José Luis Campos Lira
Expediente 1036/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1036/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 26/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Luis Campos Lira
- Juzgado de Control, Juicio Oral Y Ejecución de Sanciones del Trecer Distrito Judicial del Estado Con Sede En Cuatla, Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1036/2020-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el siete de abril de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en su único punto resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1036/2020-V, promovido por JOSÉ LUIS CAMPOS LIRA, por conducto de su defensor particular David Vargas Téllez; y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado por buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito el once de noviembre de dos mil veinte, recibido en este Juzgado al día siguiente, JOSÉ LUIS CAMPOS LIRA, por conducto de su defensor particular David Vargas Téllez, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones con residencia en Cuautla, Morelos y otra autoridad. SEGUNDO. Por auto de trece de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado, se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, también se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. El veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se emplazó a la tercera interesada JERÓNIMA RAYÓN VEGA. Asimismo, el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, por conducto del Juez responsable se emplazó al Agente del Ministerio Público que interviene en la causa penal de origen. Se continuó con la substanciación del juicio iniciándose la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama un acto de naturaleza penal atribuido a una autoridad en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones con residencia en Cuautla, Morelos, consistente en la resolución emitida en audiencia celebrada el veintidós de octubre de dos mil veinte, en la causa penal JCC-528/2020, en lo relativo a la actualización de la excluyente de incriminación prevista en el artículo 23 fracción IX del Código Penal del Estado de Morelos. Certeza que se acredita con el audio y video remitido en disco versátil digital que remitió el Juez responsable, del cual se observa la audiencia de veintidós de octubre de dos mil veinte, en la que emitió la resolución reclamada, y se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fue expedida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Tal como lo establece la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Página: 703, Registro electrónico 2004362, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". Asimismo, son ciertos los actos de ejecución de la referida resolución, reclamados al Director del Centro Penitenciario de Cuautla, Morelos, en virtud de que si bien negó la existencia de los actos que se le atribuyen; sin embargo, su negativa se encuentra desvirtuada, en virtud de que la autoridad ordenadora admitió la existencia de la resolución reclamada y, con motivo de la misma se continúa el procedimiento y con ello la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso. Razón por la cual se estima infundada la causa de sobreseimiento que hizo valer en el informe justificado. CUARTO. Al no existir causal de improcedencia hecha valer por alguna de las partes o que este Juzgado de Distrito advierta de oficio, se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la resolución reclamada. Los conceptos de violación en una parte son fundados pero inoperantes en otra inoperantes y por otra infundados, no advirtiéndose deficiencia qué suplir en términos del artículo 79 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, por las consideraciones que se exponen enseguida: En primer término se estima necesario precisar que en la audiencia celebrada el veintidós de octubre de dos mil veinte, el defensor particular del aquí quejoso solicitó la aplicación de una causa de exclusión de culpabilidad correctamente prevista como causa excluyente de incriminación en términos de la fracción IX del artículo 23 del Código Penal del Estado de Morelos que dispone: "ARTICULO 23.- Se excluye la incriminación penal cuando: (.) IX. Al realizar la conducta el agente padezca un trastorno mental transitorio que le impida comprender el carácter ilícito del hecho o conducirse de acuerdo con esa comprensión, a no ser que el agente hubiese provocado dolosamente o por culpa grave su propio trastorno. En este caso responderá por el hecho cometido." Argumentando esencialmente lo siguiente: Sostuvo que de acuerdo con el dictamen de psiquiatría designado por el juez se desprenden dos circunstancias determinantes: a) JOSÉ LUIS CAMPOS LIRA padece un trastorno mental de larga evolución conocido como esquizofrenia paranoide de curso persistente, que dicho trastorno impide su capacidad de querer y entender las consecuencias de sus actos, lo que demuestra que es inimputable. b) El trastorno mental que padece JOSÉ LUIS CAMPOS LIRA se inició a la edad de veintidós años cuando empezó