José Luis Barco Ramírez
Expediente 596/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 1 actuación registrada, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 596/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- José Luis Barco Ramírez
Actuaciones
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Promoción Vista la cuenta que antecede, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez de Control de la Cuarta Región Judicial del Estado, con sede esta ciudad y de otra autoridad. Formación de expediente y registro Fórmese expediente físico y electrónico, y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 596/2023. Desechamiento parcial De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito debe examinar el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: I. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; II. Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y III. Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Así, del análisis integral del escrito de demanda que se acuerda, se aprecia que lo procedente es desecharla por lo que hace al acto reclamado consistente en la resolución de no ejercicio de la acción penal, emitida por el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal y Acusatorio, dentro de la carpeta de investigación ***, puesto que respecto de dicho acto se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En principio, debe tenerse en consideración que "cesar", en su sentido etimológico y gramatical, quiere decir suspender o acabarse una cosa, o bien, dejar de hacer lo que se está haciendo; y "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace esta. Entonces, de acuerdo con el texto del precepto invocado, se afirma que han cesado los efectos del acto reclamado, entre otros supuestos, cuando dicho acto y los efectos que haya producido, sean revocados, derogados o sustituidos por una diversa determinación. Es decir, cesan los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya o sustituya la que dio motivo al amparo. En ese orden, de la interpretación que se realiza de la fracción antes transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Por revocación; y, 2. Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica o patrimonial. Mientras que el segundo se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto, por el cual fue sustituido. Se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Cuando en un amparo directo se reclama, además de la de segunda instancia, la sentencia pronunciada por el a quo, debe sobreseerse el juicio de garantías por lo que respecta a esta última, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por operar la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, de dicha ley, toda vez que cesaron los efectos de la referida sentencia, en razón de haber sido sustituida por la de segundo grado." Ahora bien, de las propias manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, bajo protesta de decir verdad, lo cual constituye una confesión expresa con pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 199 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que acude a esta vía constitucional a reclamar la resolución de treinta de enero de dos mil veintitrés, emitida por el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal y Acusatorio en el Estado, relativa al no ejercicio de la acción penal, emitida dentro de la carpeta de investigación ***, de su índice. Resolución que refiere fue impugnada en audiencia pública y confirmada por el Juez de Control de la Cuarta Región Judicial del Estado. Así, es dable concluir que el acto reclamado analizado en este apartado ha sido procesalmente sustituido por la resolución que la confirmó, pues se estima que han cesado los efectos jurídicos que podrían repercutir negativamente en las prerrogativas de la parte quejosa a virtud de tal acto reclamado, pues la determinación que ahora subsiste es aquélla por la que se resolvió el medio de impugnación interpuesto. De ahí que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del precitado acto, sin afectar la nueva situación jurídica que impera en el juicio natural con motivo de esa resolución. Como apoyo a lo anterior, se trae a colación por identidad jurídica sustancial, la tesis I.3o.C.769 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos.". Asimismo, es ilustrativa sobre el particular, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 77/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva."4 Por tanto, es claro que en el caso a estudio, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, es incuestionable que en el particular se actualiza la causal de improcedencia en estudio, por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la citada legislación, se desecha parcialmente la demanda de amparo, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictada dentro de la carpeta de investigación ***, de la estadística del Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio, residente en esta ciudad. Admisión de la demanda Por otro lado, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, así como 1, 3, 107, 108, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ***, contra el acto reclamado consistente en la resolución de diez de octubre de dos mil veintitrés, emitida dentro de la carpeta preliminar ***, de la estadística del Juez de Control de la Cuarta Región Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Audiencia constitucional Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las nueve horas con cincuenta minutos del uno de diciembre de dos mil veintitrés. Incidente de suspensión Sin que sea el caso tramitar por separado el incidente de suspensión, en virtud de no haber sido solicitado. Conocimiento a las partes Se hace del conocimiento de las partes lo dispuesto por el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que prevé que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias, se procurará se practiquen mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias (salvo que se estime indispensable la comparecencia física de las partes, testigos, peritos u otros intervinientes o cuando alguna de las partes carezca de herramientas tecnológicas). Intervención ministerio público Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. Informe justificado De conformidad con los artículos 115 y 117, párrafos primero y cuarto, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir en un plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que se le notifique este acuerdo y con una anticipación de por lo menos ocho días en relación con la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, para que remita las constancias completas y legibles necesarias para apoyarlo. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el informe requerido podrá ser enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, ya sea por interconexión o mediante el uso del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que consta evidencia criptográfica y firma electrónica del remitente. En el entendido que para el envío a través de interconexión, se requiere que exista previamente un convenio de interconexión, intercomunicación y colaboración entre órgano jurisdiccionales y autoridades públicas para el trámite de todos los asuntos competencia del Poder Judicial de la Federación, para la consulta de expedientes y notificaciones de manera electrónica, presentación de promociones y recurso. Mientras que, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, basta con ingresar a la dirección https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx./juicioenlinea, contar con firma electrónica "FIREL" (que el propio sistema genera), o en su caso, solicitarla, siguiendo el procedimiento ahí indicado. Asimismo, se solicita atentamente se remitan las constancias digitalmente, por cualesquiera de las vías mencionadas, de modo que adquieran validez y fuerza probatoria en el juicio de amparo, de otro modo serán consideradas como copias simples, o bien, podrán allegarlas por correo ordinario. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido en el plazo para ello otorgado, o en su caso, no enviar las constancias aludidas, por alguna de las vías anteriores, se le impondrá una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y de conformidad con el artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hágase saber a la autoridad responsable que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional durante el transcurso del juicio, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrá consultarlo en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm, lo anterior, en virtud de que únicamente se harán de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial aquellas notificaciones que por su importancia y trascendencia deban notificarse con las reglas de las que deban ser personales. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Autorizado Téngase como autorizado de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, en virtud de que se encuentra registrado en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Asimismo, se tiene como domicilio procesal el que señala en su escrito de cuenta; sin embargo, se privilegia el envío de notificaciones de carácter personal mediante el juicio en línea. Acceso al expediente electrónico Atento a lo anterior, se le autoriza la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo con el nombre de usuario "***", así como la presentación de promociones y recibir notificaciones electrónicas de aquellos autos que se ordenen personalmente. Para efectos de esto último, con apoyo en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo, el autorizado deberá ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esa ley, en un plazo máximo de dos días, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, se tendrá por hecha la notificación. En ese contexto, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "***", únicamente por lo que respecta al juicio de amparo en que se actúa. Datos de contacto De igual forma, se toma nota de la dirección de correo electrónico que proporciona, únicamente como medio de contacto. Causas de sobreseimiento Asimismo, con fundamento en los artículos 64 y 251 de la ley de la materia, prevéngase a las partes para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a las disposiciones establecidas en el apartado que antecede. Conocimiento previo Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por la parte aquí quejosa o que derive del mismo procedimiento del que emana dicho acto; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Terceros interesados Este juzgado de distrito se reserva tener con el carácter de tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado, del que se advierta que a alguien le asiste tal carácter y, de ser el caso, estar en aptitud de emplazarlo al presente juicio de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles Con apoyo en el artículo 17 Constitucional, y conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente asunto. Exhortación a partes para trámite de juicio en línea Se exhorta a las partes, con excepción de la parte quejosa , para que hagan uso de las herramientas tecnológicas y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; debiendo en su caso proporcionar el usuario respectivo, así como solicitar las notificaciones personales vía electrónica. Transparencia En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable; así como su derecho a oponerse, en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. Expediente electrónico Finalmente, se ordena a la Secretaria, así como a los Oficiales Judiciales "C" correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, y 22, cuarto párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Luis Alberto González Villa, Secretario en Funciones de Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, por licencia de la titular; designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, comunicada mediante oficio SEADS/2289/2023, del índice de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del propio Consejo, asistido de Cynthia González López, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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