Jose Luis Basto Canche

Expediente 900/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
900/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
11/01/2022

Partes del expediente

  • Jose Luis Basto Canche

Actuaciones

  1. Principal

    II-Vista la certificación que antecede y apareciendo que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el auto de siete de diciembre del año en curso, mediante el cual se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por JOSÉ LUIS BASTO CANCHÉ; por tanto, con fundamento en el precepto 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de la materia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al Artículo 21 Capítulo Octavo del Acuerdo General sin Número, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez que no se considera de relevancia documental, no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes y se ubica en el inciso d), del aludido Capítulo Octavo. En tal virtud, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Notificación personal.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista de estrados a la parte quejosa el acuerdo dictado el siete de diciembre de dos mil veintiuno, el cual en lo conducente dice: Chetumal, Quintana Roo, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo de cuenta, se tiene a José Luis Basto Canché, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Se ordena formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 900/2021-II-D. Al efecto procédase al análisis de la demanda y determínese lo correspondiente en relación con su admisión o desechamiento. Ahora bien, de la demanda de amparo que la quejosa promueve contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que le reclama: ? La omisión de acordar en relación con lo solicitado en escrito de tres de diciembre de dos mil veinituno. En consecuencia, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo1 autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente deriva de que el acto reclamado consiste en la resolución de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal 121/2021, mediante la cual se determinó revocar el incidente de prescripción de la acción penal que derivó del auto de no vinculación a proceso dictado en la carpeta administrativa 377/2019; y su ejecución. Ciertamente, tal acto no produce efectos de imposible reparación a la parte quejosa, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos del gobernado. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que, al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ahora, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de garantías bi-instancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Lo que no acontece en el particular, pues el acto reclamado en el presente juicio consistente en la omisión de acordar lo solicitado por el peticionario del amparo en el escrito que presentó el tres de diciembre de dos mil veintiuno, en autos del juicio laboral DI-97/2007, mediante el cual solicitó que se dicte un nuevo auto de ejecución del laudo pronunciado en dicho controvertido. Al respecto, debe decirse que por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre la prosecución del procedimiento. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8° constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, Sin que en el caso se advierta del contenido de la demanda, que exista alguna una abierta dilación del procedimiento o su paralización total en relación a la omisión reclamada de acordar el escrito que presentó el quejoso ante la responsable el tres de los corrientes; pues de una simple observación se advierte que dicho ocurso lo presentó apenas el día hábil anterior al de la presentación del líbelo de amparo que fue el seis de diciembre de este año, es decir, que no había pasado ni un día para que la autoridad laboral lo acordara cuando promovió este juicio constitucional; motivo por el cual, se considera que no está en el supuesto de excepción antes señalado. Ciertamente, la omisión reclamada no afecta de forma irremediable algún derecho sustantivo del quejoso, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera; ya que según se desprende del escrito de demanda, cuando éste se presentó, aún estaba transcurriendo el plazo de cuarenta y ocho horas previsto en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, para que la responsable proveyera el escrito que le presentó el quejoso el tres de los corrientes; lo que pone de manifiesto que no existe una abierta dilación del procedimiento y por ende, que no se está ante un acto que tenga una ejecución de imposible reparación. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Ahora, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; por tanto, de conformidad con los artículos 22, 28, 29, 30 y 31 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, se continúe la tramitación del caso mediante el esquema del juicio "en línea". Para tales efectos, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, deberán solicitar por sí, o por conducto de sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a la consulta de un expediente electrónico determinado y a la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual requiere la autorización de este órgano jurisdiccional y la utilización de una firma electrónica vigente, la que podrán tramitar a través de la página electrónica https://www.firel.pjf.gob.mx/. Asimismo, acorde con lo establecido en la fracción II, del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como su autorizados en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que no tienen registro en el Sistema Computarizado para el Registro de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Finalmente, con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales

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