José Luis Arriaga Rodríguez
Expediente 3201/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 3201/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 30/09/2019
Partes del expediente
- José Luis Arriaga Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Causa Ejecutoria. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en la cual se sobreseyó el juicio de protección de derechos fundamentales; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la ley de la materia, se declara que el mismo ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su artículo Vigésimo Primero, una vez llegado el momento, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó el juicio de protección de derechos fundamentales. Relevancia documental. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo, que el presente expediente no contiene información de relevancia documental e histórica. Devolución de constancias. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen constancias que devolver a las autoridades responsables.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SE RESUELVE... PRIMERO.- SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO, SEGUNDO.- se ordena su publicación con supresión de datos personal. e
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SE TIENE A DIVERSA AUTORIDAD RESPONSABLE RINDIENDO SU INFORME JUSTIFICADO, CON SU CONTENIDO, DÉSE VISTA A LAS PARTES PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERÉS LEGAL CONVENGA. ASIMISMO, SE TIENEN POR ADMITIDAS Y DESAHOGADAS EN RAZÓN DE SU PROPIA NATURALEZA LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUE ANEXA, MISMAS QUE SERÁN TOMADAS EN CONSIDERACIÓN EN SU MOMENTO PROCESAL OPORTUNO.
- Principal
Vistas las constancias de autos y el estado procesal que guardan los mismos, de las que se advierte que para resolver el presente sumario, se requiere diversa información a la ya existente, y por ello, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, que al efecto establece el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, informe lo acontecido en la audiencia de reposición de autos dentro del expediente laboral ********************, y lo acredite con constancias fehacientes. Apercibido que de no hacerlo así o de no manifestar la imposibilidad legal que tengan para ello, se le impondrá, la sanción prevista en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, que consiste en multa de cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos), en moneda nacional, tomando como base que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es el equivalente a ($84.49 ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional). Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J17/97, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto" . En consecuencia, para dar lugar a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar, se fijan las once horas con treinta minutos del seis de septiembre de dos mil diecinueve para su verificativo.
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