José Luis Bernal Ascencio
Expediente 371/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 371/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/06/2017
Partes del expediente
- José Luis Bernal Ascencio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad de México, a diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobreseyó en el juicio y negó el amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que por una parte, se sobreseyó en el juicio, y por otra, se negó el amparo, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III, de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo, es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Ahora, toda vez que es innecesaria la retención del disco compacto remitido por el juzgado responsable, devuélvasele, sin que se solicite el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva. Finalmente, toda vez que la parte quejosa adjuntó a la demanda de amparo una documental, se le apercibe que de no recogerla en el término de noventa días, contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, continuará glosada en el expediente en que se actúa, y se procederá a depurarla con el mismo.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 371/2017 promovido por José Luis Bernal Ascencio, contra actos del juez Penal del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, en funciones de Juez de Control, y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad (fojas 2 a 12), que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el promovente del juicio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. II. El solicitante del amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, e indicó que se violaron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1, 4, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto de esa misma fecha (fojas 14 a 16), se admitió la demanda bajo el orden 371/2017; se estableció la improcedencia de hacer un pronunciamiento en torno a la suspensión de oficio y de plano derivada de las manifestaciones del inconforme; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. IV. Glosado a los autos el informe justificado de la autoridad judicial responsable (fojas 28 a 30), mediante proveído de doce de mayo siguiente (fojas 85 y 86), por una parte, se ordenó correr traslado a la representación social que intervino en el procedimiento penal del cual deriva el acto reclamado, y por otra, se reconoció el carácter de tercero interesado a Edgar Miguel Mondragón Vieyra, quien se emplazó a juicio el dieciséis de dicho mes. V. Llegada la fecha señalada para que tuviera verificativo al audiencia constitucional, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el orden 169 aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese contexto, del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias del expediente, se aprecia y se precisa que los actos reclamados en este juicio son, la resolución de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete emitida en la carpeta judicial 007/0409/2017, relativa a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a José Luis Bernal Ascencio, así como su ejecución. Actos que fueron atribuidos a las siguientes autoridades: a) Juez Penal del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, en funciones de Juez de Control (en su carácter de ordenadora); b) Jefe General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia; y secretario de Seguridad Pública; ambas autoridades de esta ciudad (en su carácter de ejecutoras). Serán estos actos los que constituyan la materia de pronunciamiento en este juicio constitucional. Lo anterior, en razón de que si bien es cierto el promovente del juicio precisó que uno de los actos reclamados estaba constituido por el peligro que podría correr su vida al internarlo en el reclusorio correspondiente, es incuestionable que más que un acto destacado como tal, implica un señalamiento de inconformidad, por lo que en su caso será analizado como el motivo de disenso que es, en relación con aquel acto preciso y concreto identificado en párrafos precedentes. Estimación que se determina del estudio y relación de las constancias que conforman el sumario, lo cual no significa en forma alguna que se cambie la cuestión efectivamente planteada en la litis, sobre todo cuando al dictar sentencia, corresponde al juzgado de amparo apreciar lo que quiso decir el inconforme en su demanda y no únicamente lo que en apariencia dijo, a fin de resolver sobre el proceder de las autoridades que estima transgreden los derechos fundamentales involucrados. TERCERO. Al rendir informe justificado (fojas 22 y 25), las autoridades señaladas con el carácter de ejecutoras negaron la existencia del acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa aportara medio de convicción alguno que desvirtuara dichas negativas. En esas condiciones, dada la inexistencia del acto de ejecución atribuido a las mencionadas responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. CUARTO. Es cierto el acto reclamado de la autoridad judicial responsable, pues así lo manifestó al rendir informe justificado (fojas 28 a 30), lo que se corrobora con las constancias que acompañó a dicho comunicado, incluida la