José Luis Arredondo Soto
Expediente 1071/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1071/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- José Luis Arredondo Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, diez de marzo de dos mil veintiuno. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la determinación que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida determinación HA CAUSADO ESTADO. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto, Número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no tiene valor jurídico ni relevancia documental, por no actualizarse ninguno de los supuestos indicados en las fracciones de referencia. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I. de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa el auto de veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Agréguese el informe justificado de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa y Actuario de su adscripción, a través del cual la primera autoridad remite copia certificada del proveído de diecinueve de enero del año en curso dictado en el juicio laboral 2-332/2020, en el que se señalaron las nueve horas treinta minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno para celebrar audiencia de conciliación, demanda y excepciones. La documental que se remite con el oficio de cuenta, por ser pública en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. Del estado que guardan los presentes autos se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa lo siguiente: Omisión de dictar acuerdo en el que señale nueva fecha para celebración de audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 2-332/2020. Omisión de ajustarse en los plazos y términos que la Ley Federal del Trabajo establece. Omisión de celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en términos que establece el artículo 873, primero párrafo, de la Ley Federal del Trabajo. Del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa lo siguiente Cuidar que los juicios no queden inactivos conforme al artículo 771 de la Ley Federal de Trabajo. Del Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa lo siguiente: Omisión de notificar a las partes en el juicio laboral la fecha para celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. I. Causa de improcedencia. Respecto de la omisión de dictar acuerdo para señalar fecha de audiencia de conciliación, demanda y excepciones se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo anterior, virtud que el diecinueve de enero pasado la Junta responsable fijó las nueve horas treinta minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno para celebrar audiencia de conciliación, demanda y excepciones, además de ordenar su notificación personal a las partes. En ese sentido, con el dictado de dicha determinación posterior a la presentación de la demanda de amparo (tres de diciembre de dos mil veinte) cesaron los efectos de la omisión reclamada a la Junta responsable, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya fue reparada. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. II. Causa de improcedencia. En relación con los diversos actos consistentes en ajustarse en los plazos y términos de la Ley Federal del Trabajo; cuidar que los juicios no queden inactivos en términos del artículo 771 de la citada ley; y la omisión de celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en términos que establece el artículo 873, primero párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXllI, en relación con el numeral 77, fracción ll, ambos de la Ley de Amparo. De la interpretación gramatical mediante argumentación en sentido contrario de ambos preceptos se puede advertir que cuando la sentencia concesoria de amparo no pueda producir la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, a fin de restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, entonces debe considerarse que el juicio de amparo es improcedente, pues el juicio de amparo debe tener siempre finalidad práctica y no ser medio para realizar actividad meramente especulativa. El motivo de improcedencia antes destacado se actualiza en el caso concreto en consideración lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013, en la que abandonó su propio criterio emitido en la jurisprudencia 2a. 45/2007 y determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional cuando se declara la omisión y dilación en el trámite de un juicio laboral, deben delimitarse en función del acto reclamado y de acuerdo a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral. Esa tesis está publicada en la página 732, libro 1, diciembre de dos mil trece, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2005150, de rubro siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Por tanto, los efectos restitutorios de la eventual sentencia concesoria del amparo, en términos del artículo 77, fracción ll, de la ley de la materia, serían obligar a la responsable a que, por un lado, realice las actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. Empero, toda vez que, conforme lo establece la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013, los alcances por los que se llegara a otorgar la protección constitucional deben delimitarse en función de determinado acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, y no a las etapas subsecuentes del mismo; por lo cual no sería posible obligar a la responsable, de forma genérica, que lleven a cabo actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. En ese contexto, las consideraciones antes apuntadas evidencian la actualización de imposibilidad material y jurídica de cristalizar los efectos restitutorios del juicio de amparo, toda vez que a la responsable no se le puede vincular de manera genérica a que prosiga con la substanciación de juicio laboral, según lo expuesto en línea precedentes; por tanto, se estima actualizada la causal de improcedencia antes apuntada. En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIlI y 77, fracción ll, de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 63, fracción V, del citado ordenamiento, procede a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo por cuanto hace al referido acto reclamado.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Agréguese el informe justificado de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa y Actuario de su adscripción, a través del cual la primera autoridad remite copia certificada del proveído de diecinueve de enero del año en curso dictado en el juicio laboral 2-332/2020, en el que se señalaron las nueve horas treinta minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno para celebrar audiencia de conciliación, demanda y excepciones. La documental que se remite con el oficio de cuenta, por ser pública en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. Del estado que guardan los presentes autos se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa lo siguiente: Omisión de dictar acuerdo en el que señale nueva fecha para celebración de audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 2-332/2020. Omisión de ajustarse en los plazos y términos que la Ley Federal del Trabajo establece. Omisión de celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en términos que establece el artículo 873, primero párrafo, de la Ley Federal del Trabajo. Del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa lo siguiente Cuidar que los juicios no queden inactivos conforme al artículo 771 de la Ley Federal de Trabajo. Del Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa lo siguiente: Omisión de notificar a las partes en el juicio laboral la fecha para celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. I. Causa de improcedencia. Respecto de la omisión de dictar acuerdo para señalar fecha de audiencia de conciliación, demanda y excepciones se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo anterior, virtud que el diecinueve de enero pasado la Junta responsable fijó las nueve horas treinta minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno para celebrar audiencia de conciliación, demanda y excepciones, además de ordenar su notificación personal a las partes. En ese sentido, con el dictado de dicha determinación posterior a la presentación de la demanda de amparo (tres de diciembre de dos mil veinte) cesaron los efectos de la omisión reclamada a la Junta responsable, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya fue reparada. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. II. Causa de improcedencia. En relación con los diversos actos consistentes en ajustarse en los plazos y términos de la Ley Federal del Trabajo; cuidar que los juicios no queden inactivos en términos del artículo 771 de la citada ley; y la omisión de celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en términos que establece el artículo 873, primero párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXllI, en relación con el numeral 77, fracción ll, ambos de la Ley de Amparo. De la interpretación gramatical mediante argumentación en sentido contrario de ambos preceptos se puede advertir que cuando la sentencia concesoria de amparo no pueda producir la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, a fin de restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, entonces debe considerarse que el juicio de amparo es improcedente, pues el juicio de amparo debe tener siempre finalidad práctica y no ser medio para realizar actividad meramente especulativa. El motivo de improcedencia antes destacado se actualiza en el caso concreto en consideración lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013, en la que abandonó su propio criterio emitido en la jurisprudencia 2a. 45/2007 y determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional cuando se declara la omisión y dilación en el trámite de un juicio laboral, deben delimitarse en función del acto reclamado y de acuerdo a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral. Esa tesis está publicada en la página 732, libro 1, diciembre de dos mil trece, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2005150, de rubro siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Por tanto, los efectos restitutorios de la eventual sentencia concesoria del amparo, en términos del artículo 77, fracción ll, de la ley de la materia, serían obligar a la responsable a que, por un lado, realice las actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. Empero, toda vez que, conforme lo establece la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013, los alcances por los que se llegara a otorgar la protección constitucional deben delimitarse en función de determinado acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, y no a las etapas subsecuentes del mismo; por lo cual no sería posible obligar a la responsable, de forma genérica, que lleven a cabo actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. En ese contexto, las consideraciones antes apuntadas evidencian la actualización de imposibilidad material y jurídica de cristalizar los efectos restitutorios del juicio de amparo, toda vez que a la responsable no se le puede vincular de manera genérica a que prosiga con la substanciación de juicio laboral, según lo expuesto en línea precedentes; por tanto, se estima actualizada la causal de improcedencia antes apuntada. En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIlI y 77, fracción ll, de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 63, fracción V, del citado ordenamiento, procede a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo por cuanto hace al referido acto reclamado. III. Causa de sobreseimiento. En relación a la omisión de notificar a las partes la fecha de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones destaca que mediante proveído de diecinueve de enero de dos mil veintiuno se señalaron las nueve horas treinta minutos del veintiséis de febrero del año en curso para su celebración. Por tanto, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (tres de diciembre del año pasado), pues el acuerdo que fijó fecha para la audiencia citada se emitió hasta el diecinueve de enero pasado, de ahí la inexistencia. . En ese sentido, el criterio de jurisprudencia invocado no resulta aplicable al caso concreto porque si bien estableció que por regla general la negativa del acto reclamado no constituye causa notoria, manifiesta e indudable para decretar sobreseimiento fuera de audiencia, se refiere a los actos en que la negativa le arroja la carga procesal a la parte quejosa para comprobar la existencia del acto reclamado. Sin embargo, en el caso la autoridad responsable acreditó a través de acto positivo que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo el fedatario no estaba en aptitud de notificar el acuerdo en el que se fijó audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral, pues el proveído se emitió después que inició el juicio de amparo. Bajo ese contexto, las causas de improcedencia y de sobreseimiento conducen al resultado apuntado al ser claras y evidentes, por lo que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las NUEVE HORAS VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, a diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que conforme circular CAP/3/2020 de veinte de los actuales, se determinó que del veintiuno de diciembre del año pasado al once de enero del año en curso se regresaría al esquema de trabajo implementado en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que suspendió labores, por lo que no corrieron plazos procesales, salvo para los juicios en línea y los casos urgentes. Sin embargo, mediante la diversa circular SECNO/1/2021 de ocho del mes y año en curso, se hace del conocimiento, entre otros aspectos, que el circuito judicial en el que se encuentra este juzgado el ordenamiento aplicable para la actividad jurisdiccional es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reanudan los plazos procesales en los términos y condiciones que establece. Por tanto, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo en el punto en que quedó pausado; es decir, la reanudación de ninguna manera implica el reinicio de los plazos o términos procesales. En ese sentido, para el día hoy se encuentra programada la audiencia constitucional; sin embargo, no se cuenta con los informes justificados de las autoridades responsables y con motivo de la suspensión de plazos se encuentra trascurriendo el plazo de quince días con que tienen para rendirlo, ya que fueron notificadas del requerimiento el nueve de diciembre de dos mil veinte. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las NUEVE HORAS VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO para su celebración.Notifíquese.
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