriba señalada; consignación de la cual correspondió conocer al Juez Vigésimo Sexto Penal del Distrito Federal, en la causa 3/2015. c. El 9 de enero de 2015, el juez decretó formal prisión a los quejosos de referencia, al encontrar elementos que acreditaban su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado en pandilla, ocurrido el 4 de enero de ese mismo año. Ahora, los conceptos de violación esgrimidos por los quejosos de referencia, en los que se duelen esencialmente de transgresión a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, devienen infundados, en atención a las consideraciones de derecho que enseguida se expondrán. En primer lugar, los amparistas se duelen de infracciones cometidas en su contra en la etapa de averiguación previa, en específico, de su ilegal detención. Al respecto, conviene precisar que en atención a los criterios sostenidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 45/2013 y 7/2014, respecto a las violaciones generadas en la etapa de averiguación previa, es procedente analizar los conceptos de violación planteados por los aquí quejosos cuya causa de pedir sostiene que su captura no fue ajustada a derecho, sin embargo, los mismos resultan infundados en virtud de que su detención se hizo con apego a la Constitución Federal. Se explica. Del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del diverso artículo 267 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se advierte que los únicos supuestos en que algún gobernado puede ser detenido, son los siguientes: 1. Cuando medie orden de aprehensión librada por autoridad judicial competente. 2. En el momento en que el indiciado esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. 3. En el supuesto de caso urgente, cuando se trate de delito grave así agravado por la ley y ante el riesgo fundado de que pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. Ahora, de la averiguación previa de origen se advierte que los quejosos fueron detenidos en flagrancia, en términos del artículo 267 del código adjetivo de la materia, esto es, fueron detenidos por los agentes de la policía auxiliar capitalina, inmediatamente después de que habían desapoderado a la denunciante del numerario, pues incluso fueron asegurados en el mismo lugar en que se cometió el ilícito. Lo que se corrobora con las declaraciones ministeriales de Cirna Victoria Rosas, Pablo Victoria Rosas y los elementos aprehensores José Antonio Flores Ibarra y Gilberto Santos Cruz, quienes coincidieron en señalar que instantes después de la conducta de desapoderamiento, los quejosos fueron asegurados por los elementos policiacos, en virtud de la noticia de los hechos y la solicitud de apoyo que les hizo la víctima del delito. Esto es, las circunstancias que rodearon la detención material de los quejosos, satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 267 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, pues a partir de ellas se permite afirmar que fueron asegurados por los miembros de la policía auxiliar, en virtud de la petición de apoyo que les hizo Cirna Victoria Rosas, quien aseguró que instantes antes y en el mismo lugar de la captura, aquéllos la desapoderaron de $500.00 en efectivo. Además, aun cuando no se haya capturado a los activos en posesión del billete robado, ello no es obstáculo para declarar constitucional la detención de los quejosos, pues fueron asegurados inmediatamente después de cometido el ilícito y con motivo del apoyo que los policías prestaron a la víctima, quien les denunció verbalmente los hechos ocurridos. Por lo que resulta irrelevante la posesión del numerario para calificar la constitucionalidad de la detención en el caso concreto, pues la misma no aconteció al momento de perpetrar el delito, sino inmediatamente después de haberlo cometido. Por tanto, al no advertirse violación a los derechos fundamentales de los quejosos, el motivo de disenso aludido es infundado. En otro orden de ideas, antes de entrar al análisis de la constitucionalidad del auto de formal prisión reclamado, conviene resaltar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 74/2009, estableció que de acuerdo con diversos criterios del Alto Tribunal, la valoración de los elementos de convicción, es una facultad exclusiva del juez de la causa, que no pueden ejercitar los jueces de amparo, salvo que se comprueben alteraciones que afecten la actividad intelectual que aquél debe llevar a cabo para otorgar valor determinado a las pruebas. Por tanto, atendiendo al criterio invocado, se analizará el juicio de valoración de la prueba desarrollado por la autoridad responsable, en tanto que, como lo estableció el máximo tribunal del país, en casos como el que nos ocupa el juicio de derechos fundamentales se circunscribe a analizar la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado, no del medio de prueba en sí. Sin que ello implique sustituirse al juzgador natural en la apreciación de los elementos de convicción, ya que únicamente se estudia la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad responsable para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. Expuesto lo anterior, de manera anticipada debe decirse que aun suplidos en su deficiencia, los conceptos de violación expuestos por los amparistas devienen infundados, en virtud de que la resolución reclamada no es violatoria de derechos fundamentales. Veamos. En atención a que en la especie se reclama un auto de formal prisión, conviene traer a colación el contenido del artículo 19 constitucional, así como los diversos 297 y 122 ambos del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que establecen los requisitos que deben colmarse para emitir la resolución que decreta el formal procesamiento de un indiciado. De acuerdo con los numerales anteriores, para el correcto dictado del auto de formal prisión, la autoridad judicial debe exponer los fundamentos legales aplicables al caso, así como los motivos por los cuales considera que existen datos bastantes que acreditan el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado en su comisión. Respecto del estudio de los elementos del cuerpo del delito de robo agravado en pandilla, no se advierte en forma alguna que la autoridad responsable haya transgredido en perjuicio de los quejosos el derecho fundamental consagrado en el artículo 14 constitucional, que se refiere a las formalidades esenciales del procedimiento, en virtud de que éstas fueron cabal y debidamente preservadas y observadas, como se aprecia de las constancias que integran la causa penal 3/2015. Lo anterior es así, ya que el juez del conocimiento, al momento de resolver el acto reclamado, analizó los hechos por los cuales había ejercido acción penal el agente del Ministerio Público por el delito de robo agravado en pandilla, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, habida cuenta que el proceso penal del cual deriva el auto de plazo constitucional, tuvo como inicio una averiguación previa consignada ante una autoridad judicial; que los quejosos fueron escuchados en preparatoria, y a la postre se resolvió su situación. De igual forma, la determinación reclamada cumple con las exigencias de fundamentación y motivación que debe contener todo acto de autoridad, en razón de que como más adelante se establecerá, en la misma se justifica la aplicación de las normas jurídicas que la sustentan y se precisa cuáles son los elementos que constituyen el delito imputado a los quejosos, las pruebas que se tomaron en consideración para comprobar el cuerpo del delito y su probable responsabilidad. Por otra parte, el acto reclamado tampoco viola en perjuicio de los solicitantes de derechos, el artículo 16 constitucional, debido a que de la lectura del auto de formal prisión que se impugna, se advierte que preserva el derecho de legalidad que se traduce en la debida fundamentación y motivación del acto de autoridad. Ello es así porque el juez responsable tiene facultades jurisdiccionales para conocer y resolver sobre la situación jurídica del quejoso, conforme a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Además tomó en consideración el artículo 19 constitucional; precisó que el artículo que define el delito de robo agravado en pandilla, por el que se dictó el acto reclamado, es el numeral 220, párrafo primero, fracción II, en relación con el 225, fracción I y 252, todos del Código Penal para el Distrito Federal; e indicó de manera pormenorizada de acuerdo con las pruebas que hasta el momento obran en la causa penal 3/2015, por qué consideró acreditados los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los quejosos. De la misma manera, el acto reclamado satisface los requisitos de fundamentación y motivación, ya que el juez responsable señaló en el auto de formal prisión las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se tomaron en consideración para su expedición, existiendo adecuación entre los motivos aducidos y las normas de derecho aplicables. Además, debe decirse que del estudio del acto reclamado se concluye que cumple con los requisitos que establece el artículo 19 de nuestra Carta Magna que se invoca, ya que el juez responsable dictó el auto de formal prisión dentro del plazo constitucional (72 horas); estimó que existían suficientes elementos de prueba, los cuales especificó y analizó para acreditar fehacientemente los elementos del cuerpo del delito de robo agravado en pandilla y la probable responsabilidad de los quejosos. Ello es así, porque las probanzas que obran en autos, analizadas en su conjunto y valoradas en los términos referidos por la autoridad responsable, conducen válida y jurídicamente a sostener que son idóneas y aptas para justificar dichos extremos. Sentado lo anterior, debe decirse que a los quejosos se les atribuye el delito de robo agravado en pandilla, previsto y sancionado en el artículo 220, párrafo primero, fracción II, en relación con el 225, fracción I y 252 , todos del Código Penal para el Distrito Federal. Dichos numerales prevén lo siguiente: "Artículo 220. Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrán: (.) II. Prisión de seis meses a dos años y sesenta a ciento cincuenta días multa, cuando el valor de lo robado no exceda de trescientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente o cuando no sea posible determinar el valor de lo robado. (.)". "Artículo 225. Las penas previstas en los artículos anteriores, se incrementarán con prisión de dos a seis años, cuando el robo se cometa: I. (...) cuando se ejerza violencia para (.) defender lo robado. (.). "Artículo 252. Cuando se cometa algún delito por pandilla, se impondrá una mitad más de las penas que correspondan por el o los delitos cometidos, a los que intervengan en su comisión. De lo transcrito, se desprende que los elementos que integran la descripción típica son los siguientes: a) Que alguien se apodere de cosa mueble ajena. b) Que ese apoderamiento sea con ánimo de dominio. c) Que ese apoderamiento sea sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo. Agravantes. d) Que se ejerza violencia para defender lo robado. g) Que sea cometido en pandilla. En ese sentido, la autoridad responsable tuvo por acreditado el hecho delictivo consistente en lo siguiente: Que el 4 de enero de 2015, aproximadamente a las 18:00 horas, en un puesto semifijo ubicado en calle Torno, esquina con avenida Jalisco, colindante con calle Dublan, colonia Tacubaya en esta ciudad, los quejosos junto con otros dos sujetos, desapoderaron sin su consentimiento a Cirna Victoria Rosas de la cantidad de $500.00, que ésta guardaba en un cajón al interior de su tienda, y posteriormente ejercieron violencia para defender el numerario robado, ya que golpearon al hermano de la ofendida, quien les indicó que devolvieran el dinero. Para llegar a tal determinación, el juez penal consideró los siguientes medios de prueba: 1. Declaración ministerial de la denunciante Cirna Victoria Rosas, de 4 de enero de 2015 (foja 16 del anexo I), y su ampliación de 6 de enero siguiente (foja 99), quien en lo conducente manifestó: Que en la hora y fecha señalados, al encontrarse vendiendo artículos de temporada, como peluches, chocolates y dulces, en un puesto comercial semifijo ubicado en calle Torno, esquina con avenida Jalisco, colindante con calle Dublan, colonia Tacubaya en esta ciudad, se percató que un sujeto que estaba con tres personas más, orinaba junto a su puesto, por lo que la deponente le indicó que no orinara allí, sin embargo, éste le respondió que lo dejara de "estar chingando". En el instante de la discusión, vio como un diverso sujeto sustrajo un billete de $500.00 de un cajón en el que guardaba su dinero. En ese momento llegó al lugar su hermano Pablo Victoria Rosas, a quien le indicó que momentos antes la habían robado, por lo que su colateral se dirigió a los cuatro sujetos, diciéndoles que devolvieran el dinero, sin embargo, entre los cuatro lo golpearon. Al intentar defender a su familiar, la denunciante logró arrebatar el billete de la mano derecha de uno de los individuos, además de que se percató que dicha persona sacó de su ropa un cuchillo de cocina, con el cual los amagó. También precisó que en el lugar se encontraban varias personas, quienes auxiliaron a su hermano y comenzaron a golpear a los cuatro sujetos, pero dos de ellos lograron darse a la fuga; instante en el que arribaron dos policías preventivos, a los cuales le pidió ayuda para trasladar a los dos sujetos restantes a las oficinas del Ministerio Público. 2. Declaración ministerial de Pablo Victoria Rosas, de 6 de enero de 2015 (foja 102), de la que se desprende lo siguiente: El 4 de enero de 2015, aproximadamente a las 18:00 horas, cuando llegaba al puesto de su hermana procedente de su domicilio, su colateral le señala a cuatro sujetos del sexo masculino, quienes momentos antes le habían robado, por lo que se dirigió a uno de ellos para solicitarle que le devolviera la cantidad de $500.00, pero éste le contestó "¿yo por qué te voy a dar el dinero?"; acto seguido, entre los cuatro comenzaron a golpearlo, uno de ellos sacó un cuchillo y le ocasionó lesiones en la boca, circunstancia que provocó que el deponente perdiera el conocimiento. Instantes después llegó una patrulla con dos elementos de la policía a bordo, quienes solicitaron el auxilio de una ambulancia y aseguraron a dos de los sujetos activos. 3. Declaraciones ministeriales de los policías aprehensores José Antonio Flores Ibarra y Gilberto Santos Cruz, de 4 de enero de 2015 (fojas 21,23 y 24), quienes fueron coincidentes en manifestar lo siguiente: Que el 4 de enero de 2015, al realizar sus labores de vigilancia, vía radio les indican que debían trasladarse a la avenida Jalisco, esquina con Dublan, ya que estaban golpeando a una persona; al llegar a la zona de los puestos semifijos y el paradero de camiones, observaron a Pablo Victoria Rosas tirado en el piso, golpeado y casi inconsciente, en ese momento Cirna Victoria Rosas, les indicó que cuatro sujetos le habían robado $500.00, pero que dos se habían dado a la fuga, y señaló a los otros dos que se encontraban riñendo con personas desconocidas; motivo por el cual los aseguraron y los presentaron a las oficinas del Ministerio Público. Declaraciones que fueron valoradas por la responsable, en términos de los numerales 245 y 255 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, ajustada a los principios que rigen el debido proceso legal, sin que se advierta que al hacerlo y establecer su eficacia demostrativa, se haya vulnerado algún derecho en perjuicio de los quejosos, ya que además dichos testimonios fueron emitidos por personas hábiles, que por su edad, capacidad de conocimiento, instrucción y experiencia, tuvieron el criterio necesario para juzgar el acto sobre el cual depusieron, cumpliendo con los requisitos de ser claros y precisos, sin dudas ni reticencias sobre la esencia del hecho destacado, además sus declaraciones fueron vertidas de forma voluntaria, toda vez que no fueron obligadas a realizarla por fuerza o miedo, ni impulsadas por engaño, error o soborno, y sin que exista dato alguno en autos que haga dudar de la imparcialidad con la que se condujeron al declarar, y en tal sentido, satisfacen los requisitos que para su valoración exige la ley, máxime que directamente percibieron los hechos que relataron, y no se encuentran contradichas entre ellas; de los que se colige que se percataron de los hechos. Además, como acertadamente lo valoró la responsable, si bien Pablo Victoria Rosas, no se percató del momento del desapoderamiento del billete, lo cierto es que su testimonio es útil para corroborar la mecánica de los hechos, y sirve de sustento a las declaraciones vertidas por su hermana. 000En relación con las declaraciones de los policías aprehensores, si bien tampoco se percataron del momento en que ocurrió el evento delictivo, sí son eficaces para corroborar las circunstancias posteriores de los hechos, ya que lograron asegurar a los quejosos, momentos después de dicho evento. Por tanto, las declaraciones anteriores son útiles para acreditar la mecánica desarrollada por los quejosos para apoderarse del numerario referido, sin consentimiento de quien legalmente podía otorgarlo y con ánimo de dominio. 4. Fe ministerial del billete de $500.00 objeto del desapoderamiento (foja 58). 5. Fe ministerial de un cuchillo de cocina (foja 58). 6. Diligencia de inspección ministerial practicada el 6 de enero de 2015, en el lugar de los hechos, en la que se dio fe de tener a la vista un puesto semifijo tubular, con lona de color azul, en cuyo interior se encontraban distintos objetos como peluches, dulces, chocolates, envolturas para regalo, así como una caja café con numerario dentro (foja 106). Diligencias que al haber sido realizadas en acatamiento al principio de legalidad se les concedió valor probatorio con fundamento en el artículo 286 del Código de Procedimientos Penales, habida cuenta que fueron realizadas por el personal actuante del Ministerio Público, cumpliendo con las reglas relativas del mismo cuerpo legal, esto es, los requisitos establecidos en el capítulo VI, del título segundo del ordenamiento legal precitado. 7. Certificado de estado psicofísico, de 6 de enero de 2015, suscrito por médicos legistas de la agencia del Ministerio Público, a favor de Pablo Victoria Rosas, del que se desprende que aquél fue canalizado al área de cirugía plástica maxilofacial, ortopedia y oftalmología (foja 96). Probanza que fue valorada en términos del artículo 254 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, pues la responsable acertadamente consideró que fue emitida por expertos en la materia, con la aplicación de sus conocimientos en el ramo médico, por lo que cumplía con los requisitos previstos en el artículo 175 del referido código adjetivo. Ahora bien, con dichos elementos de prueba se demostraron los elementos del cuerpo del delito de robo, aunado a que el elemento material consistente en menoscabo patrimonial de Cirna Victoria Rosas (propietaria del numerario materia de despojo) producido por los quejosos al apoderarse de éste, también se encuentra acreditado. Además, la responsable legalmente señaló que el objeto material, lo constituía la cantidad de $500.00 propiedad de Cirna Victoria Rosas. Respecto del elemento consistente en que el apoderamiento recaiga sobre una cosa mueble ajena, la autoridad responsable determinó que los quejosos junto con otros se apoderaron de una cosa mueble, ya que es susceptible de trasladarse de un lugar a otro sin alterar su esencia, y ajena, pues de autos se desprende que el numerario afecto era propiedad de Cirna Victoria Rosas. Lo cual no es violatorio de derechos porque la declaración de la denunciante y del testigo Pablo Victoria Rosas, se desprende que la cosa mueble fedatada en autos, era propiedad de aquélla. En ese sentido, de las constancias que obran en el sumario, no se advierte que la ofendida haya otorgado su consentimiento a los quejosos para apoderarse de su dinero; por el contrario, obra la denuncia que presentó con motivo de ese robo, por lo que dicho apoderamiento se llevó a cabo sin el consentimiento de quien legalmente podía otorgarlo, como adecuadamente lo ponderó la responsable. Por lo que respecta al elemento consistente en que el apoderamiento haya sido con ánimo de dominio, el juez penal determinó que los quejosos realizaron el apoderamiento con el ánimo de dominio porque su actuar fue a efecto de incorporarlo a su esfera de disposición como si fuese suyo. Por tanto, existieron elementos suficientes para comprobar el cuerpo del delito, habida cuenta que, como quedó estudiado en párrafos anteriores, existen las declaraciones de la persona que directamente percibió y resintió los hechos, toda vez que sufrió un menoscabo a su patrimonio, la que se encuentra corroborada y adminiculada con las pruebas a que se ha hecho alusión, y que por su enlace lógico, jurídico y natural, le permitieron sostener a la autoridad, que tales hechos realmente tuvieron verificativo en las circunstancias que ésta narró. En este contexto, contrario a lo señalado por los impetrantes de amparo, no existe violación constitucional alguna en la determinación reclamada, al considerar acreditados los elementos que integran el cuerpo del delito en estudio, habida cuenta que esta decisión es el resultado de una justa y legal valoración de las probanzas reseñadas, y producto del uso racional de su prudente arbitrio, por lo que debe estimarse que efectivamente tienen la eficacia para demostrar que existió la conducta atribuida, pues los impetrantes conocían los elementos objetivos del tipo penal y aun así quisieron su resultado. De igual manera, resulta fundada y motivada la resolución reclamada en cuanto a la determinación del juez responsable en el sentido de que el actuar del activo se tipifica con el delito previsto en el artículo 220 del Código Penal del Distrito Federal. Respecto a la agravante consistente en que se ejerza violencia física para defender lo robado, la responsable estimó que la misma se colmó al momento en que los sujetos activos golpearon a Pablo Victoria Rosas, quien instantes antes les indicó que devolvieran el numerario robado. Finalmente la agravante relativa a que el delito se cometa en pandilla, se encuentra demostrada en virtud de que el día del evento delictivo cuatro sujetos entre éstos los aquí quejosos se encontraban reunidos de manera ocasional a fin de ejecutar el latrocinio, esto es así pues de constancias no se advierte que dicha reunión fuera con fines distintos, lo anterior pues tanto la ofendida, como el testigo de los hechos Pablo Victoria Rosas, fueron contestes en referir la intervención que tuvo cada uno de éstos en el robo que ejecutaron, a saber, uno comenzó a orinar a lado de la ofendida con el fin de distraerla, otro se apoderó del numerario aprovechando la distracción, en tanto que entre los cuatro golpearon al referido