Jose Luis Bonifacio Oropeza Leyte Y Otros
Expediente 1498/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1498/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jose Luis Bonifacio Oropeza Leyte Y Otros
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente a los promoventes, por conducto su representante común y vía interconexión al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. MESA IV
- Principal
CITATORIO: NOTIFÍQUESE EL PRESENTE PROVEÍDO POR LISTA A LOS PROMOVENTES. México, Ciudad de México, a veinte de diciembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Actuara Judicial del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual remite el expediente D.C. 899/2023, en el cual obra el oficio firmado por el Magistrado Presidente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al cual anexó el escrito de presentación y la demanda de amparo promovida por José Luis Bonifacio Oropeza Leyte, María Eugenia Báez Ramírez, Carlos Enrique Oropeza Leyte, todos por su propio derecho y el último quien se ostenta con el carácter de apoderado de María Elena Negrete Zámano; la certificación a que se refiere el artículo 178 de la Ley de Amparo; las constancias de emplazamiento realizadas al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, González Soto y Asociados, Sociedad Anónima de Capital Variable, Banco Actinver, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, Carlos German González Soto, Carlos Alberto Araujo Gómez, Adrián González Martínez, Gerardo Ricoy Ibarrola y Juana Irma Gómez Atilano, las razones actuariales en las cuales se asentó la imposibilidad para emplazar a Joaquín Talavera Autrique y Maricela Arellano Rangel y auto de trece de diciembre de la presente anualidad, por medio del cual el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda, en consecuencia, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto, remítase el acuse de recibo de estilo. REGISTRO Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1498/2023-IV y NEUN 34148813. RRESENTANTE COMUN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene a José Luis Bonifacio Oropeza Leyte, como representante común de los promoventes. PREVENCIÓN A LA PROMOVENTE A efecto de acordar lo conducente, con fundamento en los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad cumplan con lo siguiente: 1.- De manera breve narren los antecedentes del acto reclamado, lo anterior, toda vez que si bien de la demanda de amparo de cuenta se advierte que los impetrantes de garantías pretendieron promover juicio de amparo directo, también lo es que en términos del artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto debe contener la protesta de decir verdad, en relación a los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; ya que dicha protesta resulta necesaria con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la página 713, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010471, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable." 2.- Respecto al promovente Carlos Enrique Oropeza Leyte, acredite ante este Juzgado el carácter de apoderado de la diversa promovente María Elena Negrete Zámano, toda vez que de las constancias remitidas por la Superioridad no se advierte documento alguno con el cual se acredite su personalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P/J.43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuarenta y ocho, Tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 200084, que a la letra dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Robustece a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a.), de la Décima Época, con número de registro 2012992, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 11 de noviembre de 2016, que a la letra dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." doce para los terceros interesados que menciona, (1) una para el Ministerio Público Federal de la adscripción y (1) una para el incidente de suspensión. Acude en apoyo de lo anterior, la Jurisprudencia P./J.36/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 79, la cual establece literalmente lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." En esas condiciones, dígase a la promovente que el desahogo del requerimiento que se efectúa, se estima necesario para que este Juzgado de Distrito esté en aptitud de precisar con exactitud la litis constitucional, de conocer el origen de los actos reclamados, requerir a las autoridades responsables los correspondientes informes, y que éstos sean rendidos adecuadamente. APERCIBIMIENTO De igual modo, se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la prevención, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA la demanda, de conformidad con el artículo 114 de la ley de la materia vigente. SOLCITUD A LA SUPERIORIDAD Ahora bien, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que se tuvieron a la vista los autos del juicio de amparo 825/2023-IV, del índice de este juzgado de Distrito, derivado de la demanda de amparo promovida por Banco Actinver, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, por conducto de su apoderada legal Norma Gabriela Ramírez Vega, contra los actos que reclamó de la Primera Sala Civil y el Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, derivados de los tocas 425/2015/44 y 425/2015/45. No obstante, del estado procesal que guarda dicho sumario constitucional se desprende que mediante proveídos de veintisiete y veintinueve de septiembre del año en curso, se tuvo a José Luis Bonifacio Oropeza Leyte, María Eugenia Báez Ramírez, por propio derecho, Carlos Enrique Oropeza Leyte, por propio derecho y como apoderado legal de María Elena Negrete Zámano y Antonio Oropeza Leyte (terceros interesados) y a Banco Actinver, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, por conducto de su apoderada legal Norma Gabriela Ramírez Vega, (quejosa), interponiendo sendos recursos de revisión en contra de la sentencia definitiva de trece de septiembre del año que transcurre, radicándose los mismos en el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, los cuales registró con el número de toca R.C. 358/2023. En ese sentido, se solicita atenta y respetuosamente a la Superioridad Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de no tener impedimento legal alguno, informe a este órgano jurisdiccional el estado procesal que guarda actualmente el toca R.C. 358/2023, de su índice, lo anterior para efecto de que este juzgado de Distrito, se encuentre en posibilidad de proveer lo conducente respecto a la presente demanda de garantías. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio de los promoventes el ubicado en sala de juntas, piso dieciséis, edificio 657 A, Calle San Francisco, Colonia del Valle, Código Postal 03100, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Manuel Luis Fagoaga y González, por tener debidamente registrada su cédula profesional. INTEGRACIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA DEL EXPEDIENTE De conformidad con lo previsto en el artículo 263 el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo", que a la letra dice: "(.) Artículo 263. Con Independencia del esquema tradicional, hibrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, los órganos jurisdiccionales adoptarán como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE, en el SIGE y en los demás sistemas de gestión judicial, que se utilicen en los órganos jurisdiccionales, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Solo se digitalizarán los documentos remitidos por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. La digitalización de documentos requerirá la firma electrónica de quien la lleve a cabo. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; III. La única excepción a lo dispuesto en la fracciones I y II del presente artículo será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como la digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto; y V. Las constancias recibidas físicamente deberán coincidir con las incorporadas al expediente electrónico mediante digitalización". Hágase del conocimiento de las partes que la integración del presente expediente se realizará conforme a lo que establecen las fracciones del citado numeral; es decir las que sean presentadas de manera física se seguirán integrando en el expediente que previamente se hubiere formado y las que sean presentadas por medios electrónicos solo constarán en dicha forma y no se integrarán de manera física al expediente. En caso de que la demanda inicial se presente de manera electrónica, el expediente sólo se integrará de forma electrónica, por lo cual, su consulta podrá realizarse por dicho medio y en caso de existir una promoción presentada de manera física, se ordenará integrar al expediente como constancia. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahorita existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a los promoventes, por conducto su representante común y vía interconexión al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. MESA IV
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