José Luis Ayala Alcántara

Expediente 1067/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1067/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • José Luis Ayala Alcántara

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para todos los efectos legales procedentes.  Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.  Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En ese contexto, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos originales al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Informes sobre suspensión de plano. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios signados por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación, Región Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y el diverso del Inspector Jefe de la Segundo Región del Departamento de Policía de Investigación en el Estado; atento a sus contenidos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos sus respectivos informes relativos a la suspensión de plano, dándose vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Informe justificado Por otro lado, agréguese el diverso oficio de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación, Región Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala; y visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su respectivo informe justificado. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: Reclamo de la autoridad que es responsable Ordenadora, la privación ilegal de la libertad del C ********************, toda vez que viola lo que establece el artículo 140 y 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales; determinación decretada en su contra, que vulnera sus derechos humanos. Así como reclamo la omisión del acuerdo escrito presentado con fecha dieciséis de septiembre del año dos mil veintidós, ante la Agencia del ministerio Publico de la mesa de Detenidos del Turno número dos, Región Norte, adscrito a la Procuraduría de Justicia del Estado de Tlaxcala. Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al efecto, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, la referida causa de improcedencia se actualiza, dado que lo reclamado por la parte quejosa, consiste en la privación de la libertad, así como la omisión de acordar lo relativo al escrito presentado el dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, ante el Agente del Ministerio Público de la Mesa de Detenidos Turno Dos, Región Note adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Ahora, de las constancias remitidas mediante el oficio de cuenta, por la autoridad responsable el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación, Región Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que el diecisiete de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió boleta de libertad a favor del quejoso ********************, misma que fue notificada al directo quejoso en la misma fecha, tal como se advierte de las siguientes imágenes: Asimismo, respecto del segundo de los actos reclamados, consistente en la omisión de acordar lo relativo al escrito del quejoso, presentado el dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, ante el Agente del Ministerio Público de la Mesa de Detenidos Turno Dos, Región Note adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala; se evidencia que a tal escrito recayó acuerdo de la misma fecha, cuyo contenido se advierte en la siguiente imagen: Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias antes relacionadas se evidencia que los actos reclamados por la parte quejosa dejaron de existir, pues 1) el dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió el acuerdo correspondiente al escrito signado por el defensor particular del aquí quejoso; y, 2) el diecisiete de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió boleta de libertad a favor del quejoso ********************. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, pues no puede emprenderse estudio de la inconstitucionalidad planteada contra los actos reclamados, porque han dejado de existir. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con diez minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintidós), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veinte de septiembre de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Informes sobre suspensión de plano. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios signados por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación, Región Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y el diverso del Inspector Jefe de la Segundo Región del Departamento de Policía de Investigación en el Estado; atento a sus contenidos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos sus respectivos informes relativos a la suspensión de plano, dándose vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Informe justificado Por otro lado, agréguese el diverso oficio de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación, Región Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala; y visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su respectivo informe justificado. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: Reclamo de la autoridad que es responsable Ordenadora, la privación ilegal de la libertad del C ********************, toda vez que viola lo que establece el artículo 140 y 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales; determinación decretada en su contra, que vulnera sus derechos humanos. Así como reclamo la omisión del acuerdo escrito presentado con fecha dieciséis de septiembre del año dos mil veintidós, ante la Agencia del ministerio Publico de la mesa de Detenidos del Turno número dos, Región Norte, adscrito a la Procuraduría de Justicia del Estado de Tlaxcala. Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al efecto, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, la referida causa de improcedencia se actualiza, dado que lo reclamado por la parte quejosa, consiste en la privación de la libertad, así como la omisión de acordar lo relativo al escrito presentado el dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, ante el Agente del Ministerio Público de la Mesa de Detenidos Turno Dos, Región Note adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Ahora, de las constancias remitidas mediante el oficio de cuenta, por la autoridad responsable el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación, Región Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que el diecisiete de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió boleta de libertad a favor del quejoso ********************, misma que fue notificada al directo quejoso en la misma fecha, tal como se advierte de las siguientes imágenes: Asimismo, respecto del segundo de los actos reclamados, consistente en la omisión de acordar lo relativo al escrito del quejoso, presentado el dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, ante el Agente del Ministerio Público de la Mesa de Detenidos Turno Dos, Región Note adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala; se evidencia que a tal escrito recayó acuerdo de la misma fecha, cuyo contenido se advierte en la siguiente imagen: Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias antes relacionadas se evidencia que los actos reclamados por la parte quejosa dejaron de existir, pues 1) el dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió el acuerdo correspondiente al escrito signado por el defensor particular del aquí quejoso; y, 2) el diecisiete de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió boleta de libertad a favor del quejoso ********************. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, pues no puede emprenderse estudio de la inconstitucionalidad planteada contra los actos reclamados, porque han dejado de existir. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con diez minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintidós), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de septiembre de dos mil veintidós. Presentación de la demanda y radicación Téngase por recibida la demanda promovida por Jose Juan Barragán Rodríguez en representación de su defendido José Luis Ayala Alcantar contra actos de del Agente de Ministerio Público de la mesa de Detenidos del Turno número Dos, Región Norte, adscrito a la procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y el Comandante de la Guardia de los Separos de la Agencia de Ministerio Publico de la Región Norte, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala; fórmese expediente y regístrese con el número 1067/2022. Admisión de la demanda. Vista la demanda de amparo que promueve José Juan Barragan Rodriguez, en representación de su defendido José Luis Ayala Alcantar, con fundamento en el artículo 11 y 15 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo señalada. Actos reclamados El promovente hace consistir los actos reclamados en perjuicio de los quejosos en: Reclamo de la autoridad que es responsable Ordenadora, la privación ilegal de la libertad del C Jose Luis Ayala Alcantar, toda vez que viola lo que establece el artículo 140 y 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales; determinación decretada en su contra, que vulnera sus derechos humanos. Así como reclamo la omisión del acuerdo escrito presentado con fecha dieciséis de septiembre del año dos mil veintidós, ante la Agencia del ministerio Publico de la mesa de Detenidos del Turno número dos, Región Norte, adscrito a la Procuraduría de Justicia del Estado de Tlaxcala. Requerimiento de informe justificado con apercibimiento. Pídase a las autoridades responsables informe justificado que deberán rendir dentro del término de quince días legalmente computado y requiéraseles para que, dentro del término concedido, remitan copia debidamente legible de todas y cada una de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término que se les otorgó, se presumirá cierto el acto reclamado en términos de lo dispuesto por los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo y se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Se requieren constancias. Por otro lado, toda vez que el promovente se ostentó como defensor particular del directo quejoso dentro de la carpeta de investigación de la que derivan los actos reclamados, se requiere a la autoridad responsable ordenadora a efecto de que remita las constancias certificadas de donde se advierta tal representatividad o informe la imposibilidad que tenga para ello. Causas de sobreseimiento. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar a este órgano jurisdiccional cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no cumplir, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización de conformidad con lo dispuesto en el artículo señalado en la parte final del párrafo que antecede. De las notificaciones a las autoridades responsables Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Ahora, si bien la fecha señalada no se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, ello es con la finalidad de dar oportunidad a los Actuarios Judiciales para que practiquen las notificaciones y demás diligencias que se ordenen en el presente asunto; lo anterior, tomando en consideración el contexto de la actual pandemia por el virus Covid-19, así como las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal a fin de mitigar el referido fenómeno de salud pública, entre las cuales se encuentran la reducción del horario de atención al público y la disminución de la cantidad de servidores públicos que desarrolla trabajo presencial. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación. Dese la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, practíquense todas las notificaciones que se generen en el presente juicio al mencionado representante social vía electrónica, a través del usuario FISCFED9, en atención a que así lo solicitó en los oficios que fueron recibidos y acordados en los autos de diez de junio de dos mil veinte y once de marzo de dos mil veintiuno, dictados en los Cuadernos de Varios 2/2020 y 2/2021, respectivamente, de este Juzgado de Distrito. Así también, se tiene informando el correo electrónico hugo.hernandezv@pgr.gob.mx, a fin de entablar comunicación no procesal. Domicilio y autorizados Por otro lado, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y teniendo como autorizados a José Juan Barragán Rodríguez, Raúl Fernando Sandoval Ortiz, Areli Flores Cuatecontzi, Luis Eduardo Meneses Romero, Zarai Bello Hnernanez, Yolanda Sanchez George y Lizzett Flores Cuatecontzi para oír y recibir notificaciones. Se autoriza el uso de medios electrónicos. Asimismo, se autoriza el empleo de medios electrónicos, en términos de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Por su aplicación, se cita en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada I.3o.C.725 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Precisión de actos por los que se analizará la suspensión de oficio y de plano Como se indicó en párrafos que anteceden, los promoventes del amparo señalaron diversos actos reclamados; asimismo, solicita la suspensión de plano de todos los actos; no obstante, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, únicamente se proveerá la suspensión de plano del acto consistente en la privación ilegal de la libertad. Consideración previa El Estado Mexicano establece diversos derechos de las personas que son detenidas, que derivan del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, entre ellos se encuentran el lugar donde se encontrará en prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicado, torturado o intimidado, así como sus