José Luis Bolaños Orduña

Expediente 1183/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1183/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
08/01/2021

Partes del expediente

  • José Luis Bolaños Orduña

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, ocho de enero de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio en que el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos en representación del Titular de la Secretaría de la Función Pública, rinde informe en relación con la suspensión de plano otorgada en el presente asunto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de mérito, tomando conocimiento de su contenido. Con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, se tiene como delegados de las autoridades citadas a las personas que mencionan. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 fracción I, del citado ordenamiento, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Antonio Alonso Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/3157/2020, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Vista la razón de cuenta en que el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio 28318/2020 dirigido a la autoridad responsable Secretario de la Función Pública, por los motivos que señala y el oficio recibido vía electrónica, con evidencia criptográfica de Patricio Guerra Ulloa, Director del Hospital General "Darío Fernández Fierro" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en atención al requerimiento formulado en proveído de veintiocho de diciembre pasado, informa las gestiones realizadas tendentes al acatamiento de la suspensión de plano decretada en dicho auto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a los autos tomando conocimiento de su contenido y para que surta los efectos legales a que haya lugar. En primer término, se toma conocimiento de la imposibilidad manifestada por el Actuario Judicial adscrito y, después de haber examinado la razón de cuenta, se desprende que la Oficialía de Partes de la Secretaría de la Función Pública, permanecerá cerrada para recibir notificaciones relativas a juicios de amparo hasta el cinco de enero de dos mil veintiuno, por tanto, se ordena resguardar en el área de actuaría de este órgano jurisdiccional el oficio 28318/2020 dirigido a la citada dependencia y, una vez que su Oficialía de Partes reanude sus labores, cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado federal, deberá proceder a realizar la notificación correspondiente sin necesidad de posterior acuerdo. Finalmente, se toma conocimiento de las gestiones realizadas por la responsable Director del Hospital General "Darío Fernández Fierro" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, relativas al cumplimiento de la suspensión de plano otorgada en el presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Torres Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por Ministerio de Ley, en términos del primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia médica del titular, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Visto el contenido de la Circular SECNO/29/2020 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, los cuales constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en que se establece que, por el periodo del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, a efecto de que se radiquen y se prosiga con su trámite. Por tanto, vista la demanda de cuenta recibida vía electrónica, con evidencia criptográfica de Alfredo Aparicio Ramos, apoderado legal de José Luis Bolaños Orduña contra actos del Titular de la Secretaría de Función Pública del Gobierno Federal y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1183/2020. Asimismo, con fundamento en el artículo 3, del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Ahora bien, cabe precisar que es obligación del juez de amparo analizar la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, en términos del criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro y datos de localización siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Registro: 192097, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32). En el caso, la parte promovente del amparo, señaló como autoridades responsables y como actos reclamados los siguientes: (.) [.] Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia por cuestión de materia para conocer del asunto. En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. En ese contexto, con el propósito de decidir si corresponde a este órgano jurisdiccional conocer del asunto que nos ocupa, debe señalarse que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el prommovente reclama la negativa de exentarlo de presentarse a laborar y realizar trabajo desde su domicilio, a pesar de tener el diagnostico de Diabetes Mellitus con evolución de 3 años, Hipertensión Arterial con evolución de 2 años, Hiperuricemia con evolución de 3 años, Plaquetopenia, Dislipidemia y Obesidad, en su carácter de Enfermero General Titulado "A" adscrito al Hospital General "Dr. Darío Fernández Fierro", del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Al respecto, es importante destacar el contenido del artículo 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual establece que: "55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán:" (.) III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; (.)" Una vez establecido lo anterior, este Juzgado de Distrito especializado en materia administrativa estima que carece de competencia por materia para conocer de la demanda de amparo a que se refiere este expediente, toda vez que los actos reclamados corresponden a la materia laboral. En efecto, la competencia por materia entre juzgados de distrito del trabajo y administrativo se debe determinar atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y su contenido, por lo que atento a ello, en principio no es determinante la naturaleza formal de la autoridad responsable (ni sus atribuciones legales), es decir, si es una autoridad laboral o administrativa, pues ello no es definitorio para este tipo de controversias. Al respecto, es aplicable la Tesis I.6o.T.278 L, que lleva por rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA ENTRE JUZGADOS DE DISTRITO DEL TRABAJO Y ADMINISTRATIVO. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL ACTO Y SU CONTENIDO". Ahora bien, para determinar cuándo se está ante un acto que pertenece a la materia laboral, se requiere que la controversia derive de una relación de trabajo, o bien, tienda a la preservación de los derechos establecidos en el artículo 123 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.14o.T.1 L, de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA LABORAL. ELEMENTOS QUE LOS DEFINEN PARA EFECTOS DE COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO." En mérito de lo anterior, si el acto señalado como reclamado se ubica en el ámbito del derecho laboral, no cabe duda que debe considerarse como de naturaleza laboral, sin que ello implique que el juicio de amparo sea procedente, pues el análisis de su naturaleza únicamente sirve para determinar qué Juez de Distrito especializado por materia debe conocer del asunto. Lo anterior, toda vez que la competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho, lo cual tiene como ventaja que los juzgadores adscritos a un tribunal especializado únicamente conozcan de asuntos de esa materia, lo que permite enfocar su atención, repercute en la formación de su especialización y lo encausa hacia una mayor profundización del conocimiento del juicio de amparo en la materia de que se trate. Bajo ese contexto, se advierte que el acto reclamado es de naturaleza laboral, atendiendo a que el promovente reclama la negativa de exentarlo de presentarse a laborar en el Hospital General "Dr. Darío Fernández Fierro", del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a pesar de lo dispuesto por la el ACUERDO por el que se establecen los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19, en que estableció que durante el periodo del tres de agosto al treinta de septiembre de dos mil veinte, para reducir la transmisión del COVID, los Titulares de la Oficialía Mayor de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y de las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes en la Administración Pública Federal, podrán autorizar o facilitar a las personas servidoras publicas el Trabajo en casa, en aquellos casos en que esto sea posible, sin afectar el debido cumplimiento de sus funciones. Esta disposición será obligatoria en el caso de los adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y personas con enfermedades crónicas consideradas de riesgo por las autoridades de salud, tales como diabetes, hipertensión, pulmonar, hepática, metabólica, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, cardiaca, entre otras, asociadas a un incremento en el riesgo de complicaciones, pero ese ACUERDO no será aplicable a las secretarías de Salud, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, y la Guardia Nacional, el personal del Servicio Exterior Mexicano, así como el Instituto Mexicano del Segura Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los Institutos Nacionales de Salud y Alta Especialidad y demás instituciones que prestan o están relacionadas con los servicios de salud, protección civil y demás que se determinen como esenciales o que por su naturaleza deban prestarse de manera presencial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo anterior, y todas aquellas que determine el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que su naturaleza es de carácter laboral, lo anterior toda vez que si bien tales acciones derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia sanitaria, lo cierto es que su aplicación se ubica en el ámbito laboral, al tener por objeto garantizar el derecho a la seguridad y salud de las personas trabajadoras, por lo que corresponde conocer de la demanda relativa a los órganos jurisdiccionales especializados en la materia de trabajo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 42/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UNA PERSONA TRABAJADORA, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron respecto a qué Juez de Distrito correspondía conocer del juicio de amparo indirecto promovido en contra de la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora, las medidas implementadas para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo; al respecto, llegaron a conclusiones diferentes, pues mientras uno decidió que el asunto era competencia de un Juez de Distrito en Materia de Trabajo, el otro resolvió que correspondía conocer de éste a un Juez de Distrito en Materia Administrativa. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que es competente el Juez de Distrito en Materia de Trabajo para conocer de las demandas de amparo indirecto promovidas en contra de la negativa de aplicar en beneficio de una persona trabajadora, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo. Justificación: Lo anterior, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para fijar la competencia por razón de materia para conocer de un juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, cuando en una demanda de amparo indirecto se reclame la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora las medidas adoptadas para la prevención y mitigación de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo, se advierte que su naturaleza es de carácter laboral. Lo anterior, ya que si bien tales acciones derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia sanitaria, lo cierto es que su aplicación se ubica en el ámbito laboral, al