José Luis Baltazar Tomas
Expediente 329/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 329/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Luis Baltazar Tomas
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número 5139/2023, signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual informa que dicho órgano se avoca al conocimiento del juicio de amparo número 329/2023-IV, formado con motivo de la demanda promovida por José Luis Baltazar Tomás. Con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el inciso j), artículo 21, del Acuerdo en mención. Notifíquese.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de Atención Temprana Mesa I de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán y otras autoridades, que hizo consistir en: ". IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: De todas las autoridades señaladas se reclama el pretender privarme de mi libertad fuera de procedimiento, así como también haber ordenado mi detención y/o presentación y/o comparecencia, en franca violación a mis garantías de legalidad y seguridad jurídica puesto que no se dan los supuestos fácticos para que se liberen esos mandamientos judiciales.". En atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Por tanto, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, con el número 329/20223-IV. De la lectura íntegra de la demanda de amparo este Juzgador estima carecer de competencia legal para conocer de la misma. El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: 1. Será competente el juez del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, será competente aquel ante el que se presente la demanda; 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De igual manera, en relación a la primera regla, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la ejecutoria que resolvió contradicción de tesis 571/2012, precisó que de acuerdo al artículo 36 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, señale autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. En el caso concreto se actualiza el primero de los supuestos en cita, en virtud de que los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir en: "De todas las autoridades señaladas se reclama el pretender privarme de mi libertad fuera de procedimiento, así como también haber ordenado mi detención y/o presentación y/o comparecencia, en franca violación a mis garantías de legalidad y seguridad jurídica puesto que no se dan los supuestos fácticos para que se liberen esos mandamientos judiciales.". En contra del Director de Seguridad Pública Municipal, con sede en Chilchota, Michoacán y otras autoridades, aunado a que en el apartado de antecedentes, manifestó que tiene domicilió particular ** Por lo que, de acuerdo a las directrices que precisó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la referida ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 571/2012, para poder fijar la competencia del órgano que tendrá que conocer de juicio amparo; cumple con cada una de ellas, debido a que el quejoso señaló que tiene su domicilio particular en el poblado de Zopoco, Municipio de Chilchota, Michoacán, y atribuyó la ejecución de los actos reclamados al Síndico Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, ambos del Ayuntamiento de Chilchota, Michoacán, con esto, y con lo narrado en el apartado de los antecedentes de la demanda, se permite concluir que la ejecución será en el municipio de Chilchota, Michoacán. Por tanto, el Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, es el legalmente competente para conocer de la presente demanda de amparo Lo anterior, debido a que en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el diario oficial el quince de febrero de dos mil trece, que en lo conducente expresamente dispone: "(...) XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: (.) Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro". De ahí que, como ya se mencionó la ejecución será en Chilchota, entonces la competencia por razón de territorio corresponde a un juzgado de distrito con residencia en Uruapan, Michoacán. Lo anterior tiene aplicación en la tesis 1a./J. 52/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 383, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice lo siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia visible en la página 12, Tomo 199-204, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCION EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". Asimismo, por las razones que contiene, se invoca la tesis I.2o.A.15 A (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, página 2539, con registro digital 2008564, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA AGRARIA. CUANDO LA SENTENCIA RECLAMADA REQUIERA DE EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DE ÉSTA. En la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/2014 (10a.), de título y subtítulo: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, POR RAZÓN DE TERRITORIO, PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS O RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. REGLA PARA DETERMINARLA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que tratándose de sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio contencioso administrativo federal, la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo promovido en su contra, debe fijarse de acuerdo al domicilio donde reside la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que dictó la sentencia o resolución reclamada, como se prevé para el caso del recurso de revisión en materia contencioso administrativa; por ello, es aplicable en relación con las actuaciones a que alude expresamente, pero no a la materia agraria, dado que ese criterio pretendió evitar que se emitan sentencias contradictorias cuando se interpongan en forma simultánea el juicio de amparo directo y el recurso de revisión contra ese tipo de sentencias o