Jose Luis Camara Encalada
Expediente 119/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 119/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 20/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Luis Camara Encalada
- Marcela Camara Encalada
- MIRIAM CAMARA JIMENEZ y Otros.
- JOSE LUIS CAMARA ENCALADA y Otros.
- Miriam Camara Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada el veintidós de abril de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, PUES SE NEGÓ TANTO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL COMO LA DEFINITIVA SOLICITADAS, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Por otra parte, no existiendo motivo alguno para que continúe en la secretaría de este Juzgado el legajo de copias certificadas de las actuaciones que integran el expediente ********************del índice de la Juez responsable, mismo que remitiera en su oportunidad. En consecuencia, devuélvase a la autoridad antes señalada, para los efectos legales del caso. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa de conformidad con el artículo 27 y 29 de la ley de amparo .Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************y ********************, por propio derecho, en contra del acto que reclamaron a la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.
- Principal
ELECTR.VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 119/2022-II-B, promovido por ********************, a nombre de los menores de edad de identidad reservada ********************y ********************, en contra del acto que reclaman a la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, ... QUINTO. Análisis de la Litis Constitucional. Previo al análisis de la litis constitucional, cabe destacar que en el presente juicio de amparo el acto reclamado que se estudia deriva de una controversia familiar; por tanto, involucra intereses de menores, por lo que resulta evidente que se debe atender al interés superior de éstos. Razón por la cual debe velarse por ello conforme a lo establecido en el artículo 4 constitucional. El artículo 4, párrafos noveno, décimo y onceavo, constitucional refiere al principio del interés superior de la niñez. En la parte que aquí interesa señala expresamente: En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. El interés superior del niño es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de los menores previstos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Destaca que el desarrollo y bienestar integral del niño comprende los siguientes derechos: a) Conocer a sus padres y ser cuidado por ellos; b) Preservar las relaciones familiares; c) No ser separado de sus padres, excepto cuando tal separación sea necesaria en atención a su interés superior; d) No ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su familia; e) Protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual; y, f) Un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Así, debe observarse en todo momento el interés superior de las niñas y niños. Este principio implica dar prioridad a su bienestar ante cualquier otro interés que vaya en su perjuicio. Está reconocido expresamente en la legislación encargada de desarrollar los derechos contemplados en el artículo 4 Constitucional, como lo es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo artículo 2 establece: "Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno; II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. (.)" Por su parte el diverso 23, párrafo primero de esa misma Ley dice: Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez, sin perjuicio de las medidas cautelares y de protección que se dicten por las autoridades competentes en los procedimientos respectivos, en los que se deberá garantizar el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, en especial de niñas, niños y adolescentes." De lo expuesto es de apreciarse que el derecho a las visitas y convivencias de los padres con los hijos menores es un derecho fundamental de estos últimos, mismo que se extiende a la familia; reconocido por la Constitución y legislación secundaria; así como en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por lo que, en los casos en que haya separación del menor de alguno de los padres, debe prevalecer el interés superior del niño. Lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, el cual puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio y su familia en general. Ilustra lo anterior, la tesis 1a. CCCLXVIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 600, Décima Época, materia constitucional, registro 2007795, siguiente: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD. El derecho a las visitas y convivencias de los padres con los hijos menores es un derecho fundamental de éstos que se encuentra contemplado en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el artículo 4o. constitucional, toda vez que está vinculado