José Luis Barrueta León

Expediente 1192/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1192/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • José Luis Barrueta León

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco; veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra del auto emitido el seis de julio de dos mil veintitrés; en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por José Luis Barrueta León, contra actos de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Dado lo anterior, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Anotaciones Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado en sesión plenaria de diez de mayo de dos mil veintitrés y publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio siguiente, se ordena: 3DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del citado acuerdo general conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, seis de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, anexa copia certificada de la resolución incidental de nulidad de actuaciones de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio laboral 2306/2012, de su índice, así como las constancias de notificación a las partes de la citada resolución. Documental que se agrega para que obre como corresponda y que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con su artículo 2°, párrafo segundo. Es aplicable la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Precisado lo anterior, visto el estado que guarda el presente juicio y del análisis que se realiza de forma integral al escrito de la demanda de amparo, se advierte que en el caso la parte quejosa reclama: ? La omisión de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de dictar la resolución incidental de nulidad de actuaciones en el juicio laboral 2306/2012, de su índice. Sobreseimiento fuera de audiencia En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En efecto, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Establecido lo anterior, tal como se precisó en párrafos que anteceden, del contenido de la demanda se advierte que en el caso, el quejoso reclama de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, la omisión de dictar la resolución incidental de nulidad de actuaciones dentro del juicio laboral 2306/2012, de su índice. Ahora, del contenido de la documental que anexó la autoridad responsable, se colige que el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, dicto la resolución incidental de nulidad de actuaciones (foja 16), en el juicio laboral 2306/2012, notificando a las partes de manera personal dicha determinación (foja 16 vuelta a 18). En consecuencia, se colige que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que de acuerdo al análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo; esto es, el doce de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, no se había pronunciado respecto a la resolución incidental de nulidad de actuaciones en el juicio laboral 2306/2012, de su índice; con posterioridad el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, dicto la resolución incidental de nulidad de actuaciones, en el juicio laboral de origen, notificando a las partes de manera personal dicha determinación. Así, una vez que ha quedado plenamente demostrada la causa de improcedencia aducida, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y; por ende, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para diez horas con dos minutos del doce de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Hace del conocimiento. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio suscrito por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido se toma conocimiento que se interpuso recurso de revisión adhesiva y fue admitido en el amparo en revisión 227/2023 de su índice.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, catorce de junio de dos mil veintitrés. Informe sobre el cumplimiento. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos el oficio suscrito por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad; mediante el cual remite copia de la devolución del exhorto sin diligenciar proveniente de la Junta Especial Número 3 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; así como el acuse del correo electrónico por el cual remitió diverso exhorto. Requerimiento. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por conducto de sus integrantes a saber: Nombre Cargo Leticia Zurita Cruz. Presidenta Sustituta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Teodosio Peralta Díaz. Representante Patronal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Carlos Alberto Noriega Ramón. Representante Obrero de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Para que dentro del término de tres días hábiles que se empezaran a computar al siguiente día al en que se le notifique la presente determinación, señale nueva fecha y hora para la diligencia de CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, y lo informe a la brevedad a la autoridad exhortada Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quien a su vez, también se le requiere para que de inmediato lo haga del conocimiento al Juzgado Municipal de Ostoacan, Chiapas. Observación. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a las autoridades de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con la firma electrónica correspondiente; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a veinte (20) megabytes (Mb), éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrán hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de ser omisas, de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá individualmente una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida y actualización ($103.74 ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en Turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignado al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2007918, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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