José Luis Canchola Sánchez

Expediente 1270/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 97 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1270/2015
Año
2015
Actuaciones
97
Última actuación
04/07/2017

Partes del expediente

  • José Luis Canchola Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 97.

  1. Principal

    VIII. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 2° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, la pieza postal que contiene el oficio 15289/2017, dirigido al "Comisionado General de la Policía Judicial Federal", devuelta por la Administradora de Correos Palacio de Justicia Federal, con el texto: "REUSADA LA AUTORIDAD ES INEXISTENTE EN EL DOMICILIO QUE CITA". Atento a lo anterior, en virtud de que por auto de seis de octubre de dos mil quince (foja 87), se dejó de tener con el carácter de responsable para los efectos del presente juicio de amparo.

  2. Principal

    Se tiene por recibida la pieza postal de cuenta a través de la cual el Administrador de Correos del Servicio Postal Mexicano, Módulo de Servicios Postales del Palacio de Justicia, devuelve el oficio 15288/2017, dirigido al Secretario de Seguridad Pública Federal. Expuesto lo anterior, a fin de evitar dilaciones procesales, en términos del artículo 28 de la Ley de Amparo, el oficio 15288/2016, reenvíese al domicilio actual y correcto.

  3. Principal

    VIII. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa, no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veinticinco de abril pasado (fojas 756 A 758), en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de quince de diciembre de dos mil dieciséis (foja 634). En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es depurable, pués se otorgó el amparo y protección de la justicia de la unión en el presente juicio de amparo. 2. El original del incidente es destruible, toda vez que se negó la medida cautelar (punto vigésimo primero, inciso II). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción. En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, a consideración de este órgano jurisdiccional, el presente carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  4. Principal

    VIII. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de seis de abril del año actual (foja 735), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, a fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio se promovió por José Luis Canchola Sánchez, contra el acto reclamado siguiente: La orden de traslado a otro centro federal de readaptación social de donde actualmente está recluido, así como su ejecución. Mediante sentencia dictada por este juzgado el nueve de marzo de dos mil dieciséis (fojas 391 a 413), por una parte se sobreseyó y en otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. Inconforme con tal determinación, el Delegado del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, interpuso recurso de revisión, medio de impugnación del cual correspondió su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, medio de impugnación que fue resuelto mediante testimonio de resolución de uno de diciembre de dos mil dieciséis (folio 661 a 683) en los términos siguientes: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Luis Canchola Sánchez, en contra de los actos y de las autoridades que precisados quedaron en el punto considerativo quinto del fallo impugnado, para los efectos ahí precisados." En ese sentido, es de precisarse que los efectos de la ejecutoria de amparo se hacen consistir en: "En que la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, deje insubsistente la orden de traslado reclamada, únicamente por lo que hace al quejoso José Luis Canchola Sánchez; así como sus consecuencias lo cual se traduce en regresar al quejoso al centro penitenciario en que se encontraba, lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad pueda ejecutar la orden emitida por autoridad competente que le otorga la ley en relación a los traslados, pero, de manera fundada y motivada." Por auto de quince de diciembre posterior, se requirió a la responsable el cumplimiento al fallo protector, a lo que por oficio recibido en este juzgado el seis de abril del año en curso, la Directora General del centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, informó el cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo y exhibió las documentales que así lo acreditan. De tales actuaciones se aprecia que mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/4531/2017, de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, el Coordinador General de Centros Federales, en suplencia del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en el que dejó insubsistente la orden de traslado reclamado en el presente asunto y autorizó el ingreso del quejoso José Luis Canchola Sánchez al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, circunstancia que se corrobora con el acta administrativa de ingreso número cuarenta y cinco (foja 746), de diez de marzo de dos mil diecisiete. Lo expuesto evidencia que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención Readaptación Social, en cumplimiento al fallo protector, dejó insubsistente la orden de traslado reclamada en el presente asunto y autorizó el ingreso del quejoso José Luis Canchola Sánchez al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, por lo que del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y el cumplimiento realizado por las responsables, permite concluir que el en el caso particular, se ha dado debido cumplimiento al fallo protector, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, de lo hasta aquí expuesto, se arriba a la conclusión de que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos que estimó violados, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 201/2009, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del once de noviembre de dos mil nueve, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En tales condiciones, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia. En tales condiciones, al quedar establecido el cumplimiento dado al fallo protector por parte de la responsable, las manifestaciones formuladas por la parte quejosa se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que estime prudentes.

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