videograbación respectiva; documentales que tienen valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En relación con la videograbación indicada, es aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, localizable en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, cuyo rubro dice "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". QUINTO. En atención a que no advierte este juzgado que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Son infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, sin que exista materia para suplirlos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que procede negar la protección de la Justicia Federal que solicita, al no advertirse transgresión alguna al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para evidenciar lo anterior, en principio es pertinente precisar que el primer párrafo del artículo 1° constitucional, reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista, como lo definió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se aprecia que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del precepto citado en el párrafo precedente, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional; de ahí que en el caso sea innecesario realizar pronunciamiento alguno en relación con las normas que de carácter convencional invoca transgredidas el demandante del amparo, pues de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, la autoridad judicial está facultada para ordenar la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos que la misma norma establece. Argumento relativo que fue obtenido de la jurisprudencia publicada en la página 202 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, que en su rubro dice "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL". En ese contexto, el referido párrafo del precepto constitucional mencionado, en lo conducente, dispone lo siguiente: "Art. 19.- Ninguna detención. .El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud". Es congruente con lo anterior, el tercer párrafo del artículo 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 167. Causas de procedencia . El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. .". Ahora, previo a establecer las razones de fondo en que se sustentará lo infundado de los conceptos de violación formulados por el demandante del amparo, es imprescindible destacar, en cuanto a los aspectos de forma, que de conformidad con el artículo 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el contenido de cualquier resolución que establezca una medida cautelar, deberá contener al menos lo siguiente: I. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma; II. Los lineamientos para la aplicación de la medida; y III. La vigencia de la medida. Aspectos que encuentran justificación al tenerse en claro que las medidas cautelares, conforme lo previsto en el diverso numeral 153 del ordenamiento nacional invocado, son impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Por tanto, si en el acto reclamado se precisó que la medida cautelar impuesta estaba constituida por la prisión preventiva oficiosa -cuya justificación será materia de pronunciamiento más adelante-, así como que los lineamientos para su aplicación implicaban que el quejoso sería traslado al reclusorio respectivo una vez logrado su restablecimiento, y por último, en relación con su vigencia, se dijo que la medida aplicaba desde la fecha de su emisión hasta la conclusión del procedimiento respectivo, que no podía exceder de dos años, salvo que se solicitara mayor plazo para la defensa, es que en el caso, válidamente se puede establecer que se encuentran satisfechos los mencionados requisitos de forma que se exigen para el dictado de una resolución como la reclamada. Más aún, si ya se había vinculado a proceso al imputado, con lo cual se colma el supuesto de procedencia de la medida, previsto en el artículo 154 del código citado. Ahora, al imponerse del contenido de las normas, tanto constitucional como secundaria que se han transcrito, en cuanto al fondo del asunto se llega a la conclusión de que la autoridad judicial responsable estuvo en lo correcto al ordenar, oficiosamente, la prisión preventiva del justiciable. La razón sustancial y suficiente, porque como quedó evidenciado en la videograbación relativa a la audiencia inicial que se llevó a cabo el veinticuatro de abril de este año, al inconforme se le vinculó a proceso por un hecho que la ley señala como delito de robo calificado, al haberse empleado un arma de fuego (violencia moral); de ahí que las manifestaciones que formuló el amparista, en torno a que no se debió establecer esa medida en particular, sean claramente infundadas, ya que el juez de control responsable, en el ámbito de su competencia, está facultado para ordenar la prisión preventiva oficiosamente, entre otros casos, cuando se trate de delitos cometidos con medios violentos, como aconteció en la especie, en que se empleó un arma de fuego. Más aún, si contrario a lo que expuso el demandante del amparo en sus motivos de disenso, el juez de control responsable, en uso de la facultad legal que le confiere el artículo 166 del ordenamiento procesal invocado -que si bien no se invocó en el acto reclamado, las