Jose Luis Arce Rivera

Expediente 212/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
212/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
30/08/2016

Partes del expediente

  • Jose Luis Arce Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Se tiene por recibido y glosa a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la Actuaria Judicial Federal Adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, remite testimonio autorizado de la ejecutoria dictada dentro del recurso de queja civil 94/2016, de la que se aprecia que el referido Tribunal lo declaró infundado. Se ordena acusar de recibo y hacerlo del conocimiento a la parte quejosa. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que la superioridad confirmó el auto que desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Se tiene por recibido y se ordena agregar a los presentes autos, el oficio signado por el Actuario Judicial Adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, por medio del cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra de la resolución de seis de mayo de dos mil dieciséis, registrándolo como recurso de queja 94/2016. Circunstancia que este órgano jurisdiccional toma conocimiento.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Jorge Luis Carrillo Maciel, en su carácter de autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo (foja 12); y en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de seis de mayo de dos mil dieciséis. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que éste Juzgado Federal emitió el acuerdo de seis de mayo del año en curso, en el que se desechó la presente demanda de amparo; por tanto, una vez notificado el presente proveído, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimoquinto Circuito con residencia en Mexicali, Baja California, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del recurso de queja interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, respecto a que se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la Superioridad para resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es contra el desechamiento, y por ende, no hay partes en el asunto.

  4. Principal

    con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del aviso de nueve de mayo de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de seis de mayo de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice...Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve José Luis Arce Rivera, por propio derecho, contra actos de la siguiente autoridad: Magistrados Integrantes de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número de juicio de amparo 212/2016-II-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado lo constituye: * La resolución interlocutoria de quince de abril de dos mil dieciséis, dictada en los autos del Toca Civil 2358/2015, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el Albacea de la Sucesión Intestamentaria a Bienes de Margarita de Hoyos Cota, en contra de la Interlocutoria de ocho de octubre de dos mil quince, dictada por el Juez Segundo de lo civil, de esta ciudad, dentro del expediente 581/2008. Expuesto lo anterior, debe decirse que el juicio de amparo que se intenta es improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De lo anterior, se advierte uno de los principios de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece que éste procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado tutelados por la Constitución Federal, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga resolución favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En esa tesitura, de acuerdo a los antecedentes planteados bajo protesta de decir verdad en el ocurso de cuenta, se desprende que en el juicio sumario de desahucio 581/2008, se emitió interlocutoria de ocho de octubre de dos mil quince, misma que fue apelada y revocada en el toca civil 2358/2015, del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Por tanto, de ninguna manera ocasiona que se alteren o modifiquen los derechos sustantivos del quejoso, ya que necesariamente culminará en una resolución, siendo esta última, la que en su caso, le causará afectación en sus derechos sustantivos, misma que podrá combatir mediante el juicio de amparo directo, haciendo valer las violaciones procesales cometidas. De ahí que se concluya que lo aquí reclamado no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo no implica una infracción de derechos sustantivos, ni una violación procesal relevante. Apoya lo anterior en cuanto a su contenido, la tesis P./J. 1/2016 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corteo de la Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época: CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo en vigor, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en calle de Ezequiel A. Chávez, número 2102, colonia Maestros de esta ciudad. Así también, se tienen por autorizados con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a Jorge Luis Carrillo Maciel y Roberto Esteban Chávez Salinas, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Karla Johanna Andrade, por no contar con su cédula registrada en el referido sistema. Sin que pase inadvertido, que una vez realizada la búsqueda en el sistema citado, se encontró registro en relación a Karla Johanna Andrade Huerta; sin embargo no es posible para esta Juzgadora advertir que se trata de la misma persona. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. APERCIBIMIENTO Con fundamento en el artículo 108, fracción III y 63 de la Ley de Amparo, se apercibe al quejoso que de señalar incorrectamente la denominación de la autoridad responsable; tendrá como efecto declarar su inexistencia, y previa vista que se otorgue, se continuará con el trámite del juicio o, se sobreseerá respecto a la declarada inexistente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículo 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que: 1. La sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información. 2. El derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia. 3. Manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o legislaturas de los Estados. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Por otra parte, dígasele a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

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