José Luis Barajas Lima
Expediente 206/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 16 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 206/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 03/08/2022
Partes del expediente
- José Luis Barajas Lima
- Juez Segundo de lo Civil del Tercer Partido Judicial del Estado de Jalisco con Residencia en Lagos de Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se hizo constar que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de engrose de veintinueve de junio de dos mil veintidós, por la que se determinó sobreseer en este juicio de amparo, y que así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. Orden de destrucción. Por lo que ve a este sumario constitucional, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Destrucción del incidente de suspensión. Asimismo, procédase a la destrucción del cuaderno original del incidente al haberse negado tanto la suspensión provisional, como la definitiva, en términos del artículo 21, inciso c) del Acuerdo General citado en el párrafo anterior. Y en atención a la fracción II, inciso a) del artículo 20 del aludido Acuerdo General, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, remítase al legajo correspondiente. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. De igual forma, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Remisión de constancias. Finalmente, por permitirlo el estado procesal, devuélvase al Juez Segundo de lo Civil del Tercer Partido Judicial con Residencia en Lagos de Moreno, Jalisco, los cuadernos de pruebas que se formaron con las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, ya que resulta innecesario conservarlos en este juzgado de Distrito.
- Principal
APERSONA APODERADO DEL QUEJOSO SEÑALA SE LE NOTIFIQUE ELECTRONICO: Se tienen por recibidos los dos ocursos electrónicos suscritos por la apoderada general para pleitos y cobranzas del quejoso, personalidad que se le reconoce por así acreditarla con la copia certificada digitalizada del instrumento público ciento trece mil catorce (113,014), pasada ante la fe del notario público número cincuenta y ocho (58) de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con el numeral 10 de la Ley de Amparo, mediante el cual, se apersona a esta instancia. Asimismo, téngasele formulando la precisión que hace en torno al verdadero instrumento público con el que acredita su carácter en esta instancia, lo cual, quedo debidamente asentado en el párrafo que antecede. Pronunciamiento de probanzas digitales. Cabe destacar que el referido medio de convicción es valorado y tomado en cuenta tal y como se ofrece, en virtud de que la promovente formuló "la protesta" a la que se refiere en el artículo 3, fracción VI del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, de que es copia fiel e inalterada de su certificado. De ahí que no exista impedimento legal alguno para ser tomado en consideración para emitir dicho pronunciamiento. Designación de autorizados. Asimismo, téngasele designando como sus autorizados en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a --, por así solicitarlo expresamente. Solicitud de consulta de expediente y notificaciones electrónicas. En otra tesitura y atención a lo que solicitan el promovente, con fundamento en lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, bajo su más estricta responsabilidad, se le autoriza la consulta vía electrónica de este juicio de amparo, así como la de recibir notificaciones personales bajo dicha vía, con el nombre de usuario "erikasaucedo". -
- Principal
SENTENCIA... V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 206/2022, promovido por --; contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Tercer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Lagos de Moreno, Jalisco, y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de febrero del dos mil veintidós en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, recibido el día hábil siguiente en este Jugado Décimo cuarto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco; ---, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 5°. 14, 16 y 17 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El dieciocho de febrero del dos mil veintidós, previa prevención cumplida, se admitió a trámite la demanda de amparo, misma que se ha registrado con el número 206/2022; se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público adscrito. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio denominación y competencia de los Juzgados de Distrito Administrativa Y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en que se reclaman actos de autoridades del orden civil, con residencia dentro de la jurisdicción en que este juzgado federal ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda, y del escrito declaratorio, se advierte que lo es: Del Juez Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Lagos de Moreno, Jalisco: La omisión de cumplir con la sentencia definitiva de dos de junio de dos mil quince, relacionada con la diversa interlocutoria de ejecución de sentencia, dictada el ocho de junio del dos mil dieciséis, en los autos del juicio civil sumario 474/2014. Al Director de Catastro del Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco: La omisión de cumplir con el contenido del oficio 880/2021, por el que se le ordenó la apertura de una cuenta catastral respecto al predio materia de la litis. TERCERO. Inexistencia de la materia de