Jose Luis Bañuelos Flores

Expediente 735/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
735/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
02/12/2020

Partes del expediente

  • Jose Luis Bañuelos Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto de treinta de octubre de dos mil veinte, en el cual se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en los cuadernos incidentales. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoracio´n, depuracio´n, destruccio´n, digitalizacio´n, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los o´rganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la autoridad responsable 2. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla (por duplicado), sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, toda vez que por auto de treinta de octubre de dos mil veinte, se tuvo por rendido dicho informe, y en esa misma data se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juico de amparo. Cúmplase...

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, treinta de octubre de dos mil veinte. Visto, intégrense a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 2. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, con el que da cuenta la secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso José Luis Bañuelos Flores, por escrito de demanda presentado el siete de octubre de dos mil veinte, mediante buzón judicial y, remitido a este juzgado Federal en la misma data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, y otras autoridades; de quienes reclamó los actos consistentes en: -Las órdenes de aprehensión y detención libradas en su contra, así como su ejecución. Ahora bien, las autoridades responsables 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Adriana de Lourdes Martínez Jiménez), 2. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla (Salvador Hernández Martínez), 3. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Milton Moctezuma Vega), 4. Fiscal General del Estado de Puebla, 5. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 6. Delegado en Puebla de la Fiscalía General de la República, al rendir sus respectivos informes de ley, negaron la existencia de los actos que se les reclaman; en consecuencia, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No obsta a lo anterior, que la autoridad responsable 2. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla (Salvador Hernández Martínez), en su informe de cuenta, haya manifestado que mediante oficio 1187 recibido en dicho juzgado el veintisiete de septiembre de dos mil veinte, a las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos, por parte de la Agente del Ministerio Público solicitó audiencia de control de detención en contra del quejoso José Luis Bañuelos Flores, por el hecho que la ley señala como delito de detentación de vehículo robado y delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro del estupefaciente denominado marihuana, cometido en agravio de la sociedad; radicándose la causa penal 209/2020/SAN MARTIN, de su índice. Por lo anterior -refiere la responsable-, señaló las dieciséis horas del veintiocho de septiembre de dos mil veinte, para la audiencia de control de detención, en la cual se calificó de legal la detención del aquí quejoso y se realizó la formulación de imputación en su contra, por el hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro del estupefaciente denominado marihuana, cometido en agravio de la sociedad. Asimismo, refiere que en dicha audiencia se señalaron las trece horas del dos de octubre de dos mil veinte, para resolver la situación jurídica de quejoso y, a petición del agente del Ministerio Público, se impuso a José Luis Bañuelos Flores, como medida cautelar la prisión preventiva justificada por todo el tiempo que dure el procedimiento. Y, en la audiencia celebrada el dos de octubre de la presente anualidad, el Juez de Oralidad vinculó a proceso a José Luis Bañuelos Flores, por el mencionado ilícito, ordenando continuar la vigencia y supervisión de la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada por todo el tiempo que dure el procedimiento. Sin embargo, lo expuesto por la autoridad responsable 2. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla (Salvador Hernández Martínez), no desvirtúa su negativa, pues expresamente manifestó que no existe orden de aprehensión o detención pendiente de ejecutar; por lo que, la inexistencia de los actos reclamados debe subsistir. Por lo expuesto en líneas anteriores, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veinte; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de octubre de dos mil veinte. Visto, intégrense a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 2. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, con el que da cuenta la secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso José Luis Bañuelos Flores, por escrito de demanda presentado el siete de octubre de dos mil veinte, mediante buzón judicial y, remitido a este juzgado Federal en la misma data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, y otras autoridades; de quienes reclamó los actos consistentes en: -Las órdenes de aprehensión y detención libradas en su contra, así como su ejecución. Ahora bien, las autoridades responsables 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Adriana de Lourdes Martínez Jiménez), 2. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla (Salvador Hernández Martínez), 3. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Milton Moctezuma Vega), 4. Fiscal General del Estado de Puebla, 5. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 6. Delegado en Puebla de la Fiscalía General de la República, al rendir sus respectivos informes de ley, negaron la existencia de los actos que se les reclaman; en consecuencia, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No obsta a lo anterior, que la autoridad responsable 2. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla (Salvador Hernández Martínez), en su informe de cuenta, haya manifestado que mediante oficio 1187 recibido en dicho juzgado el veintisiete de septiembre de dos mil veinte, a las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos, por parte de la Agente del Ministerio Público solicitó audiencia de control de detención en contra del quejoso José Luis Bañuelos Flores, por el hecho que la ley señala como delito de detentación de vehículo robado y delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro del estupefaciente denominado marihuana, cometido en agravio de la sociedad; radicándose la causa penal 209/2020/SAN MARTIN, de su índice. Por lo anterior -refiere la responsable-, señaló las dieciséis horas del veintiocho de septiembre de dos mil veinte, para la audiencia de control de detención, en la cual se calificó de legal la detención del aquí quejoso y se realizó la formulación de imputación en su contra, por el hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro del estupefaciente denominado marihuana, cometido en agravio de la sociedad. Asimismo, refiere que en dicha audiencia se señalaron las trece horas del dos de octubre de dos mil veinte, para resolver la situación jurídica de quejoso y, a petición del agente del Ministerio Público, se impuso a José Luis Bañuelos Flores, como medida cautelar la prisión preventiva justificada por todo el tiempo que dure el procedimiento. Y, en la audiencia celebrada el dos de octubre de la presente anualidad, el Juez de Oralidad vinculó a proceso a José Luis Bañuelos Flores, por el mencionado ilícito, ordenando continuar la vigencia y supervisión de la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada por todo el tiempo que dure el procedimiento. Sin embargo, lo expuesto por la autoridad responsable 2. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla (Salvador Hernández Martínez), no desvirtúa su negativa, pues expresamente manifestó que no existe orden de aprehensión o detención pendiente de ejecutar; por lo que, la inexistencia de los actos reclamados debe subsistir. Por lo expuesto en líneas anteriores, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veinte; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

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