José Luis Arroyo Alcantar y otros
Expediente 151/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 151/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 17/11/2021
Partes del expediente
- Fernando Rodríguez Escarcega
- José Luis Arroyo Alcantar y otros
- Francisco Peñaloza Heras
- José Luis Arroyo Alcantar y otros y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en el toca del recurso de revisión R.A. 268/2017 de su índice, por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en La Paz, Baja California Sur, en el cuaderno auxiliar 133/2018. Acúsese recibo y tómese conocimiento que el tribunal en comento resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se declaran firmes los considerandos cuarto y sexto en que se sobreseyó en el juicio de amparo ante la inexistencia de actos, así como por cesación de efectos de las diversas reglas y modificaciones de la Miscelánea Fiscal para 2014, ya que las quejosas recurrentes no formulan controversia al respecto. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se modifica el fallo recurrido de 31 de marzo de 2017, dictado en los autos del juicio de amparo 1403/2016 y sus acumulados, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en que se negó el amparo. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a las quejosas **********, respecto del acto reclamado consistente en el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de ese año y del Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 2016, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria." De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente y glósense únicamente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión. Ahora bien, a efecto de atender lo resuelto por el citado Tribunal Colegiado en la resolución emitida en sesión ordinaria virtual de siete de octubre de dos mil veintiuno en el cuaderno auxiliar 133/2018 de su índice, formado con motivo del recurso de revisión 268/2017 del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito con sede en Mexicali, Baja California, resulta necesario precisar lo siguiente:El Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en La Paz, Baja California Sur, en la ejecutoria que nos ocupa indicó que no fue materia de la revisión la determinación contenida en el Considerando Sexto, que rige el resolutivo Tercero de la sentencia emitida en este juicio, en el que se otorgó el amparo respecto del artículo 53-B, fracción IV, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el dieciocho de noviembre de dos mil quince; lo anterior, porque la parte a quien dicha determinación pudiera afectar, esto es, a las autoridades responsables, no fueron quienes interpusieron el recurso. Por otra parte, en el Considerando Séptimo de la ejecutoria, declaró firmes los Considerandos Cuarto y Sexto que rigen el resolutivo Primero de la sentencia dictada en el sumario en que se actúa, en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como los Considerandos Noveno, Décimo y Décimo Segundo que se ven reflejados en el resolutivo Segundo de la sentencia recurrida, en los que se negó el amparo, ya que la quejosa recurrente no formuló planteamiento alguno tendente a controvertir los aspectos que ahí se dilucidan, dado que los agravios propuestos estuvieron acotados a combatir únicamente la negativa de amparo respecto del Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, cuyos razonamientos fueron expuestos en el Considerando Décimo Primero de la sentencia sujeta a revisión.Por otro lado, en el Considerando Octavo, en la parte que interesa, el Tribunal de Alzada declaró fundado el agravio formulado por la parte recurrente en contra del Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicado el cinco de enero de dos mil quince, y en contra del Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicado el trece de enero de dos mil dieciséis, por los motivos y fundamentos ahí expresados, por lo que, modificó la negativa decretada en la sentencia recurrida y examinó la constitucionalidad de dicho acto, por lo que resolvió procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal contra el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, publicado el cinco de enero de dicho año, en estricto cumplimiento a la diversa jurisprudencia 2a.J/. 160/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 35, octubre de 2016, tomo I, página 698, con número de registro digital 2012920, de rubro: "CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015."; para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de las quejosas ********, en el juicio de amparo 1403/2016 y sus acumulados 1556/2016,1558/2016, 1559/2016,1560/2016, 1561/2016, 1562/2016,1563/2016, 1564/2016, 1566/2016 y 1645/2016:la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., respecto de la información obligada a enviar respecto de 2015, así como cualquier requerimiento que hiciera la autoridad con base en dichos lineamientos. y la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., respecto de la información enviada durante el periodo en que estuvo en vigor el citado Anexo reclamado, así como de cualquier requerimiento que hiciera la autoridad con base en dichos lineamientos, así como cualquier requerimiento que hiciera la autoridad con base en dichos lineamientos hasta el treinta y uno de octubre de 2016, data en la que estuvo vigente el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicado el trece de enero de dos mil dieciséis . Precisado lo anterior, de la sentencia