razones expuestas conducen a él-, sí ponderó el estado de salud del quejoso. En efecto, basta observar que el juez de control responsable, al emitir la resolución que constituye el acto reclamado en este controvertido, estableció que la medida aplicaría en el hospital en que el promovente del juicio se encontraba recibiendo atención médica, por lo que sería hasta que se lograra su restablecimiento (recuperarse, repararse de una dolencia, enfermedad u otro daño o menoscabo), que se le trasladaría el centro de reclusión respectivo; actuar que como se dijo, se sustenta en el artículo 166 del ordenamiento procesal invocado, el cual dispone que en los casos en que el imputado sea una persona afectada por una enfermedad grave, se podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute, como en la especie, en un centro médico, bajo las medidas cautelares que procedan. En esas condiciones, no resta más que decir que fue adecuado el proceder de la autoridad responsable al haber impuesto, oficiosamente, la prisión preventiva al quejoso en los términos destacados, por lo que al haber resultado infundados los conceptos de violación propuestos, sin que exista materia para suplir su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar la protección de la justicia federal solicitada por José Luis Bernal Ascencio, contra la resolución de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete emitida en la carpeta judicial 007/0409/2017, relativa a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta. Por lo expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 63, 65, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Por los motivos expuestos en la tercera consideración de este fallo, se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Luis Bernal Ascencio, contra los actos de ejecución atribuidos al jefe General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia; y secretario de Seguridad Pública; ambas autoridades de esta ciudad. SEGUNDO. Por las razones que integran la última consideración de esta sentencia, se niega el amparo y protección que de la Justicia Federal solicitó José Luis Bernal Ascencio, contra la resolución de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete emitida en la carpeta judicial 007/0409/2017, relativa a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta.
- Principal
Ciudad de México, a diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Vista la constancia de notificación personal de cuenta, de la que se advierte que fue emplazado a juicio el tercero interesado Edgar Miguel Mondragón Vieyra. En atención a sus términos, notifíquensele las determinaciones dictadas en este controvertido mediante lista de acuerdos que se publica en este juzgado, toda vez que señaló para tal efecto los estrados. Finalmente, agréguese en autos sin mayor proveído el oficio de cuenta, toda vez que la información que contiene ya consta en autos (fojas 25 y 26)
- Principal
Ciudad de México, a doce de mayo de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta. En atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas en este controvertido, la documental que se acompaña al comunicado de cuenta, así como el disco compacto que se envía, que se desahogan en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, en aras de otorgar certeza jurídica a las partes en la presente controversia, con el mencionado dispositivo electrónico, déseles vista con su contenido, para el efecto precisado en el segundo párrafo, y resguárdese en la secretaría de este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Luego, se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento a la obligación a que alude el tercer párrafo del numeral 117 de la legislación reglamentaria, en tanto de la documental aludida se advierte el índice cronológico de la audiencia de veinticuatro de abril del año en curso. Por otro lado, ya que de la documental de cuenta se observa que Cristina Rodríguez León, agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, es quien intervino en la carpeta judicial de origen, se le reconoce la calidad de tercera interesada en el presente controvertido, y se ordena correrle traslado, de conformidad con el precepto 5°, fracción III, inciso e), de la legislación reglamentaria. En otro orden de ideas, del estado de autos se advierte que en proveído de veintiocho de abril del año que transcurre (fojas 14 a 16), se reservó acordar lo conducente respecto del emplazamiento de la parte tercera interesada, hasta en tanto constara en autos el informe justificado del juez responsable, lo que en la especie acontece. En ese sentido, se tiene como tercero interesado a Edgar Miguel Mondragón Vieyra; por tanto, se comisiona a cualesquiera de los actuarios adscritos para que con copia simple de la demanda, y auto admisorio (fojas 14 a 16), lo emplacen a juicio en el domicilio que consta en autos, asimismo, lo requiera para que en el momento de la diligencia o en los tres días siguientes al en que surta efectos la misma, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se realizarán por medio de lista, de conformidad con el precepto 26, fracción III, de la ley de la materia.
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