testigo para defender el dinero robado, como adecuadamente lo puntualizó la responsable. Agravantes que están debidamente motivadas, pues así se corrobora con la declaración ministerial de la tercera interesada, así como con las declaraciones del testigo de los hechos y los policías aprehensores. Bajo estas condiciones, fue adecuado que el Juez Vigésimo Sexto Penal del Distrito Federal, tuviera por comprobado el cuerpo de delito de robo agravado en pandilla. Asimismo, se tiene por comprobado el nexo causal existente entre la conducta desplegada por los sujetos activos y el resultado obtenido, pues con su conducta dolosa se produjeron consecuencias que recayeron sobre el patrimonio de la víctima. Además, se tiene que los sujetos activos del injusto penal en estudio son los quejosos José Luis Cárdenas Estrada y Alfonso Cárdenas Estrada, quienes con su conducta desplegada desapoderaron sin consentimiento y con ánimo de dominio del numerario, a quien en su calidad de sujeto pasivo, resintió la afectación en el bien jurídico tutelado por la norma, que es el patrimonio. También es debida la determinación de la responsable al tener por acreditada la forma de intervención de los activos, en términos de la fracción II del artículo 22 del Código Penal para el Distrito Federal, al haber sostenido que llevaron a cabo su conducta en calidad de coautores, lo que no violenta sus derechos, toda vez que como lo señaló la autoridad responsable, los hoy quejosos ejecutaron la conducta que se les reprocha consistente en el apoderamiento de cosa mueble ajena sin el consentimiento de quien tenga el derecho de poseerlo. Con ello, se estableció con precisión en qué consistió el actuar del aquí quejoso en la comisión del citado ilícito. Esto es, se señaló en qué radicó el codominio funcional del hecho que tuvieron los activos para poder considerarlo así, a saber, que el primer sujeto distrae la atención de la ofendida, pues comienza a orinar cerca de ella, en tanto el segundo se apodera del numerario, y una vez consumado el ilícito, entre los cuatro sujetos activos golpean a la persona que quiso que le regresaran el dinero a su hermana. De lo anterior constató que cada uno de los quejosos ejecutaron conductas con el fin de apoderarse del numerario afecto. Igualmente, en autos se justificó que los infractores de la norma obraron con dolo, en términos del artículo 18, párrafos primero y segundo (hipótesis de acción dolosa), del Código Penal para el Distrito Federal, pues de los elementos de prueba existentes en el sumario, y de su valoración se arriba a la conclusión de que conocían perfectamente el elemento normativo que constituye la materialidad del hecho ilícito que se les imputa, y aun así quisieron y aceptaron su resultado. Por tanto se considera, como lo apreció el juez responsable, que tuvieron la capacidad psíquica de motivarse de acuerdo a la norma y conocimiento de la antijuridicidad del ilícito, porque sabían de la prohibición del hecho típico realizado, lo que demuestra que existió un conocimiento potencial de la conducta, y aun así decidieron realizar el hecho, situación que se traduce en una actitud negativa frente al derecho y especialmente merecedora de desaprobación. Asimismo, el juez natural actuó ajustado a derecho al considerar que en el caso no operó causa de exclusión del delito en favor de los aquí quejosos, ya que al momento de cometer el ilícito que se les imputa, eran mayores de edad (29 y 31 años de edad) y de las pruebas examinadas no se aprecia que carecieran de capacidad para comprender el carácter ilícito de los hechos típicos que cometieron, por padecer alguna enfermedad o trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, por lo que les era exigible una conducta distinta de la que desplegó, de ahí que les resultara reprochable el delito que se atribuye. Atento a lo anterior tuvo por demostrada la probable responsabilidad penal de José Luis Cárdenas Estrada y Alfonso Cárdenas Estrada, en la comisión del antijurídico que se les reprocha, con los mismos elementos de prueba con los que acreditó el cuerpo del delito de ese injusto penal (declaración ministerial de Cirna Victoria Rosas; declaración ministerial de Pablo Victoria Rosas; declaración ministerial de los policías aprehensores; fe ministerial del billete robado; fe ministerial del cuchillo utilizado; inspección ministerial del lugar de los hechos; y certificado médico de estado psicofísico), lo que de forma alguna transgrede los derechos fundamentales de los peticionarios de amparo, puesto que un medio de convicción puede servir para acreditar ambos extremos, ya que por un lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y por el otro atribuir la comisión del suceso a un sujeto específico. Además de que fueron valoradas de forma correcta, en términos de los artículos 245, 254, 255 y 286 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, pues como acertadamente lo refirió la responsable, de dichos medios de convicción se desprende el reconocimiento que la ofendida y el testigo hicieron de los quejosos en el lugar de los hechos, así como que los justiciables fueron las personas a los que detuvieron los policías aprehensores, uno de los cuales tiró al piso el cuchillo fedatado. De ahí que haya tenido como probable la responsabilidad de los quejosos en la comisión del latrocinio que se les imputa. Determinación que se estima debida, pues como lo refirió el juez responsable, ésta no se ve demeritada con lo manifestado por José Luis Cárdenas Estrada y Alfonso Cárdenas Estrada, ante el Ministerio Público investigador (fojas 129 a 131), y lo referido por éstos en declaración preparatoria (fojas 151 y 153), pues en la primera diligencia señalaron que era falsa la acusación en su contra, ya que el día de los hechos, al salir de un restaurante en compañía de otros dos sujetos, fueron agredidos por Cirna Victoria Rosas y Pablo Victoria Rosas, sin embargo, no respondieron a esa agresión y siguieron su camino, no obstante ello las agresiones continuaron, hasta el punto en que José Luis se peleó a golpes con el hermano de la denunciante; en ese momento la gente se comenzó a juntar, por lo que los sujetos que los acompañaban se retiraron del lugar; posteriormente, llegó una patrulla y los trasladó a la agencia del Ministerio Público. Y en la segunda diligencia ratificaron su declaración ministerial. Pues en efecto dichas declaraciones de manera alguna son eficaces para restarle valor probatorio a los medios de convicción que soportaron la demostración del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los aquí quejosos en el delito que se les atribuye, pues de la declaración de la ofendida y del testigo de los hechos, se advierte que lo reconocen como las personas que en compañía de otros dos sujetos se apoderaron del numerario afecto. Atento a lo anterior deviene infundado el concepto de violación expuesto por los quejosos, pues su negativa de los hechos no se encuentra adminiculada con algún medio de prueba que la haga verosímil, y por el contrario, existen indicios que adminiculados unos con otros permiten desprender hasta el momento procesal en que se actúa, la probable responsabilidad de los inculpados en la comisión del delito de robo agravado en pandilla que se les atribuye. Lo anterior, después de revisar el juicio de valoración de las pruebas que integran la causa penal, que remitió la autoridad responsable, en términos de lo dispuesto en los artículos 245, 254, 261 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se estima que las conclusiones a que arribó y que le sirvieron de sustento a su determinación se apegan a la legalidad y son el resultado de un recto discernimiento a partir del cumplimiento irrestricto a las reglas de la sana crítica racional, lo que desde luego implicó el empleo de las máximas de la experiencia y de la lógica. Es así, pues en términos del artículo 261 del Código Adjetivo para esta ciudad, la juez responsable, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace natural, más o menos necesario que existía entra la verdad conocida y la que se buscaba apreció en conciencia el valor de las presunciones (declaraciones del denunciante, testigo de los hechos, de los policías aprehensores, así como las demás diligencias practicadas en la averiguación previa) para poder considerar su conjunto como prueba plena. Por lo que deviene infundado el concepto de violación del quejoso en el sentido de que la autoridad responsable valoró indebidamente la prueba circunstancial. Por otro lado, los quejosos sostienen que el juez de la causa no tomó en cuenta la proyección de la videograbación del día 4 de enero de 2015 de la cámara del C-2 de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, ubicada en avenida Jalisco y Mártires de la Conquista, en Tacubaya, identificada con el número de ID 3179. Argumento que resulta infundado. Lo anterior, toda vez que el juez responsable no podía considerar las referidas videograbaciones para determinar la situación jurídica de los inculpados, en virtud de que las mismas no fueron enviadas ni relacionadas como prueba para acreditar los hechos por parte del Ministerio Público consignador, tampoco se ofrecieron como prueba de la defensa, y menos se allegaron al procedimiento de preinstrucción por parte del Ministerio Público adscrito al juzgado de origen. Por tal motivo, el juez responsable estuvo imposibilitado jurídicamente para valorar como prueba la proyección del video enunciado por los justiciables, ya que no fue ofrecida por ninguna de las partes durante la preinstrucción. Además, si bien es cierto que en la etapa de averiguación previa el agente del Ministerio Público investigador giró oficio al Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a efecto que le hiciera llegar las video grabaciones de la cámara del C-2, con ID 3179 (foja 92 del anexo I), también lo es que dicha comunicación fue recibida por el destinatario el 5 de enero de 2015, y que el 6 de enero siguiente, el representante social consignó la averiguación previa al juez competente. Los hechos anteriores permiten concluir que si el órgano técnico de investigación no envió aquella prueba al juez de la causa, ello se debió al escaso tiempo que medió entre su petición y la consignación. Por lo que si dichas pruebas fueron allegadas al proceso después del dictado del auto de formal prisión, como lo refieren los quejosos, ello no les depara perjuicio alguno, pues en el caso de que consideren que aquel medio de convicción es suficiente para destruir el delito o su probable responsabilidad penal, están en aptitud de promover el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, que constituye un medio legal encaminado a anular o destruir de manera directa y plena las pruebas que sirvieron de base para decidir su situación jurídica. Por otra parte, los peticionarios de amparo alegaron que el acto reclamado viola en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, sin embargo, dicho concepto de violación infundado por las siguientes razones. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden, por una parte, el principio del debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado sólo podrá privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes elementos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, el juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable; y por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 19, párrafo primero, particularmente cuando previene que el auto de formal prisión deberá expresar "los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado". En ese tenor, debe estimarse que el principio constitucional del debido proceso legal resguarda en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado. Bajo ese panorama, en la especie no se violó en perjuicio de los quejosos, el principio de presunción de inocencia, pues hasta este momento existen en la causa penal, datos suficientes para acreditar el cuerpo del delito en estudio así como la probable responsabilidad de José Luis Cárdenas Estrada y Alfonso Cárdenas Estrada, tal como lo establece el artículo 19 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Finalmente, como consecuencia del auto de formal procesamiento en estudio, fue fundado y motivado que el juez haya ordenado la identificación administrativa de los inculpados. Ello es así, pues el precepto 298 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que señala el resolutor, le impone que una vez que se dicte el auto de sujeción a proceso, debe ordenar la identificación del procesado por el sistema administrativo en vigor, a fin de evitar el error en cuanto a la persona y aportar al juzgador los elementos necesarios para la individualización de la pena que en su caso, se llegara a determinar. De ahí, que el ordinal que indica el juzgador, lo constriñe a ordenar la identificación administrativa, una vez dictado el auto de plazo constitucional; por tanto, resulta una consecuencia legal y necesaria de este último, siendo elementos para que, en su oportunidad se realice una correcta apreciación de las circunstancias peculiares del inculpado y en su caso, imponer también acorde a ello, las sanciones correspondientes, que serán tomados en consideración en el instante de que en su caso se le imponga una pena, en caso de que resulte penalmente responsable, de ahí que no transgrede la garantía de fundamentación y motivación que establece el artículo 16 constitucional. Máxime que la identificación del procesado no es una pena, por ser un elemento indispensable en el proceso para que se pueda pronunciar en justicia la sentencia que corresponda al caso y, por ello no se le generan daños de difícil reparación, pues no teniendo dicho carácter de acuerdo con lo antes expuesto, menos puede violar los derechos que consagran los mencionados artículos. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que existen criterios que sostienen que la identificación administrativa ordenada de manera oficiosa por el juez rompe con el principio de equilibrio procesal que debe permear en toda contienda jurisdiccional de corte penal, además de que tal medida deriva del derecho penal de autor y no del acto; por lo que establecen que para el correcto desahogo de tal diligencia se debe actualizar alguno de los siguientes supuestos: a) Refieren que la identificación administrativa del inculpado debe ser recabada oficiosamente por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, pues dicha institución es la encargada de aportar las pruebas para sustentar la acción penal y la acusación en conclusiones, tanto para condenar al sujeto activo, como para que se le nieguen beneficios. b) Sostienen que si durante la averiguación previa no se recabó dicha constancia, entonces la institución ministerial deberá solicitarlo expresamente en el pliego de consignación ante el juez de la causa, para que éste pueda ordenar la identificación administrativa. c) O bien, aducen que si el Ministerio Público no recabó aquella identificación durante la indagatoria y no lo pidió expresamente en su pliego de consignación, entonces deberá hacerlo vía ofrecimiento de pruebas durante la instrucción, con el fin de sustentar sus conclusiones y su petición de negativa de los beneficios de ley. En relación con dichos tópicos, conviene precisar que la acción penal es el derecho que tiene el Estado de acudir ante el órgano jurisdiccional para que aplique la ley a un hecho que estima delictuoso. Su ejercicio exige una investigación previa del hecho respecto del cual se solicitará la aplicación de la ley; ello lo hace mediante la búsqueda de datos que acrediten la existencia del delito y la responsabilidad de quien en él participa, todo lo cual se realiza durante la etapa de la averiguación previa. Por tal motivo, una vez que el Ministerio Público verifica la existencia del hecho delictuoso, inicia el ejercicio de la acción penal con la correspondiente consignación por escrito ante la autoridad jurisdiccional. La consignación representa el primer sometimiento de los hechos al conocimiento de la autoridad judicial y a través de ella el Ministerio Público solicita al juzgador el inicio del proceso, ofreciendo las pruebas con las que cuente hasta ese momento para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad; concomitantemente, puede solicitar el libramiento de las órdenes de comparecencia y las de aprehensión que procedan, el aseguramiento precautorio de bienes, la negativa de otorgar los beneficios de ley, así como solicitar la reparación del daño. Ahora bien, una vez ejercida la acción penal inicia el periodo de preinstrucción del proceso, durante el cual la autoridad judicial define la situación jurídica del indiciado, y ello se expresa, entre otros, en el auto de formal prisión. En este plano, la función del juez se constriñe a determinar si la actuación del Ministerio Público cumple o no con los estándares legales a efecto de tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad motivo de la consignación, fijando la materia del proceso con base, única y exclusivamente, en la imputación realizada por la representación social, sin que pueda asumir el papel de acusador, coadyuvante o asesor del Ministerio Público, pues ello tornaría al proceso penal en un proceso inquisitivo. Ahora bien, es de explorado derecho que la identificación del procesado no es una pena porque no se decreta en la sentencia, sino que es una simple medida administrativa; constituye una reglamentación judicial y policiaca, necesaria en esos órdenes para identificación y antecedentes del proceso. En ese sentido, no puede concebirse a la identificación administrativa como una parte fundamental para determinar si la actuación del Ministerio Público cumple o no con los estándares legales a efecto de tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad motivo de la consignación, y tampoco sirve para fijar la materia del proceso, pues constituye una medida que se emplea meramente para individualizar a la persona a la que se le va a instruir el proceso penal. De ahí que la orden de identificación administrativa dictada por el juez de manera oficiosa, no rompe con el equilibrio procesal que debe regir entre las partes, ya que su finalidad no atiende a la demostración del delito y la responsabilidad penal, tampoco a la imposición de la pena, otorgamiento de beneficios, ni trasciende a la reparación del daño; que son los fines que persigue la acción punitiva del Estado. Por otro lado, la institución ministerial no tiene facultades para recabar oficiosamente la constancia de identificación del imputado, pues conforme a los artículos 296 bis y 298 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, el órgano jurisdiccional es la única autoridad con atribuciones para ordenar la práctica de aquella diligencia, por lo que no puede exigirse al órgano consignador que actúe fuera de sus facultades. Del mismo modo, no se puede exigir a la autoridad ministerial que en la consignación solicite expresamente la identificación administrativa del inculpado y tampoco a que la ofrezca como prueba durante la instrucción, ya que como se vio, dicha medida no está encaminada el debido ejercicio de la acción penal, ni al sustento de la acusación para la imposición de las penas, la reparación del daño, o la negativa de beneficios, sino que es una medida administrativa que sirve para tener certeza de qué individuo en particular será sujeto del proceso. Por tanto, se concluye que la orden de identificación administrativa decretada por el juez responsable, no es violatoria de derechos fundamentales. En razón de lo expuesto, al resultar infundados, los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado por José Luis Cárdenas Estrada y Alfonso Cárdenas Estrada. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución, al no haberse reclamado por vicios propios. 6. Protección de datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73 al 79, todos de la Ley de Amparo, se dicta la presente RESOLUCIÓN: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Luis Cárdenas Estrada y Alfonso Cárdenas Estrada, contra los actos y autoridades señalados en el considerando tercero de esta resolución, conforme a las razones expuestas en el considerando quinto de la misma. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    (Razón de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos la resolución de veintiséis de marzo de dos mil quince a la tercero interesada, la cual en lo conducente dice:" ". V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 75/2015-III, promovido por José Luis Cárdenas Estrada y Alfonso Cárdenas Estrada, por propio derecho. ANTECEDENTES Del acto reclamado. El 9 de enero de 2015, dentro de la causa penal 3/2015 del índice del Juzgado Vigésimo Sexto Penal del Distrito Federal, se decretó formal prisión a los quejosos de referencia, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado en pandilla, pues el juez consideró que junto con otros dos activos, el 4 de enero de 2015, aproximadamente a las 18:00 horas, en un puesto semifijo ubicado en calle Torno, esquina con avenida Jalisco, colindante con calle Dublan, colonia Tacubaya en esta ciudad, desapoderaron sin su consentimiento a Cirna Victoria Rosas, de la cantidad de $500.00 en efectivo, y ejercieron violencia para defender lo robado. Auto que constituye la materia de reclamo. 2. Del juicio de amparo. Presentación de la demanda: 29 de enero de 2015 (foja 2). Admisión sin apertura de incidente de suspensión: 3 de febrero de 2015 (foja 17). Emplazamiento al Agente del Ministerio Público adscrito: 4 de febrero de 2015 (foja 19), sin pedimento ministerial. Emplazamiento al ministerio público adscrito a la autoridad judicial de origen: 4 de febrero de 2015 (foja 25). Emplazamiento a la tercera interesada Cirna Victoria Rosas: 18 de febrero de 2015 (foja 31). Audiencia constitucional: 18 de marzo de 2015 (foja 48). CONSIDERACIONES 1. Competencia. Este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto reclamado se atribuyó a autoridades con residencia en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce competencia. 2. Fijación de litis. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es el siguiente: Resolución de 9 de enero de 2015, dictada en la causa penal 3/2015, del índice del Juzgado Vigésimo Sexto Penal en el Distrito Federal, que decretó formal prisión a los quejosos José Luis Cárdenas Estrada y Alfonso Cárdenas Estrada, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado en pandilla. Ejecución del auto de formal prisión. 