a tener alucinaciones auditivas de comando que le ordenaban y controlaban su voluntad y actualmente las continúa padeciendo. Por dichas razones, solicitó que una vez que se determine el estado de inimputabilidad de JOSÉ LUIS CAMPOS LIRA, se estime que se actualiza la causa de exclusión de la culpabilidad en el delito prevista en la fracción IX del artículo 23 del Código Penal del Estado de Morelos. Para lo cual pidió al Juez aplicara el método biológico psicológico en el que deben examinarse dos circunstancias para determinar si hay o no delito. Primero verificar según el criterio biológico si al momento de realizar el hecho típico, el agente padecía enajenación mental, trastorno mental transitorio, desarrollo intelectual retardado, o cualquier otro estado mental. Y consideró que en este asunto con el dictamen pericial en psiquiatría ordenado por el juez se demuestra que el imputado padece un estado mental consistente en esquizofrenia paranoide de curso persistente. En segundo lugar, aplicar el criterio psicológico, para lo cual debe analizar si de acuerdo con el dictamen psiquiátrico, dicho estado mental impide al procesado comprender el carácter ilícito del hecho típico o de conducirse de acuerdo con esa comprensión. Lo anterior lo sustento en la tesis aislada cuyos datos de publicación y del rubro son los siguientes: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Registro digital: 2016738, Materias(s): Penal, Tesis: XXVII.3o.53 P (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, página 2173 Tipo: Aislada del rubro: "IMPUTABILIDAD O CAPACIDAD DE CULPABILIDAD. APLICACIÓN DEL MÉTODO BIOLÓGICO-PSICOLÓGICO PARA SU CONSTATACIÓN EN LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO." Por lo que concluyó que debía declararse que en el asunto operaba la excluyente de incriminación invocada a favor de José Luis Campos Lira y se ordenara su inmediata libertad. En relación a lo anterior, una vez escuchada la intervención de la fiscalía y del asesor de la víctima el Juez responsable en lo conducente resolvió: La situación en concreto, es que, desde mi óptica el artículo 414 del Código Nacional de Procedimientos Penales es claro en establecer los momentos precisos en los que se puede realizar una solicitud de esta naturaleza. El solicitar en este momento que se aplique la causa excluyente de incriminación para los efectos de que el imputado quede en libertad absoluta por padecer un trastorno mental de esta naturaleza, no es viable, oportuna, en estos instantes, de que este juzgador pueda entrar al estudio de esa situación. Porque la fase específica para haber realizado aquella valoración, lo era precisamente la fase de vinculación a proceso, no estamos en una fase idónea en la cual permita a este juzgador entrar al estudio pleno sobre si se actualiza o no la causa de excluyente de incriminación. En el caso en particular, se advierte que esta causa excluyente de incriminación que solicita se aplique en el presente asunto, no estamos en esa oportunidad, en esa fase idónea en la cual se pueda verificar ese tipo de resolución. Lo procedente en el caso en específico es como incluso lo han solicitado la fiscalía y la asesoría jurídica, y también incluso la defensa particular, es la aplicación del procedimiento para personas inimputables. Sin embargo, entro al estudio de las consideraciones de la primera petición, que en ese sentido este juzgador aplique el método biológico-psicológico, de acuerdo al criterio que establece la defensa de una tesis aislada con número de registro 2016738 y del contenido integral de dicha tesis aislada, en primer lugar es únicamente un criterio orientador, es decir, orientaría a este juzgador en ese sentido de aplicar o no esa situación respecto de la imputabilidad o capacidad de culpabilidad disminuida por el estado mental de una persona. Y además de acuerdo al numeral 217 de la Ley de Amparo en vigor esta tesis resulta no vinculante para este juzgador ya que es vinculante la jurisprudencia para este juzgador la que emite el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como también el Pleno de la Primera Sala o Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados del Décimo Octavo Circuito que es el Estado de Morelos, pero no así el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de donde emana la tesis aislada que invoca la defensa particular, entonces no es vinculante de ninguna manera. Y el hecho de entrar al estudio sobre la fracción IX del artículo 23 del Código Penal del Estado de Morelos no es la oportunidad correspondiente, sin adelantar criterios, lógicamente no estoy prejuzgando en ese sentido esa solicitud y esa teoría del caso que está manifestando la defensa particular y que solicita que en esta audiencia se aplique, con ese dictamen al cual ya hemos hecho alusión y hemos realizado el análisis correspondiente puede servir para la siguiente etapa del presente proceso, es una vez abierto el procedimiento de inimputables pues incluso la defensa puede allegarse de esa teoría del caso y aplicarla en la etapa de enjuiciamiento que es donde ya el tribunal diverso al de la voz tendría que resolver en definitiva la situación jurídica, en este caso de José Luis Campos Lira, podría en su caso el tribunal entrar al estudio toral sobre la causa de excluyente de incriminación que solicita la defensa particular. Pero en este momento el estadio procesal en que nos encontramos no es procedente entrar al análisis de la misma aún y cuando de manera indiciaria, porque estamos en un nivel indiciario aún, todavía no estamos desahogando prueba, el hecho de que el psiquiatra Teodoro Ávalos García haya examinado y remitido a este tribunal un diagnostico en ese sentido pues no reúne los requisitos de prueba aún, porque la prueba para ser considerada como tal y para que adquiera fortaleza jurídica probatoria, pues tiene que estar sometida bajo el análisis de los principios de contradicción e inmediación que prevé el sistema acusa torio adversarial. En esas consideraciones no ha lugar a acordar de conformidad el establecimiento de una excluyente de incriminación en esta audiencia solicitada por la defensa particular y que invoca se encuentra justificada en la fracción IX del artículo 23 del Código Penal vigente del Estado de Morelos, porque desde mi óptica no estamos en una fase idónea para poder verificar si efectivamente a través de prueba, que no estamos todavía desahogando ese tipo de prueba, establecer y darle valor pleno a esa documental que fue emanada del psiquiatra Teodoro Ávalos García, bajo esas consideraciones en estos momentos, no ha lugar entonces a acordar de conformidad esa situación solicitada por la defensa particular de que en la especie se deje en libertad a José Luis Campos Lira porque se actualiza una causa excluyente de incriminación. De esta resolución quedan debidamente notificados todos los intervinientes, por conducto de la asesoría jurídica y de la fiscalía, la parte ofendida que así logre acreditarlo. " Dicha resolución constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Precisados los antecedentes se procede al análisis de los conceptos de violación planteados, los que como se adelantó por una parte resultan fundados pero inoperantes en otra inoperantes y por otra infundados, no advirtiéndose queja deficiente qué suplir. 1.- Se aduce que el Juez responsable, aplica inexacta e injustificadamente en violación a los derechos fundamentales del directo quejoso JOSE LUIS CAMPOS LIRA, el artículo 414 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al asegurar reiterada e, insistentemente, que en dicho numeral se señala claramente que es la etapa de vinculación a proceso la fase oportuna y precisa para examinar la procedencia de la causa excluyente de incriminación; argumento que resulta falso porque la disposición legal invocada se refiere a la obligación del Juez de la causa, de aplicar los ajustes razonables al procedimiento ordinario tomando en cuenta la inimputabilidad del imputado, pero en ningún momento establece que la etapa de vinculación a proceso sea el único momento idóneo y preciso para hacer valer, debatir y en su caso resolver la existencia y procedencia de una excluyente de incriminación, lo que deviene infundado y por tanto, violatorio de los derechos fundamentales de JOSE LUIS CAMPOS LIRA Agrega que, si bien, de acuerdo con la fracción IV del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para dictar un auto de vinculación a proceso, el Juez tiene la obligación de verificar que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, como lo es la excluyente de incriminación prevista en la fracción IX del artículo 23 del Código Penal del Estado de Morelos; empero ese numeral en ningún momento determina que ésta sea la única oportunidad que tiene el Juzgador para examinar la existencia de una excluyente de incriminación, por lo que es inconcuso que el examen de la existencia y procedencia de una excluyente de incriminación, no está limitado a la fase de vinculación a proceso. En abono a lo anterior, aduce que el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el Ministerio Público, el imputado o su Defensor, pueden en cualquier fase del procedimiento, promover el sobreseimiento de la causa penal y una de las causas para declararlo, es que el imputado este exento de responsabilidad penal, como ocurre al actualizarse la, excluyente de incriminación prevista en la fracción IX del artículo 23 del Código Penal del Estado de Morelos. Los mencionados argumentos son fundados pero inoperantes por las siguientes consideraciones jurídicas: Son fundados en cuanto a que el análisis de la excluyente de incriminación prevista en el artículo 23, fracción IX, del Código Penal del Estado de Morelos, no es exclusivo ni se encuentra limitado al auto de vinculación a proceso, ni a la resolución definitiva como lo adujo el Juez responsable dado que es factible analizarla en cualquier etapa del proceso penal judicializado pero en los términos que más adelante se expondrán. Sin embargo, son inoperantes porque la defensa no hizo valer en la vía procesal correcta la existencia de la causal excluyente de incriminación; no