José Luis Ballesteros Chiñas
Expediente 86/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 86/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Luis Ballesteros Chiñas
Actuaciones
- Principal
MESA IV-A "... Vistos los autos y la certificación de cuenta; toda vez que por auto de catorce de febrero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo (fojas 18 al 21), la cual no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en el libro de gobierno respectivo. ..."
- Principal
MESA IV.A Agréguese el oficio y anexo, signado por la Secretaria de Acuerdos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con el cual, en atención al requerimiento efectuado en proveído de catorce de febrero de dos mil dieciocho (foja 14), remite copia certificada de la notificación de dos de febrero de dos mil dieciocho, efectuada al aquí quejoso José Luis Ballesteros Chiñas, del auto de treinta de enero de dos mil dieciocho. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por anunciada la documental que anexa la responsable, sin perjuicio de relacionarla en el momento procesal oportuno. Ahora bien, de la constancia remitida por la autoridad oficiante, se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En principio, cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. En ese contexto, el precepto y jurisprudencia transcritos, clarifican que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En la especie, de las constancias de autos, ya valoradas, se desprende que el quejoso reclama la omisión de proveer su escrito de tres de agosto de dos mil diecisiete, en el cual requirió el cumplimiento del pago del laudo dictado en el expediente laboral 127/2013, del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado; así como el de señalar fecha y hora para el cumplimiento del mismo. Sin embargo, de las mismas constancias de autos, mismas que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, por reenvío de su numeral 2º, específicamente de las documentales remitidas por la responsable en oficio recibido en este juzgado el uno de febrero de dos mil dieciocho y mediante el diverso de cuenta, se advierte que en auto de treinta de enero de dos mil dieciocho, la responsable Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, acordó el escrito de tres de agosto de dos mil diecisiete, en el cual requirió el cumplimiento del pago del laudo dictado en el expediente laboral 127/2013, a la parte actora, en los términos siguientes: ". con fundamento en el artículo 95, de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca de Juárez, se comisiona al actuario para que en compañía de la parte actora se constituya a las DOCE HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, en el domicilio del demandado SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. y lo requiera por conducto de su titular, cumpla con la condena establecida en laudo de fecha veinte de junio de dos mil diecisiete, reconociendo al actor en la modalidad de contrato una antigüedad genética de servicios del 1 de enero 2005 al 30 de septiembre de 2013, de 8 años 9 meses, así también, haga el pago en ese acto o exhiba dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al del requerimiento en las oficinas de este tribunal laboral.". Asimismo, se aprecia que en razón actuarial de dos de febrero del año en curso, el actuario adscrito a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, notificó el referido auto al aquí quejoso. Lo anterior, revela que han cesado en sus efectos el acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable, por auto de treinta de enero de dos mil dieciocho en el expediente laboral 127/2013, del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, emitió acuerdo de requerimiento de pago a las responsables, dando así contestación al aludido escrito presentado por el peticionario de garantías; el cual, posteriormente, en notificación de dos de febrero de la presente anualidad, dicho auto le fue notificado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63 fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de audiencia. Lo anterior, porque en el segundo de los numerales citados se desprende que el legislador previó la posibilidad de resolver el juicio fuera de audiencia. De ahí que resulte innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, para resolver este asunto, ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que el sentido de la resolución que se dicte en este asunto, sería el mismo, por lo que se deja sin efecto la fecha y hora señalada para tal fin. Tiene aplicación por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). Por último, cabe precisar que en el caso resulta improcedente la ampliación de la demanda contra el proveído de veintidós de enero de dos mil dieciocho (fojas 63, del tomo de pruebas) que tiene por contestada la demanda en el expediente de origen al constituir este un acto dictado fuera de juicio. En consecuencia, no ha lugar a dar vista a la parte quejosa con la constancia que remitió la Junta en mención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111, último párrafo, de la Ley de Amparo. "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: (.) En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Lo anterior es así, toda vez que contra dicha actuación el juicio de amparo indirecto deviene improcedente, de conformidad con la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido". Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". De lo transcrito se advierte, que por regla general el juicio de amparo es improcedente contra actos que no constituyan la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Sin embargo, no se desconoce, que en el caso la parte quejosa arguye la violación a un derecho sustantivo, como lo es, la omisión de proveer su escrito de tres de agosto de dos mil diecisiete, en el cual requirió el cumplimiento del pago del laudo dictado en el expediente laboral 127/2013, del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado; así como el de señalar fecha y hora para el cumplimiento del mismo. No obstante ello, tal derecho sustantivo que la parte peticionaria de amparo arguye que se violó en su perjuicio, no se trata de un derecho que sea ajeno a la cosa juzgada en el juicio natural, que motive la procedencia del amparo. De ahí que el derecho sustantivo cuya violación alega la parte quejosa no es ajeno a la cosa juzgada en el juicio natural; por tanto, el juicio de amparo es improcedente, pues al ser la aquí peticionaria de amparo parte actora dentro del juico laboral de origen, es inconcuso, que para acudir ante esta instancia constitucional, debe esperar el dictado de la última de resolución dentro de la etapa de ejecución, que de acuerdo al numeral 107, fracción IV de la Ley de Amparo, es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. Entonces, resulta claro que para acudir ante la instancia constitucional la parte quejosa, debe esperar el dictado de la última resolución en la etapa de ejecución del juicio laboral de donde deriva el acto reclamado. En apoyo a lo expuesto, se invoca la siguiente jurisprudencia "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto.". Época: Novena Época. Registro: 163152. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 108/2010. Página: 6. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. (SE NOTIFICA POR ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA, EN VIRTUD DE HABERLOS SEÑALADO PARA SER NOTIFICADA PERSONALMENTE. CONSTE.)
