José Luis Brizuela Salazar
Expediente 947/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 947/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 15/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- José Luis Brizuela Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Colima, Colima quince de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de inconformidad, dentro del término legal, contra la resolución que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de la suscrita juzgadora, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa ********************; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) Devuélvase el cuaderno de pruebas toda vez que es innecesaria su retención. Finalmente, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, que autoriza y da fe. JAAA/ar*
- Principal
Colima, Colima, once de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes para que desahogaran la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado federal se pronuncia en lo tocante al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio de garantías, en los siguientes términos: Por sentencia de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de Colima, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el auto de formal prisión de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 213/2014. 2. En su lugar, repusiera el procedimiento y recabara nuevamente la declaración preparatoria del inculpado, purgando el vicio establecido en el cuerpo de la resolución, a fin de que no se limite la garantía de defensa de aquél; además, debía hacerle saber todas las garantías que a su favor establece el artículo 20 Constitucional (anterior a las reformas del dieciocho de junio de dos mil ocho) y, en especial, que previo a esa actuación, tenía la posibilidad de entrevistarse durante un tiempo razonablemente prudente con su defensor en privado y estén en aptitud de acordar las pruebas que aportarían al proceso para desvirtuar la imputación. Inclusive, debía hacer constar que efectivamente se celebró la entrevista en privado del inculpado y su defensor. 3. En el momento procesal oportuno y con plenitud de jurisdicción, resolviera de nueva cuenta la situación jurídica del impetrante. El once de octubre de dos mil dieciséis causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Mediante oficios números 3985 y 4180, la autoridad responsable informó que dejó insubsistente la resolución que constituyó el acto reclamado, decretó la reposición del procedimiento con la finalidad de recabar nuevamente la declaración preparatoria del hoy quejoso, en la cual, se hizo de su conocimiento los derechos que le otorga la Constitución, así como el derecho de ofrecer, desahogar pruebas y solicitar la ampliación del término constitucional, haciendo constar la entrevista en privado que sostuvo el inculpado con su defensor. Una vez hecho lo anterior, la responsable mediante resolución de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis resolvió la situación jurídica del quejoso José Luis Brizuela Salazar, decretándole auto de formal prisión por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 206 y 207 en relación a los diversos 10, 13 y 20 fracción I, del Código Penal vigente en el Estado de Colima, cometido en agravio de la menor Baudela Guadalupe Mendoza Sánchez, legalmente representada por Remedios Sánchez Reyna. Debe decirse que los documentos descritos, merecen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo ordena el artículo 2o. de este último ordenamiento, al ser copia certificada de las actuaciones que conforman el juicio de origen. Corrobora lo expresado, por el espíritu que la informa, el criterio jurisprudencial que aparece publicado en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVIII, página quinientos cincuenta y ocho, que dice: "CERTIFICACIONES JUDICIALES.- Las copias expedidas por las autoridades, tienen el carácter de documentos públicos, y, como tales, hacen prueba plena". Del contenido de estas constancias, se advierte que la autoridad responsable dejó sin efecto jurídico la resolución reclamada y en cumplimiento a la ejecutoria, repuso el procedimiento con la finalidad de recabar nuevamente la declaración preparatoria del hoy quejoso, en la cual, se hizo de su conocimiento los derechos que le otorga la Constitución, así como el derecho de ofrecer, desahogar pruebas y solicitar la ampliación del término constitucional; una vez hecho lo anterior, emitió diversa resolución, ciñéndose así a los lineamientos ordenados en la ejecutoria. Se afirma que dichas actuaciones satisfacen los alcances del fallo protector, por lo siguiente: En principio, debe señalarse que el artículo 77 de la Ley de Amparo precisa los alcances de la sentencia que concede la protección constitucional, precepto que en su parte conducente, a la letra dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I.- Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." Como se advierte de la anterior transcripción, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como en el presente caso, los efectos del amparo se traducen en restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que se actualizara la violación. Bajo las anteriores premisas, se estiman ajustadas a las directrices de la ejecutoria de amparo, el acto verificado por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo siguiente, porque al nulificar el auto de formal prisión reclamado, reponer el procedimiento y emitir uno nuevo atendió lo lineamientos de la ejecutoria, subsanando todas y cada una de las omisiones que se precisaron en la sentencia dictada; se considera correcto el proceder de la autoridad responsable y se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento. No representa obstáculo a la anterior determinación las manifestaciones realizadas por la parte quejosa a través del escrito presentado el tres de noviembre de dos mil dieciséis, dado que en ellas refiere aspectos de fondo relacionados con la determinación emitida en cumplimiento al fallo protector, sin embargo, la sentencia que concedió la protección constitucional solicitada no constriñó a la autoridad responsable a resolver en determinado sentido, sino únicamente que repusiera el procedimiento y recabara nuevamente la declaración preparatoria del inculpado, por lo que una vez hecho lo anterior, resolviera de nueva cuenta la situación jurídica del impetrante, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria, de ahí que deban considerarse inatendibles esos argumentos. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo
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NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO DEL AUTO DE ONCE DE NOVIEMRBE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Colima, Colima, once de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes para que desahogaran la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado federal se pronuncia en lo tocante al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio de garantías, en los siguientes términos: Por sentencia de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de Colima, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el auto de formal prisión de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 213/2014. 2. En su lugar, repusiera el procedimiento y recabara nuevamente la declaración preparatoria del inculpado, purgando el vicio establecido en el cuerpo de la resolución, a fin de que no se limite la garantía de defensa de aquél; además, debía hacerle saber todas las garantías que a su favor establece el artículo 20 Constitucional (anterior a las reformas del dieciocho de junio de dos mil ocho) y, en especial, que previo a esa actuación, tenía la posibilidad de entrevistarse durante un tiempo razonablemente prudente con su defensor en privado y estén en aptitud de acordar las pruebas que aportarían al proceso para desvirtuar la imputación. Inclusive, debía hacer constar que efectivamente se celebró la entrevista en privado del inculpado y su defensor. 3.En el momento procesal oportuno y con plenitud de jurisdicción, resolviera de nueva cuenta la situación jurídica del impetrante. El once de octubre de dos mil dieciséis causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Mediante oficios números 3985 y 4180, la autoridad responsable informó que dejó insubsistente la resolución que constituyó el acto reclamado, decretó la reposición del procedimiento con la finalidad de recabar nuevamente la declaración preparatoria del hoy quejoso, en la cual, se hizo de su conocimiento los derechos que le otorga la Constitución, así como el derecho de ofrecer, desahogar pruebas y solicitar la ampliación del término constitucional, haciendo constar la entrevista en privado que sostuvo el inculpado con su defensor. Una vez hecho lo anterior, la responsable mediante resolución de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis resolvió la situación jurídica del quejoso José Luis Brizuela Salazar, decretándole auto de formal prisión por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 206 y 207 en relación a los diversos 10, 13 y 20 fracción I, del Código Penal vigente en el Estado de Colima, cometido en agravio de la menor Baudela Guadalupe Mendoza Sánchez, legalmente representada por Remedios Sánchez Reyna. Debe decirse que los documentos descritos, merecen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo ordena el artículo 2o. de este último ordenamiento, al ser copia certificada de las actuaciones que conforman el juicio de origen. Corrobora lo expresado, por el espíritu que la informa, el criterio jurisprudencial que aparece publicado en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVIII, página quinientos cincuenta y ocho, que dice: "CERTIFICACIONES JUDICIALES.- Las copias expedidas por las autoridades, tienen el carácter de documentos públicos, y, como tales, hacen prueba plena". Del contenido de estas constancias, se advierte que la autoridad responsable dejó sin efecto jurídico la resolución reclamada y en cumplimiento a la ejecutoria, repuso el procedimiento con la finalidad de recabar nuevamente la declaración preparatoria del hoy quejoso, en la cual, se hizo de su conocimiento los derechos que le otorga la Constitución, así como el derecho de ofrecer, desahogar pruebas y solicitar la ampliación del término constitucional; una vez hecho lo anterior, emitió diversa resolución, ciñéndose así a los lineamientos ordenados en la ejecutoria. Se afirma que dichas actuaciones satisfacen los alcances del fallo protector, por lo siguiente: En principio, debe señalarse que el artículo 77 de la Ley de Amparo precisa los alcances de la sentencia que concede la protección constitucional, precepto que en su parte conducente, a la letra dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I.- Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." Como se advierte de la anterior transcripción, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como en el presente caso, los efectos del amparo se traducen en restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que se actualizara la violación. Bajo las anteriores premisas, se estiman ajustadas a las directrices de la ejecutoria de amparo, el acto verificado por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo siguiente, porque al nulificar el auto de formal prisión reclamado, reponer el procedimiento y emitir uno nuevo atendió lo lineamientos de la ejecutoria, subsanando todas y cada una de las omisiones que se precisaron en la sentencia dictada; se considera correcto el proceder de la autoridad responsable y se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento. No representa obstáculo a la anterior determinación las manifestaciones realizadas por la parte quejosa a través del escrito presentado el tres de noviembre de dos mil dieciséis, dado que en ellas refiere aspectos de fondo relacionados con la determinación emitida en cumplimiento al fallo protector, sin embargo, la sentencia que concedió la protección constitucional solicitada no constriñó a la autoridad responsable a resolver en determinado sentido, sino únicamente que repusiera el procedimiento y recabara nuevamente la declaración preparatoria del inculpado, por lo que una vez hecho lo anterior, resolviera de nueva cuenta la situación jurídica del impetrante, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria, de ahí que deban considerarse inatendibles esos argumentos. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído
- Principal
Colima, Colima, cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.Visto el escrito de ******************** autorizado de la parte quejosa, mediante el cual formula diversas manifestaciones en torno al cumplimiento dado por la responsable a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo.En consecuencia, se reserva a proveer en cuanto al fondo de su contenido, hasta pronunciarse sobre el cumplimiento.Notifíquese.Lo proveyó y firma Espiry Javier Correa Guízar, Secretario adscrito al Juzgado primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento a lo acordado en la sesión ordinaria de la Comisión de Carrera Judicial, celebrada el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/5655/2016, de la misma fecha, que actúa con el secretario, licenciado José Antonio Andrade Ahumada, que autoriza y da fe.EL ENCARGADO EL SECRETARIODEL DESPACHOJAAA/ale
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