existiendo obligación por parte del juzgador so pretexto de transgredir las formalidades del procedimiento, así como el principio de contradicción a que alude el artículo 20 Constitucional en suplir en su pretensión al abogado defensor del quejoso, ordenando la apertura de una incidencia para tales efectos, al constituir una cuestión accesoria al procedimiento que expresamente no fue peticionada. En efecto, la defensa solicitó llanamente se aplicara la excluyente de incriminación prevista en el artículo 23, fracción IX, del Código Penal del Estado de Morelos, y se ordenara la libertad del su defendido. Sin embargo, a afecto de que el Juez responsable estuviera en condiciones de analizar dicho planteamiento es necesario que promoviera en la vía incidental el sobreseimiento de la causa penal, en términos de lo previsto por el artículo 327 fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, una vez ejercida la acción penal o persecutoria y emitido el auto de vinculación a proceso, si la defensa estima actualizada una causal excluyente de incriminación por hechos supervenientes que emergieron con posterioridad al auto de vinculación a proceso, la vía procesal para dirimir dicha cuestión es el incidente de sobreseimiento. Justamente, el sobreseimiento es aquella resolución judicial por razón de la cual se decide la terminación total o parcial del proceso penal, en razón de diversas causas legales que impiden su continuación y posterior apertura respecto de los mismos hechos. Dicha figura jurídica origina que cesen todas las medidas cautelares que se hayan impuesto al imputado y tiene la autoridad de cosa juzgada a favor de éste. En lo que interesa, el artículo 327 fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el Ministerio Público, el imputado o su defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el sobreseimiento de la causa penal cuando el imputado esté exento de responsabilidad penal. A fin de que la hipótesis señalada surta sus efectos legales es necesario que se demuestre su existencia de manera indubitablemente, es decir, sin duda alguna. A través del incidente de sobreseimiento es factible anular los datos de prueba que fundaron el auto de vinculación a proceso mediante datos supervenientes, que demuestren, de manera evidente e indiscutible, que el imputado está exento de responsabilidad penal. Sirve de apoyo la tesis 1a. CX/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 175665, Novena Época, Materias Penal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 203 del rubro: "CAUSA DE EXCLUSIÓN DEL DELITO. LA CARGA DE LA PRUEBA LE CORRESPONDE A QUIEN LA HACE VALER. Se entiende por causa de exclusión del delito aquella que, concurriendo en el comportamiento de una persona, la releva de su responsabilidad penal, aun cuando la acción u omisión que haya realizado esté prevista en la ley como delito. Ahora bien, la carga de la prueba corresponde a quien hace valer dicha causa, atento al principio general de derecho que establece que quien afirma está obligado a probar, lo mismo que el que niega, cuando su negación sea contraria a una presunción legal o cuando envuelva la afirmación expresa de un hecho. Lo anterior no vulnera los principios de debido proceso legal y acusatorio, íntimamente relacionados con el principio de presunción de inocencia -implícitamente reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, pues ello de ninguna manera releva al Ministerio Público de la Federación de la carga de la prueba de todos los elementos del delito, sino que únicamente impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que haga valer, una vez que éste ha sido plenamente probado por la referida representación social, por implicar una afirmación contraria a lo probado, que corresponde probar a quien la sostiene." La finalidad esencial del incidente de sobreseimiento radica en que una vez dictado el auto de vinculación a proceso, que ha adquirido el carácter de irrevocable, aparezcan nuevos elementos probatorios que sean contundentes para invalidar los datos primigenios, y que puedan destruir su eficacia a fin de cesar los efectos de la vinculación a proceso, es decir, sólo con base en datos desconocidos que no fueron materia de análisis en el auto de vinculación a proceso, se debe demostrar que los datos que dieron sustento al mismo, deben declararse desvirtuados. Sin embargo, debe precisarse que el sobreseimiento no comprende revalorar los datos del auto de vinculación a proceso, porque éstos fueron ofrecidos y apreciados en la resolución, lo que adquirió el carácter de irrevocable para esa etapa al agotarse los medios de impugnacion o inclusive el juicio de amparo, sino la anulación de los que fundaron el auto de vinculación a proceso, conforme a la aparición posterior de datos comprobables que desvirtúen los medios probatorios que sustentaron el sentido de la resolución de la etapa inicial, esto es, la invalidez para efectos de acreditar plenamente que el imputado está exento de responsabilidad penal; lo que en el particular se observa pretendía la defensa a la