José Luis Barrientos Rojas
Expediente 537/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 537/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Luis Barrientos Rojas
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, trece de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja contra el auto de veinte de mayo pasado, en el cual se desechó de plano la demanda; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, fracción d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo. Asimismo, una vez cumplidos tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá destruirse con posterioridad al TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, Encargado del Despacho por licencia de la Titular y con autorización del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Luis Alberto Camacho Mondragón, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinte de mayo de dos mil veintidós. EXHORTACIÓN Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por José Luis Barrientos Rojas contra actos reclamados a los Magistrados de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 537/2022-I-A. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a esta Juzgadora confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que dio origen a los presentes autos, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, considerando lo anterior y los datos señalados en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de uno de diciembre de dos mil veintiuno, emitida dentro del toca de apelación 273/2010 del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, a través de la cual resolvió el recurso de apelación, interpuesto dentro del proceso penal 50/2011 de la estadística del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, actualmente radicada ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, en la que confirma el auto de formal prisión de veinte de octubre de dos mil nueve, dictado contra José Luis Barrientos Rojas, por el delito de robo especifico en su modalidad de robo de vehículo. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". (Lo subrayado es propio). El dispositivo transcrito establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Lo subrayado es propio). INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En el caso en estudio, la suscrita advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y los diversos 17 y 18 del propio ordenamiento establecen: " "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos transcritos, se desprende en primer término, que un acto está consentido tácitamente porque contra ellos no se promovió el juicio de amparo dentro de los términos que señala la ley de la materia. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del Tomo XI, Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." De igual forma, se obtiene que el término general para la interposición del juicio de amparo es de quince días, por lo que el cómputo de dicho término depende básicamente, de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado; lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; o bien, b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Lo anterior se robustece con el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Ahora, de los antecedentes del acto reclamado que hace valer el promovente en su demanda de amparo, se advierte que reclama la resolución de uno de diciembre de dos mil veintiuno, emitida dentro del toca de apelación 273/2010 del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, a través de la cual resolvió el recurso de apelación, interpuesto dentro del proceso penal 50/2011 de la estadística del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, actualmente radicada ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, en la que confirma el auto de formal prisión de veinte de octubre de dos mil nueve, dictado contra José Luis Barrientos Rojas, por el delito de robo especifico en su modalidad de robo de vehículo, ello en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo 635/2018-I-B, del índice de este juzgado, en el que mediante sentencia de veinte de abril de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a José Luis Barrientos Rojas, para los siguientes efectos: "a) La Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, deberá dejar insubsistente su resolución de cinco de marzo de dos mil diez dictada en los autos del toca de apelación número 273/2010-A; b) Con plenitud de jurisdicción deberá dictar la resolución que en derecho corresponda, la que podrá ser en el mismo sentido, pero en la que observe las formalidades que debe contener una resolución, para lo cual, la autoridad responsable considerará en la comprobación del cuerpo del delito, el estudio separado de cada uno de todos sus elementos, empezando por el básico de robo, siguiendo con el específico de vehículo; para llevar a cabo lo anterior, habrá de mencionar las pruebas que considere para tal fin y exponer a su vez los razonamientos lógicojurídicos que motiven su decisión, citando de manera específica los artículos y fracciones, relativos a la valoración de las probanzas (fundamentación y motivación); c) En caso de tener por acreditados los elementos corpóreos, deberá realizar fundada y motivadamente el estudio relativo a la probable responsabilidad, estableciendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos ilícitos que se le atribuyen al aquí quejoso; así como mencionar pormenorizadamente las pruebas que le sirvieron de base para ello. En el entendido de que la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, en caso de que estuviese privado de ella, en términos de la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, octubre de 1996, página 74, que dice." Datos que se invocan como hecho notorio, en términos de los dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Sirve de apoyo la jurisprudencia XXI.3o.J/7 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que