prerrogativas durante el proceso (artículos 18, 19 y 20 de la Constitución); además, tanto en la legislación nacional como en el marco del derecho internacional público, ha sido reconocido el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (numerales 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Ahora, es necesario destacar que la suspensión de plano que se prevé en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Se concede suspensión de plano por detención. Establecido lo anterior, de un análisis a la demanda de amparo se advierte que el promovente refiere que el directo quejoso se encuentra detenido en los separos Agencia del Ministerio público de la Región Norte, aun cuando ya transcurrió el término para que la parte ofendida presentara su querella. Entonces, por lo que hace al acto consistente en la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento (detención), con fundamento en los artículos 126 y 164 de la Ley de Amparo, se concede al quejoso directo José Luis Ayala Alcantar la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que la autoridad responsable efectúe lo siguiente: Toda vez que de los hechos expuestos bajo protesta de decir verdad se precisó que el quejoso ya ha sido puesto a disposición del Ministerio Público desde las diecinueve horas con treinta minutos del quince de septiembre de dos mil veintidós y que a la fecha no obra querella de la parte ofendida, cuando el delito por el que fue detenido requiere de tal requisito de procedibilidad; por tanto se concede la suspensión para los siguientes efectos: En caso de que el delito por el que se encuentre detenido el directo quejoso sea de aquellos que se inicien por querella, en términos del artículo 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales deberá poner en inmediata libertad al directo quejoso José Luis Ayala Alcantar, si ha trascurrido el plazo de veinticuatro horas desde que fue puesto a su disposición o, si han transcurrido doce horas, desde que la parte ofendida fue notificada de su derecho a presentar querella. En caso de que el delito por el que se encuentre detenido es perseguible de oficio o ya obre la querella o denuncia correspondiente, la suspensión se concede en términos del artículo 165 de la Ley de Amparo, es decir, para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas, o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. En el entendido que la autoridad responsable tiene la obligación de poner a los quejosos a disposición de la autoridad judicial que estime competente dentro del término que establece la ley, o bien, dejarlos en libertad con la misma prontitud, tal como lo dispone el artículo 16 constitucional. La presente medida cautelar surte efectos de inmediato sin que sea necesario otorgar garantía alguna, toda vez que no se tiene conocimiento ante qué autoridad se encuentra a disposición el quejoso directo, tal como se advierte de la demanda de derechos. Obligación de la autoridad responsable. Por cuanto a la privación de la libertad de los quejosos, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que se encuentra obligada a velar por la integridad física, psicológica y personal de los impetrantes, a fin de evitar situaciones que conlleven a una posible vulneración al derecho a la vida y a la salud de los mismos; lo anterior, en la inteligencia de que la seguridad y salud integral queda bajo su más estricta responsabilidad, sin que ello implique una orden para abstenerse a ejecutar los actos inherentes a sus funciones, así como la obligación de poner de inmediato a los quejosos a disposición de la autoridad ministerial o judicial que estime competente, o bien, dejarlos en libertad con la misma prontitud, tal como lo dispone el artículo 16 constitucional. La presente determinación no tiene el alcance de impedir que en su caso, el Ministerio Público ejerza la acción penal, en caso de ser procedente. Plazo en el que la autoridad debe rendir informe sobre la suspensión. En el entendido que la responsable deberá informar el cumplimiento a la suspensión concedida dentro del término de veinticuatro horas, apercibida que de no hacerlo, podrá ser puesta a disposición de la autoridad competente, por la actualización de la conducta prevista en el citado artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual forma, se le apercibe que si al rendir su informe correspondiente afirmare una falsedad o negara la verdad, en todo o en parte, será sancionada en términos del artículo 262 de la ley de la materia; para tal efecto, remítasele copia simple de la demanda de amparo. En el entendido de que tratándose de la medida suspensiva cualquier dependencia o autoridad está obligada a acatar la medida cautelar otorgada en un juicio de amparo, de conformidad con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 70, del tomo XII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "AUTOS DE SUSPENSIÓN. Cualquiera autoridad del país tiene obligación de acatar las órdenes de suspensión dictadas en los juicios de amparo." Se de fe de las condiciones físicas en que se encuentren los quejosos. De igual modo, en acatamiento a los derechos humanos que tiene reconocidos, tanto por tratados internacionales en que el Estado mexicano forma parte, como por nuestra Constitución, se comisiona al actuario judicial adscrito para que dé fe de las condiciones físicas en que se encuentran los quejosos José Luis Ayala Alcantar, debiendo realizar la razón correspondiente de la exploración externa que realice al directamente quejoso; en el entendido que el fedatario únicamente puede hacer constar aquello que percibe a través de sus sentidos. Obligación de autoridades de dar acceso al Actuario Para tal efecto, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a dar acceso al actuario judicial a las celdas u oficinas de las corproaciones policiacas que se señalan como responsables, y en cualquier otro lugar en donde pudieran estar los quejosos directos José Luis Ayala Alcantar, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo este juzgado dará vista a la autoridad correspondiente por la probable comisión de los delitos a que haya lugar. En la inteligencia que de no encontrar al quejoso en las instalaciones citadas, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que requiera a las autoridades responsables que informen el lugar donde se encuentran recluidos y, hecho lo anterior, se traslade a ese lugar o a cualquier otro de los centros de reclusión de la ciudad y dé cumplimiento a lo ordenado en el párrafo que antecede. Habilitan días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafo sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Por otra parte, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Librado Antonio Gómez Morales, Secretario que autoriza y da fe.

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