luz del alegato formulado en la audiencia respectiva a partir de la actualización de una causa que refiere excluye la incriminación del aquí quejoso. Por tanto, la vía procesal para que el Juez de Control responsable se encuentre en condiciones de resolver sobre la actualización de la causa excluyente de incriminación prevista por el artículo 23 fracción IX del Código Penal del Estado de Morelos, es el incidente de sobreseimiento previsto en el artículo 327, fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que al no haberlo interpuesto, resultan inoperantes los argumentos analizados, dado que no es factible exigirle el Juez de Control que examine una figura jurídica que no fue propuesta en el contradictorio. Asimismo, en relación al argumento en el que expone que el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el Ministerio Público, el imputado o su Defensor, pueden en cualquier fase del procedimiento, promover el sobreseimiento de la causa penal y una de las causas para declararlo, es que el imputado este exento de responsabilidad penal, como ocurre al actualizarse la, excluyente de incriminación prevista en la fracción IX del artículo 23 del Código Penal del Estado de Morelos, es inoperante por novedoso toda vez que no lo hizo valer ante el Juez de Control responsable en la audiencia de veintidós de octubre de dos mil veinte. En efecto en dicha audiencia el defensor del quejoso argumentó lo siguiente: Sostuvo que de acuerdo con el dictamen de psiquiatría designado por el juez se desprenden dos circunstancias determinantes: a) JOSÉ LUIS CAMPOS LIRA padece un trastorno mental de larga evolución conocido como esquizofrenia paranoide de curso persistente, que dicho trastorno impide su capacidad de querer y entender las consecuencias de sus actos, lo que demuestra que es inimputable. b) El trastorno mental que padece JOSÉ LUIS CAMPOS LIRA se inició a la edad de veintidós años cuando empezó a tener alucinaciones auditivas de comando que le ordenaban y controlaban su voluntad y actualmente las continúa padeciendo. Por dichas razones, solicitó que una vez que se determine el estado de inimputabilidad de JOSÉ LUIS CAMPOS LIRA, se estime que se actualiza la causa de exclusión de la culpabilidad en el delito prevista en la fracción IX del artículo 23 del Código Penal del Estado de Morelos. Para lo cual pidió al Juez aplicara el método biológico psicológico en el que deben examinarse dos circunstancias para determinar si hay o no delito. Por tanto, es evidente que el argumento analizado entorno al artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales no fue materia de análisis en la resolución reclamada, por lo que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de una resolución a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues se reitera tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, y por ende, el Juez de Control responsable no tuvo la oportunidad legal de examinarlas ni de pronunciarse sobre ellas, por lo que de analizarlas en esta instancia constitucional el suscrito Juez se sustituiría a la responsable, lo cual es inadmisible; de ahí lo inoperante de los argumentos analizados. Apoya a la anterior consideración jurídica la jurisprudencia VI.2o.A. J/7, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, registro 178788, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia: Administrativa, página: 1137 del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL." 2.- Por otra parte, se argumenta que el Juez responsable, viola el principio de control horizontal, previsto en el artículo 20 apartado A fracción IV de la Constitución General de la República; 4 y 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales que rige como principio el procedimiento acusatorio adversarial, debido a que la Agente del Ministerio Público, al hacer uso de la palabra únicamente señaló: "Solicita se le cite al psiquiatra para que haga una explicación detallada de su dictamen y de acuerdo con el 414 se dé inicio al procedimiento especial" Por su parte, la Asesora Jurídica añade: "Que solicita se inicie el procedimiento especial". Por lo que considera el quejoso que ni la Ministerio Público ni la Asesora Jurídica, vertieron argumentos para justificar su oposición a la petición de la defensa en relación a la actualización de la causa de exclusión indicada; de ahí que el Juez debió declarar procedente la excluyente de incriminación solicitada. Es infundado, porque el Juez responsable no examinó el fondo de la cuestión planteada, es decir, no se pronunció sobre la actualización o no de la causa de incriminación que se hizo valer, pues determinó que su análisis resultaba improcedente en los términos solicitados por el defensor particular del imputado. Lo que como se indicó resulta acertado a virtud de que no se hizo valer en la vía incidental a que se refiere el ordinal 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, aún y cuando el Agente del Ministerio Público y la Asesora jurídica no hayan justificado su oposición a la acreditación de la causa excluyente de incriminación, ello no implicaba que el Juez declarara procedente la petición de la defensa, pues se reitera, la autoridad responsable no entró al análisis del fondo de la cuestión planteada sino consideró que no era procesalmente factible analizar la actualización de la causa de incriminación en la forma planteada. 3.- En otro aspecto, se alega que el Juez responsable dejó de observar el numeral 24 del Código Penal del Estado de Morelos, en donde se señala que las excluyentes de incriminación penal, se harán valer de oficio y deben aplicarse también a los inimputables, es decir, que aún y cuando la defensa no hubiera solicitado su aplicación, el Juez de Control debe hacerlas valer, por lo que al no hacerlo provoca la violación a los derechos fundamentales del ahora impetrante de derechos fundamentales. Es infundado, en virtud de que el artículo 24 del Código Penal del Estado de Morelos, debe interpretarse sistemáticamente en relación con lo dispuesto en los artículos 316 fracción IV y 406, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales que obligan, respectivamente, al Juez de Control a verificar al emitir el auto de vinculación a proceso que no se encuentre actualizada una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito y al Tribunal de enjuiciamiento al argumentar porque el sentenciado no está favorecido por alguna de las causas de la atipicidad, justificación o inculpabilidad. Esto es, el análisis de las excluyentes de incriminación penal a que se refiere el artículo 24 del Código Penal del Estado de Morelos, debe realizarse de oficio pero al momento de resolver la situación jurídica del imputado en el auto de vinculación a proceso o bien, al resolver en definitiva sobre la acusación al emitir la sentencia, en términos de lo que disponen los artículos 316 fracción IV y 406, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no es factible considerar que de manera permanente el Juez de Control debe verificar oficiosamente la actualización de alguna causa excluyente de incriminación. Siendo que como aconteció en el presente asunto, la pretensión formulada por la defensa resultó improcedente en la forma planteada al no presentarse en términos del ordinal 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estando impedido el Juez de Control a suplir en el ejercicio de su defensa al indicado quejoso; de ahí que resulte infundado el concepto de violación en estudio. Consecuentemente al resultar por una parte fundados pero inoperantes en otra inoperantes y por otra infundados, no advirtiéndose deficiencia qué suplir en términos del artículo 79 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección de la justicia de la unión solicitada. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman al Director del Centro Penitenciario de Cuautla, Morelos, en virtud de que no se reclaman por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A JOSÉ LUIS CAMPOS LIRA, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de marzo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla, por medio del cual remite la constancia de emplazamiento realizada a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado de Morelos (********************), que conoce de la causa penal ********************de su índice; el que se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado por la Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en auto de quince de enero actual, remite copia certificada del audio y video de la audiencia de veintidós de octubre del año dos mil veinte, en la causa penal JCC/528/2020 de su índice. Por consiguiente, se tiene a la referida autoridad responsable dando cumplimiento a lo solicitado en auto de quince de enero del año en curso, y se ordena glosar a los autos el disco compacto que remite; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Por otra parte, se advierte que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla, no ha dado cumplimiento al requerimiento formulado en autos el trece de noviembre de dos mil veinte, por el cual se le requirió que por su conducto notificara la iniciación del presente juicio al agente del ministerio público adscrito que intervino en la causa penal JCC/528/2020 de su índice y remitiera las constancias para acreditar lo anterior. En virtud de lo anterior, se le requiere para que en el término de tres días que serán computados de manera legal a partir de su notificación, notifique la iniciación del presente juicio al agente del ministerio público adscrito que intervino en la causa penal JCC/528/2020 de su índice y remita las constancias para acreditar lo anterior. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así dentro del término concedido o de no informar la imposibilidad que tuviera para ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 259 en relación al 236 de la Ley de amparo. Para dar tiempo a lo anterior, es procedente diferir de manera anticipada la audiencia constitucional señalada para el día dos de marzo actual, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
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