3. Certeza de los actos reclamados. Orden Autoridad responsable Acto reclamado Sentido del informe Foja 1 Juez Vigésimo Sexto Penal del Distrito Federal. Resolución de 9 de enero de 2015, dictada en la causa penal 3/2015, del índice del Juzgado Vigésimo Sexto Penal en el Distrito Federal, que decretó formal prisión a los quejosos José Luis Cárdenas Estrada y Alfonso Cárdenas Estrada, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado en pandilla. Acepta 26 2 Director del Centro Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México. Ejecución. Acepta 22 Las autoridades responsables aceptaron los actos que se les atribuyen, situación que se corrobora con las constancias que obran en el presente sumario constitucional, concretamente las relativas a la causa penal 3/2015, que por tratarse de documentales públicas tienen pleno valor probatorio. 4. Procedencia. Las partes no invocaron causales de improcedencia y este juzgador no advierte alguna de oficio. 5. Análisis de fondo. Previo estudio de fondo del presente asunto, es pertinente traer a colación una breve reseña de los hechos que se imputan a los quejosos de referencia, que se desprenden de la causa penal 3/2015 del índice del Juzgado Vigésimo Sexto Penal del Distrito Federal. a. El 4 de enero de 2015, aproximadamente a las 18:00 horas, Cirna Victoria Rosas se encontraba vendiendo peluches y chocolates en un puesto semifijo ubicado en calle Torno, esquina con avenida Jalisco, en la colonia Tacubaya, cuando se percató que una persona estaba orinando en la calle junto a ella, por lo que le indicó que dejara de hacerlo. Acto seguido, el sujeto se le dirigió y la insultó con el propósito de que no lo molestara. Al mismo tiempo, un diverso sujeto aprovechó la distracción y sacó $500.00 pesos de un cajón en el que la denunciante guardaba el dinero de su venta. En ese momento, se acercó al lugar Pablo Victoria Rosas, hermano de la ofendida, a quien le indicó que los activos le habían quitado dinero; por lo que aquél le pidió a cuatro sujetos que se encontraban en el lugar, que regresaran el numerario, sin embargo, aquéllos comenzaron a golpearlo y patearlo en el piso. Instante en el que la ofendida logró quitarle a uno de ellos el billete desapoderado. En virtud de lo anterior, varias personas que se encontraban cerca del lugar, ayudaron al hermano de la denunciante y comenzaron a golpear a los cuatro sujetos. Instantes después arribaron al lugar elementos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, quienes aseguraron a dos de los activos y los trasladaron a las oficinas del Ministerio Público, en donde se formó la averiguación previa FMH/MH-4/T1/10/15-01. b. Mediante resolución de 6 de enero de 2015, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Tres, con detenido, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Miguel Hidalgo, ejercitó acción penal dentro de la averiguación previa arriba señalada; consignación de la cual correspondió conocer al Juez Vigésimo Sexto Penal del Distrito Federal, en la causa 3/2015. c. El 9 de enero de 2015, el juez decretó formal prisión a los quejosos de referencia, al encontrar elementos que acreditaban su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado en pandilla, ocurrido el 4 de enero de ese mismo año. Ahora, los conceptos de violación esgrimidos por los quejosos de referencia, en los que se duelen esencialmente de transgresión a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, devienen infundados, en atención a las consideraciones de derecho que enseguida se expondrán. En primer lugar, los amparistas se duelen de infracciones cometidas en su contra en la etapa de averiguación previa, en específico, de su ilegal detención. Al respecto, conviene precisar que en atención a los criterios sostenidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 45/2013 y 7/2014, respecto a las violaciones generadas en la etapa de averiguación previa, es procedente analizar los conceptos de violación planteados por los aquí quejosos cuya causa de pedir sostiene que su captura no fue ajustada a derecho, sin embargo, los mismos resultan infundados en virtud de que su detención se hizo con apego a la Constitución Federal. Se explica. Del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del diverso artículo 267 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se advierte que los únicos supuestos en que algún gobernado puede ser detenido, son los siguientes: 1. Cuando medie orden de aprehensión librada por autoridad judicial competente. 2. En el momento en que el indiciado esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. 3. En el supuesto de caso urgente, cuando se trate de delito grave así agravado por la ley y ante el riesgo fundado de que pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. Ahora, de la averiguación previa de origen se advierte que los quejosos fueron detenidos en flagrancia, en términos del artículo 267 del código adjetivo de la materia, esto es, fueron detenidos por los agentes de la policía auxiliar capitalina, inmediatamente después de que habían desapoderado a la denunciante del numerario, pues incluso fueron asegurados en el mismo lugar en que se cometió el ilícito. Lo que se corrobora con las declaraciones ministeriales de Cirna Victoria Rosas, Pablo Victoria Rosas y los elementos aprehensores José Antonio Flores Ibarra y Gilberto Santos Cruz, quienes coincidieron en señalar que instantes después de la conducta de desapoderamiento, los quejosos fueron asegurados por los elementos policiacos, en virtud de la noticia de los hechos y la solicitud de apoyo que les hizo la víctima del delito. Esto es, las circunstancias que rodearon la detención material de los quejosos, satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 267 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, pues a partir de ellas se permite afirmar que fueron asegurados por los miembros de la policía auxiliar, en virtud de la petición de apoyo que les hizo Cirna Victoria Rosas, quien aseguró que instantes antes y en el mismo lugar de la captura, aquéllos la desapoderaron de $500.00 en efectivo. Además, aun cuando no se haya capturado a los activos en posesión del billete robado, ello no es obstáculo para declarar constitucional la detención de los quejosos, pues fueron asegurados inmediatamente después de cometido el ilícito y con motivo del apoyo que los policías prestaron a la víctima, quien les denunció verbalmente los hechos ocurridos. Por lo que resulta irrelevante la posesión del numerario para calificar la constitucionalidad de la detención en el caso concreto, pues la misma no aconteció al momento de perpetrar el delito, sino inmediatamente después de haberlo cometido. Por tanto, al no advertirse violación a los derechos fundamentales de los quejosos, el motivo de disenso aludido es infundado. En otro orden de ideas, antes de entrar al análisis de la constitucionalidad del auto de formal prisión reclamado, conviene resaltar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 74/2009, estableció que de acuerdo con diversos criterios del Alto Tribunal, la valoración de los elementos de convicción, es una facultad exclusiva del juez de la causa, que no pueden ejercitar los jueces de amparo, salvo que se comprueben alteraciones que afecten la actividad intelectual que aquél debe llevar a cabo para otorgar valor determinado a las pruebas. Por tanto, atendiendo al criterio invocado, se analizará el juicio de valoración de la prueba desarrollado por la autoridad responsable, en tanto que, como lo estableció el máximo tribunal del país, en casos como el que nos ocupa el juicio de derechos fundamentales se circunscribe a analizar la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado, no del medio de prueba en sí. Sin que ello implique sustituirse al juzgador natural en la apreciación de los elementos de convicción, ya que únicamente se estudia la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad responsable para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. Expuesto lo anterior, de manera anticipada debe decirse que aun suplidos en su deficiencia, los conceptos de violación expuestos por los amparistas devienen infundados, en virtud de que la resolución reclamada no es violatoria de derechos fundamentales. Veamos. En atención a que en la especie se reclama un auto de formal prisión, conviene traer a colación el contenido del artículo 19 constitucional, así como los diversos 297 y 122 ambos del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que establecen los requisitos que deben colmarse para emitir la resolución que decreta el formal procesamiento de un indiciado. De acuerdo con los numerales anteriores, para el correcto dictado del auto de formal prisión, la autoridad judicial debe exponer los fundamentos legales aplicables al caso, así como los motivos por los cuales considera que existen datos bastantes que acreditan el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado en su comisión. Respecto del estudio de los elementos del cuerpo del delito de robo agravado en pandilla, no se advierte en forma alguna que la autoridad responsable haya transgredido en perjuicio de los quejosos el derecho fundamental consagrado en el artículo 14 constitucional, que se refiere a las formalidades esenciales del procedimiento, en virtud de que éstas fueron cabal y debidamente preservadas y observadas, como se aprecia de las constancias que integran la causa penal 3/2015. Lo anterior es así, ya que el juez del conocimiento, al momento de resolver el acto reclamado, analizó los hechos por los cuales había ejercido acción penal el agente del Ministerio Público por el delito de robo agravado en pandilla, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, habida cuenta que el proceso penal del cual deriva el auto de plazo constitucional, tuvo como inicio una averiguación previa consignada ante una autoridad judicial; que los quejosos fueron escuchados en preparatoria, y a la postre se resolvió su situación. De igual forma, la determinación reclamada cumple con las exigencias de fundamentación y motivación que debe contener todo acto de autoridad, en razón de que como más adelante se establecerá, en la misma se justifica la aplicación de las normas jurídicas que la sustentan y se precisa cuáles son los elementos que constituyen el delito imputado a los quejosos, las pruebas que se tomaron en consideración para comprobar el cuerpo del delito y su probable responsabilidad. Por otra parte, el acto reclamado tampoco viola en perjuicio de los solicitantes de derechos, el artículo 16 constitucional, debido a que de la lectura del auto de formal prisión que se impugna, se advierte que preserva el derecho de legalidad que se traduce en la debida fundamentación y motivación del acto de autoridad. Ello es así porque el juez responsable tiene facultades jurisdiccionales para conocer y resolver sobre la situación jurídica del quejoso, conforme a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Además tomó en consideración el artículo 19 constitucional; precisó que el artículo que define el delito de robo agravado en pandilla, por el que se dictó el acto reclamado, es el numeral 220, párrafo primero, fracción II, en relación con el 225, fracción I y 252, todos del Código Penal para el Distrito Federal; e indicó de manera pormenorizada de acuerdo con las pruebas que hasta el momento obran en la causa penal 3/2015, por qué consideró acreditados los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los quejosos. De la misma manera, el acto reclamado satisface los requisitos de fundamentación y motivación, ya que el juez responsable señaló en el auto de formal prisión las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se tomaron en consideración para su expedición, existiendo adecuación entre los motivos aducidos y las normas de derecho aplicables. Además, debe decirse que del estudio del acto reclamado se concluye que cumple con los requisitos que establece el artículo 19 de nuestra Carta Magna que se invoca, ya que el juez responsable dictó el auto de formal prisión dentro del plazo constitucional (72 horas); estimó que existían suficientes elementos de prueba, los cuales especificó y analizó para acreditar fehacientemente los elementos del cuerpo del delito de robo agravado en pandilla y la probable responsabilidad de los quejosos. Ello es así, porque las probanzas que obran en autos, analizadas en su conjunto y valoradas en los términos referidos por la autoridad responsable, conducen válida y jurídicamente a sostener que son idóneas y aptas para justificar dichos extremos. Sentado lo anterior, debe decirse que a los quejosos se les atribuye el delito de robo agravado en pandilla, previsto y sancionado en el artículo 220, párrafo primero, fracción II, en relación con el 225, fracción I y 252 , todos del Código Penal para el Distrito Federal. Dichos numerales prevén lo siguiente: "Artículo 220. Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrán: (.) II. Prisión de seis meses a dos años y sesenta a ciento cincuenta días multa, cuando el valor de lo robado no exceda de trescientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente o cuando no sea posible determinar el valor de lo robado. (.)". "Artículo 225. Las penas previstas en los artículos anteriores, se incrementarán con prisión de dos a seis años, cuando el robo se cometa: I. (...) cuando se ejerza violencia para (.) defender lo robado. (.). "Artículo 252. Cuando se cometa algún delito por pandilla, se impondrá una mitad más de las penas que correspondan por el o los delitos cometidos, a los que intervengan en su comisión. De lo transcrito, se desprende que los elementos que integran la descripción típica son los siguientes: a) Que alguien se apodere de cosa mueble ajena. b) Que ese apoderamiento sea con ánimo de dominio. c) Que ese apoderamiento sea sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo. Agravantes. d) Que se ejerza violencia para defender lo robado. g) Que sea cometido en pandilla. En ese sentido, la autoridad responsable tuvo por acreditado el hecho delictivo consistente en lo siguiente: Que el 4 de enero de 2015, aproximadamente a las 18:00 horas, en un puesto semifijo ubicado en calle Torno, esquina con avenida Jalisco, colindante con calle Dublan, colonia Tacubaya en esta ciudad, los quejosos junto con otros dos sujetos, desapoderaron sin su consentimiento a Cirna Victoria Rosas de la cantidad de $500.00, que ésta guardaba en un cajón al interior de su tienda, y posteriormente ejercieron violencia para defender el numerario robado, ya que golpearon al hermano de la ofendida, quien les indicó que devolvieran el dinero. Para llegar a tal determinación, el juez penal consideró los siguientes medios de prueba: 1. Declaración ministerial de la denunciante Cirna Victoria Rosas, de 4 de enero de 2015 (foja 16 del anexo I), y su ampliación de 6 de enero siguiente (foja 99), quien en lo conducente manifestó: Que en la hora y fecha señalados, al encontrarse vendiendo artículos de temporada, como peluches, chocolates y dulces, en un puesto comercial semifijo ubicado en calle Torno, esquina con avenida Jalisco, colindante con calle Dublan, colonia Tacubaya en esta ciudad, se percató que un sujeto que estaba con tres personas más, orinaba junto a su puesto, por lo que la deponente le indicó que no orinara allí, sin embargo, éste le respondió que lo dejara de "estar chingando". En el instante de la discusión, vio como un diverso sujeto sustrajo un billete de $500.00 de un cajón en el que guardaba su dinero. En ese momento llegó al lugar su hermano Pablo Victoria Rosas, a quien le indicó que momentos antes la habían robado, por lo que su colateral se dirigió a los cuatro sujetos, diciéndoles que devolvieran el dinero, sin embargo, entre los cuatro lo golpearon. Al intentar defender a su familiar, la denunciante logró arrebatar el billete de la mano derecha de uno de los individuos, además de que se percató que dicha persona sacó de su ropa un cuchillo de cocina, con el cual los amagó. También precisó que en el lugar se encontraban varias personas, quienes auxiliaron a su hermano y comenzaron a golpear a los cuatro sujetos, pero dos de ellos lograron darse a la fuga; instante en el que arribaron dos policías preventivos, a los cuales le pidió ayuda para trasladar a los dos sujetos restantes a las oficinas del Ministerio Público. 2. Declaración ministerial de Pablo Victoria Rosas, de 6 de enero de 2015 (foja 102), de la que se desprende lo siguiente: El 4 de enero de 2015, aproximadamente a las 18:00 horas, cuando llegaba al puesto de su hermana procedente de su domicilio, su colateral le señala a cuatro sujetos del sexo masculino, quienes momentos antes le habían robado, por lo que se dirigió a uno de ellos para solicitarle que le devolviera la cantidad de $500.00, pero éste le contestó "¿yo por qué te voy a dar el dinero?"; acto seguido, entre los cuatro comenzaron a golpearlo, uno de ellos sacó un cuchillo y le ocasionó lesiones en la boca, circunstancia que provocó que el deponente perdiera el conocimiento. Instantes después llegó una patrulla con dos elementos de la policía a bordo, quienes solicitaron el auxilio de una ambulancia y aseguraron a dos de los sujetos activos. 3. Declaraciones ministeriales de los policías aprehensores José Antonio Flores Ibarra y Gilberto Santos Cruz, de 4 de enero de 2015 (fojas 21,23 y 24), quienes fueron coincidentes en manifestar lo siguiente: Que el 4 de enero de 2015, al realizar sus labores de vigilancia, vía radio les indican que debían trasladarse a la avenida Jalisco, esquina con Dublan, ya que estaban golpeando a una persona; al llegar a la zona de los puestos semifijos y el paradero de camiones, observaron a Pablo Victoria Rosas tirado en el piso, golpeado y casi inconsciente, en ese momento Cirna Victoria Rosas, les indicó que cuatro sujetos le habían robado $500.00, pero que dos se habían dado a la fuga, y señaló a los otros dos que se encontraban riñendo con personas desconocidas; motivo por el cual los aseguraron y los presentaron a las oficinas del Ministerio Público. Declaraciones que fueron valoradas por la responsable, en términos de los numerales 245 y 255 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, ajustada a los principios que rigen el debido proceso legal, sin que se advierta que al hacerlo y establecer su eficacia demostrativa, se haya vulnerado algún derecho en perjuicio de los quejosos, ya que además dichos testimonios fueron emitidos por personas hábiles, que por su edad, capacidad de conocimiento, instrucción y experiencia, tuvieron el criterio necesario para juzgar el acto sobre el cual depusieron, cumpliendo con los requisitos de ser claros y precisos, sin dudas ni reticencias sobre la esencia del hecho destacado, además sus declaraciones fueron vertidas de forma voluntaria, toda vez que no fueron obligadas a realizarla por fuerza o miedo, ni impulsadas por engaño, error o soborno, y sin que exista dato alguno en autos que haga dudar de la imparcialidad con la que se condujeron al declarar, y en tal sentido, satisfacen los requisitos que para su valoración exige la ley, máxime que directamente percibieron los hechos que relataron, y no se encuentran contradichas entre ellas; de los que se colige que se percataron de los hechos. Además, como acertadamente lo valoró la responsable, si bien Pablo Victoria Rosas, no se percató del momento del desapoderamiento del billete, lo cierto es que su testimonio es útil para corroborar la mecánica de los hechos, y sirve de sustento a las declaraciones vertidas por su hermana. 000En relación con las declaraciones de los policías aprehensores, si bien tampoco se percataron del momento en que ocurrió el evento delictivo, sí son eficaces para corroborar las circunstancias posteriores de los hechos, ya que lograron asegurar a los quejosos, momentos después de dicho evento. Por tanto, las declaraciones anteriores son útiles para acreditar la mecánica desarrollada por los quejosos para apoderarse del numerario referido, sin consentimiento de quien legalmente podía otorgarlo y con ánimo de dominio. 4. Fe ministerial del billete de $500.00 objeto del desapoderamiento (foja 58). 5. Fe ministerial de un cuchillo de cocina (foja 58). 6. Diligencia de inspección ministerial practicada el 6 de enero de 2015, en el lugar de los hechos, en la que se dio fe de tener a la vista un puesto semifijo tubular, con lona de color azul, en cuyo interior se encontraban distintos objetos como peluches, dulces, chocolates, envolturas para regalo, así como una caja café con numerario dentro (foja 106). Diligencias que al haber sido realizadas en acatamiento al principio de legalidad se les concedió valor probatorio con fundamento en el artículo 286 del Código de Procedimientos Penales, habida cuenta que fueron realizadas por el personal actuante del Ministerio Público, cumpliendo con las reglas relativas del mismo cuerpo legal, esto es, los requisitos establecidos en el capítulo VI, del título segundo del ordenamiento legal precitado. 7. Certificado de estado psicofísico, de 6 de enero de 2015, suscrito por médicos legistas de la agencia del Ministerio Público, a favor de Pablo Victoria Rosas, del que se desprende que aquél fue canalizado al área de cirugía plástica maxilofacial, ortopedia y oftalmología (foja 96). Probanza que fue valorada en términos del artículo 254 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, pues la responsable acertadamente consideró que fue emitida por expertos en la materia, con la aplicación de sus conocimientos en el ramo médico, por lo que cumplía con los requisitos previstos en el artículo 175 del referido código adjetivo. Ahora bien, con dichos elementos de prueba se demostraron los elementos del cuerpo del delito de robo, aunado a que el elemento material consistente en menoscabo patrimonial de Cirna Victoria Rosas (propietaria del numerario materia de despojo) producido por los quejosos al apoderarse de éste, también se encuentra acreditado. Además, la responsable legalmente señaló que el objeto material, lo constituía la cantidad de $500.00 propiedad de Cirna Victoria Rosas. Respecto del elemento consistente en que el apoderamiento recaiga sobre una cosa mueble ajena, la autoridad responsable determinó que los quejosos junto con otros se apoderaron de una cosa mueble, ya que es susceptible de trasladarse de un lugar a otro sin alterar su esencia, y ajena, pues de autos se desprende que el numerario afecto era propiedad de Cirna Victoria Rosas. Lo cual no es violatorio de derechos porque la declaración de la denunciante y del testigo Pablo Victoria Rosas, se desprende que la cosa mueble fedatada en autos, era propiedad de aquélla. En ese sentido, de las constancias que obran en el sumario, no se advierte que la ofendida haya otorgado su consentimiento a los quejosos para apoderarse de su dinero; por el contrario, obra la denuncia que presentó con motivo de ese robo, por lo que dicho apoderamiento se llevó a cabo sin el consentimiento de quien legalmente podía otorgarlo, como adecuadamente lo ponderó la responsable. Por lo que respecta al elemento consistente en que el apoderamiento haya sido con ánimo de dominio, el juez penal determinó que los quejosos realizaron el apoderamiento