José Luis Cacho Valdez
Expediente 1064/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1064/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Luis Cacho Valdez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, tengase por recibido el escrito del quejoso José Luis Cacho Valdez, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda y por el que autoriza a las personas que indica en su ocurso de cuenta para recibir tales constancias. En tal virtud, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, devuélvanse los documentos que aportó al presente expediente, previo cotejo, así como copia certificada que de los mismos se dejen en autos y acta de entrega que para el efecto se levante; asimismo, téngasele autorizando a las personas que refiere para recibir dichas constancias. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de noviembre de dos mil dieciocho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/5669/2018 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; ante la licenciada Adela Rodríguez González, secretaria que autoriza y da fe.Octavio Rojas Figueroa
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por José Luis Cacho Valdez, contra actos del licenciado Juan Manuel Maldonado Valencia en su calidad de Notario Público número noventa y ocho con residencia y ejercicio en los Reyes, Michoacán y de otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1064/2018. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. Asimismo, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La parte quejosa señala como autoridad responsable al Notario Público número noventa y ocho con ejercicio y residencia en los Reyes, Michoacán, de quien reclama dar fe de los contratos de compraventa celebrados entre Ignacio Esquivel Villanueva y Raúl Balderrama López, así como Jorge Zamudio Naranjo, respecto de los predios siguientes: La fracción ubicada al centro del predio rustico denominado "LA TINAJA, EL LLANO Y PERAMBEN" ubicado en el municipio de Peribán de Ramos, Michoacán; y, La fracción ubicada al sur del predio rustico denominado "LA TINAJA, EL LLANO Y PERAMBEN" ubicado en el municipio de Peribán de Ramos, Michoacán. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo instituye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De lo anterior, se obtiene que lo que la propia Ley de Amparo, deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Por su parte, el artículo 1º, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo, establece: "El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. (.) II. (.) III. (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". Asimismo, el artículo 5°, fracción II, del ordenamiento legal en cita, señala: "Son partes en el juicio de amparo: I. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De lo antes expuesto, se obtiene que los particulares tienen la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad. Entonces, si las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como ya se precisó, la parte quejosa reclama del Notario Público número noventa y ocho con residencia y ejercicio en los Reyes, Michoacán, dar fe de los contratos de compraventa celebrados entre Ignacio Esquivel Villanueva y Raúl Balderrama López, así como Jorge Zamudio Naranjo, respecto de los predios que ostenta ser propietario el aquí quejoso. Cabe precisar que el notario es un fedatario público al que la ley le otorga la facultad de autentificar y dar forma a los actos y hechos jurídicos, por lo que cuando actúa en ejercicio de esas facultades, su actuación no implica la aplicación o ejecución de una determinación de observancia obligatoria, como tampoco la modificación de un situación jurídica determinada o la afectación de la esfera legal del gobernado. Por tanto, es claro que no existe una relación de supra a subordinación, pues la actividad del notario no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, por ello su intervención no puede considerarse acto de autoridad ya que sólo hace constar las situaciones jurídicas de los particulares. Lo anterior resulta ser así, en virtud de que el notario público actúa como simple fedatario de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares, de manera que si entre éstos y aquel no existe una relación de supra a subordinación, la actividad del fedatario no es un acto unilateral que pueda prescindir del conocimiento de los gobernados, pues son ellos quienes le solicitan sus servicios y resulta evidente que ante tal escenario, su intervención no puede considerarse como acto de autoridad. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo el fedatario público no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.88k, visible en la página 2091, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo III, septiembre de 2015, con número de registro 20010063, de rubro y texto siguientes: NOTARIO PÚBLICO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO, DADO QUE CARECE DE FACULTADES PARA CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR SITUACIONES JURÍDICAS EN FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece la norma que regula las notas características del acto de autoridad, en cuanto crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, así como también identifica como autoridad a los particulares cuyas funciones estén determinadas por una norma general que los faculte para realizar actos equivalentes a aquellos que afecten derechos en términos de esta fracción. En ese sentido, la intervención de un notario en la elaboración de una escritura, no le otorga la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, porque no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza el acto de la autoridad judicial. Esto es, la objetiva posibilidad legalmente prevista de que un ente del gobierno o un particular puedan ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, deriva de la naturaleza y características propias del acto que emiten u omiten, pues no sólo debe tener las cualidades específicas señaladas de unilateralidad y obligatoriedad, sino que también deben trascender o impactar en la esfera jurídica del gobernado, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas o fácticas, siempre que esa posibilidad para el particular derive de una facultad expresa conferida por normas generales. En esas condiciones, si bien es cierto que aunque el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la citada fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, también lo es que el notario público no se encuentra en ese supuesto, pues lo que se reclama de éste es cualquier acto tendente a tirar la escritura del inmueble materia del juicio de origen, lo que implica que únicamente dará fe del acto de adjudicación, con lo cual da la forma de escritura pública a ese acto, para efecto de su inscripción; pero no actúa por sí y ante sí, de manera unilateral, para afectar la esfera jurídica de la quejosa, máxime que de los artículos 11 y 12 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal se advierte que los notarios públicos son sólo auxiliares de la administración de justicia, así como que están obligados a prestar sus servicios profesionales cuando para ello fueren requeridos por las autoridades, por los particulares o en cumplimiento de resoluciones judiciales". De igual forma, la tesis II.3o.C.4 C, visible en la página 971, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de 2000, de rubro y texto siguientes: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO CUANDO SU ACTUACIÓN DERIVA DE UNA ORDEN JUDICIAL. De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. Efectivamente, el notario es un fedatario público al que la ley le otorga la facultad de autentificar y dar forma a los actos y hechos jurídicos, por lo que cuando actúa en ejercicio de esas facultades, a virtud de una disposición jurisdiccional, su actuación no implica la aplicación o ejecución de alguna determinación de observancia obligatoria, como tampoco la modificación de una situación jurídica determinada o la afectación de la esfera legal del gobernado, ya que no trata de imponer disposiciones normativas ni actúa motu proprio, sino en acatamiento del referido mandato jurisdiccional, que es donde propiamente se hizo la aplicación de la ley y en donde se decretó la afectación de la esfera jurídica de las partes contendientes. Consecuentemente, el fedatario que da autenticidad y forma legal al acto jurídico base de la acción, en el juicio natural, no actúa como autoridad para efectos del amparo, sino como simple fedatario de ese acto que fue materia de una controversia jurisdiccional y por ende, el juicio de amparo contra actos del notario público, resulta improcedente". En tal virtud, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo y con apoyo en el artículo 113 de la referida ley, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa por su notoria e indudable improcedencia. Asimismo, dicha improcedencia y desechamiento se hacen extensivos a la autoridad ejecutora señalada como Director del Registro Público de la Propiedad Raiz y del Comercio en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, toda vez que del análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa en su escrito de demanda, se advierte que no se le atribuyen vicios propios de ejecución. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter; o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. Asimismo, se precisa que el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las determinaciones dictadas en el juicio, que en su caso requieran notificación personal, en términos de los incisos b) y c) de la fracción I, del artículo 27, de la Ley de Amparo; queda constreñido al lapso que comprende de las nueve a las quince horas de los días hábiles, por ser el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 49/2011. En ese contexto, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o bien, el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 del ordenamiento legal invocado, con excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de noviembre de dos mil dieciocho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/5669/2018 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; ante la licenciada Adela Rodríguez González, secretaria que autoriza y da fe.Octavio Rojas Figueroa
- Principal
Se notifica a la parte QUEJOSA JOSE LUIS CACHO VALDEZ por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de amparo.
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