Jose Luis Barrera Garcia
Expediente 1410/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1410/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Luis Barrera Garcia
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta como apoderado de ********************. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito con evidencia criptográfica que valida la firma de ***, quien se ostenta como apoderado de la parte quejosa, por el que subsana la prevención formulada en autos. Anotaciones en el libro de gobierno. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 Constitucional no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte inequívocamente que el sobreseimiento será el resultado del fallo, precepto que enseguida se transcribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Así las cosas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, del mismo ordenamiento. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De la intelección de los preceptos transcritos, se colige que la causal de improcedencia en cita, se verifica a partir de la interpretación en sentido contrario de dos hipótesis normativas, a saber: La primera, atendiendo a la naturaleza del procedimiento de origen, en el que los actos reclamados son considerados como dictados en la fase de ejecución, donde la regla general, contenida en el primer párrafo de la fracción IV del artículo 107, invocado, refiere que el juicio de amparo es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, dictados fuera o después de concluido el juicio. Y la segunda, como regla específica, la establece el párrafo segundo de la porción normativa citada en último término, que señala que el juicio constitucional procede contra actos de ejecución de sentencia que constituyan la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante esa secuela ejecutiva que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al estado final del asunto en cuestión. De lo expuesto se obtiene que el medio de regularidad constitucional de que se trata es improcedente, entre otros supuestos, contra actos de ejecución de sentencia que no reúnan las características apuntadas. En relación con el escenario jurídico planteado en el párrafo precedente, el designio de la causal de improcedencia en estudio, estriba en la búsqueda de armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal que también rigen en la etapa de ejecución de las contiendas jurisdiccionales y, así evitar que se utilice la vía constitucional para fines meramente dilatorios que, de tolerarse, resultarían sendos vehículos hacia la obstaculización en el cumplimiento de las resoluciones ejecutoriadas, esto es, de la cosa juzgada, si se llegara a permitir la promoción de tantas demandas de amparo como actos ejecutivos se emitan durante las fases comprendidas después de concluidos los juicios naturales. Sin que con ello se limite el derecho del quejoso a impugnar en sede constitucional las violaciones cometidas en su perjuicio dentro de esos procesos de ejecución de sentencia o laudo, pues la propia Ley de Amparo establece la posibilidad de combatirlas de forma conjunta con la última resolución que ponga fin a al procedimiento respectivo. En ese orden de ideas, la última resolución emitida en la fase de ejecución, se define como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el acato total de la resolución definitiva, se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, se ordene el archivo definitivo del expediente. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J.32/2001, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 27/99, visible en la página 31, tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Se debe precisar que el criterio reseñado parte del estudio del artículo 114 de la legislación de la materia abrogada, empero, aun así es orientador en este caso dado que en la Ley de Amparo vigente, en específico en la fracción IV del artículo 107, el legislador de igual manera condicionó la procedencia de la acción constitucional hasta el dictado del último acto de ejecución, precisamente, con el objetivo de evitar abusos en la tramitación de la acción constitucional y mantener la disposición de orden público en el cumplimiento de las sentencias. Ahora, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el juicio laboral 01/411/12-JE2, en el que se negó girar oficios a diversas autoridades; así como el oficio registrado con folio 003504 signado por el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en el que informó que la imposibilidad de realizar el embargo de cuentas solicitado dado que no existe saldo remanente disponible para hacerlo. Actos que fueron emitidos a fin de dar seguimiento a la ejecución del laudo. Ahora bien, por última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia, como ya se vio, debe de entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita su cumplimiento total o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por lo que los actos combatidos en este juicio constitucional no se tratan de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del laudo, por no ser las que determinan, aprueban o reconocen de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o aquellas que declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino que se trata de actuaciones que forma parte de la ejecución de una sentencia, contra la cual sólo procede el amparo ante un juzgador constitucional una vez que se dicte la última resolución, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas en dicho procedimiento. De tal manera que los actos reclamados no son autónomos del laudo emitido dentro del procedimiento laboral, pues el acuerdo y el oficio que se reclaman están directamente relacionados con la ejecución del fallo, ya que se trata de un proveído de mero trámite