reclamo. El Juez Segundo de lo Civil por Ministerio de Ley del Tercer Partido Judicial del Estado, con residencia en Lagos de Moreno, Jalisco, al rendir su correspondiente informe justificado, negó la existencia de los actos que se le reclaman, pues al efecto indicó que el juicio de donde derivaba la omisión reclamada era de naturaleza civil, por lo que se regía por el principio dispositivo, esto es, que correspondía a las partes su impulso procesal. En ese sentido, al analizar las constancias que remitió el juez responsable, es posible advertir que al momento de la presentación de la demanda (cuatro de febrero de dos mil veintidós) no era factible que se cumpliera en todos sus términos la sentencia dictada en el juicio civil sumario 474/2014, esto es, poner en posesión material y jurídica el quejoso del predio materia de decisión, pues para ello era necesario, como el propio demandado; aquí quejoso, lo hizo saber a la responsable la intervención de un perito auxiliar. En efecto, de las constancias certificadas que allegó el juez responsable a su informe de ley, se advierte en lo que importa, lo siguiente: l. Con motivo del juicio civil sumario promovido por Samuel Muñoz Alba contra José Luis Barajas Lima, el dos de junio de dos mil quince (folios 58 a 67 del cuaderno de pruebas), el Juez Segundo de lo Civil del Tercer Partido Judicial del Estado, con residencia en Lagos de Moreno, Jalisco, dictó sentencia definitiva en los autos del expediente 474/2014, misma que concluyó, en lo que importa, con los siguientes resolutivos: "...SEGUNDA. La parte actora SAMUEL MUÑOZ ALBA, probó su acción principal y demás prestaciones accesorias, en tanto que la parte demandada José Luis Barajas Lima, no acreditó sus excepciones y defensas vertidas en su escrito de contestación de demanda, en consecuencia: TERCERA. Se declara que ha cesado la copropiedad entre los hoy contendientes respecto del predio rustico denominado San Ángel Jaralito y Anexa, Municipio de la Unión de San Antonio Jalisco, el cual cuenta con una superficie registrada de 3-23-39 HAS tres hectáreas veintitrés áreas treinta y nueve centiáreas y las siguientes medidas y colindancias (...) CUARTA. Como consecuencia de lo anterior, y tomando en cuenta que el objeto inmediato es que se reparta entre sus copropietarios los bienes o porciones que resulten en forma justa y equitativa, en consecuencia, se reserva para el periodo de ejecución de sentencia la partición que resulte a cada uno de los copropietarios e relación al inmueble que les corresponda en copropiedad, dado que no se establecieron las bases para ello, artículo 447 del Código de Procedimientos Civiles del Estado (.)" II. En acuerdo de siete de julio de dos mil quince, se declaró ejecutoriada la sentencia de referencia (folio 72 ídem). III. Conforme a lo determinado en la sentencia definitiva, el ocho de junio del dos mil dieciséis (folios 137 a 142 ídem), se emitió la resolución interlocutoria de ejecución de sentencia, bajo los siguientes puntos resolutivos: "...PRIMERA.- EI trámite incidental fue el adecuado. SEGUNDA. - Se declara procedente la ejecución de sentencia definitiva pronunciada el 02 dos de junio del año 2015 dos mil quince (foja 57 a 68), solicitando sea disuelta la copropiedad respecto del siguiente bien inmueble: Predio rústico denominado San Ángel Jaralito y Anexa, Municipio de la Unión de San Antonio Jalisco, el cual cuenta con una superficie registrada de 3-23-39 HAS tres hectáreas veintitrés áreas treinta y nueve centiáreas y las siguientes medidas y colindancias Mediante una medición actual arroja una superficie de 3-19-82.124 has (...) TERCERA: En consecuencia y, conforme al dicho de perito inmueble antes descrito deberá ser dividido propietarias bajo los siguientes: a).- Para la parte demandada JOSÉ LUIS BARAJAS LIMA el 50% cincuenta por ciento del predio mencionado "A" con una superficie de 15,999.658 metros cuadrados con las siguientes medidas y linderos (...)" B).-Para SAMUEL MUÑOZ ALBA, el 50% del predio mencionado "B" con una superficie de 15,982.476 metros cuadrados con las siguientes medidas y linderos (...)" IV. En acuerdo de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, ordenó girar oficio a Enrique Maldonado Pérez, Notario Público número Uno de Lagos de Moreno, Jalisco, a efecto de que extendiera la hijuela patrono correspondiente (folio 144 ídem). V. José Luís Barajas Lima a través de su abogado Octavio Israel Dávila Díaz, promovió juicio de amparo contra la resolución interlocutoria de ocho de junio de dos mil dieciséis, que declaró procedente el incidente de ejecución de sentencia (folios 158 a 165 ídem). VI. De dicha demanda de amparo, correspondió su conocimiento al entonces Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, a la cual se le asignó el número 648/2016, por lo que una vez concluidos los trámites procesales correspondiente, el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se emitió la sentencia constitucional en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, en otra, se concedió a José Luís Barajas Lima, la protección de la justicia federal impetrada (folios 227 a 233 ídem). VII. Inconforme con dicha decisión, Samuel Muñoz Alba interpuso recurso de revisión (folios 238 a 247 ídem); medio de impugnación que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien en los autos de la revisión principal 163/2017, revocó la sentencia sujeta a revisión, para, en su lugar, sobreseer en el juicio (folios 329 y 330 ídem). VIII. En acuerdo de tres de octubre de dos mil diecisiete, en atención a lo solicitado por la parte actora, se ordenó libar oficio al Director de Catastro Municipal de Unión de San Antonio. Jalisco, a efecto de informarle la cesación de la copropiedad del inmueble materia del juicio (folio 332 ídem). IX. En acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, a petición de la parte demandada, aquí quejoso, se ordenó librar oficio, a través de exhorto, al licenciado Vidal González Durán Valencia, a efecto de que otorgara la hijuela correspondiente al bien inmueble materia de división (folio 355 ídem). X. Posteriormente, mediante escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, Octavio Israel Dávila Díaz, abogado patrono de la parte demandada, solicitó se girara oficio al Director del Catastro Municipal de Unión de San Antonio, Jalisco, para que realizara las anotaciones correspondientes respecto de la cesación de la copropiedad, según lo ordenado en la sentencia definitiva (folio 360 ídem). XI. Petición, a al cual, recayó el acuerdo de cuatro de junio de dos mil veintiuno, ordenando librar oficio de que se habla a la autoridad administrativa ya señalada (folio 397 ídem). XII. El diez de junio de dos mil veintiuno, se emitió un acuerdo aclaratorio respecto la denominación correcta de la autoridad a la que se ordenó librar el oficio citado en el párrafo precedente (folio 399 ídem). XIII. Por escrito de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el abogado patrono de la parte demandada, exhibió ante la autoridad responsable el acuse, por parte de la Dirección de Catastro del Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, del oficio 880/2021, por el que se dio el aviso de cese de copropiedad del inmueble controvertido; oficio que no fue atendido por las razones informadas por el promovente, por lo que solicitó la reexpedición del mismo (folio 420 y 42 ídem). XIV. Mediante acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó poner en posesión material al aquí quejoso respecto del predio que fue materia de división (folio 422 y 423 ídem). XV. En escrito de seis de diciembre de dos mil veintiuno, el abogado patrono del aquí quejoso, hizo del conocimiento del juez responsable que, para llevar a cabo a diligencia ordenada en acuerdo de treinta de noviembre de ese año, era necesario nombrar un perito auxiliar para que interviniera en dicha diligencia (folio 424 ídem). XVI. A dicha petición, recayó el acuerdo de cuatro e febrero de dos mil veintidós, en el que se designó como perito auxiliar al ingeniero Domingo de la Cruz Huerta, a quien se ordenó hacerle saber su nombramiento para los efectos de su aceptación y protesta, así como para que indicara el monto de sus honorarios (folio 425 ídem). XVII. Mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se le discernió al citado profesionista el cargo de perito auxiliar; de igual manera, se previno a la parte demandada, aquí quejoso, para que, dentro del término de tres días, exhibiera el monto de los honorarios o, en su caso, se manifestara al respecto (folio 430 ídem). De lo anterior, se obtiene que, para poder llevar a cabo la diligencia de posesión es necesario la participación de un perito auxiliar y, con ello, cumplir a cabalidad con la sentencia emitida en el juicio natural; empero, dado el estado procesal del juicio de origen, no es factible, por lo menos hasta la presentación de la demanda de amparo, esto es, el cuatro de febrero de dos mil veintidós, que el Juez responsable pusiera en posesión del predio materia de división, al quejoso respecto del predio materia de división, pues fue a propia petición del quejoso que se designara un perito auxiliar, cuyo pago debe correr a cargo del oferente de esa prueba; por ende, la autoridad responsable no se encontraba en posibilidad de cumplimentar en todos sus términos la sentencia, esto es, que se pusiera en posesión al quejoso del bien materia de división, como lo pretende el quejoso, puesto que para ello, como se dijo, es necesario la designación del perito auxiliar que interviniera en dicha diligencia. Tal como, se desprende a continuación: Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (l0a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 926 del Libro 59, Octubre de 2018 Tomo l, Décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, y texto siguiente: "ACTOS OMISIVOS CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En tales condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado; procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo que, a la fecha de presentación de la demanda, esto es, al cuatro de febrero de dos mil veintidós, no existían los actos reclamados. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 206346, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 79, Julio de 1994. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 3/94, página 15), del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Asimismo, es aplicable la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro: 207528, Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Materia(s): Común, página 273, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." Así se tiene que no resulta ser lo reclamado de la responsable una omisión, sino una imposibilidad para cumplir con el acto omisivo reclamado. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (l0a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 926 del Libro 59, Octubre de 2018 Tomo l, Décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, y texto siguiente: "ACTOS OMISIVOS CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En tales condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado; procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de la materia de reclamo. Por su parte, la diversa autoridad responsable Director de Catastro del Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, no rindió su informe de ley, no obstante que oportunamente fue requerida para ello, según se aprecia de la siguiente imagen: Por ende, en términos de lo establecido en el artículo I 17 de la Ley de Amparo, opera en su contra la presunción de certeza de la omisión reclamada. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por la promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- EI juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la anterior transcripción, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados; esto es, cuando dichos efectos han sido destruidos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. En la especie, por lo que hace al acto reclamado al Director de Castrato del Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, consistente en la omisión de cumplir con el contenido del oficio 880/2021, por el que se le ordenó la apertura de una cuenta catastral respecto al predio materia de la litis. Ahora bien, respecto de la causal de improcedencia invocada de oficio, conviene traer a colación, el contenido del oficio del Director de Castrato del Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, el cual obra en el incidente de suspensión tramitado por cuerda separada, en el que, en esencia, informó que se dio cumplimento a la sentencia dictada en el juicio civil sumario 474/2014, por indicaciones del Juez Segundo de lo Civil del Tercer Partido Judicial del Estado, con residencia en Lagos de Moreno, Jalisco, según se demuestra con las imágenes correspondientes: Invocándose todo lo anterior, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por constituir un hecho notorio al tratarse del cuaderno incidental derivado de este expediente, que se tuvieron a la vista para los efectos conducentes cuyas imágenes se plasmaron. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia XXII. J/12), del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, registro 199531, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, página 295, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". Por lo anterior, es inconcuso que los actos reclamados en el presente juicio cesaron en sus efectos, al haber dejado de existir los actos omisivos reclamados por la parte quejosa, pues el Director de Catastro del Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, y este a su vez, realizó la división correspondiente de dicho predio, otorgándole una cuenta predial a cada uno, cuya omisión reclamaba en este juicio y, por ende, ha dejado de existir la omisión reclamada; por tanto, la causa de improcedencia referida en estudio por haber desaparecido los motivos que concreta y específicamente originaron el juicio de amparo. En ese sentido, se concluye que, al destruirse los efectos del acto reclamado, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni lo hará tampoco en forma posterior, por las razones antes precisadas. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia número 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, novena época, página 38, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia de juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; con apoyo en lo dispuesto en el diverso 63, fracción V de esa misma legislación, procede sobreseer en el presente juicio, respecto de los citados actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 2ª./J.9/98, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo VII, Febrero de 19998. Página 210 del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" Sin que resulte procedente examinar los conceptos de violación planteados por el quejoso ante el sobreseimiento decretado en el presente asunto, de conformidad con la jurisprudencia número 11.3o. J/58 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado Del Segundo Circuito, publicada en el Tomo 70, Octubre de 1993, página 57, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ---, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, precisadas estas y aquellos en que considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerado de esta sentencia. Notifíquese personalmente. -
- Incidental
Se tiene por recibida la constancia de cuenta signadas por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, en las cual informan su imposibilidad para notificar el contenido de la sentencia de siete de marzo de dos mil veintidós, asimismo del auto dieciocho de marzo siguiente, a las terceras interesadas Blanca Esthela Briseño Medina y Filomena Leticia Briseño Medina, por las razones que en ella expone. Se ordena notificación por lista a la tercera interesada. Ahora bien, en cuanto a la razón actuarial de la tercera interesada citada en párrafo supra, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense dichas notificaciones, el presente proveído, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista hasta en tanto comparezca ante este Juzgado Federal a señalar domicilio procesal dentro de la zona metropolitana. Notifíquese.
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