- Principal
MESA IV A "... Agréguese el oficio signado por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con sede en la ciudad, con el cual rinde informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de ocho días. En términos del numeral 119 de la ley en materia, téngase por anunciada la prueba documental que ofrece la responsable, sin perjuicio de relacionarla en el momento procesal oportuno. Ahora, del informe rendido por la responsable, y de la constancia que anexa, informa que con fecha treinta de enero dio contestación al escrito de la quejosa de tres de agosto de la pasada anualidad, sin embargo, la responsable es omisa en remitir la constancia de notificación al peticionario de amparo, del citado acuerdo, en el que dio contestación a dicho escrito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por reenvío de su numeral 2°, requiérase a la responsable Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con sede en la ciudad, para que remita a este Juzgado copia certificada de la constancia de notificación del auto de treinta de enero de dos mil dieciocho al quejoso José Luis Ballesteros Chiñas,. Apercibido que de no cumplir, en términos del artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de cien unidades de medida y de actualización (UMA), que asciende a un monto de OCHO MIL SESENTA PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL ($ 8, 060. 00 M. N.) ..."
- Principal
MESA IV-A "... Vista la demanda de amparo promovida por JOSÉ LUIS BALLESTEROS CHIÑAS, contra actos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con residencia Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 86/2018. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117, 128 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se admite la demanda de garantías; tramítese SIN INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, por no haberlo solicitado. Con apoyo en el normativo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables informe justificado, que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita y que, de ser ciertos los actos reclamados, en el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; DEBIENDO COMUNICAR EL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PARTE QUEJOSA. Apercibida (s) que de no rendir el informe justificado y remitir copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para resolver este juicio; con apoyo en el artículo 260 fracción II, de Ley de Amparo, se le (s) impondrá multa de cien a mil días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación. TAMBIÉN, cuando las partes tengan conocimiento de causa de sobreseimiento alguna, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Se fijan las NUEVE HORAS CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para celebrar la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia, emplácese a juicio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, haciéndole entrega de copia simple de la demanda de amparo. Asimismo, solicítese a la autoridad responsable que de admitir la existencia de los actos reclamados para que en el plazo de tres días, informe a este Juzgado, si se ha promovido juicio de garantías diverso contra los actos reclamados o cualesquiera otra resolución que verse sobre los mismos hechos que generaron la causa penal relativa y, en su caso, remitan copia certificada de las constancias relativas; de existir, expresen el Juzgado de Distrito que conoció o que esté conociendo, así como el número de juicio de amparo. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir sus informes respectivos a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 2jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (951) 50 2 38 71, al cual también, en su caso, pueden mandar sus informes vía fax. Por otra parte, se requiere a las autoridades que, en su caso, convenga en la existencia el acto reclamado, precise si las constancias que remita como justificación a su informe, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". (Jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). Se autoriza al Actuario adscrito o empleado, para el caso de ser necesario, en el acto de la notificación señale la denominación correcta de la(s) autoridad(es) responsable(s). Se precisa a la autoridad (s) responsable (s) que está (n) obligada (s) a recibir el oficio que el Actuario o empleado adscrito a este órgano jurisdiccional, le (s) hace entrega, en términos del artículo 28 fracción I, de la Ley de Amparo; con apercibimiento que de no recibirlo, en términos del diverso numeral 245, se le (s) impondrá una multa de cien a mil días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación; lo anterior, sin perjuicio que al rendir su (s) respectivo (s) informe (s), precise (n) su denominación correcta o manifieste la inexistencia de la autoridad responsable conforme a su organigrama y/o reglamento interno; con la precisión que la sustitución de funciones de la autoridad no constituye inexistencia de la autoridad. Se apercibe a la parte quejosa, para el caso de que la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) no exista(n), conforme a lo que el destinatario del oficio manifieste al rendir su informe o devuelva el oficio que se le(s) dirija, en lo sucesivo se le(s) tendrá aquí como inexistentes y no se les dirigirá comunicación alguna; salvo prueba en contrario. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se admite la prueba presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones que ofrece, probanzas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Ahora, toda vez que la parte quejosa señala los estrados de este juzgado, para oír y recibir notificaciones; el cual no es propiamente un domicilio procesal, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones y aun las de carácter personal se le practicarán por lista de acuerdos. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFIQUESE EN TERMINOS DE LEY..."
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