resoluciones; recurso este último que no existe tratándose de asuntos agrarios. En cambio, a través de la diversa tesis aislada 2a. XLIV/2014 (10a.), de título y subtítulo: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA AGRARIA. CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO REQUIERA DE EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", la misma Sala otorgó a la materia agraria un trato distinto del que dio a la administrativa en la tesis de jurisprudencia citada, ya que en las ejecutorias que le dieron origen se determinó que tratándose del amparo directo en materia agraria, la competencia territorial se determina atendiendo al domicilio de la autoridad que haya ejecutado, ejecute o vaya a ejecutar la sentencia o resolución impugnada, razón por la cual, esta última regla especial es la aplicable en caso de que la sentencia reclamada requiera de ejecución material". En consecuencia, sin proveer sobre la admisión de tal escrito inicial, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda de amparo y anexos relativos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para que sea turnada al Juzgado de Distrito en turno con residencia en esa ciudad; con la atenta súplica de acusar el recibo correspondiente e informar lo que provea, referente a la competencia planteada. Sin que sea necesario proveer sobre la suspensión del acto controvertido en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, puesto que no se encuentran dentro de los supuestos previstos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los diversos del numeral 15, primer párrafo, de la ley de la materia, dado que no pone en peligro la integridad del peticionario. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones aun las de carácter personal en calle ******, en esta ciudad, autorizando en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo a *******, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se advierte que se encontró el dato inherente a la cédula profesional número ****, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa; asimismo, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a ******, en tato acredite estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, pues como ya se dijo, el presente asunto es de naturaleza administrativa. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número SFA/DGJ/DC/1519/2023, signado electrónicamente por el Director de lo Contencioso adscrito a la Dirección General Jurídica, encargado de la defensa jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo de Michoacán, y sus Unidades Administrativas, con residencia en esta ciudad; en el que informa la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto; asimismo, refiere que el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, es una entidad de la Administración Pública Descentralizada con personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que es la que se encuentra obligada a cubrir las obligaciones adquiridas con su propio patrimonio. En ese sentido, visto el estado de autos, específicamente el proveído de tres de febrero del año en curso, se tuvo a la apoderada jurídica del Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud en Michoacán y/o Secretario de Salud en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, informando que requirió al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, con sede en esta capital, para que solicitara de manera urgente una ampliación del techo presupuestal por la cantidad señalada en dicho documento para llevar a cabo el pago de lo condenado en el controvertido administrativo número JA0001/2019-III, por lo que se ordenó vincular a dicha Secretaría como autoridad para el cumplimiento de la ejecutoria. Por tanto, tomando en consideración que en la sentencia ejecutoriada emitida en el presente asunto se ordenó al Pleno y Juez Tercero Administrativo, ambos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y Director de Servicios de Salud de Michoacán, con sede en esta capital, realizaran lo siguiente: ".Único. Sin demora y conforme a las características particulares del caso, en sus respectivas competencias y atribuciones, dicten las medidas legales necesarias para que, de inmediato, pueda efectivizarse el cumplimiento a la sentencia de origen, así como de la resolución que declaró procedente el recurso de queja por omisión en dicho cumplimiento, emitidas en el juicio administrativo JA-0001/2019-III, así como en el recurso de queja 19/2021-V, en los términos indicados en la presente sentencia de amparo, es decir, que se realice el pago al actor, aquí quejoso, de la suma de dinero a que resultó condenada la autoridad demandada Director de Servicios de Salud de Michoacán, así como de las demás cuestiones accesorias, para lo cual deberán hacer uso de los diversos medios de apremio establecidos por el Código de Justicia Administrativa del Estado, para ese efecto, no sólo el apercibimiento de multa. En tanto que, la diversa autoridad responsable, demandada en el juicio de origen, Director de Servicios de Salud de Michoacán, con sede en esta capital, deberá: Único: Cumplir sin demora con la sentencia ejecutoria emitida en el juicio administrativo de origen." Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a dichas responsables, para que en el término de tres días informen el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en la inteligencia de que, se reitera, las autoridades adscritas al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, deberán hacer uso de los diversos medios de apremio establecidos por el Código de Justicia Administrativa del Estado. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193, 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el numeral 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Es importante destacar que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese.
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