directamente con el interés superior del menor, principio que sí está contemplado expresamente en el citado precepto constitucional. En este sentido, es evidente que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio." En este sentido, el interés superior del menor es uno de los principios rectores más importantes del marco nacional e internacional de los derechos del niño. Corrobora lo anterior el criterio jurisprudencial 1a./J. 25/2012 (9a.), emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Así también, es de exacta aplicación al caso, la tesis XLVII/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto se inserta: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL. De acuerdo a una interpretación teleológica, el interés superior del niño es principio de rango constitucional, toda vez que en el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al actual texto del artículo 4o., se reconoce expresamente que uno de los objetivos del órgano reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los derechos del niño. En este sentido, el interés superior del niño es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño. En el ámbito interno, el legislador ordinario también ha entendido que el interés superior es un principio que está implícito en la regulación constitucional de los derechos del niño, ya que es reconocido expresamente en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como un principio rector de los derechos del niño. Además, debe decirse que incluso en aquellos temas en los que el menor aún no esté preparado para manifestarse, ya sea por su falta de madurez o desconocimiento pleno de la información respecto de las ventajas o desventajas de la situación, debe respetarse el derecho a expresar su opinión en un proceso jurisdiccional. Pero siempre teniendo en cuenta que el ejercicio de ese derecho está supeditado a su situación particular, así como al análisis del caso concreto en el cual se cuestione en los términos y parámetros en que debe escucharse al menor involucrado. Lo que se pretende es prevenir que enfrente situaciones que le inquiete o perturbe su sano desarrollo y sobre las cuales no sepa aún externar una opinión madura que pueda considerarse lo suficientemente válida para decidir algún aspecto que le afecte. Asumiendo que a medida que el menor madura, sus opiniones deben tener cada vez más peso en la evaluación de su interés superior. Ilustra lo anterior, la tesis 1a. CVIII/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL DERECHO A EXPRESAR SU OPINIÓN EN UN PROCESO JURISDICCIONAL DEBE RESPETARSE, INCLUSIVE EN TEMAS EN LOS QUE AÚN NO ESTÉ PREPARADO PARA MANIFESTARSE. De los artículos 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, deriva la obligación del Estado de velar por el principio del interés superior del menor, garantizando de forma plena su derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que puedan afectarle y que aluden a determinaciones de su ámbito cotidiano. En ese sentido, incluso en aquellos temas en los que el menor aún no esté preparado para manifestarse, ya sea por su falta de madurez o desconocimiento pleno de la información respecto de las ventajas o desventajas de la situación, debe respetarse el derecho a expresar su opinión en un proceso jurisdiccional, pero siempre teniendo en cuenta que el ejercicio de ese derecho está supeditado a su situación particular, así como al análisis del caso concreto en el cual se cuestione en los términos y parámetros en que debe escucharse a los menores involucrados, pues lo que se pretende es prevenir que enfrenten situaciones que les inquieten o perturben su sano desarrollo, y sobre las cuales no sepan aún externar una opinión madura que pueda considerarse lo suficientemente válida para decidir algún aspecto que les afecte, asumiendo que a medida que el niño o la niña madura, sus opiniones deberán tener cada vez más peso en la evaluación de su interés superior." Cabe agregar que tal hipótesis normativa de velar por el interés superior del menor es de obvia aplicación oficiosa para toda autoridad; razón por la cual, con el fin de salvaguardar los derechos integrales del menor, por encima de los personales expuestos por progenitores, se debe hacer un análisis integral del asunto, prescindiendo de cualquier vicio de forma que pudiera retardar el acceso a la justicia pronta acorde a lo establecido en el artículo 17 constitucional. En ese contexto, los conceptos de violación propuestos se analizan en aras de velar por el citado interés superior, el cual resulta de mayor importancia y trascendencia. Prerrogativa que obliga tanto el suscrito Juez Federal, como la autoridad responsable, a proveer en el más amplio sentido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto, es menester precisar que los antecedentes destacados que se advierten de las constancias remitidas por la autoridad responsable son las