con el ánimo de dominio porque su actuar fue a efecto de incorporarlo a su esfera de disposición como si fuese suyo. Por tanto, existieron elementos suficientes para comprobar el cuerpo del delito, habida cuenta que, como quedó estudiado en párrafos anteriores, existen las declaraciones de la persona que directamente percibió y resintió los hechos, toda vez que sufrió un menoscabo a su patrimonio, la que se encuentra corroborada y adminiculada con las pruebas a que se ha hecho alusión, y que por su enlace lógico, jurídico y natural, le permitieron sostener a la autoridad, que tales hechos realmente tuvieron verificativo en las circunstancias que ésta narró. En este contexto, contrario a lo señalado por los impetrantes de amparo, no existe violación constitucional alguna en la determinación reclamada, al considerar acreditados los elementos que integran el cuerpo del delito en estudio, habida cuenta que esta decisión es el resultado de una justa y legal valoración de las probanzas reseñadas, y producto del uso racional de su prudente arbitrio, por lo que debe estimarse que efectivamente tienen la eficacia para demostrar que existió la conducta atribuida, pues los impetrantes conocían los elementos objetivos del tipo penal y aun así quisieron su resultado. De igual manera, resulta fundada y motivada la resolución reclamada en cuanto a la determinación del juez responsable en el sentido de que el actuar del activo se tipifica con el delito previsto en el artículo 220 del Código Penal del Distrito Federal. Respecto a la agravante consistente en que se ejerza violencia física para defender lo robado, la responsable estimó que la misma se colmó al momento en que los sujetos activos golpearon a Pablo Victoria Rosas, quien instantes antes les indicó que devolvieran el numerario robado. Finalmente la agravante relativa a que el delito se cometa en pandilla, se encuentra demostrada en virtud de que el día del evento delictivo cuatro sujetos entre éstos los aquí quejosos se encontraban reunidos de manera ocasional a fin de ejecutar el latrocinio, esto es así pues de constancias no se advierte que dicha reunión fuera con fines distintos, lo anterior pues tanto la ofendida, como el testigo de los hechos Pablo Victoria Rosas, fueron contestes en referir la intervención que tuvo cada uno de éstos en el robo que ejecutaron, a saber, uno comenzó a orinar a lado de la ofendida con el fin de distraerla, otro se apoderó del numerario aprovechando la distracción, en tanto que entre los cuatro golpearon al referido testigo para defender el dinero robado, como adecuadamente lo puntualizó la responsable. Agravantes que están debidamente motivadas, pues así se corrobora con la declaración ministerial de la tercera interesada, así como con las declaraciones del testigo de los hechos y los policías aprehensores. Bajo estas condiciones, fue adecuado que el Juez Vigésimo Sexto Penal del Distrito Federal, tuviera por comprobado el cuerpo de delito de robo agravado en pandilla. Asimismo, se tiene por comprobado el nexo causal existente entre la conducta desplegada por los sujetos activos y el resultado obtenido, pues con su conducta dolosa se produjeron consecuencias que recayeron sobre el patrimonio de la víctima. Además, se tiene que los sujetos activos del injusto penal en estudio son los quejosos José Luis Cárdenas Estrada y Alfonso Cárdenas Estrada, quienes con su conducta desplegada desapoderaron sin consentimiento y con ánimo de dominio del numerario, a quien en su calidad de sujeto pasivo, resintió la afectación en el bien jurídico tutelado por la norma, que es el patrimonio. También es debida la determinación de la responsable al tener por acreditada la forma de intervención de los activos, en términos de la fracción II del artículo 22 del Código Penal para el Distrito Federal, al haber sostenido que llevaron a cabo su conducta en calidad de coautores, lo que no violenta sus derechos, toda vez que como lo señaló la autoridad responsable, los hoy quejosos ejecutaron la conducta que se les reprocha consistente en el apoderamiento de cosa mueble ajena sin el consentimiento de quien tenga el derecho de poseerlo. Con ello, se estableció con precisión en qué consistió el actuar del aquí quejoso en la comisión del citado ilícito. Esto es, se señaló en qué radicó el codominio funcional del hecho que tuvieron los activos para poder considerarlo así, a saber, que el primer sujeto distrae la atención de la ofendida, pues comienza a orinar cerca de ella, en tanto el segundo se apodera del numerario, y una vez consumado el ilícito, entre los cuatro sujetos activos golpean a la persona que quiso que le regresaran el dinero a su hermana. De lo anterior constató que cada uno de los quejosos ejecutaron conductas con el fin de apoderarse del numerario afecto. Igualmente, en autos se justificó que los infractores de la norma obraron con dolo, en términos del artículo 18, párrafos primero y segundo (hipótesis de acción dolosa), del Código Penal para el Distrito Federal, pues de los elementos de prueba existentes en el sumario, y de su valoración se arriba a la conclusión de que conocían perfectamente el elemento normativo que constituye la materialidad del hecho ilícito que se les imputa, y aun así quisieron y aceptaron su resultado. Por tanto se considera, como lo apreció el juez responsable, que tuvieron la capacidad psíquica de motivarse de acuerdo a la norma y conocimiento de la antijuridicidad del ilícito, porque sabían de la prohibición del hecho típico realizado, lo que demuestra que existió un conocimiento potencial de la conducta, y aun así decidieron realizar el hecho, situación que se traduce en una actitud negativa frente al derecho y especialmente merecedora de desaprobación. Asimismo, el juez natural actuó ajustado a derecho al considerar que en el caso no operó causa de exclusión del delito en favor de los aquí quejosos, ya que al momento de cometer el ilícito que se les imputa, eran mayores de edad (29 y 31 años de edad) y de las pruebas examinadas no se aprecia que carecieran de capacidad para comprender el carácter ilícito de los hechos típicos que cometieron, por padecer alguna enfermedad o trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, por lo que les era exigible una conducta distinta de la que desplegó, de ahí que les resultara reprochable el delito que se atribuye. Atento a lo anterior tuvo por demostrada la probable responsabilidad penal de José Luis Cárdenas Estrada y Alfonso Cárdenas Estrada, en la comisión del antijurídico que se les reprocha, con los mismos elementos de prueba con los que acreditó el cuerpo del delito de ese injusto penal (declaración ministerial de Cirna Victoria Rosas; declaración ministerial de Pablo Victoria Rosas; declaración ministerial de los policías aprehensores; fe ministerial del billete robado; fe ministerial del cuchillo utilizado; inspección ministerial del lugar de los hechos; y certificado médico de estado psicofísico), lo que de forma alguna transgrede los derechos fundamentales de los peticionarios de amparo, puesto que un medio de convicción puede servir para acreditar ambos extremos, ya que por un lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y por el otro atribuir la comisión del suceso a un sujeto específico. Además de que fueron valoradas de forma correcta, en términos de los artículos 245, 254, 255 y 286 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, pues como acertadamente lo refirió la responsable, de dichos medios de convicción se desprende el reconocimiento que la ofendida y el testigo hicieron de los quejosos en el lugar de los hechos, así como que los justiciables fueron las personas a los que detuvieron los policías aprehensores, uno de los cuales tiró al piso el cuchillo fedatado. De ahí que haya tenido como probable la responsabilidad de los quejosos en la comisión del latrocinio que se les imputa. Determinación que se estima debida, pues como lo refirió el juez responsable, ésta no se ve demeritada con lo manifestado por José Luis Cárdenas Estrada y Alfonso Cárdenas Estrada, ante el Ministerio Público investigador (fojas 129 a 131), y lo referido por éstos en declaración preparatoria (fojas 151 y 153), pues en la primera diligencia señalaron que era falsa la acusación en su contra, ya que el día de los hechos, al salir de un restaurante en compañía de otros dos sujetos, fueron agredidos por Cirna Victoria Rosas y Pablo Victoria Rosas, sin embargo, no respondieron a esa agresión y siguieron su camino, no obstante ello las agresiones continuaron, hasta el punto en que José Luis se peleó a golpes con el hermano de la denunciante; en ese momento la gente se comenzó a juntar, por lo que los sujetos que los acompañaban se retiraron del lugar; posteriormente, llegó una patrulla y los trasladó a la agencia del Ministerio Público. Y en la segunda diligencia ratificaron su declaración ministerial. Pues en efecto dichas declaraciones de manera alguna son eficaces para restarle valor probatorio a los medios de convicción que soportaron la demostración del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los aquí quejosos en el delito que se les atribuye, pues de la declaración de la ofendida y del testigo de los hechos, se advierte que lo reconocen como las personas que en compañía de otros dos sujetos se apoderaron del numerario afecto. Atento a lo anterior deviene infundado el concepto de violación expuesto por los quejosos, pues su negativa de los hechos no se encuentra adminiculada con algún medio de prueba que la haga verosímil, y por el contrario, existen indicios que adminiculados unos con otros permiten desprender hasta el momento procesal en que se actúa, la probable responsabilidad de los inculpados en la comisión del delito de robo agravado en pandilla que se les atribuye. Lo anterior, después de revisar el juicio de valoración de las pruebas que integran la causa penal, que remitió la autoridad responsable, en términos de lo dispuesto en los artículos 245, 254, 261 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se estima que las conclusiones a que arribó y que le sirvieron de sustento a su determinación se apegan a la legalidad y son el resultado de un recto discernimiento a partir del cumplimiento irrestricto a las reglas de la sana crítica racional, lo que desde luego implicó el empleo de las máximas de la experiencia y de la lógica. Es así, pues en términos del artículo 261 del Código Adjetivo para esta ciudad, la juez responsable, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace natural, más o menos necesario que existía entra la verdad conocida y la que se buscaba apreció en conciencia el valor de las presunciones (declaraciones del denunciante, testigo de los hechos, de los policías aprehensores, así como las demás diligencias practicadas en la averiguación previa) para poder considerar su conjunto como prueba plena. Por lo que deviene infundado el concepto de violación del quejoso en el sentido de que la autoridad responsable valoró indebidamente la prueba circunstancial. Por otro lado, los quejosos sostienen que el juez de la causa no tomó en cuenta la proyección de la videograbación del día 4 de enero de 2015 de la cámara del C-2 de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, ubicada en avenida Jalisco y Mártires de la Conquista, en Tacubaya, identificada con el número de ID 3179. Argumento que resulta infundado. Lo anterior, toda vez que el juez responsable no podía considerar