José Luis Bueno Gómez
Expediente 1363/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1363/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- José Luis Bueno Gómez
Actuaciones
- Principal
MESA II.- SE REMITE INCOMPETENCIA.
- Principal
ACUSAN RECIBO DE UNA PÓLIZA DE FIANZA Visto; agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, a través del cual Juan Carlos Peña Arrona, quien se ostenta como apoderado legal de la Afianzadora Aserta, sociedad anónima de capital variable, acusa recibo de la póliza de fianza 1150-03501-0, con número de folio 2488469, e informa que ha procedido a la cancelación de la misma, en atención al requerimiento hecho por auto de diecinueve de noviembre del año en curso. Ahora bien, del estado de autos se advierte que, por auto de diecinueve de noviembre del año en curso, se remitieron a la citada afianzadora dos pólizas, ambas de número 1150-03501-0, pero una de folio 2488469 y otra número 2483393. Asimismo, de los autos se sigue que, en ese mismo proveído se requirió a la citada afianzadora, por conducto de quien la represente, para que remitiera la cancelación de las dos garantías citadas. Empero, como se observa del escrito que se provee, la moral oficiante únicamente acusa de recibo la póliza de fianza 1150-03501-0 con número de folio 2488469, siendo omisa en hacer referencia a la diversa identificada con el folio 2483393, a pesar de habérsele requerido que expresamente informara sobre la cancelación de esta última. REQUERIMIENTO En las relatadas circunstancias, en este acto se le requiere de nueva cuenta a la persona moral Afianzadora Aserta, sociedad anónima de capital variable, para que dentro de un término de tres días, acuse de recibo de la póliza 1150-03501-0, de folio 2483393 y una vez recibido el presente oficio, se sirva remitir a este juzgado la copia donde conste la cancelación de la garantía citada. APERCIBIMIENTO Finalmente, se apercibe a la moral requerida que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el término señalado, o bien, informe el impedimento con que cuente para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción IV, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa que puede ir de cincuenta a mil unidades de medida y actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI); medio de apremio que se individualizará en su oportunidad acorde a las circunstancias que la motiven, atendiendo a los elementos objetivos y subjetivos que para tal fin deban cubrirse.
- Principal
MESA II.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE JOSÉ LUIS BUENO GÓMEZ, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE:--- Visto el comunicado de cuenta y anexos que acompaña, remitidos por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, a través del cual comunica el acuerdo de diez del presente mes y año, dictado en el juicio de amparo 1320/2019-V-A, de su índice, con el que remite la demanda de amparo promovida por José Luis Bueno Gómez, contra actos del Juez Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Tampico; así como el expediente 1320/2019-V-A, acúsese de recibo. Ahora bien, vista la demanda de amparo formulada por José Luis Bueno Gómez, contra actos del Juez Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Tampico; fórmese el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese en el libro de gobierno, con el número de juicio 1363/2019-II-B. INCOMPETENCIA En principio, debe tenerse en consideración que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso. Por tanto, se debe establecer si este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, tiene competencia legal o no, para conocer del presente asunto. Ahora bien, para realizar el estudio de la competencia de este órgano jurisdiccional, cabe traer a contexto el contenido de los artículos 34, 170 y 47 de la Ley de Amparo los cuales establecen: Artículo 34.- Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. [.] Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. [.] Artículo 47.- Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. [.] De los preceptos legales transcritos se colige que tratándose de las sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio o que lo den por concluido, procederá el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. De manera que, es preciso definir los actos que delimitan la procedencia del amparo directo, a saber: 1) Se está ante una sentencia definitiva cuando la determinación resuelve el juicio en lo principal. 2) Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. 3) Los laudos son las resoluciones conclusivas dictadas en los juicios del orden laboral. Precisado lo anterior, se puede colegir que los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo son únicamente dos: I) sentencias definitivas y laudos así como II) resoluciones que ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal. Ahora bien, la parte quejosa en su demanda de amparo refiere como acto reclamado: ". la Resolución de fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 23/2019-VI-A, del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Sección Civil.". En ese contexto, este órgano jurisdiccional resulta legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata. En efecto, en relación con las resoluciones que pongan fin al juicio o que lo den por concluido, procederá el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Es aplicable al caso en concreto, la jurisprudencia de rubro y texto : TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En ese contexto, de la documental que la parte quejosa anexo a su escrito inicial de demanda (cedula de notificación de trece de noviembre de dos mil diecinueve), constancia a la que se le confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la cual se advierte que el once de noviembre de dos mil diecinueve, dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil 23/2019-VI-A, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, se dictó sentencia definitiva, en la cual se declaro procedente la vía ejecutiva mercantil intentada por Mariana Guadalupe Domínguez Pérez, en su carácter de endosatario en procuración de Foly Tampico Sociedad Anónima de Capital Variable y se condenó José Luis Bueno Gómez al pago de la cantidad de $22,165.80 (VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N) y demás prestaciones. Sobre esa línea de estudio, resulta oportuno traer a contexto el contenido del numeral 1339 del Código de Comercio el cual establece: "Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $662,957.06 (Seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. [.]" Bajo ese panorama, al estar en presencia de una sentencia definitiva, la cual en razón de su cuantía resulta irrecurrible, resulta obvia la incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda intentada. Resulta de exacta aplicación la jurisprudencia de rubro y texto : RECURSO NO IDÓNEO. LA SENTENCIA EMITIDA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE CONSTITUYE EN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO, CUANDO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA ES IRRECURRIBLE, CONFORME AL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUNQUE SE HAGA VALER LA APELACIÓN Y ÉSTA SE DESECHE. Acorde con los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas; ello, dada su naturaleza de medio extraordinario de defensa ante la falta de recursos ordinarios por virtud de los cuales el gobernado pueda impugnar la sentencia que le agravia. De esta manera, si el artículo 1339 del Código de Comercio, excluye la procedencia del recurso de apelación contra sentencias que decidan el juicio en lo principal, cuyo valor del negocio sea inferior a una determinada cuantía, resulta inconcuso que las emitidas en juicios ejecutivos mercantiles, que por razón de cuantía son irrecurribles, se constituyen en definitivas para efectos del juicio de amparo directo; de ahí que la circunstancia de que una de las partes interponga en su contra el recurso de apelación previsto en el citado artículo 1339 y que el juez de la instancia determine no admitirlo, desecharlo o tenerlo por no interpuesto, no constituye un obstáculo para que, en el plazo previsto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, proceda el juicio de amparo directo promovido contra dicha sentencia. En mérito de lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto; por tanto, remítase de inmediato la demanda de cuenta, junto con sus copias, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, Por conducto de su oficina de correspondencia común, con residencia en Ciudad Victoria, para que determine lo que en derecho proceda. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia de rubro : "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.". Por lo expuesto, fórmese cuaderno de antecedentes y déjese copia de la demanda para constancia legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como sus autorizados en términos de la parte final, segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica en su demanda de amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en virtud que no se encuentran acreditados para ejercer la profesión de licenciado en derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes y sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 9,351 expedientes
- José Juan Santacruz Ramírez100/2021
- Jose Juan Velazquez Campos159/2020
- José Luis Aguilar Lomas719/2023
- José Luis Aguirre Constantino1446/2021
- José Luis Avila Iseta91/2020
- Jose Luis Bautista Rivera838/2017
- Jose Luis Calles Lopez1281/2018
- Jose Luis Carrizalez Carranza279/2016
- José Luis Castillo de la Fuente529/2019
- José Luis Castro Santiago1125/2019
- Jose Luis Cedillo Reyes116/2016
- José Luis del Ángel Cervantes542/2022