emitida en este juicio, concretamente en el resolutivo Tercero, que conforme a lo establecido por la Superioridad en la ejecutoria que nos ocupa, no fue materia de la revisión, y que concierne a las sociedades: **********, quejosas en el juicio de amparo 1403/2016 y sus acumulados 1556/2016,1558/2016, 1559/2016,1560/2016, 1561/2016, 1562/2016,1563/2016, 1564/2016, 1566/2016 y 1645/2016, se advierte que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: ".TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente." Por su parte, el Tribunal de Alzada revisor, en el Considerando Octavo de la ejecutoria emitida en sesión ordinaria virtual de siete de octubre de dos mil veintiuno resolvió procedente conceder a las quejosas ********,en el juicio de amparo 1403/2016 y sus acumulados 1556/2016,1558/2016, 1559/2016,1560/2016, 1561/2016, 1562/2016,1563/2016, 1564/2016, 1566/2016 y 1645/2016, el amparo y protección de la Justicia Federal contra el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince (2015), publicado el cinco de enero de dicho año, para el efecto de que:". Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., respecto de la información obligada a enviar respecto de 2015, así como cualquier requerimiento que hiciera la autoridad con base en dichos lineamientos. Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el ******* establecidos en la página de internet http://www.w3.org., respecto de la información enviada durante el periodo en que estuvo en vigor el citado Anexo reclamado, así como de cualquier requerimiento que hiciera la autoridad con base en dichos lineamientos, hasta el treinta y uno de octubre de 2016, data en la que estuvo vigente el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicado el trece de enero de dos mil dieciséis."En tales condiciones, no ha lugar a requerirles el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a las autoridades responsables, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los actos que en el ámbito de su competencia legislativa se les atribuyeron en esta instancia constitucional, consistentes en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015; debido a que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligarlas a derogar o dejar sin efectos dichos actos. Al respecto, tiene aplicación la tesis 2° CXV/97 (número de registro digital 197512), de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, página 414, de rubro y texto siguientes: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVA O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del Presidente de la República las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo.En atención a lo anterior, y toda vez que las autoridades responsables, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los actos que en el ámbito de su competencia legislativa se les atribuyeron en esta instancia constitucional, carecen de fuerza vinculatoria para obligarlas a derogar o dejar sin efectos la aplicación o ejecución del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015; sin embargo, la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, si es la autoridad encargada de aplicar dicho precepto legal; por tanto, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, en su carácter de autoridad obligada al cumplimiento, y a la diversa autoridad Secretario de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de superior jerárquico, para que dentro del término de tres días contados a partir del momento en que queden notificadas del presente proveído, informen y de ser posible remitan copia certificada de las constancias que acrediten lo siguiente:Es decir, deberá de informar si a las quejosas ***********, en el juicio de amparo 1403/2016 y sus acumulados, les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Precisado lo anterior, en relación con la concesión del amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, el amparo se concedió para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no hubiere ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomará en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito se declare insubsistente.De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas.Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece:"REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas."Apercibido que no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa por el equivalente de cincuenta a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, infórmesele al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, el Registro Federal de Contribuyentes de las quejosas, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este auto. QUEJOSA RFC ********* Deberá desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa VERIFONE*********, la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., respecto de la información enviada respecto de dos mil quince, así como cualquier requerimiento que hiciera la autoridad con base en dichos lineamientos y respecto de la información enviada durante el periodo en que estuvo en vigor el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicado el trece de enero de dos mil dieciséis, así como cualquier requerimiento que hiciera la autoridad con base en dichos lineamientos hasta el treinta y uno de octubre de 2016, data en la que estuvo vigente el citado Anexo.En el entendido de que:Las autoridades responsables y sus superiores jerárquicos deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) (número de registro digital 2007912), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad.Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.) (número de registro digital 2007914), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito.APERCIBIMIENTOS POR INCUMPLIR LA SENTENCIA DE AMPARO En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del artículo 107 Constitucional y el diverso 198 de la Ley de Amparo. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y por oficio Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito con sede en Mexicali, Baja California, Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en La Paz, Baja California Sur y a las autoridades responsables y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de inconformidad en contra del proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su ordinal 2, se declara que dicha determinación, HA CAUSADO ESTADO. Archivo del asunto como total y definitivamente concluido Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y dado que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Destino del juicio de amparo Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es depurable, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado Acuerdo General, pues se trata de un expediente en el que se concedió la protección constitucional y a juicio del suscrito carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el capítulo sexto del mencionado Acuerdo General; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el numeral 21, párrafo primero, del referido Acuerdo. Por otra parte, manténganse por separado el duplicado del incidente de suspensión, y en términos de lo señalado por el citado Acuerdo General con fundamento en la fracción II, inciso a), del artículo 20, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, en atención a que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General en cita, se determina que es depurable, debido a que se concedió la medida cautelar solicitada; en razón de lo acordado en línea precedentes, se ordena agregar copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Asimismo, atento lo ordenado en el artículo 35 del Capítulo Décimo Tercero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Devolución de documentos Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Ciudad de México, quince de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio recibido vía interconexión procedente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, que contiene el proveído de cinco de octubre del año en curso, dictado en los autos del incidente en revisión 155/2020 de su índice, a través del cual hace del conocimiento la integración del órgano colegiado con efectos a partir del dieciséis de marzo de dos mil veinte; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Asimismo, del contenido del oficio de cuenta se advierte que el tribunal de alzada solicita que este juzgado notifique por oficio a las autoridades responsables el auto de siete de enero de dos mil veinte, dictado en los autos del incidente en revisión mencionado, del cual anexa copia a su ocurso de cuenta y del que se aprecia que admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos por la Secretaría de Bienestar y el Presidente de la República, lo anterior, dado que indica que este órgano jurisdiccional conoce del asunto. Previo a realizar el pronunciamiento respecto de dicha solicitud, se hace del conocimiento del tribunal colegiado oficiante que mediante proveído dos de septiembre de dos mil diecinueve, si bien este juzgado federal ordenó formar expediente físico y electrónico de amparo con el número de expediente 1945/2019, con motivo de que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, , remitió los autos del juicio de amparo 270/2019 de su índice; lo cierto es que, en ese mismo auto este órgano jurisdiccional ordenó devolverle los autos del aludido juicio con sus anexos, en razón de que ese asunto no se ubicaba en los supuestos previstos en el Acuerdo 9/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclama el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 28 de febrero de 2019, puesto que el veinticinco de julio de dos mil diecinueve, se había dictado la sentencia correspondiente; posteriormente, en auto de veintisiete de septiembre siguiente, el juzgado de origen acusó el recibo correspondiente y en esa misma fecha se ordenó el archivo de este cuaderno de antecedentes como asunto total y definitivamente concluido. No obstante lo anterior, en apoyo a las labores del Tribunal de Alzada, como lo solicita, con copia del acuerdo de siete de enero de dos mil veinte, notifíquese a las autoridades responsables del presente acuerdo y una vez que obren en autos las constancias de notificación, sin ulterior acuerdo, remítanse al tribunal oficiante para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Incidental
Ciudad de México, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda el oficio remitido en representación de la Cámara de Senadores del Congreso de la, por medio del cual pretenden rendir su informe previo, dado que a las nueve horas con veintisiete minutos del cinco de agosto de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia incidental y se proveyó respecto a la suspensión definitiva, por lo que su presentación resulta extemporánea. No obstante a lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de su parte a las personas que señalan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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