siguientes: 1. Por proveído de seis de abril de dos mil veintiuno, la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, admitió a trámite el juicio especial de divorcio promovido por ********************, en contra de ********************, la cual fue registrada con el número ********************; demanda en la que solicitó sustancialmente, la disolución del vínculo matrimonial, le fuese otorgada la guarda y custodia de sus hijos menores de edad de iniciales ********************y ********************, que se le fijara el pago de una pensión alimenticia a favor de sus hijos y a cargo de la demandada, y que se recabara la información necesaria para establecer la capacidad económica de la señalada demandada, (fojas 1 a 83 del anexo I). 2. Posteriormente, la demandada ********************, contestó la demanda instaurada en su contra mediante escrito de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, contestando los hechos, y señalando que no estaba de acuerdo con las pretensiones de la parte actora ni con el convenio que adjuntó a la demanda, por lo que también presentó un convenio como contrapropuesta, (fojas 110 a 166 del anexo I). 3. Luego, en auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el juez responsable tuvo a la accionada por contestada oportunamente la demanda incoada en su contra, y ordenó dar vista a la parte actora con la misma y con las pruebas ofrecidas. De igual manera se pronunció respecto a las medidas de protección solicitadas por la demanda, y en atención a que del Sistema Informático para la Recopilación y Control de Expedientes (SIRCE) se advertía la existencia del expediente 157/2021, relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales promovido por ********************, en contra de ********************, ordenó traer el mismo a la vista. Y en atención a que las medidas de protección dictadas en el mismo se encontraban vigentes, determinó que no había lugar a decretarlas, además de que estaba pendiente de resolverse la excepción de litispendencia. Asimismo se reservó fijar medidas provisionales y fijar la audiencia preliminar, hasta contar con mayores elementos, (fojas 167 a 171 del anexo I). 4. Posteriormente, el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, la Juez responsable dictó medidas provisionales en los siguientes términos: Estableció que los menores ********************y ********************, quedaban bajo la guarda y custodia de ********************, y que ambos padres conservaban el ejercicio de la patria potestad sobre dichos infantes. También estableció un régimen de convivencia a favor de los menores, el cual determinó se realizara a través de los diversos medios tecnológicos en modalidad de llamada telefónica o video llamada, en cualquiera de las diversas aplicaciones, la cual sería los días martes, jueves y sábados de cada semana, de diecisiete a dieciocho horas, con la posibilidad que si los menores lo deseaban, podrían convivir con su padre en otra día y hora distintas a las decretadas. Lo anterior en aras de salvaguardar el interés superior de los menores, tomando en consideración su edad, que se desconocía como era la situación actual en la que vivían y el tipo de relación que tenían con su progenitor; que no se tenía certeza de que hubiesen sufrido algún tipo de violencia, aunado al riesgo epidemiológico del Estado, que de acuerdo a la información oficial, el semáforo se encontraba en naranja. Asimismo estableció alimentos en favor de los menores de edad y a cargo de ********************, (fojas 386 a 395 del anexo I) 5. En contra de esa determinación ********************, interpuso recurso de revocación, el cual fue declarado improcedente mediante resolución de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, (fojas 136 a 146 del anexo II) Y con posterioridad promovió juicio de amparo, el cual se registró bajo el número 2289/2021-VI-A, del índice de este Juzgado de Distrito, el cual se resolvió en fecha doce de abril del año en curso, y en el que se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: ...En acatamiento al artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable: Deje insubsistente la resolución de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dictada en autos del juicio especial de divorcio sin causales ********************, y en su lugar, dicte otra en la que deberá: Por lo que hace al régimen de convivencia: Establecer las convivencias entre los menores y su progenitor aquí quejoso detallando los días y horas para tal efecto, bajo la modalidad virtual, pero en forma supervisada, señalando la plataforma en la que habrá de llevarse a cabo. Para lo cual deberá solicitar al Coordinador del Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, a fin de que designe personal a su cargo del departamento de psicología y/o trabajo social para que supervise las sesiones virtuales ordenadas en autos del juicio de origen, dentro del horario y días previamente establecidos. Así mismo, dicho régimen de convivencia virtual supervisada tendrá una duración de tres meses, sino se emite sentencia y causa ejecutoria la misma con anterioridad, que varíe tal circunstancia. Durante la temporalidad señalada (tres meses), la Juez responsable, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente resolución, deberá ordenar que se lleven a cabo evaluaciones psicológicas tanto a los menores, como a sus progenitores, para los fines específicos aquí establecidos. Esto es, para verificar que en el caso no exista alienación parental de alguno de los progenitores hacia los menores, así como para ayudar en forma inmediata a que dentro de lo posible se reanuden a la brevedad las convivencias entre la menor y su padre, así como para que el menor, igualmente, dentro de la medida de lo posible, se puedan realizar las convivencias de manera física. Una vez concluido el plazo señalado (tres meses), atendiendo a los resultados de dichas evaluaciones, con plena libertad de jurisdicción, de existir las condiciones para ello, deberá evaluar la posibilidad de modificar el régimen de convivencia a la modalidad presencial, o en su caso, determinar un diverso plazo, debidamente justificado, no mayor a otros tres meses, para volver a evaluar las circunstancias del caso. Así mismo, deberá ordenar tanto a los progenitores como a la familia ampliada a que se conduzcan en todo momento con respeto hacia los padres de los menores, evitando hacer manifestaciones denostativas o que impliquen calificativos negativos, entre ellos, frente a los menores, a fin de contaminarlos lo menos posible con los problemas derivados del conflicto familiar que se encuentran ventilando; bajo apercibimiento que de no cumplir con ello, se hará uso de las medidas legales que correspondan, de acuerdo a las atribuciones legales al alcance de la juez para hacer cumplir sus determinaciones. Por lo que hace a la pensión alimenticia: Siguiendo los lineamientos establecidos en la presente resolución, deje insubsistente el porcentaje decretado de pensión alimenticia fijado; y hecho ello, determine con libertad de jurisdicción, con base en el principio de proporcionalidad alimenticia, el porcentaje de pensión alimenticia provisional que corresponda a los menores, de manera fundada y motivada. Sin que con ello se le constriña necesariamente a resolver de una manera distinta a la que lo hizo en cuanto a la fijación del monto de la pensión decretada. 6. Mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veintiuno, ********************, solicitó a la juez responsable autorizara que sus hijos mayores de edad pudiesen visitar a sus hermanos ********************y ********************, en los días y horas propuestos; (fojas 408 a 414 del anexo II). 7. A dicho memorial recayó el acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se ordenó dar vista a ********************, por el término de tres días, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, (fojas 424 a 426 del anexo II). 8. Por escrito de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la indicada ********************, desahogó la vista que se le dio, y al respectó manifestó que la petición debió ser realizada por los hermanos mayores de sus hijos y no por el padre, y que en caso de que fuese procedente la petición de ********************, solicitó que la convivencia se llevara a cabo de manera virtual, (fojas 559 y 560 del anexo II). 9. Por proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno, la Juez responsable se pronunció respecto a la petición de ********************, en relación a la solicitud de autorizar que sus hijos mayores de edad pudiesen visitar a sus hermanos ********************y ******************** Y al respecto determinó que si bien era cierto que por auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, atendiendo a las circunstancias y privilegiando el derecho de los menores a la salud y a la vida, frente a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2, se dispuso fijar un régimen de convivencia a distancia entre los menores y su progenitor. Considerando que la situación no había cambiado frente al riesgo epidemiológico con motivo de la pandemia, el simple hecho de sustraer a los menores de su domicilio para incorporarlos a un nuevo ambiente, implicaba realizar un evento más propenso a contraer el virus, por lo que no autorizaba a que Carlos, ******************** y ********************, todos de apellidos ********************, visitaran de manera presencial a sus hermanos menores ********************y ******************** (fojas 563 a 567 del anexo II). Lo anterior, como ya se indicó, constituye el acto reclamado por la parte quejosa. Ahora bien, se establece que en sus conceptos de violación, por lo que se refiere a ese acto reclamado, la quejosa señala que el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintiuno, que negó a Carlos, ******************** y ********************, todos de apellidos ********************, visitaran de manera presencial a sus hermanos menores ********************y ********************, carece de fundamentación y motivación, pues la responsable se limitó a señalar que las circunstancias que se tomaron en cuenta para establecer el régimen de convivencia determinado por auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, no habían cambiado, por lo que existía riesgo para los menores de contraer el virus SARS-CoV2; lo que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en el artículo 16 Constitucional. De igual manera señala la parte quejosa que aunado a ello, debió considerarse que parte de su derecho de convivencia es poder tener contacto no sólo con su progenitor no custodio, sino con su familia ampliada, por lo que también debió establecerse un régimen de convivencia con sus hermanos mayores que fuese concomitante con el de su padre. Lo anterior es infundado por lo siguiente. En primer término, debe señalarse que en el caso de menores de edad, el Estado debe asegurarles la protección y el cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de los padres, tutores, o personas responsables de ellos ante la ley, adoptando las medidas necesarias de toda índole para lograrlo, y respetando las responsabilidades de los padres, la familia ampliada y en su caso, la comunidad, de impartir a los menores dirección y orientación apropiadas conforme a su condición, para que ejerza los derechos reconocidos en este instrumento. En ese sentido, la asunción de responsabilidad sobre el cuidado de su propia salud y la prevención de enfermedades, necesariamente se ha de generar en función de su edad y grado de madurez física y mental, y de la información y formación que reciban de los adultos en los ámbitos familiar, escolar y social al respecto, conforme a su autonomía progresiva. Esto, desde luego, sin menoscabo de los deberes de los progenitores y del propio Estado, en la garantía y protección de ese derecho. Por otra parte, es un hecho notorio que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró estado de pandemia por el virus SARS-CoV-2, generador de la enfermedad a la que se dio el nombre de COVID-19. En México, por acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés siguiente, el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de la enfermedad COVID-19, y anunció que la Secretaría de Salud establecería medidas de preparación, prevención y control, para su implementación por parte de los entes públicos estatales. Luego, el veinticuatro de marzo del mismo año, la Secretaría de Salud expidió acuerdo en el que se establecieron medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos emanados de la enfermedad COVID-19, entre otras, el ya conocido distanciamiento social, suspensión de actividades escolares y de aquellas que involucraran concentración física, tránsito o desplazamiento de personas; asimismo, se recomendó la práctica de determinados hábitos de higiene. Posteriormente, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, la Secretaría de Salud Federal emitió acuerdo en el que estableció acciones extraordinarias para contener la enfermedad, vinculantes para los sectores público, social y privado, estableciendo la suspensión de actividades no esenciales y precisando las que se considerarían esenciales; y en lo que aquí interesa, exhortó a toda la población en el territorio nacional, a mantener un resguardo domiciliario responsable, entendido como la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible. Esa exhortación se prorrogó en diverso acuerdo publicado en el órgano oficial de difusión federal el veintiuno de abril de dos mil veinte. Luego, el catorce de mayo de dos mil veinte, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo mediante el cual estableció una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones, para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa. En ese sentido, el regreso a las actividades escolares, económicas y sociales referidas sería gradual, ordenado y cauto, por regiones, atendiendo a los protocolos sanitarios y conforme a etapas diseñadas para transitar en un semáforo de riesgo epidemiológico para el uso del espacio público, de los colores rojo, naranja, amarillo y verde, regidas por determinadas directrices, de manera sencilla, las siguientes: "Rojo: Se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales, asimismo se permitirá también que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día. Naranja: Además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19, se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo (cantidad de personas) reducido. Amarillo: Todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. Verde: Se permiten todas las actividades, incluidas las escolares." Dicha información oficial es un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con lo anterior, lo que se pretende dejar asentado es que, aunque el estado de pandemia exista, lo cierto es que no siempre será bajo las mismas circunstancias de restricciones y movilidad, aunque sí siempre con precaución, porque el país opera bajo el esquema de semáforos como la norma oficial, incluso, con una nueva modalidad a partir del esquema de vacunación implementado en el país. Se señala lo anterior, ya que como se puso de manifiesto en párrafos anteriores, la Juez responsable en el acuerdo recurrido, determinó que si bien era cierto que por auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, atendiendo a las circunstancias y privilegiando el derecho de los menores a la salud y a la vida, frente a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2, se dispuso fijar un régimen de convivencia a distancia entre los menores y su progenitor. Considerando que la situación no había cambiado frente al riesgo epidemiológico con motivo de la pandemia, el simple hecho de sustraer a los menores de su domicilio para incorporarlos a un nuevo ambiente, implicaba realizar un evento más propenso a contraer el virus, por lo que no autorizaba a que Carlos, ******************** y ********************, todos de apellidos ********************, visitaran de manera presencial a sus hermanos menores ********************y ******************** En el caso, la situación epidemiológica en el Estado de Yucatán, indica la existencia del semáforo verde, que permite todas las actividades, incluidas las escolares. Por lo que esa sola circunstancia podría ser suficiente para conceder la protección Constitucional, a efecto de que la Juez se pronuncie de nueva cuenta en relación a la solicitud realizada por el padre no custodio de los menores involucrados, y que realizó en favor de sus hijos mayores de edad. Sin embargo, de la sentencia emitida en el diverso juicio de amparo 2289/2021-VI-A, del índice de este Juzgado de Distrito, se desprende la existencia de la audiencia de escucha de los menores, llevada a cabo el ocho de octubre de dos mil veintiuno, en autos del procedimiento de origen. Escucha de la que se advierte que los menores involucrados en este asunto, manifestaron cómo es en la actualidad, la relación con sus papás, y el tipo de convivencia que existe con ellos. También se advierte en lo que aquí interesa, que la menor de edad ********************refirió tener hermanastros, y que solo se llevaba con ********************. De donde se desprende que no existe evidencia de que los menores estén inconformes con el tipo de relación que existe con sus hermanos mayores y mucho menos manifestaron su deseo de llevar una convivencia de manera física o presencial con éstos, pues como se indicó, la menor de edad antes indicada manifestó que únicamente se lleva con ********************. Y dado que la quejosa no promovió por su propio derecho, resulta inatendible lo que se menciona en los conceptos de violación, pues es claro que se tratan de argumentos que se pretendieron realizar a nombre de los menores, cuando en la realidad, con base en las pruebas que obran en el juicio de origen, no se desprende en forma clara y evidente que los menores estén inconformes con la convivencia que llevan con sus hermanos mayores. Además, si bien es cierto que en los argumentos vertidos en la demanda de amparo, se señala que los menores quejosos tienen derecho a convivir con su familia ampliada, en el caso, con sus hermanos mayores de edad. Debe decirse que la determinación de la Juez sólo constituye una negativa de que la convivencia entre éstos, se realice de manera presencial; es decir, no implica una prohibición de convivencia entre los quejosos menores de edad y sus hermanos, pues la misma puede desarrollarse de manera virtual o a distancia, en los términos establecidos en el proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Esto es, dentro de los días y horas que ya están fijados para el progenitor, pues los hermanos mayores de los quejosos pertenecen a la familia ampliada del padre, y aunque el derecho de convivencia es individual, su ejercicio debe hacerse de manera nuclear, esto es, conjuntamente con el de los miembros que conforman el mismo núcleo familiar. Lo anterior, siempre y cuando sea deseo y/o voluntad de los menores, pues no puede perderse de vista que no debe obligárseles a ello. Resulta aplicable al tema la tesis II.2o.C.23 C (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la página 2405 del Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2018350, bajo el rubro y texto siguientes: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA ENTRE EL MENOR Y SU FAMILIA AMPLIADA. DEBE FIJARSE DE FORMA CONCOMITANTE CON LA DEL PROGENITOR QUE NO TIENE LA GUARDA Y CUSTODIA. Los artículos 4, 5 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño establecen el derecho de los menores a una familia ampliada, la cual debe comprender a los tíos, primos, abuelos, etcétera, así como que los Estados Partes deben respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes, en su caso, de los miembros de la familia ampliada según establezca la costumbre local, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en dicha convención. Ahora bien, cuando uno de los progenitores tiene asignada la guarda y custodia sobre su hijo y el otro sólo ejerce la convivencia, y algún miembro de la familia de este último también la solicita pero de modo particularizado, ese derecho debe ejercerse concomitantemente con el del progenitor que ya la tiene asignada y no por separado, toda vez que el señalamiento individualizado de convivencia por cada familiar implicaría reducir el tiempo del que debe disponer el menor para ejercer plenamente ese derecho con sus progenitores. Consecuentemente, la convivencia que debe existir entre los miembros de la familia ampliada y los menores, debe realizarse en los días fijados para el progenitor que no tiene la guarda y custodia, pues si bien el derecho de convivencia es individual, su ejercicio debe hacerse de manera nuclear, esto es, conjuntamente con el de los miembros que conforman el mismo núcleo familiar." A mayor abundamiento, debe establecerse, que en todo caso serán los progenitores de los menores o sus legítimos representantes, los que deben gestionar todo lo relacionado con dicha convivencia y no los hermanos mayores, como sucedió en el caso, que fue la hermana mayor de los menores la persona que promovió el juicio de amparo en su nombre, pues son los primeros (padres), los que en términos de los artículos 276, 277 y 278, fracción I, del código de Familia del Estado de Yucatán, ejercen la representación de sus hijos. En efecto, la interpretación conjunta de los preceptos legales previamente indicados, permite colegir que los hijos menores de edad no emancipados estarán bajo la patria potestad de sus padres, quienes serán sus legítimos representantes. En esa tesitura, conviene precisar que la patria potestad consiste en la regulación jurídica que se hace de los deberes y derechos que se reconocen a los padres en las legislaciones civil y familiar sobre los hijos y sus bienes; lo que implica el reconocimiento de los mismos con el fin de proveer la protección y desarrollo integral de los hijos menores. Así, la patria potestad debe atender a la buena administración y cuidado de las condiciones personales, materiales y económicas para satisfacer las necesidades primarias del menor y generar su buena salud y desarrollo físico y mental, así como sus bienes. A propósito de lo anterior, es ilustrativa la jurisprudencia 42/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "PATRIA POTESTAD. SU CONFIGURACIÓN COMO UNA INSTITUCIÓN ESTABLECIDA EN BENEFICIO DE LOS HIJOS. La configuración actual de las relaciones paterno-filiales ha sido fruto de una importante evolución jurídica. Con la inclusión en nuestra Constitución del interés superior del menor, los órganos judiciales deben abandonar la vieja concepción de la patria potestad como poder omnímodo del padre sobre los hijos. Hoy en día, la patria potestad no se configura como un derecho del padre, sino como una función que se le encomienda a los padres en beneficio de los hijos y que está dirigida a la protección, educación y formación integral de estos últimos, cuyo interés es siempre prevalente en la relación paterno-filial, acentuándose asimismo la vigilancia de los poderes públicos en el ejercicio de dicha institución en consideración prioritaria del interés del menor. Es por ello que abordar en nuestros días el estudio jurídico de las relaciones paterno-filiales y en particular de la patria potestad, requiere que los órganos jurisdiccionales partan de dos ideas fundamentales, como son la protección del hijo menor y su plena subjetividad jurídica. En efecto, por un lado, el menor de edad está necesitado de especial protección habida cuenta el estado de desarrollo y formación en el que se encuentra inmerso durante esta etapa vital. La protección integral del menor constituye un mandato constitucional que se impone a los padres y a los poderes públicos. Al mismo tiempo, no es posible dejar de considerar que el menor es persona y, como tal, titular de derechos, estando dotado además de una capacidad progresiva para ejercerlos en función de su nivel de madurez". Sin que se pase por alto que también los hermanos mayores de edad, por su propio derecho, si estimaban que el auto impugnado les causaba perjuicio, lo podían combatir por ellos mismos, lo que en el particular no se hizo. Sin embargo, es claro que a ellos también les asiste el derecho de convivir con sus hermanos menores, respetando la voluntad de estos últimos, a fin de fortalecer los lazos familiares. Además, debe considerarse lo resuelto en el juicio de amparo 2289/2021-VI-A, del índice de este Juzgado de Distrito, pues ello impacta en el presente juicio de amparo, ya que en el mismo se determinó, de entre otras cuestiones, que debía concederse la protección constitucional solicitada para el efecto de que en relación al régimen de convivencia, la responsable haga lo siguiente: Establecer las convivencias entre los menores y su progenitor aquí quejoso detallando los días y horas para tal efecto, bajo la modalidad virtual, pero en forma supervisada, señalando la plataforma en la que habrá de llevarse a cabo. Para lo cual deberá solicitar al Coordinador del Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, a fin de que designe personal a su cargo del departamento de psicología y/o trabajo social para que supervise las sesiones virtuales ordenadas en autos del juicio de origen, dentro del horario y días previamente establecidos. Así mismo, dicho régimen de convivencia virtual supervisada tendrá una duración de tres meses, sino se emite sentencia y causa ejecutoria la misma con anterioridad, que varíe tal circunstancia. Durante la temporalidad señalada (tres meses), la Juez responsable, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente resolución, deberá ordenar que se lleven a cabo evaluaciones psicológicas tanto a los menores, como a sus progenitores, para los fines específicos aquí establecidos. Esto es, para verificar que en el caso no exista alienación parental de alguno de los progenitores hacia los menores, así como para ayudar en forma inmediata a que dentro de lo posible se reanuden a la brevedad las convivencias entre la menor y su padre, así como para que el menor, igualmente, dentro de la medida de lo posible, se puedan realizar las convivencias de manera física. Una vez concluido el plazo señalado (tres meses), atendiendo a los resultados de dichas evaluaciones, con plena libertad de jurisdicción, de existir las condiciones para ello, deberá evaluar la posibilidad de modificar el régimen de convivencia a la modalidad presencial, o en su caso, determinar un diverso plazo, debidamente justificado, no mayor a otros tres meses, para volver a evaluar las circunstancias del caso. Así mismo, deberá ordenar tanto a los progenitores como a la familia ampliada a que se conduzcan en todo momento con respeto hacia los padres de los menores, evitando hacer manifestaciones denostativas o que impliquen calificativos negativos, entre ellos, frente a los menores, a fin de contaminarlos lo menos posible con los problemas derivados del conflicto familiar que se encuentran ventilando; bajo apercibimiento que de no cumplir con ello, se hará uso de las medidas legales que correspondan, de acuerdo a las atribuciones legales al alcance de la juez para hacer cumplir sus determinaciones. Es decir, que se mantenga por un período determinado, el régimen de convivencia en la modalidad virtual. El cual, como ya se indicó en párrafos que anteceden, incluye a la familia ampliada del progenitor no custodio, en el caso sus hijos mayores de edad. Y el cual deberá realizarse en los términos ahí determinados en aras de garantizar el interés superior de los menores. De ahí que se consideren infundados los conceptos de violación que se esgrimieron en la demanda de amparo. En esas circunstancias, al resultar infundados los argumentos expuestos por la quejosa en su escrito de demanda, aun suplidos en su deficiencia, respecto del acto reclamado consistente en el auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente ********************, relativo al procedimiento especial de divorcio incausado promovido por ******************** en contra de ********************del índice del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial en el Estado, y no advertirse queja deficiente que suplir, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es NEGAR LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitada. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************y ********************, por propio derecho, en contra del acto que reclamaron a la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.
- Principal
ELECT Mérida, Yucatán; diez de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el telegrama que contiene el informe con justificación rendido por el Secretario de Salud, con residencia en la Ciudad de México. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Así, con fundamento en el artículo 9 de la legislación antes invocada, se tiene como su domicilio el que indica y como delegados de su parte a las personas que refiere. Por otro lado, agréguese el diverso telegrama de la oficiante antes indicada, por medio del cual pretende rendir su informe respecto a la suspensión de plano; sin embargo, tal y como se advierte del auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo no se otorgó dicha medida cautelar. Por tanto, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento. Notifíquese y cúmplase.
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