tener por objeto garantizar el derecho a la seguridad y salud de las personas trabajadoras. (Registro: 2022187, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia (Común), Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 09 de octubre de 2020 10:19 h, Décima época) En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado carece de competencia para conocer de la demanda a que se refiere este expediente. Por tanto, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio, remítase vía electrónica el presente juicio al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en Turno (esto es el juzgado que este en guardia) y, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo se solicita atentamente al Juzgado de Distrito en Materia del Trabajo en la Ciudad de México que por razón de turno le corresponda conocer de la presente demanda de garantías, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. En consecuencia, toda vez que únicamente se enviará de manera electrónica el presente expediente y, con la finalidad de ahorrar recursos materiales y evitar la duplicidad de actuaciones, no se forma cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, para los efectos legales conducentes. Suspensión de Plano. En otro orden de ideas, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa solicita la protección de la justicia federal contra la negativa de las autoridades responsables de exentarlo de presentarse a laborar no obstante que se encuentra en un grupo vulnerable de riesgo de contraer el virus SARS-CoV2 (COVID-19), al ser diagnosticado diagnostico de Diabetes Mellitus con evolución de 3 años, Hipertensión Arterial con evolución de 2 años, Hiperuricemia con evolución de 3 años, Plaquetopenia, Dislipidemia y Obesidad. Por tanto, el acto reclamado tiene un impacto en su derecho a la salud y, en consecuencia, está relacionado con el derecho a la vida, de ahí que debe analizarse la procedencia o no de la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo y de conformidad con la Circular SECNO/29/2020 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Ahora bien, el artículo 4°, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Por su parte, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado Mexicano se obligó a reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, creando condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. A la luz de esas normas, tenemos que las personas tienen el derecho a la protección y disfrute del más alto nivel posible de salud, tanto física como mental. Al respecto la Organización Mundial de la Salud define el vocablo salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". En ese orden de ideas, resulta relevante mencionar que el pasado once de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud, declaró que la enfermedad por virus COVID-19 es oficialmente una pandemia; por lo que ante dicho panorama, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, el Secretario de Salud del Gobierno Federal emitió el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en cuyo artículo segundo se estableció la obligación de todos los sectores de evitar la asistencia a los centros de trabajo, entre otros grupos, a los adultos mayores de sesenta y cinco años y a personas con enfermedades crónicas no transmisibles, como padecimientos pulmonares y diabetes mellitus, tal como se advierte de la siguiente transcripción: "ARTÍCULO SEGUNDO. Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; (.)" Por tanto, este juzgador concluye que la omisión de las autoridades señaladas como responsables de cumplir con los protocolos adecuados en materia sanitaria establecidos por el COVID-19, podría implicar una contravención al derecho al más alto nivel posible de salud física de los justiciables ante la situación actual de la pandemia, con lo que se le podrían causar daños de difícil o, incluso, de imposible reparación. Al tenor de lo señalado, y con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto que pone en peligro la salud e, incluso, en riesgo la vida del quejoso, se concede la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables otorguen a José Luis Bolaños Orduña, licencia laboral para que pueda ausentarse de su centro de trabajo, atendiendo a que demostró ubicarse dentro de aquellos grupos de personas con mayor riesgo de contagiarse del virus SARSCoV2 (COVID-19), al ser diagnosticado de Diabetes Mellitus con evolución de 3 años, Hipertensión Arterial con evolución de 2 años, Hiperuricemia con evolución de 3 años, Plaquetopenia, Dislipidemia y Obesidad, lo que se acredita con el certificado de salud de diecisiete de abril de dos mil veinte, expedida por la Delegación Regional Zona Sur, Subdelegación Médica C.M.F. Xochimilco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual exhibió con su escrito de demanda, de manera digitalizada, manifestando bajo protesta de decir verdad que es copia exacta e inalterada de su original, de la cual se advierte que el aquí quejoso fue diagnosticado con Diabetes Mellitus con evolución de 3 años, Hipertensión Arterial con evolución de 2 años, Hiperuricemia con evolución de 3 años, Plaquetopenia, Dislipidemia y Obesidad, por tanto, de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARSCoV2( COVID-19), las autoridades responsables deberán abstenerse de obligar al aquí quejoso a presentarse a laborar a su centro de trabajo, quien deberá gozar de su salario y demás prestaciones establecidas. Cabe decir que de no concederse la medida cautelar los daños y perjuicios que se causarían al quejoso con la ejecución del acto reclamado serían de difícil reparación, en función de que se verían afectados en su salud y su vida, al obligarle a presentarse a laborar a la dependencia en que labora. Ello implica que las autoridades responsables deben instrumentar todas las medidas necesarias