Jose Luis Bautista Escamilla
Expediente 850/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 850/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 26/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jose Luis Bautista Escamilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
VISTOS PARA RESOLVER LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 850/2018; SE RESUELVE: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA NI PROTEGE A... SEGUNDO. EN CUMPLIMIENTO...
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO...DE LA SENTENCIA DE VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO...VISTOS PARA RESOLVER LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 850/2018; SE RESUELVE: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA NI PROTEGE A... SEGUNDO. EN CUMPLIMIENTO...
- Incidental
V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo número IV-850/2018, promovido por -; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, -solicitó el amparo y protección de la justicia Federal, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Control, los que hizo consistir en la orden de aprehensión dictada en su contra fuera de todo procedimiento judicial; lo que estima violatorio en su perjuicio de las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta Ciudad, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, al rendir su informe previo correspondiente, manifestó que son ciertos los actos reclamados por el peticionario de amparo, toda vez que el veintisiete de junio del año en curso, esa autoridad libró orden de aprehensión en contra del quejoso José Luis Bautista Escamilla, por su probable intervención en el hecho señalado en la ley como el delito de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUEERZA AÉREA. Ahora bien, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." En ese sentido, respectos de los actos reclamados por el quejoso, emitido por la autoridad responsable, consistente en la orden de aprehensión, el suscrito estima que se encuentran reunidos los requisitos que establece el precepto legal transcrito, para concederles la suspensión solicitada, lo anterior en atención a que la solicita la parte agraviada, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público; toda vez que la libertad es un derecho personalísimo, por lo que la sociedad no recibe alguna afectación con motivo de que se suspendan los actos reclamados dictados en su contra, ello desde luego, en tanto no se examine la constitucionalidad del acto reclamado. Cabe considerar además, que en el caso que nos ocupa, se encuentra configurado el requisito previsto en la fracción II del multicitado numeral 128 de la Ley de Amparo, porque de no concederse el beneficio suspensional solicitado, se le causarían al quejoso daños de difícil reparación, pues aún cuando obtuviera sentencia favorable en el juicio de amparo de donde deriva del presente incidente, no sería posible restituirle el tiempo que hubiera durado privado de su libertad, máxime que la orden de aprehensión también afecta de manera indirecta dicha libertad. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que el quejoso los quejosos no sean obligados a comparecer, ni sean privados de su libertad personal, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la sentencia ejecutoriada que se dicte en el juicio principal de donde emana el presente incidente, siempre y cuando el delito del que se trate, no sea de los que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad a lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en caso contrario, las autoridades responsables quedan en aptitud de ejecutar los actos reclamados. Con apoyo en el artículo 166, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el 168, de dicho Ordenamiento legal, la suspensión que se concede surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo, si cada uno de los quejosos, no exhiben dentro del término de tres días, garantía como medida de aseguramiento, por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos moneda nacional 00/100), lo que deberán hacer en cualquiera de las formas establecidas por la ley; medida de aseguramiento que se fija discrecionalmente, por carecer de datos que permitan establecer la naturaleza, modalidades y características del delito que se imputa a los quejosos y la posibilidad de que se sustraigan a la acción de la justicia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 16/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 226, del tomo V, Mayo de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.- De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión." También, la medida cautelar que se concede no surtirá efectos si se sorprende a los quejosos en flagrante delito, se trate de caso urgente previsto en el artículo 16, quinto párrafo, de la Constitución General de la República, o falta administrativa que amerite sanción privativa de la libertad, en cuyo caso podrán ser capturados. Debe destacarse que los efectos de la suspensión concedida, no afectan la validez de la orden de aprehensión, que reclama, no lo socavan, ni trascienden a su constitucionalidad, habida cuenta que las consecuencias jurídicas de la suspensión no transcienden a su existencia, a su constitucionalidad, o, inclusive, a la posibilidad jurídica o fáctica de que los efectos de este lleguen a concretizarse, tomando en consideración que la suspensión obra sobre la ejecución de los mismos, afectando las medidas que tienden a ponerlo en ejecución, por lo que el acto cuya inconstitucionalidad se reclama, en si mismo, es extraño a los efectos de la suspensión concedida. Por lo expuesto y fundado; S E R E S U E L V E: PRIMERO. Se CONCEDE a -, la suspensión definitiva, respecto a las autoridades señaladas en el tercer considerando de esta interlocutoria, y para los efectos que ahí se señalan. Notifíquese.
- Principal
COMO SE ADVIERTE...SE HACE EFECTIVO EL APERCIMIENTO REALIZADO Y SE DEJA DE TENER COMO RESPONSABLES LAS AUTORIDADES MENCIONADAS POR INEXISTENTES.
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