al rubro y texto dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones." Igualmente, corrobora lo expuesto la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, cuyo rubro y texto, son: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." En ese tenor, resulta pertinente precisar que cuando el acto reclamado fue dictado en cumplimiento a un diverso juicio de amparo, una vez que se le da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, y se encuentra debidamente notificado, así como el acuerdo en el que se haya determinado por cumplida la ejecutoria de amparo, entonces, es en ese momento en el que el gobernado tiene conocimiento de la existencia del acto dictado en cumplimiento; y, por consiguiente, esa fecha es la que debe valorarse para computar el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para presentar la demanda. Bajo este contexto, en análisis de la demanda de amparo y de las constancias relativas al juicio de amparo indirecto 635/2018-I-A, del índice de este juzgado, las cuales se tienen a la vista, se advierte que el diez de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, mismo que le fuera notificado al quejoso el veinticuatro de diciembre pasado, por lo que en acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se declaró puntualmente cumplida la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos, auto que se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa, el cual le fuera notificado al promovente de amparo de manera personal a través de su autorizado el veintiocho de febrero de dos mil veintidós De lo anterior, se advierte que el promovente de amparo tuvo conocimiento de la resolución dictada el uno de diciembre de dos mil veintiuno, emitida dentro del toca de apelación 273/2010 del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, a través de la cual resolvió el recurso de apelación, interpuesto dentro del proceso penal 50/2011 de la estadística del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, actualmente radicada ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, en la que confirma el auto de formal prisión de veinte de octubre de dos mil nueve, dictado contra José Luis Barrientos Rojas, por el delito de robo especifico en su modalidad de robo de vehículo, el veintiocho de febrero del año en curso, por lo que se considera esa fecha como aquella en la que tuvo conocimiento del acto reclamado, ya que esa fue la fecha en que se le notificó de manera personal a través de su autorizado, el cumplimiento de la sentencia amparadora dentro del juicio de amparo indirecto 635/2018-I-B, del índice de este juzgado, lo que pone de manifiesto que conocía el acto que ahora pretenden reclamar. Por lo que, a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento del acto reclamado, empezó a correr el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo en contra de los actos combatidos, esto es, a partir del dos de marzo de dos mil veintidós. En efecto, si el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, José Luis Barrientos Rojas tuvo conocimiento del acto reclamado, el término para promover la demanda de amparo transcurrió del dos al veintitrés de marzo del año en curso, descontando los días seis, siete, trece, catorce, veinte de marzo, por ser sábados y domingos así como el veintiuno de marzo pasado, por así establecerlo el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, al haberse presentado la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, el dieciocho de mayo de la presente anualidad, es indudable que la presentación de la misma resulta en exceso extemporánea. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." (Lo subrayado es propio) Es aplicable la jurisprudencia VII.2o.T. J/61 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, que establece: "JUICIO DE AMPARO. EL DESAHOGO DE LA VISTA CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO QUE CONTIENE MANIFESTACIONES DE FONDO, IMPLICA EL CONOCIMIENTO ÍNTEGRO DEL NUEVO ACTO RECLAMADO PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER AQUÉL. Cuando el acto reclamado en el juicio de amparo fue dictado en cumplimiento a un diverso juicio constitucional, y el tribunal notifica al quejoso y al tercero interesado el auto por el que les da vista para que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del acatamiento de la autoridad responsable, y cualquiera de ellos la desahoga haciendo manifestaciones de fondo, es en este momento en que deben estimarse conocedores de la existencia del acto dictado en cumplimiento y, por tanto, el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar la demanda, debe computarse a partir del día siguiente. Lo anterior, sin que deban esperar hasta que se emita el pronunciamiento correspondiente a su cabal cumplimiento, es decir, a que la autoridad emisora del acto reclamado les notifique el auto que tiene por cumplida la sentencia de amparo, para que hasta entonces puedan solicitar la protección de la Justicia Federal. Ello es así, en tanto que es a partir de que se desahoga la vista y se hacen manifestaciones de fondo, cuando debe estimarse que quien las hace tiene conocimiento íntegro de la existencia del nuevo acto y, por ende, puede impugnarlo mediante un diverso juicio de amparo; siendo innecesario esperar a que la autoridad responsable notifique la resolución correspondiente (cumplimentadora y decisiva), para que pueda promoverse otro amparo. Asimismo, resulta ilustrativa la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 7 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PRESENTARLA PUEDE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO, DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE UN AMPARO ANTERIOR. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el plazo para la presentación de la demanda será de quince días contados a partir del siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; o, c) Al en que se haya ostentado sabedor del acto. Ahora bien, se entiende que el gobernado se ostenta sabedor del acto de autoridad cuando formula alguna manifestación en la que hace patente que conoce su existencia y contenido. Esta declaración cognitiva puede generarse en los procedimientos relativos a la ejecución de las sentencias de amparo, cuando el interesado expresa que el nuevo acto de autoridad no acata correctamente algún lineamiento del fallo protector. En efecto, dicha manifestación revela que el inconforme conoce el acto emitido en cumplimiento a la ejecutoria, pues de otro modo no podría compararlo con los efectos que rigen el otorgamiento del amparo. Así pues, tal ostentación de conocimiento puede tomarse como punto de partida para computar el plazo dentro del cual debe reclamarse el nuevo acto; salvo que previamente se haya actualizado alguna otra de las hipótesis alternativas previstas en el referido artículo 21." No es óbice, que el promovente de amparo manifieste que tuvo conocimiento del acto reclamado el tres de mayo del año en curso, al habérsele notificado la resolución de la denuncia de repetición del acto reclamado, mismo que fue resuelta de manera infundada, dentro del juicio de amparo 635/2018-I-B, del índice de este juzgado; sin embargo, la interposición de dicha denuncia no interrumpe el término para la promoción de un nuevo de juicio de amparo, de ahí que se tiene como fecha de notificación del acto el veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido la tesis aislada XXI.3o.3 K, del Tercer Tribunal Colegiado del vigésimo Primer Circuito, Tomo XII, Octubre de 2000, página 1323, Novena Época, con número de registro digital 191041, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto siguientes: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL HECHO DE QUE SE DENUNCIE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE NUEVO AMPARO. Cuando se plantea la denuncia de repetición del acto reclamado en contra de una resolución dictada por la autoridad responsable en cumplimiento de una ejecutoria de amparo que concedió la protección constitucional por violaciones formales, y dicho incidente se declara infundado, determinación que no fue recurrida y como consecuencia se tuvo por cumplida la sentencia amparadora, tal circunstancia no interrumpe el término para la promoción de un nuevo juicio de garantías, ya que no es a partir de la fecha en que se hizo tal declaración cuando debe iniciarse el cómputo para su interposición, tomando en cuenta que no existe disposición en la ley de la materia que así lo establezca y porque tal medio de defensa únicamente puede tener como resultado declarar la existencia o inexistencia de la repetición del mismo, atendiendo al objetivo genérico de éste, consistente en determinar sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo; de ahí que la resolución dictada en cumplimiento a una ejecutoria de amparo cobra vigencia a partir de su emisión; por tanto, es susceptible de combatirse mediante el juicio de garantías anotado, en el plazo que para ello establece el artículo 21 de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución General de la República." DESECHAMIENTO. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Humberto Raúl Campos Amador, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 17687. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.
- Principal
ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinte de mayo de dos mil veintidós. EXHORTACIÓN Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por José Luis Barrientos Rojas contra actos reclamados a los Magistrados de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 537/2022-I-A. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a esta Juzgadora confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que dio origen a los presentes autos, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, considerando lo anterior y los datos señalados en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de uno de diciembre de dos mil veintiuno, emitida dentro del toca de apelación 273/2010 del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, a través de la cual resolvió el recurso de apelación, interpuesto dentro del proceso penal 50/2011 de la estadística del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, actualmente radicada ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, en la que confirma el auto de formal prisión de veinte de octubre de dos mil nueve, dictado contra José Luis Barrientos Rojas, por el delito de robo especifico en su modalidad de robo de vehículo. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". (Lo subrayado es propio). El dispositivo transcrito establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Lo subrayado es propio). INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En el caso en estudio, la suscrita advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y los diversos 17 y 18 del propio ordenamiento establecen: " "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos transcritos, se desprende en primer término, que un acto está consentido tácitamente porque contra ellos no se promovió el juicio de amparo dentro de los términos que señala la ley de la materia. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del Tomo XI, Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." De igual forma, se obtiene que el término general para la interposición del juicio de amparo es de quince días, por lo que el cómputo de dicho término depende básicamente, de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado; lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; o bien, b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Lo anterior se robustece con el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Ahora, de los antecedentes del acto reclamado que hace valer el promovente en su demanda de amparo, se advierte que reclama la resolución de uno de diciembre de dos mil veintiuno, emitida dentro del toca de apelación 273/2010 del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, a través de la cual resolvió el recurso de apelación, interpuesto dentro del proceso penal 50/2011 de la estadística del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, actualmente radicada ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, en la que confirma el auto de formal prisión de veinte de octubre de dos mil nueve, dictado contra José Luis Barrientos Rojas, por el delito de robo especifico en su modalidad de robo de vehículo, ello en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo 635/2018-I-B, del índice de este juzgado, en el que mediante sentencia de veinte de abril de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a José Luis Barrientos Rojas, para los siguientes efectos: "a) La Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, deberá dejar insubsistente su resolución de cinco de marzo de dos mil diez dictada en los autos del toca de apelación número 273/2010-A; b) Con plenitud de jurisdicción deberá dictar la resolución que en derecho corresponda, la que podrá ser en el mismo sentido, pero en la que observe las formalidades que debe contener una resolución, para lo cual, la autoridad responsable considerará en la comprobación del cuerpo del delito, el estudio separado de cada uno de todos sus elementos, empezando por el básico de robo, siguiendo con el específico de vehículo; para llevar a cabo lo anterior, habrá de mencionar las pruebas que considere para tal fin y exponer a su vez los razonamientos lógicojurídicos que motiven su decisión, citando de manera específica los artículos y fracciones, relativos a la valoración de las probanzas (fundamentación y motivación); c) En caso de tener por acreditados los elementos corpóreos, deberá realizar fundada y motivadamente el estudio relativo a la probable responsabilidad, estableciendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos ilícitos que se le atribuyen al aquí quejoso; así como mencionar pormenorizadamente las pruebas que le sirvieron de base para ello. En el entendido de que la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, en caso de que estuviese privado de ella, en términos de la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, octubre de 1996, página 74, que dice." Datos que se invocan como hecho notorio, en términos de los dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Sirve de apoyo la jurisprudencia XXI.3o.J/7 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que al rubro y texto dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones." Igualmente, corrobora lo expuesto la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, cuyo rubro y texto, son: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." En ese tenor, resulta pertinente precisar que cuando el acto reclamado fue dictado en cumplimiento a un diverso juicio de amparo, una vez que se le da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, y se encuentra debidamente notificado, así como el acuerdo en el que se haya determinado por cumplida la ejecutoria de amparo, entonces, es en ese momento en el que el gobernado tiene conocimiento de la existencia del acto dictado en cumplimiento; y, por consiguiente, esa fecha es la que debe valorarse para computar el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para presentar la demanda. Bajo este contexto, en análisis de la demanda de amparo y de las constancias relativas al juicio de amparo indirecto 635/2018-I-A, del índice de este juzgado, las cuales se tienen a la vista, se advierte que el diez de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, mismo que le fuera notificado al quejoso el veinticuatro de diciembre pasado, por lo que en acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se declaró puntualmente cumplida la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos, auto que se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa, el cual le fuera notificado al promovente de amparo de manera personal a través de su autorizado el veintiocho de febrero de dos mil veintidós De lo anterior, se advierte que el promovente de amparo tuvo conocimiento de la resolución dictada el uno de diciembre de dos mil veintiuno, emitida dentro del toca de apelación 273/2010 del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, a través de la cual resolvió el recurso de apelación, interpuesto dentro del proceso penal 50/2011 de la estadística del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, actualmente radicada ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, en la que confirma el auto de formal prisión de veinte de octubre de dos mil nueve, dictado contra José Luis Barrientos Rojas, por el delito de robo especifico en su modalidad de robo de vehículo, el veintiocho de febrero del año en curso, por lo que se considera esa fecha como aquella en la que tuvo conocimiento del acto reclamado, ya que esa fue la fecha en que se le notificó de manera personal a través de su autorizado, el cumplimiento de la sentencia amparadora dentro del juicio de amparo indirecto 635/2018-I-B, del índice de este juzgado, lo que pone de manifiesto que conocía el acto que ahora pretenden reclamar. Por lo que, a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento del acto reclamado, empezó a correr el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo en contra de los actos combatidos, esto es, a partir del dos de marzo de dos mil veintidós. En efecto, si el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, José Luis Barrientos Rojas tuvo conocimiento del acto reclamado, el término para promover la demanda de amparo transcurrió del dos al veintitrés de marzo del año en curso, descontando los días seis, siete, trece, catorce, veinte de marzo, por ser sábados y domingos así como el veintiuno de marzo pasado, por así establecerlo el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, al haberse presentado la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, el dieciocho de mayo de la presente anualidad, es indudable que la presentación de la misma resulta en exceso extemporánea. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." (Lo subrayado es propio) Es aplicable la jurisprudencia VII.2o.T. J/61 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, que establece: "JUICIO DE AMPARO. EL DESAHOGO DE LA VISTA CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO QUE CONTIENE MANIFESTACIONES DE FONDO, IMPLICA EL CONOCIMIENTO ÍNTEGRO DEL NUEVO ACTO RECLAMADO PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER AQUÉL. Cuando el acto reclamado en el juicio de amparo fue dictado en cumplimiento a un diverso juicio constitucional, y el tribunal notifica al quejoso y al tercero interesado el auto por el que les da vista para que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del acatamiento de la autoridad responsable, y cualquiera de ellos la desahoga haciendo manifestaciones de fondo, es en este momento en que deben estimarse conocedores de la existencia del acto dictado en cumplimiento y, por tanto, el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar la demanda, debe computarse a partir del día siguiente. Lo anterior, sin que deban esperar hasta que se emita el pronunciamiento correspondiente a su cabal cumplimiento, es decir, a que la autoridad emisora del acto reclamado les notifique el auto que tiene por cumplida la sentencia de amparo, para que hasta entonces puedan solicitar la protección de la Justicia Federal. Ello es así, en tanto que es a partir de que se desahoga la vista y se hacen manifestaciones de fondo, cuando debe estimarse que quien las hace tiene conocimiento íntegro de la existencia del nuevo acto y, por ende, puede impugnarlo mediante un diverso juicio de amparo; siendo innecesario esperar a que la autoridad responsable notifique la resolución correspondiente (cumplimentadora y decisiva), para que pueda promoverse otro amparo. Asimismo, resulta ilustrativa la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 7 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PRESENTARLA PUEDE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO, DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE UN AMPARO ANTERIOR. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el plazo para la presentación de la demanda será de quince días contados a partir del siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; o, c) Al en que se haya ostentado sabedor del acto. Ahora bien, se entiende que el gobernado se ostenta sabedor del acto de autoridad cuando formula alguna manifestación en la que hace patente que conoce su existencia y contenido. Esta declaración cognitiva puede generarse en los procedimientos relativos a la ejecución de las sentencias de amparo, cuando el interesado expresa que el nuevo acto de autoridad no acata correctamente algún lineamiento del fallo protector. En efecto, dicha manifestación revela que el inconforme conoce el acto emitido en cumplimiento a la ejecutoria, pues de otro modo no podría compararlo con los efectos que rigen el otorgamiento del amparo. Así pues, tal ostentación de conocimiento puede tomarse como punto de partida para computar el plazo dentro del cual debe reclamarse el nuevo acto; salvo que previamente se haya actualizado alguna otra de las hipótesis alternativas previstas en el referido artículo 21." No es óbice, que el promovente de amparo manifieste que tuvo conocimiento del acto reclamado el tres de mayo del año en curso, al habérsele notificado la resolución de la denuncia de repetición del acto reclamado, mismo que fue resuelta de manera infundada, dentro del juicio de amparo 635/2018-I-B, del índice de este juzgado; sin embargo, la interposición de dicha denuncia no interrumpe el término para la promoción de un nuevo de juicio de amparo, de ahí que se tiene como fecha de notificación del acto el veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido la tesis aislada XXI.3o.3 K, del Tercer Tribunal Colegiado del vigésimo Primer Circuito, Tomo XII, Octubre de 2000, página 1323, Novena Época, con número de registro digital 191041, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto siguientes: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL HECHO DE QUE SE DENUNCIE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE NUEVO AMPARO. Cuando se plantea la denuncia de repetición del acto reclamado en contra de una resolución dictada por la autoridad responsable en cumplimiento de una ejecutoria de amparo que concedió la protección constitucional por violaciones formales, y dicho incidente se declara infundado, determinación que no fue recurrida y como consecuencia se tuvo por cumplida la sentencia amparadora, tal circunstancia no interrumpe el término para la promoción de un nuevo juicio de garantías, ya que no es a partir de la fecha en que se hizo tal declaración cuando debe iniciarse el cómputo para su interposición, tomando en cuenta que no existe disposición en la ley de la materia que así lo establezca y porque tal medio de defensa únicamente puede tener como resultado declarar la existencia o inexistencia de la repetición del mismo, atendiendo al objetivo genérico de éste, consistente en determinar sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo; de ahí que la resolución dictada en cumplimiento a una ejecutoria de amparo cobra vigencia a partir de su emisión; por tanto, es susceptible de combatirse mediante el juicio de garantías anotado, en el plazo que para ello establece el artículo 21 de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución General de la República." DESECHAMIENTO. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Humberto Raúl Campos Amador, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 17687. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.
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