para cumplir con dicha finalidad despojándose de todas las formalidades administrativas que impidan la consecución del fin referido, como principio de relevancia a salvaguardar, en el entendido de que cualquier conducta contraria se traduciría en una contravención al artículo 4° Constitucional. Dicha medida suspensiva surtirá sus efectos desde luego y sin que se exija requisito de efectividad alguno, ya que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 135 de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE".. Importa destacar que no sólo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Al respecto, se hace de su conocimiento que en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se prevé: "262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a aquél en que queden debidamente notificadas de esta determinación, informen a este órgano jurisdiccional sobre la forma en la que ha dado cumplimiento a la suspensión de plano otorgada, debiendo acreditar tales circunstancias a este Juzgado de Distrito con las constancias fehacientes vía correo institucional 6jdo1ctoa@correo.cjf.gob.mx. Apercibidas que en caso de ser omisas en desahogar el requerimiento que se les formula, el Juzgado de Distrito competente estará en aptitud de proceder en términos de lo previsto en el título quinto de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, del propio ordenamiento citado. Cabe precisar que las medidas ordenadas con motivo de la suspensión de plano aquí ordenada, no restringen la facultad del juez de distrito competente para que, una vez que admita a trámite el juicio de amparo, las limite, reduzca o amplíe, en caso de que las considere insuficientes o excesivas para salvaguardar el derecho a la salud de la parte quejosa. Luego, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia constitucional, a la urgencia de la medida cautelar concedida y a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia a que se encuentra obligado este juzgado de Distrito, por mandato expreso del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a los actuarios de la adscripción para que notifiquen mediante oficio a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada en el presente acuerdo, a fin de que se den cumplimiento a los efectos para los que se concede la medida cautelar solicitada, por sí, o bien, girando las instrucciones necesarias a las autoridades respectivas que, por sus funciones específicas, sean competentes para esa finalidad, pues debe recordarse que al cumplimiento de la medida cautelar otorgada se encuentran constreñidas todas las autoridades, aunque no tengan la calidad de responsables. En este punto, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el referido artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, siempre y cuando no exista duda y resulte evidente su existencia, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Edith Berenice Aparicio Ramos, Ricardo Miranda Hernández y Fernando Aparicio Ramos, quienes tienen inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente, y téngase por autorizada para oír y recibir notificaciones a Rubén Aparicio Vélez, limitación que se le establece hasta en tanto el citada profesionista registre su cédula profesional que lo acredite como licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y hecho lo anterior, lo haga del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. En relación con su petición de que se le permita consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "AlfredoAR", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, no obstante que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, en atención a su solicitud de que las notificaciones se realicen de manera electrónica, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de la presente fecha; se le otorga el permiso para notificarse electrónicamente de las actuaciones que se emitan en el expediente en que se actúa, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se exhorta a continuar con el "juicio en línea". Tomando en consideración la pandemia global por el Covid-19, que ha representado un cambio en los parámetros de "normalidad" que han regido en la vida pública y en el ejercicio de la función jurisdiccional, dado que en el caso que nos ocupa la demanda de amparo fue promovida físicamente, por tanto, se exhorta al quejoso José Luis Bolaños Orduña para que, de ser posible, continúe la tramitación del asunto mediante el esquema de "juicio en línea", asumiendo la posibilidad de dar continuidad a los juicios exclusivamente de forma electrónica, en concordancia con el artículo 3o. de la Ley de Amparo que establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), la cual es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, como objetivo fundamental, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. Notificación a Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Finalmente, tomando en consideración que la demanda de amparo fue recibida dentro de la guardia para recibir demanda en casos urgentes, en su oportunidad, infórmese a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de la recepción de dicha demanda, a efecto de que proceda a la compensación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48, último párrafo, inciso c), del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Notifíquese vía electrónica a la parte promovente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Torres Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por Ministerio de Ley, en términos del primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia médica del titular asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe. El Secretario Encargado del Despacho Alberto Torres Rivera La Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez

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