las referidas videograbaciones para determinar la situación jurídica de los inculpados, en virtud de que las mismas no fueron enviadas ni relacionadas como prueba para acreditar los hechos por parte del Ministerio Público consignador, tampoco se ofrecieron como prueba de la defensa, y menos se allegaron al procedimiento de preinstrucción por parte del Ministerio Público adscrito al juzgado de origen. Por tal motivo, el juez responsable estuvo imposibilitado jurídicamente para valorar como prueba la proyección del video enunciado por los justiciables, ya que no fue ofrecida por ninguna de las partes durante la preinstrucción. Además, si bien es cierto que en la etapa de averiguación previa el agente del Ministerio Público investigador giró oficio al Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a efecto que le hiciera llegar las video grabaciones de la cámara del C-2, con ID 3179 (foja 92 del anexo I), también lo es que dicha comunicación fue recibida por el destinatario el 5 de enero de 2015, y que el 6 de enero siguiente, el representante social consignó la averiguación previa al juez competente. Los hechos anteriores permiten concluir que si el órgano técnico de investigación no envió aquella prueba al juez de la causa, ello se debió al escaso tiempo que medió entre su petición y la consignación. Por lo que si dichas pruebas fueron allegadas al proceso después del dictado del auto de formal prisión, como lo refieren los quejosos, ello no les depara perjuicio alguno, pues en el caso de que consideren que aquel medio de convicción es suficiente para destruir el delito o su probable responsabilidad penal, están en aptitud de promover el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, que constituye un medio legal encaminado a anular o destruir de manera directa y plena las pruebas que sirvieron de base para decidir su situación jurídica. Por otra parte, los peticionarios de amparo alegaron que el acto reclamado viola en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, sin embargo, dicho concepto de violación infundado por las siguientes razones. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden, por una parte, el principio del debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado sólo podrá privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes elementos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, el juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable; y por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 19, párrafo primero, particularmente cuando previene que el auto de formal prisión deberá expresar "los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado". En ese tenor, debe estimarse que el principio constitucional del debido proceso legal resguarda en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado. Bajo ese panorama, en la especie no se violó en perjuicio de los quejosos, el principio de presunción de inocencia, pues hasta este momento existen en la causa penal, datos suficientes para acreditar el cuerpo del delito en estudio así como la probable responsabilidad de José Luis Cárdenas Estrada y Alfonso Cárdenas Estrada, tal como lo establece el artículo 19 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Finalmente, como consecuencia del auto de formal procesamiento en estudio, fue fundado y motivado que el juez haya ordenado la identificación administrativa de los inculpados. Ello es así, pues el precepto 298 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que señala el resolutor, le impone que una vez que se dicte el auto de sujeción a proceso, debe ordenar la identificación del procesado por el sistema administrativo en vigor, a fin de evitar el error en cuanto a la persona y aportar al juzgador los elementos necesarios para la individualización de la pena que en su caso, se llegara a determinar. De ahí, que el ordinal que indica el juzgador, lo constriñe a ordenar la identificación administrativa, una vez dictado el auto de plazo constitucional; por tanto, resulta una consecuencia legal y necesaria de este último, siendo elementos para que, en su oportunidad se realice una correcta apreciación de las circunstancias peculiares del inculpado y en su caso, imponer también acorde a ello, las sanciones correspondientes, que serán tomados en consideración en el instante de que en su caso se le imponga una pena, en caso de que resulte penalmente responsable, de ahí que no transgrede la garantía de fundamentación y motivación que establece el artículo 16 constitucional. Máxime que la identificación del procesado no es una pena, por ser un elemento indispensable en el proceso para que se pueda pronunciar en justicia la sentencia que corresponda al caso y, por ello no se le generan daños de difícil reparación, pues no teniendo dicho carácter de acuerdo con lo antes expuesto, menos puede violar los derechos que consagran los mencionados artículos. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que existen criterios que sostienen que la identificación administrativa ordenada de manera oficiosa por el juez rompe con el principio de equilibrio procesal que debe permear en toda contienda jurisdiccional de corte penal, además de que tal medida deriva del derecho penal de autor y no del acto; por lo que establecen que para el correcto desahogo de tal diligencia se debe actualizar alguno de los siguientes supuestos: a) Refieren que la identificación administrativa del inculpado debe ser recabada oficiosamente por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, pues dicha institución es la encargada de aportar las pruebas para sustentar la acción penal y la acusación en conclusiones, tanto para condenar al sujeto activo, como para que se le nieguen beneficios. b) Sostienen que si durante la averiguación previa no se recabó dicha constancia, entonces la institución ministerial deberá solicitarlo expresamente en el pliego de consignación ante el juez de la causa, para que éste pueda ordenar la identificación administrativa. c) O bien, aducen que si el Ministerio Público no recabó aquella identificación durante la indagatoria y no lo pidió expresamente en su pliego de consignación, entonces deberá hacerlo vía ofrecimiento de pruebas durante la instrucción, con el fin de sustentar sus conclusiones y su petición de negativa de los beneficios de ley. En relación con dichos tópicos, conviene precisar que la acción penal es el derecho que tiene el Estado de acudir ante el órgano jurisdiccional para que aplique la ley a un hecho que estima delictuoso. Su ejercicio exige una investigación previa del hecho respecto del cual se solicitará la aplicación de la ley; ello lo hace mediante la búsqueda de datos que acrediten la existencia del delito y la responsabilidad de quien en él participa, todo lo cual se realiza durante la etapa de la averiguación previa. Por tal motivo, una vez que el Ministerio Público verifica la existencia del hecho delictuoso, inicia el ejercicio de la acción penal con la correspondiente consignación por escrito ante la autoridad jurisdiccional. La consignación representa el primer sometimiento de los hechos al conocimiento de la autoridad judicial y a través de ella el Ministerio Público solicita al juzgador el inicio del proceso, ofreciendo las pruebas con las que cuente hasta ese momento para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad; concomitantemente, puede solicitar el libramiento de las órdenes de comparecencia y las de aprehensión que procedan, el aseguramiento precautorio de bienes, la negativa de otorgar los beneficios de ley, así como solicitar la reparación del daño. Ahora bien, una vez ejercida la acción penal inicia el periodo de preinstrucción del proceso, durante el cual la autoridad judicial define la situación jurídica del indiciado, y ello se expresa, entre otros, en el auto de formal prisión. En este plano, la función del juez se constriñe a determinar si la actuación del Ministerio Público cumple o no con los estándares legales a efecto de tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad motivo de la consignación, fijando la materia del proceso con base, única y exclusivamente, en la imputación realizada por la representación social, sin que pueda asumir el papel de acusador, coadyuvante o asesor del Ministerio Público, pues ello tornaría al proceso penal en un proceso inquisitivo. Ahora bien, es de explorado derecho que la identificación del procesado no es una pena porque no se decreta en la sentencia, sino que es una simple medida administrativa; constituye una reglamentación judicial y policiaca, necesaria en esos órdenes para identificación y antecedentes del proceso. En ese sentido, no puede concebirse a la identificación administrativa como una parte fundamental para determinar si la actuación del Ministerio Público cumple o no con los estándares legales a efecto de tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad motivo de la consignación, y tampoco sirve para fijar la materia del proceso, pues constituye una medida que se emplea meramente para individualizar a la persona a la que se le va a instruir el proceso penal. De ahí que la orden de identificación administrativa dictada por el juez de manera oficiosa, no rompe con el equilibrio procesal que debe regir entre las partes, ya que su finalidad no atiende a la demostración del delito y la responsabilidad penal, tampoco a la imposición de la pena, otorgamiento de beneficios, ni trasciende a la reparación del daño; que son los fines que persigue la acción punitiva del Estado. Por otro lado, la institución ministerial no tiene facultades para recabar oficiosamente la constancia de identificación del imputado, pues conforme a los artículos 296 bis y 298 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, el órgano jurisdiccional es la única autoridad con atribuciones para ordenar la práctica de aquella diligencia, por lo que no puede exigirse al órgano consignador que actúe fuera de sus facultades. Del mismo modo, no se puede exigir a la autoridad ministerial que en la consignación solicite expresamente la identificación administrativa del inculpado y tampoco a que la ofrezca como prueba durante la instrucción, ya que como se vio, dicha medida no está encaminada el debido ejercicio de la acción penal, ni al sustento de la acusación para la imposición de las penas, la reparación del daño, o la negativa de beneficios, sino que es una medida administrativa que sirve para tener certeza de qué individuo en particular será sujeto del proceso. Por tanto, se concluye que la orden de identificación administrativa decretada por el juez responsable, no es violatoria de derechos fundamentales. En razón de lo expuesto, al resultar infundados, los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado por José Luis Cárdenas Estrada y Alfonso Cárdenas Estrada. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución, al no haberse reclamado por vicios propios. 6. Protección de datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73 al 79, todos de la Ley de Amparo, se dicta la presente RESOLUCIÓN: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Luis Cárdenas Estrada y Alfonso Cárdenas Estrada, contra los actos y autoridades señalados en el considerando tercero de esta resolución, conforme a las razones expuestas en el considerando quinto de la misma. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese y personalmente.

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