que no afecta materialmente derecho sustantivo alguno del quejoso para que sea considerado de imposible reparación, así como de un oficio en que el una institución de bancario informe sobre la no disponibilidad de saldo remanente para realizar el embargo de cuentas solicitada; como consecuencia, sólo se tratan de una resolución intermedia y de un acto dictado dentro del periodo de ejecución que no es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto. De tal manera que los actos reclamados en esta vía, no constituyen la última resolución en el procedimiento de ejecución, ya que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita su cumplimiento total o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino por el contrario, es una actuación tendente directamente a la ejecución del laudo. De ahí que los actos mencionados no podrán ser impugnados en amparo desde luego, sino sólo al mismo tiempo que lo sea la última resolución que se llegue a dictar en el procedimiento de ejecución correspondiente. En ese sentido, los actos reclamados no producen una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afectan derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrán impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Tiene aplicación la jurisprudencia I.6o.T. J/89 número de registro 170134, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008, página 1482, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto." Asimismo, es aplicable al caso la jurisprudencia I.9o.T. J/34, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 1999, página 668, cuyo rubro y texto a la letra indican: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN EN MATERIA LABORAL. De conformidad con el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado el recurso de revisión contra actos de ejecución, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no es la última dictada en ejecución del laudo ni está encaminada a cumplirlo, sino, por el contrario, remueve el eventual obstáculo que para dicho cumplimiento representa el citado medio de impugnación; por ende, el mencionado acto no podrá ser impugnado en amparo desde luego, sino sólo al mismo tiempo que lo sea la última resolución que se llegue a dictar en el procedimiento de ejecución correspondiente." Además, la tesis I.13o.T.13 K, emitida por los tribunales colegiados de circuito, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en la que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra dentro de los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución". Aunado a ello, en relación a la investigación de las cuentas bancarias del demandado, que solicitó el quejoso, en el auto que combatió en esta instancia, es de precisarse que no es el único recurso que tiene a su alcance para lograr el cumplimiento de la condena, ya que la legislación laboral prevé diversas hipótesis para tal efecto; además de que dicha negativa puede ser controvertida, en su caso, cuando se impugne la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, cuando se reclamen las violaciones cometidas durante ese procedimiento, siempre y cuando hubieran dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución respectiva. Es de precisarse que en relación al tema, en similares términos resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el recurso de revisión 44/2019, en sesión de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve y el diverso 27/2020, en sesión de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. Asimismo, respecto del acto reclamado a la institución bancaria que señala como responsable, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5, fracción II, del primero de los ordenamientos citados. Los mencionados artículos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De dichos numerales, se aprecia que, para efectos del juicio de amparo, tiene el carácter de autoridad responsable, aquella que reúne los siguientes rasgos de identidad: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, el acto reclamado en el presente asunto a la institución bancaria, no se ajusta a los requisitos exigidos por el sistema normativo, en razón que el acto que se atribuye a Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero BANORTE no cumplen con lo previsto en los incisos a) y d) descritos en párrafos previos, ello, debido a que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una de coordinación entre un ente privado y particulares usuarios del servicio, además, la emisión del oficio que emitió en vía de informe de autoridad ante la junta responsable deriva de la realización de actos entre entes privados (instituciones de sistema bancario), y la aquí quejosa; por lo que no puede atribuirse como actos de autoridad lo reclamado por la impetrante de amparo. Ante la notoria e indudable improcedencia, contemplada SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Se notifica por lista al tercero interesado el acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Cuernavaca, Morelos; veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa *****, por medio del cual desahoga la vista otorgada por auto de catorce de octubre de dos mil veintidós e informa un domicilio fuera del territorio nacional donde podría ser emplazada la tercera interesada ****. Previo a acordar lo conducente respecto de dicho domicilio, requiérase al diverso tercero interesado ******, a efecto de que, dentro del término de tres días informe a este Juzgado si tiene conocimiento de algún domicilio donde pueda ser emplazada la tercera interesada antes mencionada. Con el apercibimiento de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I del artículo 237 de la Ley de Amparo, se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese.
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