Jose Luis Cantu Sierra

Expediente 649/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
649/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
19/09/2018

Partes del expediente

  • Jose Luis Cantu Sierra

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el 310/2018-C, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria terminada de engrosar el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dentro de la queja ordinaria laboral 75/2018, que interpuso el quejoso José Luis Cantú Sierra, dentro del juicio de ampro 649/2018-III, en cuyo punto resolutivo dice: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Por tanto, háganse las anotaciones necesarias en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los Juicios de Amparo y en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (SISE); acúsese el recibo correspondiente al órgano colegiado oficiante; notifíquese lo anterior a las partes en el juicio; agréguense a estos autos la ejecutoria de mérito, para que obre como en derecho corresponda. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio 4698/2018, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual informa la admisión a trámite del recurso de queja hecho valer por el quejoso ******************** contra el proveído de cuatro de julio de dos mil dieciocho. De lo anterior tómese nota para los efectos legales a que haya lugar, y se está a la espera de la resolución relativa al aludido medio de impugnación.

  3. Principal

    ... Téngase por recibido el escrito firmado por el quejoso José Luis Cantú Sierra, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de cuatro de julio de dos mil dieciocho. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa en contra del acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 101, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ríndase informe sobre materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto atribuido a este órgano jurisdiccional, por cuanto hace a la emisión del acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, remítase al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en turno, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, el original del escrito de agravios e informe materia de la queja, así como copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo, para la substanciación del citado medio de impugnación. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que no se ordene notificar a las partes indicadas en la demanda de amparo la interposición del aludido recurso, dado que se combate el auto que desechó de plano la demanda de amparo; de ahí que al no haberse admitido la demanda de trato, no se ha generado la vinculación de las partes al juicio de amparo, en virtud de que no han sido emplazadas, por lo que no tienen derechos que defender, en atención a que no han resentido afectación alguna.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a cuatro de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por José Luis Cantú Sierra, contra actos de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo, y anótese su ingreso el cual queda registrado en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 649/2018-III, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. A continuación, se procede a analizar en su integridad la demanda que nos ocupa, así como el escrito registrado con el folio 11496, allegado en alcance a la demanda de amparo, en virtud de ser un todo, por lo que así debe interpretarse para armonizar los datos que contiene y fijar un sentido congruente con los elementos que la conforman, a fin de alcanzar una interpretación completa de la voluntad del promovente; lo que se efectúa en términos de la tesis 169, publicada en la página 207, del Tomo I, Materia Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del examen realizado al líbelo constitucional se advierte actualizado un motivo manifiesto de improcedencia, que impone desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido por los dispositivos 113 y 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I.- [. . .] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." El referido precepto 113 de la Ley de Amparo, faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es. Asimismo, de una interpretación armónica y sistemática de los numerales 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la ley de la materia, vista a contrario sensu, se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en ejecución cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior, porque la resolución que decida sobre la sanción al Actuario, se trata de un procedimiento dentro de la etapa de ejecución que tiene etapas previas como lo es el auto inicial (que admite la denuncia sancionable), la investigación y la audiencia previa, de ahí que se considera que se trate de actos intraprocesales en ese procedimiento encaminado a dilucidar sobre la sanción al fedatario. Precisado lo anterior, tenemos que en el caso el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de veintidós de junio de dos mil dieciocho, aduciendo el quejoso textualmente lo siguiente: ".en relación con la promoción y sus anexos de folio 3845 recibida el catorce de junio del año en curso, suscrita por el actor del juicio, atendiendo a su contenido mediante el cual realiza denuncia y petición de investigación al Actuario por incumplimiento de su obligación, es por lo que de conformidad con lo dispuesto por 637 fracción I, en relación con la fracción IV del artículo 681 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, se tiene a señalar las: trece horas del día diez de julio de dos mil dieciocho para que tenga verificativo la audiencia del C: Actuario adscrito a esta junta el licenciado Jorge Alberto Leal Reyna, en la cual tendrá el derecho de realizar manifestaciones que a sus intereses convengan, y deberá de hacer una investigación al respecto y se levante acta circunstanciada dando cuenta al Presidente." dentro del expediente laboral 293/2003, del índice de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Cabe precisar, que la parte quejosa refiere que presentó escrito el catorce de junio de dos mil dieciocho, a efecto de presentar denuncia e investigación de hechos al actuario por incumplimiento de su obligación, acordado mediante proveído de veintidós de junio de dos mil dieciocho, en el que se señalo el diez de julio del año en curso, para la audiencia en que el Actuario realice las manifestaciones que considere pertinentes. Sobre ese contexto, es que el suscrito aprecia que el acto reclamado no afecta de forma inmediata a un derecho sustantivo, sino que en su casi sólo podría estarse en presencia de una violación procesal reclamable en la resolución que determine si se sanciona o no a dicho Actuario. Esto es así, ya que aún no se ha dilucidado en definitiva sobre la pretensión del quejoso de sancionar al Actuario, que acontecerá en la resolución correspondiente. Lo anterior, ya que el artículo 637 de la Ley Federal del Trabajo, prevé una investigación y audiencia previa para llegar a la conclusión de que deba imponerse una sanción, lo que hace patente que efectuadas esas etapas tendrá que emitir una resolución en la que haga valoración ambos aspectos. De lo anterior se advierte, que dicho proveído reclamado se dictó en la etapa de ejecución dentro de un procedimiento especial para decidir si se sanciona al Actuario, mismo que no ha concluido en la resolución que defina si se le impone o no una sanción. En ese sentido, es inconcuso, que en el caso la procedencia de la vía indicada se encuentra condicionada, a que tenga una ejecución de imposible reparación; lo que no sucede ya que se reclama un acuerdo en el que se señaló el diez de julio de dos mil dieciocho, para que el actuario adscrito a la junta responsable, realice las manifestaciones que considere pertinentes, respecto a la denuncia e investigación por incumplimiento a sus obligaciones, planteada por el aquí quejoso, dentro del expediente laboral 293/2003, del índice de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; por lo que, tal determinación no causa a la parte quejosa un perjuicio irreparable, pues ello sólo se traduce en todo caso en una violación procesal que no afecta de manera directa derechos sustantivos o fundamentales, reclamable en su caso como violación procesal en la resolución que recaiga en la que se decida si se impone o no sanción al Actuario. En el caso, el proveído reclamado sólo podría afectar de manera directa derechos procesales, cuya violación es de carácter adjetivo, mas no incide con un derecho sustantivo, pues será hasta el dictado de la resolución que decida sobre la sanción. Por lo anterior, se concluye que el acuerdo combatido por la parte quejosa no tiene una ejecución que sea de imposible reparación y, por ende, se actualiza en su contra la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el numeral 107, fracción IV, de ese mismo ordenamiento, visto a contrario sensu. En las relatadas circunstancias, al actualizarse en el caso concreto la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, resulta dable DESECHAR LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que índica en su demanda de amparo, y como autorizadas en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las licenciadas Gladys Alemán Bocanegra y María Dolores González Ramos. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma José Luis González Arredondo, Secretario en Funciones de Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio consejo; autorizado mediante oficio CCJ/ST/3404/2018, de veintiséis de junio del presente año, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario Roberto Escobedo Sánchez, quien autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 13,278 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano