José Luis Calvo López
Expediente 643/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 643/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/05/2019
Partes del expediente
- José Luis Calvo López
Actuaciones
- Principal
Vista; la razón de cuenta, realizada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, a través de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa, el proveído de dieciséis de mayo del año en curso, por las razones ahí expuestas. Al efecto, se acuerda: Para no dejar a la parte quejosa en estado de indefensión, notifíquese el proveído de referencia, así como los subsecuentes, aún los de carácter personal, por lista, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto; el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, por el cual remite en razón de competencia por cuestión de turno, el juicio de amparo 475/2019-III, de su índice, promovido por +++, contra actos del Juez del Ramo Penal del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas y otras autoridades, al cual adjunta original del expediente antes mencionado, así como el original y duplicado de los cuadernos incidentales relativos; asimismo, copia certificada de la prueba documental consistente en la causa penal 77/2013, en dos tomos. Al efecto, se acuerda: REGISTRO Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 643/2019-VI, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). acúsese el recibo correspondiente; e infórmese que este juzgado acepta la competencia planteada. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, y de las constancias que acompañó la autoridad responsable ordenadora como apoyo a su informe justificado se obtiene que la parte quejosa reclama esencialmente: La orden de aprehensión de veintitrés de octubre de dos mil trece, dictada en la causa penal 77/2013, del índice del Juzgado del Ramo Penal del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas, por el delito de motín, emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 664/2013, del índice de este juzgado, en su anterior denominación. Tiene aplicación a lo anterior la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. En efecto, en el presente juicio de amparo se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, misma que consigna que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos. Bajo esa tesitura, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció los requisitos que se deben colmar para estimarse que un acto de autoridad ha sido consentido, según el criterio siguiente: ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad. De lo anterior, se aduce que para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, deben actualizarse los requisitos siguientes: 1. Que el acto reclamado exista y que el agraviado lo conozca, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; 2. Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque dicho impetrante se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo, que desde luego, no sería intentado; y, 3. Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal previsto. En el caso particular, se colma el primer requisito para ser un acto consentido, referente a la existencia del acto reclamado, lo cual se advierte de las constancias que anexó la autoridad responsable ordenadora como apoyo a su informe justificado, consistente en la orden de aprehensión emitida el veintitrés de octubre de dos mil trece, dentro de la causa penal 77/2013; asimismo, dicho acto reclamado es del conocimiento del quejoso, ya que dentro del juicio de amparo 664/2013-XIV, del índice este órgano jurisdiccional, mismo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, por tratarse de un asunto que se tramita en este juzgado, se advierte que la misma le fue notificada al quejoso por conducto del actuario judicial adscrito a este juzgado el cinco de noviembre de dos mil trece. La segunda exigencia, relativa a que el acto reclamado le cause un agravio al quejoso, quedó satisfecha, pues la referida orden de aprehensión fue emitida contra el hoy quejoso, la cual se encuentra pendiente de ejecutarse. Siguiendo con el análisis, en lo que respecta al tercer requisito, que establece que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no hayan instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17, de la Ley de Amparo, de igual manera se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación: El referido artículo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18, establece que los plazos se computaran a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas. Lo expuesto se corrobora con el contenido de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto. Aquí debe aclararse que el impetrante de amparo tuvo conocimiento del acto que por esta vía se combate, desde cuando menos, el cinco de noviembre de dos mil trece, por las consideraciones que a continuación se vierten. De los autos del aludido juicio de amparo 664/2013-XIV, del índice de este órgano jurisdiccional, se advierten los siguientes antecedentes: El veintitrés de octubre de dos mil trece, el Juez del Ramo Penal del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, libró nueva orden de aprehensión, en contra del aquí quejoso, por el delito de motín, dictada en la causa 77/2013. De ahí, que este órgano jurisdiccional, como hecho notorio advierte que +++, tuvo conocimiento del acto que reclama en esta instancia, desde cuando menos el cinco de noviembre de dos mil trece, fecha en la que le fue notificado legalmente el proveído de veintinueve de octubre de dos mil trece, en el que se le dio vista con la nueva orden de aprehensión de veintitrés de octubre de dos mil trece, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese tenor, si el quejoso tuvo conocimiento del acto que ahora reclama, desde cuando menos el cinco de noviembre de dos mil trece, a dicho acto ya le es aplicable el término de quince días establecido en el referido numeral 17, de conformidad con sustentado por nuestro máximo tribunal. Por lo que el quejoso tenía quince días hábiles a partir de esa data para combatir el acto que ahora reclama, pues fue la fecha en la que tuvo conocimiento del mismo, ante la vista otorgada por este órgano jurisdiccional. Así, del presente expediente se advierte que el quejoso presentó su demanda el nueve de abril de dos mil diecinueve; por tanto, es evidente que habían fenecido los quince días de que disponía para promover el juicio de amparo en contra del acto precisado en líneas que anteceden. En efecto, el término para presentar la demanda de amparo, inició el seis de noviembre de dos mil trece, sin que lo haya hecho dentro del plazo legal. Por lo que, dado que el solicitante de amparo combatió por esta vía el acto reclamado en comento, hasta el nueve de abril de dos mil diecinueve, fecha en que presentó su demanda de amparo, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, y Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, según se aprecia del sello de recepción respectivo que obra en la primera hoja de la demanda de referencia; es indudable que la misma es extemporánea, al haber sido presentada con posterioridad a los quince días que para tal efecto exige el artículo 17, de la Ley de Amparo vigente. Cobra aplicación al caso la Jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva. Luego, al no haberse reclamado oportunamente el acto en análisis implica un consentimiento tácito por parte del quejoso que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior, del tenor siguiente: ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo y debe sobreseerse en el juicio respectivo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el artículo 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, atento a lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia. Sin que sea el caso hacer pronunciamiento respecto de las demás autoridades ordenadoras que señala el quejoso en su demanda de amparo, ya que con independencia que negaron categóricamente el acto reclamado respecto de esas autoridades, el acto por el que aparece probado se actualizó una causal de improcedencia. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito inicial de demanda; y como autorizados en términos del párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del artículo 12, de la Ley de Amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que menciona, toda vez que así lo solicitó. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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