José Luis Ávila Pérez

Expediente 272/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
272/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
23/08/2019

Partes del expediente

  • José Luis Ávila Pérez
  • María Magdalena Pérez Vargas y Otros.
  • María Fernanda Ávila Pérez
  • María Magdalena Pérez Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Agréguese el oficio suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de diecinueve de los actuales, dictado en el conflicto competencial 2/2019 de su índice, en donde se advierte que se ordenó tramitar la controversia suscitada entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León; en consecuencia, estese en espera de la determinación de la superioridad para proveer lo conducente.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio 15667/2019, suscrito por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, a través del cual informa que dicho órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada por este juzgado; en consecuencia, agréguese el oficio de cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes y acúsese recibo. El argumento sustancial de la determinación del órgano jurisdiccional oficiante, es que no se encuentra acreditado fehacientemente que el acto reclamado tendrá ejecución material en el ámbito territorial donde dicho juzgado ejerce jurisdicción, esto es, en León, Guanajuato, pues aduce que no se encuentran acreditados los elementos mínimos e indispensables para sustentar la competencia declinada; a) la existencia de la fuente de trabajo del demandado y b) el vínculo laboral entre Juan Manuel Ávila García y la empresa denominada "flecha amarilla". Este juzgado disiente respetuosamente de tal argumento. Veamos. La autoridad oficiante sustenta su argumento medular en las siguientes manifestaciones: "Flecha amarilla" solamente es una marca comercial y carece de los elementos mínimos e indispensables para estimarla como una fuente de trabajo y, por ende, para obligarla a acatar el mandamiento que se destaca como acto reclamado. El demandado en la controversia familiar exhibió recibos de nómina para justificar sus ingresos, la realidad es que se encuentran ilegibles y, en esa medida, resultan jurídicamente insuficientes para establecer un vínculo laboral especifico y existente con alguna fuente de trabajo en particular, por tanto, resulta jurídicamente inadmisible presumir que la residencia de la fuente de trabajo se encuentre en León, Guanajuato. En el juicio familiar de origen no se ha realizado actividad procesal alguna para corregir y/o aclarar el nombre de la fuente laboral del demandado o, en su defecto, para precisar sin duda alguna, a quién le presta sus servicios personales y subordinados. A pesar de que se hayan girado los oficios y exhortos necesarios para llevar a cabo la ejecución material de la pensión alimenticia provisional reclamada, la realidad es que ello resulta jurídicamente insuficiente para acreditar, fehacientemente, que en la ciudad de León, Guanajuato, se llevará a cabo o tratará de ejecutarse materialmente el descuento a las percepciones salariales del demandado. La notificación de la medida a "Grupo Flecha Amarilla", realizada en esta ciudad, se estima jurídicamente insuficiente para estimar, a titulo categórico y fehaciente para declinar la competencia. Sin embargo, este juzgado estima que se encuentran acreditados los elementos mínimos de la existencia de la fuente de trabajo del demandado y el vinculo que éste tiene con dicha empresa, con base en las siguientes consideraciones: En el juicio familiar de donde emana el acto reclamado, la parte actora aclaró que la denominación correcta de la fuente laboral del demandado era "Autobuses de la Piedad, Sociedad Anónima de Capital Variable", tal como se advierte en el oficio JOFAI/3961/2019 (foja 64). Autobuses de la Piedad, sociedad anónima de capital variable, denominación correcta de la empresa en que labora Juan Manuel Ávila García, en su informe justificado refirió que a la fecha de presentación del informe no había aplicado algún descuento por concepto de pensión alimenticia, es decir, que el acto aquí reclamado no se había ejecutado; de esta manera, aceptó implícitamente que el deudor alimentario trabaja en tal empresa (foja 77). En la audiencia preliminar celebrada en el juicio familiar F-2812/18, la parte actora exhibió documental pública en la que se aprecia que Juan Manuel Ávila García inclusive tiene acciones de dicha persona moral. El veinte de marzo de dos mil diecinueve, la actuaria judicial adscrita a la Oficina Central de Actuarios de León, Guanajuato, entregó a la fuente laboral señalada en párrafos anteriores el oficio número JOFAL/4948/2019 emitido en el expediente de origen (foja 65). En relación con lo anterior, 1) la existencia de la fuente de trabajo de Autobuses de la Piedad, Sociedad Anónima de Capital Variable y 2) el vínculo laboral de ésta con el deudor alimentario Juan Manuel Ávila García, se encuentran debidamente acreditadas. Por otro lado, el juzgado oficiante señala que no se advierte que la autoridad encargada de ordenar la ejecución, es decir, el Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de León, Guanajuato, haya sido señalada como responsable, por lo que no existen elementos materiales que permitan conocer que efectivamente fue esa autoridad la que, eventualmente, haya ordenado la retención de la pensión alimenticia reclamada, por ende, que llevó a cabo la ejecución del acto reclamado. Lo anterior, dado que únicamente se tuvo como responsable al actuario notificador adscrito a dicho juzgado; sin embargo, aduce que esa autoridad