José Luis Cadena Pupiales
Expediente 294/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 294/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 02/05/2023
Partes del expediente
- José Luis Cadena Pupiales
- Jonathan Fernando Pinos Suquillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, en consecuencia, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control correspondiente y archívese el presente asunto como concluido, en el entendido que el presente asunto se tramitó sin cuaderno incidental. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues el juicio concluyó con una determinación que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; una vez transcurrido ese plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de control respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, agréguese a los autos el oficio signado por el Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en su carácter de representante jurídico del Instituto Nacional de Migración y del Comisionado de dicho instituto, atento a su contenido, no se hace mayor pronunciamiento, toda vez que en esta fecha se ordenó el archivo del asunto. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos los oficios signados por el Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación jurídica del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que en auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento del presente asunto fuera de la audiencia constitucional. Notifíquese en términos de ley. A
- Principal
CITATORIO QUEJOSO Y PERITO San Andrés Cholula, Puebla, tres de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, incorpórese a los autos el dictamen emitido por Edgar Allan Rivera Pérez, en su carácter de perito en agrimensura, designado por la parte quejosa; en consecuencia, REQUIÉRASE al citado perito por conducto de los accionantes de amparo para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, ratifique el contenido y firma de su dictamen recibido en este juzgado federal el tres de abril de la presente anualidad. Con el apercibimiento para la parte quejosa que de no hacerlo dentro del término indicado para ello o, no manifestar su imposibilidad para tal efecto, se le tendrá por conforme con el dictamen que en su momento emita el perito oficial designado por parte de este juzgado federal. Notifíquese en términos de ley
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio signado por la secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por el que remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el nueve de marzo de dos mil veintitrés, dentro del toca 349/2022 derivado de la queja interpuesta en contra del proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós; téngase a la superioridad devolviendo las copias certificadas remitidas con motivo del recurso de queja interpuesto. Acúsese el recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes que el recurso de referencia, fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se declara parcialmente fundado el recurso de queja interpuesto por el Presidente Constitucional del Municipio de Chignahuapan, Puebla, contra la resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo 813/2020. SEGUNDO. Se modifica la resolución impugnada que aprobó el incidente de liquidación de sentencia en los términos del último considerando." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente Municipal y Directora de Recursos Humanos, ambos de Chignahuapan, Puebla; para que realicen los actos precisados en el testimonio de cuenta dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, consistentes en: ". con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Amparo, se determina que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el monto total bruto que debe percibir la parte quejosa al quince de enero de dos mil veintitrés, asciende a $339,213.53, que deberán cubrir las autoridades responsables. Ello, en el entendido que deberán retener de ese monto las cantidades que, por impuestos, legalmente se causen, debiendo la autoridad correspondiente considerar, en relación con el impuesto sobre la renta, el contenido del artículo 93 de la Ley del impuesto sobre la renta, esto es, considerar los conceptos y montos exentos. Asimismo, se deberá abstener de retener el concepto denominado impuesto sobre nómina, toda vez que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Hacienda del Estado de Puebla, es sujeto del impuesto la persona física o moral que realice el pago por las remuneraciones al trabajo. Aunado a que las indemnizaciones, como la aquí determinada, no causan impuesto sobre nómina". Se apercibe a las mencionadas autoridades responsables, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras a una multa; y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se les hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se les informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se les comunica que en caso de que llegaran a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero, y 269 de la Ley de Amparo.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
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