tiene el carácter de ejecutora, por lo que no tiene las facultades de ordenar ningún tipo de ejecución. Respecto a dicha manifestación, este órgano jurisdiccional estima que, no obstante que el Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de León, Guanajuato no fue señalado como autoridad responsable, esta situación no impide entrar al análisis de la litis constitucional, pues sí se le reconoció tal carácter a la Dirección de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común del Partido Judicial de León, Guanajuato, quien, al momento de rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto reclamado y que emana del exhorto número 251/2019, radicado en el Juzgado de Partido Especializado en Materia Familiar con residencia en León, con motivo del diverso juicio 2812/2018. Situación que se corrobora con la consulta electrónica de la lista de acuerdos de fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, del Juzgado de Partido Especializado en Materia Familiar en León, en la que se observa que por acuerdo de quince de marzo, se radicó el exhorto 251/2019, en que Gloria Lucía Ávila Vela es parte en el juicio; información invocada como hecho notorio en la sentencia emitida en el presente juicio, de acuerdo con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. De manera que es innecesario el señalamiento del juez exhortado con el carácter de autoridad responsable, pues en realidad la orden proviene directamente de su homólogo residente en Irapuato; por ello, basta con el señalamiento del Director de Actuarios para constatar que el acto reclamado tendrá ejecución en la ciudad de León. De lo anterior se colige que el hecho de que no se haya señalado como autoridad responsable al Juzgado de Partido Especializado en Materia Familiar de León, Guanajuato, no es impedimento para conocer del presente asunto y señalar que no existen elementos materiales para establecer que la ejecución del acto reclamado se llevará a cabo en dicha ciudad. Por último, es menester precisar que la jurisprudencia invocada por el juzgado oficiante para fincar la competencia para conocer del presente asunto a este juzgado de distrito no es aplicable en este caso, en virtud de que contempla un supuesto en materia penal; en específico, la reclamación de una orden de aprehensión. Sin embargo, la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevé exactamente el supuesto estudiado en este juicio, esto es, cuando se reclama la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos, y cuando la diligenciación del acto reclamado se solicite a otro juez, por medio de exhorto, el juez de Distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute. Con base en los argumentos anteriores, este juzgado insiste en declinar la competencia al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, por lo que con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo vigente y 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena remitir el expediente en que se actúa así como un tomo de pruebas, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno, para la substanciación del conflicto competencial que se presenta. Tiene aplicación la jurisprudencia P:/J. 31/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 26, Tomo II, Octubre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO ENTRE TRIBUNALES UNITARIOS O JUECES DE DISTRITO. COMO DIRIMIR EL CONFLICTO POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Conforme al artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los conflictos de competencia que se susciten en los juicios de amparo, ya sea entre Tribunales Unitarios de Circuito o entre jueces de Distrito, debiéndose añadir que si los contendientes tienen distinta especialidad por materia o pertenecen a distinta jurisdicción, conocerá el Tribunal Colegiado en turno que tenga la misma especialidad por materia del que previno, si son de la misma jurisdicción, o el Tribunal Colegiado en turno que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno, si son de distinta jurisdicción, independientemente de la materia de especialización de los órganos judiciales, conforme al sistema expresamente señalado en la nueva ley, sin que pueda interpretarse que esa decisión corresponde a la Suprema Corte, pues es clara intención del legislador desahogarla de un gran número de conflictos de carácter secundario para que se dedique a su misión fundamental de ser guardián supremo del orden constitucional, independientemente de que el artículo 52, cuarto párrafo de la Ley de Amparo que otorga competencia a la Suprema Corte para resolver algunos conflictos competenciales quedó derogado por la disposición antes mencionada en los términos del artículo tercero transitorio de la ley orgánica citada."

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA RESOLUCIÓN DE 30 DE JULIO DE 2019, QUE A LA LETRA DICE "...SE DICTA SENTENCIA: ÚNICO. Este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo contra el acto que aquí se reclama. Por tanto, remítase este asunto al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, en turno, con residencia en León, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común respectiva..."

  4. Principal

    SE DICTA SENTENCIA: ÚNICO. Este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo contra el acto que aquí se reclama. Por tanto, remítase este asunto al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, en turno, con residencia en León, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común respectiva.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,043 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano